Heovana Arlete Canché Cauich
Expediente 1408/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1408/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Heovana Arlete Canché Cauich
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, a diez de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. En ese orden de ideas, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y definitiva; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo octavo del acuerdo antes citado, se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Libia Beatriz Cua Mejía, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia constitucional. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con diecisiete minutos del veintidós de julio de dos mil veintiuno; estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, dentro del juicio de amparo indirecto 1408/2022, promovido por HEOVANA ARLETE CANCHE CAUICH alias HEOVANA ARLETE CAUICH CANCHE, contra un acto de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida y de otras autoridades; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo y anexos; b) escrito aclaratorio y anexos; c) Auto admisorio de demanda de trece de junio de dos mil veintidós; d) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y e) Proveído mediante el cual se tuvieron por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables y se dio vista a las partes para que expresaran lo que a sus derechos conviniera. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que la Secretaria procede a dar cuenta con la prueba de presunciones legales y humanas, la instrumental de actuaciones, así como con las documentales exhibidas por la parte quejosa, y por el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida. Atento a lo antes señalado, la Jueza acuerda: Ténganse por ofrecidas las pruebas documentales, la instrumental de actuaciones y de presunciones legales y humanas, con las que dio cuenta la Secretaría, las cuales conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan para los efectos legales, atento a su propia y especial naturaleza jurídica. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, en el cual se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho, por lo que se cierra dicha etapa procesal. Cierre de la audiencia. Acto seguido, en vista de que se agotó la audiencia en los términos señalados y no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, ni pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación, la Jueza procede a declarar dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1408/2022-III; y, A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y que por razón de turno, correspondió conocer a este Juzgado Federal, HEOVANA ARLETE CANCHE CAUICH alias HEOVANA ARLETE CAUICH CANCHE, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida y de otras autoridades, la resolución de diecinueve de febrero de dos mil veinte, con numero de resolución 94/2020, en la cual se dictaron medidas cautelares en el expediente administrativo DDU/SJ/USO/724/19, consistente en la suspensión de actividades de uso de suelo diverso a casa habitación que se realiza en el inmueble marcado con el número quinientos veintidós letra "D" de la calle cincuenta y cuatro por sesenta y cinco y sesenta y siete del centro de la ciudad de Mérida. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Previo cumplimiento a la prevención de dos de junio del año en curso, mediante auto de trece de junio de la presente anualidad, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el siete de junio del año en curso, y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo en materia administrativa, promovida contra los actos de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que esta resolutora Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza el estudio integral de la demanda de amparo, en cumplimiento a lo que establece la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a páginas 255, Tomo XIX, Marzo de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Para los efectos del presente juicio de amparo, el acto reclamado en este asunto, consiste en: -La resolución de diecinueve de febrero de dos mil veinte, con numero de resolución 94/2020, en la cual se dictaron medidas cautelares en el expediente administrativo DDU/SJ/USO/724/19, consistente en la suspensión de actividades de uso de suelo diverso a casa habitación que se realiza en el inmueble marcado con el número quinientos veintidós letra "D" de la calle cincuenta y cuatro por sesenta y cinco y sesenta y siete del centro de la ciudad de Mérida, respecto del cual la parte quejosa se ostenta posesionaria. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades señaladas como responsables, Jefa del Departamento de Inspección Urbana de la Subdirección Jurídica de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida y la Subdirectora Jurídica de la aludida Dirección, negaron la existencia de los actos reclamados; lo anterior sin que exista prueba en contrario aportada por la parte quejosa; por ende, procede sobreseer en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Apoya lo anterior la jurisprudencia bajo el rubro y texto siguientes siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. " CUARTO.- Certeza del acto reclamado. El Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, autoridad responsable en este asunto, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que le fue atribuido, por lo que se tiene por cierto el acto del que se duele la parte quejosa. Es aplicable en la especie, la tesis de jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Sección: Jurisprudencia SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 - 2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable, consistentes en diversas actuaciones realizadas en el expediente administrativo DDU/SJ/USO/724/19, de la referida Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida; documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedida por una autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, con el epígrafe y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Actualización de la causal de improcedencia del juicio. Previamente al examen de fondo del asunto, se analizarán las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 1ª./J.3/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo IX - Enero de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En ese sentido, debe decirse que la parte quejosa, ostentándose tercera extraña al procedimiento de origen, esencialmente reclamó la resolución de diecinueve de febrero de dos mil veinte, con numero de resolución 94/2020, en la cual se dictaron medidas cautelares en el expediente administrativo DDU/SJ/USO/724/19, consistente en la suspensión de actividades de uso de suelo diverso a casa habitación que se realiza en el inmueble marcado con el número quinientos veintidós letra "D" de la calle cincuenta y cuatro por sesenta y cinco y sesenta y siete del centro de la ciudad de Mérida, respecto del cual la parte quejosa se ostenta posesionaria. En ese sentido, esta Juzgadora Federal considera que se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción I, párrafo tercero, de la propia legislación, que al efecto disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ...Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De conformidad con lo expuesto con antelación, para que proceda el juicio de amparo, tratándose de los actos que reclama la parte quejosa, debe comprobarse la existencia del interés jurídico, esto es, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que ha sido transgredido por la actuación de una autoridad, pues ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo contra actos que provengan de tribunales administrativos, como acontece en el caso concreto. Bajo esta guisa, cuando se reclaman violaciones cometidas por la actuación de una autoridad administrativa, dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, quienes tienen derecho tutelado por la ley para reclamarlas en juicio de amparo, son las partes dentro de éste, esto es, el actor y demandado, pues son aquellas a quienes les nace el derecho a que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena o les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente, y pueden hacer uso de sus derechos para demostrar su acción o sus excepciones, así como para impugnar los acuerdos o resoluciones que les agravien, a través de los recursos correspondientes, y excepcionalmente, los terceros ajenos a la controversia, cuando resientan alguna afectación en sus derechos. En ese sentido, al ejercer la parte quejosa la acción constitucional, cuando impugna actos o resoluciones que tengan su origen en procedimientos de naturaleza jurisdiccional, está constreñida a demostrar que su interés jurídico ha sido afectado, esto es, que el derecho subjetivo público, del cual es titular, resulta lesionado por esos actos o resoluciones. Por tanto, se colige que es la parte quejosa quien tiene la carga probatoria de acreditar fehacientemente su interés jurídico en este juicio de garantías, ya que la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, así como, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que, como se ha indicado, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de los actos reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados En el caso particular, HEOVANA ARLETE CANCHE CAUICH alias HEOVANA ARLETE CAUICH CANCHE, es tercera extraña al procedimiento administrativo DDU/SJ/USO/724/19, de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, pues no se promovió ni se siguió directamente en su contra, sino respecto de VOLUNTARIAS VICENTINAS DE YUCATÁN, ASOCIACIÓN CIVIL. Bajo ese tenor, es inconcuso que la parte quejosa no es parte en el procedimiento administrativo de origen, por tanto, si el expediente de mérito no se promovió en su contra, y las actuaciones realizadas en el mismo, no les causan el agravio personal y directo a que se refiere la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio constitucional, sino que esos actos afectarían por principio, sólo a las partes del aludido procedimiento administrativo. Luego entonces, dado que de las constancias de autos se desprende que efectivamente la quejosa es tercera extraña al procedimiento de origen; resulta inconcuso, que a ésta le corresponde la carga de la prueba, a fin de acreditar el interés que les asiste, como supuesta propietaria y poseedora del referido bien raíz, respecto del cual se decretó la suspensión de actividades de uso de suelo diverso a casa habitación que se realiza en el inmueble marcado con el número quinientos veintidós letra "D" de la calle cincuenta y cuatro por sesenta y cinco y sesenta y siete del centro de la ciudad de Mérida. Así, a fin de acreditar el interés que le asiste, la quejosa allegó al cuaderno de amparo lo siguiente: - Copia simple de la credencial para votar con fotografía expedida a favor de Heovana Arlete Cauich Canché, por el Instituto Federal Electoral. - Copia de la resolución emitida por el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, de trece de abril de dos mil veintidós, con número de acuerdo 570/2022 en la que se tuvieron por incumplidas las medidas correctivas impuestas al inspeccionado y se ordenó la imposición de nuevos sellos de suspensión en el inmueble marcado con el número quinientos veintidós letra "D" de la calle cincuenta y cuatro por sesenta y cinco y sesenta y siete del centro de la ciudad de Mérida. Ahora bien, una vez reseñado lo anterior, cabe destacar que, en criterio de quien aquí resuelve, las pruebas de mérito devienen insuficientes para demostrar la afectación que por esta vía reclama la parte quejosa, y que se traduce en la suspensión de actividades de uso de suelo diverso a casa habitación que se realiza en el inmueble marcado con el número quinientos veintidós letra "D" de la calle cincuenta y cuatro por sesenta y cinco y sesenta y siete del centro de la ciudad de Mérida, por el hecho de que no acreditó la propiedad ni posesión del inmueble que por esta vía defiende. En efecto, con las documentales que allegó al presente juicio la quejosa, no se tiene por demostrado el interés jurídico que aduce tener respecto del bien inmueble que pretenden defender en esta vía, y cuya posesión originaria afirman tener con motivo de la adquisición que aduce realizó de la zapatería "Brasil", localizada en el predio número quinientos veintidós letra "D" de la calle cincuenta y cuatro por sesenta y cinco y sesenta y siete del centro de la ciudad de Mérida, derivado de un adeudo mercantil. Ahora bien, para realizar la valoración y alcance de las pruebas ofrecidas por la quejosa, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2º, en el que se establece que el Juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas, para determinar el valor de las mismas, unas frente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando cada especie de prueba. Sin embargo, atendiendo a las reglas de valoración de pruebas, previstas en la citada codificación, específicamente en su artículo 197, la suscrita considera que las documentales exhibidas son insuficientes para demostrar el interés jurídico de la quejosa, quien tiene el carácter de persona extraña al procedimiento administrativo DDU/SJ/USO/724/19, de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida; además de que no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que los actos reclamados afectan real y directamente sus derechos sustantivos que sostienen se encuentran jurídicamente tutelados. Lo anterior es así, puesto que de las documentales que anexó no se advierte, contrario a lo que expuso en su escrito aclaratorio, que sea la propietaria del predio número quinientos veintidós letra "D" de la calle cincuenta y cuatro por sesenta y cinco y sesenta y siete del centro de la ciudad de Mérida, en el que se encuentra la zapatería "Brasil" y que refiere de igual forma es su domicilio. Esto, pues resultaba indispensable dada su ajeneidad al procedimiento administrativo que afectó el aludido predio, al decretarse la suspensión de las actividades que en dicho inmueble se realizaban, que la quejosa demostrara que le asiste un interés jurídico respecto del bien raíz en comento y demostrara de manera fehaciente la propiedad y posesión del mismo, lo que no realizó, ya que no exhibió documento o prueba alguna que demuestre lo anterior. De lo anterior, es dable advertir que la quejosa no acreditó de modo alguno la legitimidad de la posesión o propiedad que aduce tener, de ahí que la sola posesión, per sé, no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas. Lo anterior, pues si bien la posesión es susceptible de protegerse, será aquella definida por el derecho común, por ello, si la parte quejosa se ostenta como persona extraña a un juicio y manifiesta ser poseedora de un inmueble objeto de una controversia, debe exhibir un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, lo que en el caso no aconteció, habida que cuenta que la parte quejosa no logró acreditar dicha cuestión. Cuenta habida que si bien aduce tener la posesión de buena fe, lo cierto es que ésta no se encuentra sustentada en una figura jurídica como un contrato público o privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, a fin de que ésta posesión sea susceptible de protegerse. Es bien sabido que la posesión que se protege a través del juicio de amparo, es aquella posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada; la primera, o sea, la posesión originaria, se obtiene a través de una transmisión de derechos que realiza el propietario en favor del poseedor, mediante compraventa, donación, herencia, dación en pago, etcétera; en tanto, la posesión derivada, es aquella que se transmite por arrendamiento, usufructo, depósito u otro título análogo. De ahí que la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre el citado inmueble, no genera un derecho contra terceros, por lo que la misma no es objeto de protección en el juicio de amparo, sino la que deriva de un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, ya que así lo ha considerado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 1/2002, visible en la foja 5, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el texto y rubro siguientes: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "POSESION. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACION Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERES JURIDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCION Y MODIFICACION DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION 1917-1985).De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica." En ese sentido, se reitera que la quejosa no demostró el acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble; ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 Constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, al no haber demostrado la parte quejosa su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional en contra de la orden de desposesión del inmueble antes descrito, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento de este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia. Situación que impide analizar el fondo del asunto, de conformidad con el criterio sustentado en la jurisprudencia 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por HEOVANA ARLETE CANCHE CAUICH alias HEOVANA ARLETE CAUICH CANCHE, contra un acto de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida y de otras autoridades, consistente en la resolución de diecinueve de febrero de dos mil veinte, con numero de resolución 94/2020, en la cual se dictaron medidas cautelares en el expediente administrativo DDU/SJ/USO/724/19, consistente en la suspensión de actividades de uso de suelo diverso a casa habitación que se realiza en el inmueble marcado con el número quinientos veintidós letra "D" de la calle cincuenta y cuatro por sesenta y cinco y sesenta y siete del centro de la ciudad de Mérida; por los motivos indicados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, a seis de julio de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por el Director de Desarrollo Urbano, la Jefa del Departamento de Inspección Urbana de la Subdirección Jurídica de la Dirección de Desarrollo Urbano y la Subdirectora Jurídica de la Dirección de Desarrollo Urbano, todos del Ayuntamiento de Mérida, con residencia en esta ciudad; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de dichas responsables, el que señalan en sus informes de cuenta, y con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase por designados como delegados de las autoridades responsables de mérito, a las personas mencionadas en su informe de ley. De igual manera, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que adjuntó a su informe el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, para que sean relacionadas y tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional respectiva. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.W
- Incidental
Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se establecen los siguientes puntos resolutivos y la Jueza, R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA a HEOVANA ARLETE CANCHE CAUICH alias HEOVANA ARLETE CAUICH CANCHE, la suspensión definitiva de los actos que reclamó de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerando tercero de la presente interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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