Henares Fernández Hernández

Expediente 720/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
720/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
09/07/2015

Partes del expediente

  • Henares Fernández Hernández
  • Henares Fernández Hernández y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    MESA IIIA] Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de julio de dos mil quince. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que en el expediente principal del que emana este incidente de suspensión, con esta fecha se dictó un auto en el que se ordenó el archivo del juicio de amparo promovido por Henares Fernández Hernández, Cristino o Crisanto Cervantes Sánchez, Francisco Cervantes Hernández, Artemio Cervantes Cruz y Luis Juan Chávez Santiago; asimismo, que por auto de veinticinco de mayo de dos mil quince, se concedió la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada veintiocho siguiente, por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva. Ahora bien, toda vez que en este incidente por una parte se concedió la suspensión provisional y por otra se negó y se concedió la suspensión definitiva; que por la naturaleza de lo resuelto en este incidente, se estima carece de relevancia documental, y en virtud, que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos originales; en consecuencia, con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme a los puntos segundo, fracción XVIII, cuarto y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del citado acuerdo. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este incidente existen los billetes de depósito con números de serie N083701, N083702 y N083703 que amparan la cantidad de cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional, cada uno, exhibidos por la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida en interlocutoria pronunciada el veintiocho de mayo de dos mil quince, documento considerado como original en términos del punto segundo fracción XVIII, del capítulo primero del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; por tanto, hágase del conocimiento de los quejosos Henares Fernández Hernández, Cristino o Crisanto Cervantes Sánchez, Francisco Cervantes Hernández, Artemio Cervantes Cruz y Luis Juan Chávez Santiago, que quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado los referidos billetes de depósito; en el entendido de que a partir de que surta sus efectos la notificación de este auto empezará a contar el plazo que establece la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación para la prescripción de dicha garantía a favor del erario federal. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo fracción I, del referido acuerdo, el original de este incidente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración, por lo que deben conservarse el auto de veinticinco de mayo de dos mil quince y la interlocutoria de veintiocho siguiente, en que se concedieron la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados. Asimismo, se indica, conforme a la certificación de cuenta, en este incidente de suspensión no existen documentos considerados originales en términos del punto Segundo fracción XVIII, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, salvo los citados billetes de depósito a que se hizo mención en párrafos anteriores. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    MESA III-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de julio de dos mil quince. Visto el estado de los autos de los que se advierte que en el resolutivo único de la resolución dictada el veintidós de junio de este año, se sobreseyó en el juicio por Henares Fernández Hernández, Cristino o Crisanto Francisco Cervantes Hernández, Artemio Cervantes Cruz y Luis Juan Chávez Santiago, cuando lo correcto era por Henares Fernández Hernández, Cristino o Crisanto Cervantes Sánchez, Francisco Cervantes Hernández, Artemio Cervantes Cruz y Luis Juan Chávez Santiago; en consecuencia téngase por hecha la aclaración. Por otra parte, vistos los autos y las certificaciones de cuenta, se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que los quejosos interpusieran recurso de revisión contra la resolución dictada el veintidós de junio del año en curso (fojas 89 a 94), que sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Henares Fernández Hernández, Cristino o Crisanto Cervantes Sánchez, Francisco Cervantes Hernández, Artemio Cervantes Cruz y Luis Juan Chávez Santiago, sin que lo hicieran. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su precepto 2º, párrafo segundo, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en virtud que se sobreseyó en el juicio y que tal determinación no fue recurrida, se estima que es susceptible de destrucción. Se considera también que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que se sobreseyó en el juicio de amparo, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, por carecer de objeto su permanencia en este juzgado devuélvase al juez de lo Penal del distrito judicial de Etla, Oaxaca, la copia certificada de la causa penal 29/2015, de su índice, en un tomo, que remitió como apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE...

  3. Incidental

    MESA III-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil quince. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes, el oficio 3513, del juez de lo Penal del distrito judicial de Etla, Oaxaca, recibido el diecinueve de este mes y año, mediante el cual, informa que los aquí quejosos Henares Fernández Hernández, Cristino Cervantes Sánchez y Francisco Cervantes Hernández, como probables responsables del delito despojo, cometido en perjuicio patrimonial de Estela Candelaria Martínez Pérez, comparecieron bajo los efectos de la suspensión provisional (sic); en atención a su contenido téngasele informando lo anterior y cumpliendo a los aquí quejosos con una de las medidas de eficacia decretadas en la interlocutoria de veintiocho de mayo de dos mil quince. NOTIFÍQUESE...

  4. Principal

    MESA III-A * "...VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 720/2015; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad y en este juzgado, al que correspondió por razón de turno Henares Fernández Hernández, Cristino Cervantes Sánchez, Francisco Cervantes Hernández, Artemio Cervantes Cruz y Luis Juan Chávez Santiago, promovieron juicio para la protección de sus derechos fundamentales, contra actos de los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, juez Penal de Etla, Oaxaca (autoridades ordenadoras) coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, comandante del grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones, comisionado de la Policía Estatal Preventiva, con sede esta ciudad y comandante del grupo de la Agencia Estatal de Investigación con sede en Etla, Oaxaca (autoridades ejecutoras), de quienes reclaman la orden de aprehensión por parte de las autoridades judiciales y su ejecución material atribuida a las restantes. Actos que estimaron violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En auto de veinticinco de mayo de dos mil quince, se admitió la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6°, 33 fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo; la registró en el libro de gobierno con el número 720/2015, solicitó los informes justificados a las responsables, dio intervención al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado. TERCERO. Por determinación de veintiocho de mayo de dos mil quince (foja 32), se dejó de tener como autoridad responsable al comisionado de la Policía Estatal Preventiva, con sede esta ciudad, sin que los quejosos se inconformaran con dicha determinación, por lo que no es el caso de pronunciarse respecto de su inexistencia en los considerandos y resolutivos de esta sentencia, siendo aplicable al respecto la jurisprudencia 1ª/J 111/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página cincuenta y dos, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente". CUARTO. Previos los trámites del juicio, la audiencia constitucional se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para resolver en este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un asunto en materia penal, su tramitación corresponde a la primera instancia, y las autoridades responsables ejecutoras tienen su residencia dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Los quejosos Henares Fernández Hernández, Cristino Cervantes Sánchez, Francisco Cervantes Hernández, Artemio Cervantes Cruz y Luis Juan Chávez Santiago reclamaron de los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, juez Penal de Etla, Oaxaca (autoridades ordenadoras) coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, comandante del grupo de aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones, comisionado de la Policía Estatal Preventiva, con sede esta ciudad y comandante del grupo de la Agencia Estatal de Investigación con sede en Etla, Oaxaca (autoridades ejecutoras), lo siguiente: La orden de aprehensión librada en su contra por la autoridad judicial penal y la ejecución material de tal determinación atribuida a las restantes. TERCERO. Al rendir su respectivo informe justificado los jueces Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Penal del distrito judicial del Centro, secretario encargado del Juzgado Cuarto de lo Penal del distrito judicial del Centro, por ministerio de ley, jefa de la unidad administrativa y de carrera policial de la Agencia Estatal de Investigaciones, por orden del coordinador general de la citada institución policiaca y jefe de grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del grupo de aprensiones, residentes en esta ciudad (fojas 38, 18, 20, 22, 24, 39, 26, 28, 30 y 31), negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión por parte de las autoridades judiciales y su ejecución material atribuida a las restantes. Por su parte, el juez Penal del distrito judicial de Etla, Oaxaca y jefe de grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado de la comandancia establecida en la citada población, al rendir su informe justificado únicamente negaron los citados actos reclamados por Artemio Cervantes Cruz y Luis Juan Chávez Santiago (fojas 44 y 34), sin que esa negativa se desvirtuara con prueba alguna; razón por la cual, por inexistencia de tales actos, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo. CUARTO. Al rendir su informe justificado el juez Penal del distrito judicial de Etla, Oaxaca y jefe de grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado de la comandancia establecida en la citada población (fojas 44 y 34), aceptaron los actos reclamados, respecto de los diversos quejosos Henares Fernández Hernández, Cristino Cervantes Sánchez y Francisco Cervantes Hernández, consistentes en la orden de aprehensión librada en su contra por la autoridad judicial penal y la ejecución material de tal determinación atribuida a la restante Lo que se corrobora con las documentales que remitió como justificación a su informe la citada autoridad responsable juez Penal del distrito judicial de Etla, Oaxaca, consistentes entre otras en la orden de aprehensión de siete de abril de dos mil quince, dictada en la causa penal 29/2015, de su índice (fojas 336 a 350, tomo I). Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia doscientos veintiséis, publicada en el Tomo VI, página ciento cincuenta y tres, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. No se analizará el fondo del asunto, ya que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente por ser cuestión de orden público, en atención a lo establecido en la parte final del artículo 61 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número ochocientos catorce, consultable en la página quinientos treinta y tres, del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a continuación se transcribe: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, de la lectura de las constancias de autos, a las que se les otorga valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de la misma, se advierte que el siete de abril de dos mil quince, el juez Penal del distrito judicial de Etla, Oaxaca, en la causa penal 29/2015, de su índice, libró orden de aprehensión contra los aquí quejosos Henares Fernández Hernández, Crisanto Cervantes Sánchez y Francisco Cervantes Hernández, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo cometido en agravio de Estela Candelaria Martínez Pérez. Ahora bien, mediante oficio número 3664, firmado por el secretario judicial encargado por ministerio de ley del Juzgado Penal de la Villa de Etla, Oaxaca, remitió copia certificada de la resolución que dictó el nueve de junio de este año (fojas 56 a 78), en autos de la causa penal 29/2015, en las que decretó auto formal prisión a los aquí quejosos Henares Fernández Hernández, Crisanto Cervantes Sánchez y Francisco Cervantes Hernández, como probable responsable en la comisión del delito de despojo cometido en agravio de Estela Candelaria Martínez Pérez. Asimismo, se hace la aclaración que mediante oficio 3748, el secretario judicial encargado por ministerio de ley del Juzgado Penal de la Villa de Etla, Oaxaca, remitió copia certificada del auto de diez de este mes y año, del que se advierte que el aquí quejoso Cristino Cervantes Sánchez, mediante comparecencia y declaración preparatoria aclaró que su nombre correcto es Cristino Cervantes Sánchez y no Crisanto Cervantes Sánchez y que en la causa penal 29/2015, de su índice, se tendría a Cristino Cervantes Sánchez como la misma persona que Crisanto Cervantes Sánchez (foja 85). Así las cosas, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la orden de aprehensión reclamada en esta vía no puede ser analizada, porque, quedó procesalmente sustituida por el auto de formal prisión emitido el nueve de junio de este año, y que afectaba la libertad del impetrante de amparo, sin que sea dable jurídicamente estudiar la inconstitucionalidad de un acto que no fue reclamado en el escrito inicial de demanda, como tampoco es posible analizar aquélla (orden de aprehensión), sin afectar la nueva situación jurídica de los referidos quejosos. En esas condiciones, al actualizarse la invocada causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en este juicio de amparo de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Se invoca en apoyo la tesis de jurisprudencia 17/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2007-PS, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, de treinta de enero de dos mil ocho, que es de rubro: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Tal criterio es aplicable, dado, la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, que interpreta el citado criterio jurisprudencial es de similar contenido a la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por la parte promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son; "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los acto reclamado de las autoridad responsable, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de esta determinación comprende también el acto de ejecución reclamado a las autoridades señaladas como ejecutoras, en virtud que, el acto de ejecución que se le reclama, no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual derivan. Se invoca en apoyo por su contenido, la jurisprudencia siete, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página seiscientos noventa, del Tomo II, Segunda Parte-2, octava época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E : ÚNICO.- En términos de los considerandos tercero y quinto, se SOBRESEE en este juicio de amparo, promovido por Henares Fernández Hernández, Cristino o Crisanto Francisco Cervantes Hernández, Artemio Cervantes Cruz y Luis Juan Chávez Santiago, contra los actos reclamados a los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, juez Penal de Etla, Oaxaca (autoridades ordenadoras) coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, comandante del grupo de aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones y comandante del grupo de la Agencia Estatal de Investigación con sede en Etla, Oaxaca (autoridades ejecutoras), de quienes reclama la orden de aprehensión por parte de las autoridades judiciales y su ejecución material atribuida a las restantes. NOTIFÍQUESE...

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