Henry Mauricio Pech Uc

Expediente 944/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
944/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
07/07/2023

Partes del expediente

  • Henry Mauricio Pech Uc

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, con anexo que adjunta, con el que, en atención al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, informa que se aperturó el acta de investigación VFEDTTCID-GV/131/2023, en la Vice Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, de la Fiscalía General del Estado, a fin de que se inicie la investigación correspondiente por la probable trasgresión de los derechos humanos del quejoso ********************. En ese sentido, es importante traer a colación, lo sostenido por el Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que se puede extraer conceptos y lineamientos inherentes a la correcta conducción de asuntos que involucren tortura y malos tratos. Entre ellos, lo establecido en el inciso C), denominado, Guía para juzgar casos de tortura y malos tratos, en concreto, en el punto 7 "vista con efectos de denuncia", que señala, que el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de algún delito, está obligado a denunciarlo al ministerio público, y respecto del delito de tortura, tal deber se encuentra contemplado en el artículo 33 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dicha denuncia será con efectos para que la representación social inicie la investigación penal correspondiente. En tal virtud, atendiendo a que la definición de tortura, según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia; de conformidad con lo estipulado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del once de junio de dos mil once, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como en los artículos 22 Constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura, derecho fundamental garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. En ese orden de ideas, tomando en consideración que la Fiscalía General del Estado, ha iniciado el acta de investigación correspondiente, dese vista a la parte quejosa con las constancias que dicha autoridad remitió, a fin de que reciba la asesoría jurídica correspondiente en su carácter de víctima dentro de la investigación que se inició, la cual fue registrada bajo el número de acta de investigación VFEDTTCID-GV/131/2023, ante la Vice Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, de la Fiscalía General del Estado, tal como lo prevé el invocado Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio 14/2023, suscrito por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mediante el cual comunica que remitió las constancias que integran el presente asunto al Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, a fin de que realice las indagatorias correspondientes, con motivo de las manifestaciones plasmadas ante el fedatario judicial de la adscripción, en relación a la detención que sufrió el aquí quejoso. Por tanto, requiérase al Fiscal General del Estado, para que en el término de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo informe las gestiones que ha realizado en torno a la vista que le fue canalizada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mediante oficio 14/2023, de catorce de junio de dos mil veintitrés, con el apercibimiento que de no informar lo solicitado o en su caso manifieste la imposibilidad que tenga para ello, en el término otorgado se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por el Director del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, sin que sea el caso ponerlo a la vista de las partes, ya que por auto de diecinueve de junio de la presente anualidad, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos, el oficio del Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, y anexo que acompaña, mediante los cuales cumple con el requerimiento de nueve de los cursantes e informa la situación jurídica del quejoso; mismo anexo del que se advierte que el catorce del presente mes y año, al peticionario de amparo Henry Mauricio Pech Uc, le fue dictado auto de vinculación a proceso en la carpeta administrativa ********************, por su probable autoría en la comisión del delito de robo calificado cometido en pandilla. Ahora bien, se trae a colación que mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintitrés, Rodrigo Jafed Zapata Sulub solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal a favor de Henry Mauricio Pech Uc, contra los actos que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y de otras autoridades, que hizo consistir en la detención fuera de procedimiento e incomunicación realizada en su contra. En tanto que, respecto a su detención, el Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, informó que el quejoso fue puesto a su disposición, formándose la carpeta administrativa ********************, siendo que el catorce de junio del presente año, dictó auto de vinculación a proceso por su probable participación en el ilícito de robo calificado cometido en pandilla. Circunstancia que se corrobora con las constancias remitidas por el citado Juez responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo. Sin embargo, no obstante la certeza del acto privativo de la libertad reclamado, en el caso a estudio se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de control constitucional, por cambio de situación jurídica, prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Esto es así, porque de las constancias de cuenta se advierte que el directo quejoso fue puesto a disposición del Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, con motivo de la comisión del delito de robo calificado cometido en pandilla, abriéndose por tal motivo la carpeta administrativa ********************, en la que le fue dictado un auto de vinculación a proceso; por lo que las consecuencias jurídicas de la detención que sufrió por parte de las autoridades policiales, previas a la emisión de dicho mandamiento, quedaron sustituidas con su dictado y, por tanto, no puede ser analizada, por tratarse de un estadio procesal diferente; además, no es factible decidir la situación jurídica anterior, al quedar legalmente substituida con el auto de vinculación a proceso respectivo; por lo que cabe considerar que, en el caso, se han consumado irreparablemente las posibles violaciones materia de la reclamación. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 1ª./J. 17/2008, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 270 del Tomo XXVII, Junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Asimismo, sirve de apoyo a lo considerado, la tesis 2ª.CXI/96, con el rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Y también sirve de orientación a la determinación anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia I.7º.P.25P, cuyo rubro es: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Por otra parte, debe decirse que de los informes remitidos por las autoridades responsables, se advierte que éstas negaron el acto reclamado consistente en la incomunicación que aduce el quejoso fue objeto; sin que exista prueba en contrario que desvirtúe dicha negativa. Máxime, que el directo quejoso tuvo comunicación con el Actuario adscrito a este Juzgado, el nueve de junio en curso, y no hizo manifestación alguna respecto de tal acto; de ahí que el mismo devenga inexistente. En tal virtud, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, del mismo ordenamiento legal. Finalmente, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese por lista; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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