HENRY OCTAVIO ANDRADE ALDUENDA y Otros.
Expediente 765/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 765/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/08/2023
Partes del expediente
- Henry Octavio Andrade Alduenda
- HENRY OCTAVIO ANDRADE ALDUENDA y Otros.
- Diego Manuel Alcantar Gomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuenta. El veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del sobreseimiento fuera de audiencia dictado el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, sin que lo hubiera hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado proveído ha causado estado; en consecuencia, dense los avisos de rigor. Certificación. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es destruible por haberse sobreseído fuera de audiencia, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a lo conducente en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuaderno incidental. Se precisa que el incidente de suspensión aperturado en un solo cuaderno, es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto del artículo 20, fracción IV, del citado acuerdo, puesto que fue declarado sin materia. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Incidental
Tijuana, Baja California, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Certificación secretarial. Visto el contenido de la certificación secretarial que antecede se desprende que en auto de esta propia fecha emitido en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente, en el cual se determinó decretar el sobreseimiento fuera de audiencia por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del precepto 61, en relación con el 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, consistente en el cambio de situación jurídica, se provee: Acuerdo. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión, debido al sobreseimiento pronunciado en el juicio de amparo de donde deriva esta incidencia. En esas condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos el oficio que remite la Secretaria del Juzgado Comisionada al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, sin que sea el caso dictar mayor proveído, en atención a lo acordado en el párrafo que antecede. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de julio de dos mil veintitrés.****************************************Recepción de informe. Con fundamento en el numeral 117 de la ley de la materia, agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la autoridad responsable.****************************************Certificación. Asimismo, vista la certificación de cuenta se advierte que al ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, se desprende que el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, otorgó a este juzgado el acceso al expediente electrónico relativo a la causa penal ********************, de su índice.****************************************En consecuencia, se ordena imprimir de dicho sistema las constancias referentes a la ejecutoria dictada el veinte de julio de dos mil veintitrés, por el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, dentro del toca penal 424/2023-I, a fin de que se digitalicen y obren en el expediente físico y electrónico, para que las partes estén en aptitud de imponerse de su contenido, en la inteligencia que la audiencia estará a disposición de las partes para su reproducción en las instalaciones de este juzgado.****************************************En ese contexto, de las referidas constancias se obtiene que el tribunal en comento revocó la determinación de vinculación a proceso dictada a los quejosos ********************y ********************, dentro de la causa penal ******************** en audiencias de doce de junio de dos mil veintitrés, cuya continuación tuvo lugar el diecisiete del mismo mes y año, por la autoridad responsable y en su lugar realizó lo siguiente:****************************************a) Dictó auto de no vinculación a proceso a favor de ********************y ********************;****************************************b) Dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada; y,****************************************c) Ordenó su inmediata libertad.****************************************Sobreseimiento fuera de audiencia. Po tanto, en el caso se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XVII del precepto 61, en relación con el 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, consistente en el cambio de situación jurídica; lo que permite sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto. ****************************************Dicha hipótesis se sustenta cuando en el procedimiento judicial que se sigue se emite un acto que hace que los efectos del motivo de reclamo se consumen en su totalidad, resultando imposible entrar al estudio de su constitucionalidad, sin afectar la nueva determinación de la autoridad.****************************************La causal de improcedencia aludida está determinada por la imposibilidad de cristalizar la finalidad del juicio de amparo, que es reponer a la parte agraviada en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el precepto que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija.****************************************En el caso que nos ocupa, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la calificación de legal la detención, así como la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictados el doce y diecisiete de junio del año en la causa penal ******************** del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad.****************************************Establecido lo anterior, se tiene que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en esta ciudad, como Juez de Control, en su informe justificado, no obstante que negó los actos reclamados, manifestó que el doce de junio de dos mil veintitrés, cuya continuación tuvo lugar el diecisiete del mismo mes y año, vinculó a proceso a los quejosos ********************y ********************, por el hecho con apariencia de delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza, instruido en la causa penal ********************.****************************************Ahora, en el informe que hoy se agrega, el juez oficiante refiere que el veinte de julio de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, dentro del toca penal 424/2023-I, revocó la determinación de vinculación a proceso a los quejosos ********************y ********************, decretada en audiencias de doce de junio de dos mil veintitrés, cuya continuación tuvo lugar el diecisiete del mismo mes y año, por la autoridad responsable y en su lugar dictó auto de no vinculación a proceso a favor de los aquí quejosos, dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada; y, ordenó su inmediata libertad.****************************************Para corroborar lo anterior se imprimieron las documentales respectivas a la causa penal ********************, del índice de la responsable.****************************************Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2° y con apoyo además en la jurisprudencia 226, citada líneas supra.****************************************Lo expuesto permite concluir que se actualizó un cambio de situación jurídica en el procedimiento de origen. ****************************************De esa manera, por lo que hace a la detención, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada dictadas en contra de los aquí quejosos en la causa penal ********************; al haberse dictado la resolución de veinte de julio de dos mil veintitrés, por el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, dentro del toca penal 424/2023-I, en la que revocó la determinación de vinculación a proceso a los quejosos ********************y ********************, y en su lugar dictó auto de no vinculación a proceso a favor de los aquí quejosos; dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada; y, ordenó su inmediata libertad, implica que quedaron consumadas de modo irreparable las violaciones que en su caso pudieron existir.****************************************En las relatadas circunstancias, se determina que el presente juicio de amparo resulta improcedente, pues al cambiar la situación jurídica de los quejosos, se consumaron irreparablemente los actos y las violaciones reclamadas por éste de forma definitiva; por lo que, este órgano jurisdiccional está imposibilitado para reparar algún daño a la parte quejosa, ya que no es posible actuar como lo dispone el artículo 77 de la ley de la materia, y obligar a la responsable a restituir el goce del derecho violado, sin afectar la nueva situación jurídica en la que se encuentran los gobernados.****************************************Así, es dable tener por actualizada la causa de improcedencia referida y como consecuencia con fundamento en los artículos 61, fracción XVII y 63, fracción V de la ley de la materia, se sobresee en el presente juicio de amparo.****************************************Por tal motivo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria y artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, en razón de la causal de improcedencia actualizada.****************************************Audiencia constitucional. Por lo expuesto y fundado en este proveído, se ordena dejar sin efectos la hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional.****************************************Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
Tijuana, Baja California, veintiuno de julio de dos mil veintitrés.****************************************Apertura del incidente. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta misma fecha en el cuaderno del juicio de amparo 765/2023-VII promovido por********************, en su carácter de Defensor Público de ********************y ********************, contra los actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, se abre a trámite el presente incidente de suspensión. ****************************************Precisión de los actos reclamados. De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes:****************************************"IV.- Actos reclamados. ****************************************1.- De la autoridad ordenadora, se reclama. ****************************************El calificar de legal la detención de mis representados por haber considerado que se cumplía con lo establecido en el artículo 16 Constitucional y con lo previsto en el artículo 146 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales. ****************************************La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y 167 párrafo tercero, fracción XI del Código Nacional de Procedimientos Penales. ****************************************Dictados en fecha doce de junio del año en curso y reiterada la presión preventiva oficiosa el diecisiete de junio del dos mil veintitrés. Determinación que contrario a lo referido por el juez vulneran derechos humanos, como más adelante se destacaran."****************************************Efectos de la suspensión. La parte quejosa solicita la suspensión provisional de los actos reclamados para los efectos siguientes:****************************************".solicito se dicte el auto correspondiente mandando suspender el proceso hasta antes del auto de apertura a juicio en tanto sea resuelto el juicio constitucional que se ventila." ****************************************En esa tesitura, ya establecido lo anterior, se procede al análisis de la medida y los efectos para los cuales, en su caso, puede concederse. ****************************************Sirve de apoyo a este razonamiento la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2019200, de rubro y de contenido siguiente:****************************************"SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo."****************************************Procedencia de la suspensión. Resulta pertinente indicar que los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 y 128 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgar la medida cautelar solicitada, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir, los cuales son:****************************************1. Que la solicite el quejoso;********************2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y,********************3. Que deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público.****************************************En la especie, la parte quejosa solicitó expresamente en su escrito inicial de demanda la suspensión de los actos que reclama de la autoridad señalada como responsable, por lo que con ello se reúne el requisito establecido en la fracción I del artículo 128 anteriormente citado.****************************************Asimismo, se encuentra satisfecho el requisito establecido en la fracción II del artículo en comento, así como lo dispuesto por el numeral 138, toda vez que con la concesión de la medida cautelar se estima que no se sigue perjuicio al interés social, y no se contravienen disposiciones de orden público, como se expondrá a continuación.****************************************Concesión de la suspensión. Ahora, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado consistente en la prisión preventiva oficiosa, a fin de evitar un daño irreparable a la parte quejosa en las etapas del juicio se concede la suspensión provisional solicitada, por los siguientes motivos. ****************************************Consideración previa. Como punto de partida, esta resolutora se encuentra obligada a tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 1 de la constitución, en sus tres primeros párrafos, vigente a partir del once de junio de dos mil once. ****************************************En ese sentido, en el Estado mexicano existen dos fuentes en las cuales se establecen derechos humanos y sus garantías, por una parte, en la constitución y, por otra, en los tratados internacionales de los que sea parte. ****************************************En sede nacional el artículo 19 constitucional, prevé dos supuestos en los cuales se podrá decretar prisión preventiva, a saber: 1) justificada y, 2) oficiosa. ****************************************La prisión preventiva oficiosa está prevista en el referido numeral 19 constitucional y la ordena el juez en los casos de delitos específicos. ****************************************En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas y bajo esa relevancia constitucional se interpreta el sistema de medidas cautelares previsto en la Ley de Amparo. ****************************************Es decir, un sistema de medidas cautelares apto para la protección efectiva y completa (artículo 17 constitucional) de los intereses jurídicos en juego, tomando en cuenta que la tardanza del procedimiento para obtener su salvaguarda no es un factor que justifique su lesión irreversible o grave a efecto de proveer sobre la suspensión solicitada. ****************************************Por tal motivo, a efecto de generar que el sistema de medidas cautelares (suspensión) en los juicios de amparo sea efectivo, el legislador dispuso en el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, lo que doctrinal y jurisprudencialmente se ha denominado la "suspensión con efectos restitutorios". ****************************************Esto, porque el legislador estableció que: "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo". ****************************************En consecuencia, los órganos de control constitucional tenemos la obligación de analizar la naturaleza del acto reclamado y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce de su derecho violado hasta en tanto se dicte sentencia. ****************************************Sin embargo, para que ello acontezca, se ha explicado que debe analizarse una circunstancia relevante, esto es, la apariencia del buen derecho. ****************************************Así, la doctrina y la jurisprudencia han definido la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora como el conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad, respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, así como la amenaza de que por el tiempo de duración del proceso ese derecho aparente no sea satisfecho. ****************************************Por tanto, esta resolutora estima que la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora se encuentra acreditada para efectos de conceder la suspensión solicitada. ****************************************Lo anterior, porque de un análisis superficial de este asunto y a manera de probabilidad, se puede advertir que, con relación a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, asistirá la razón a la parte quejosa en la sentencia que se dicte en el fondo de este asunto; lo que actualiza la figura jurídica indicada y genera que sea procedente conceder la medida cautelar solicitada con efectos restitutorios; esto, esencialmente, derivado de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deben ser acatadas por los jueces mexicanos para lograr la efectiva protección de los derechos fundamentales de las personas. ****************************************En ese contexto, debe destacarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos el siete de noviembre de dos mil veintidós, dictó sentencia en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, en la que en relación con la prisión preventiva, consideró que el artículo 161 del Código Federal Procesal Penal de mil novecientos noventa y nueve, el cual establece la prisión preventiva, y que fue aplicado en el caso, no hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. ****************************************Además, estimó que el referido artículo establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. ****************************************Por ello, consideró que el Estado vulneró su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención en relación al derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3), al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5), y a la presunción de inocencia (art. 8.2) en perjuicio de las víctimas. ****************************************Finalmente concluyó que al aplicar figuras que (per se) son contrarias a la Convención, las autoridades internas vulneraron los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas incumpliendo su obligación de respeto contenida en el artículo 1.1 de dicho instrumento. ****************************************En ese orden de ideas, mediante sentencia dictada el veinticinco de enero del presente año, la misma Corte Interamericana de derechos Humanos, en el caso García Rodríguez y otro Vs. México -en la que en relación con la prisión preventiva- indicó que el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de dos mil y 19 de la Constitución de acuerdo a su texto reformado en el dos mil ocho, eran contrarios a la convención. ****************************************Asimismo sostuvo que esas normas no mencionan las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. ****************************************También señaló que en ambas disposiciones legales, se limita el rol del juez y supone un acto que deviene exento de todo control real impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento. ****************************************Por lo que la Corte consideró que esas normas contenían cláusulas y siguen conteniendo en el caso del artículo 19 de la Constitución, que, (per se) resultaban contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana, tales como el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3), al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5), a la presunción de inocencia (art. 8.2), y a la igualdad y no discriminación (artículo 24). ****************************************De ahí que concluyó que el Estado vulneró esos derechos, en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecida en el artículo 2 de dicho tratado, en perjuicio de las víctimas. ****************************************Finalmente, la Corte afirmó que al aplicar figuras que (per se) son contrarias a la Convención, y al mantener por más de diecisiete años a las víctimas en prisión preventiva, las autoridades internas vulneraron los derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia, y a la igualdad y no discriminación, en perjuicio de las víctimas incumpliendo su obligación de respeto contenida en el artículo 1.1 de dicho instrumento. ****************************************De las anteriores sentencias se puede concluir que en lo referente a la prisión preventiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: ****************************************a) Existan elementos para formular cargos o llevar a juicio: deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida al proceso pudo haber participado en el mismo (es decir deberá atender a las particularidades del caso); ****************************************b) Que la finalidad sea compatible con la Convención, a saber: procurar que la persona acusada no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia y que las medidas sean idóneas, necesarias y estrictamente proporcionales respecto de tal fin; y, ****************************************c) Que la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. ****************************************Es decir, la Corte Interamericana de derechos Humanos estableció que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la CIDH. Criterio que resulta obligatorio a este órgano jurisdiccional, tal como reiteró la referida Corte Interamericana en el punto 303 de la sentencia del Caso García Rodríguez y otro que dice: ****************************************"303. Conforme a lo expuesto, se recuerda que las autoridades internas, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito, atendiendo el principio pro persona. En ese sentido, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y juezas, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean estas de naturaleza constitucional o legal, por lo que - en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes- las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana." ****************************************Conclusión. En acato al marco de precedentes emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este órgano jurisdiccional considera -como lo resolvió dicho tribunal- que la figura de la prisión preventiva oficiosa no es acorde a los estándares internacionales contraídos por el Estado Mexicano y, por ende, es inconvencional; lo que genera que su aplicación vulnere diversos derechos de las personas que se encuentran sometidas a ésta.****************************************Por todo lo anterior, al estimarse que se actualiza la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, procede conceder la suspensión provisional a la parte quejosa, para que la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, realice lo siguiente: ****************************************Deje sin efectos la determinación emitida en la audiencia de diecisiete de junio de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, únicamente respecto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. ****************************************b) Señale fecha y hora para llevar una diversa audiencia -con intervención de las partes- en la que declare improcedente la imposición de la prisión preventiva oficiosa a la parte quejosa, conforme el marco convencional expuesto en esta resolución. ****************************************c) Una vez hecho lo anterior, abra a debate de las partes el análisis de la solicitud de medidas cautelares a imponerse a la parte quejosa, en la que, con libertad de jurisdicción, decrete las que considere necesarias. ****************************************Lo anterior, con la única limitación de que no pueda imponerse la de prisión preventiva de manera oficiosa; lo que no excluye la posibilidad de que pueda decretarse la relativa a la prisión preventiva justificada, en caso de que cuente con elementos para ello. ****************************************Cita de precedente. En similares términos se pronunció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 101/2023 cuya sentencia constituye un hecho notorio para esta autoridad, dado que obran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).****************************************En el referido precedente el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito estableció claramente los aspectos relevantes siguientes: ****************************************1. Que sí procede la suspensión con efectos restitutorios provisionales en contra de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. ****************************************2. Que sí hay apariencia del buen derecho contra la prisión preventiva oficiosa. ****************************************Requisitos de efectividad. La suspensión provisional surte efectos desde luego, en términos del 136, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que haya lugar a fijar garantía dada la naturaleza y efectos concedidos de los actos reclamados.****************************************Concesión de la suspensión. Ahora, en relación al acto reclamado consistente en el auto que calificó de legal la detención, con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el único efecto de que los quejosos queden a disposición de este juzgado, por lo que hace a su libertad personal y a disposición del juez responsable para la continuación de su proceso. ****************************************Lo anterior, hasta en tanto se notifique a la responsable la resolución que se emita relativa a la suspensión definitiva.****************************************Audiencia incidental. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente.****************************************Informe previo. Pídase informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; enviándole para ello copia simple de la demanda de amparo; asimismo, deberá precisar si son ciertos o no los actos reclamados, la naturaleza del juicio, las partes en el mismo, el estado procesal que guarda, informar si ya se dictó sentencia; así como expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y demás datos que tenga a su alcance que permitan a este juzgado federal establecer el monto de la garantía correspondiente.****************************************Apercibimientos innecesarios. Sin que sea el caso formular apercibimientos al juez federal señalado como autoridad responsable, pues atendiendo a la investidura que posee, es claro que es sabedor de las obligaciones que conforme la Ley de Amparo le son inherentes en la tramitación del juicio constitucional.****************************************Autorización de remisión de informe vía electrónica. Se autoriza a la autoridad responsable, para que, en su caso, remita el informe requerido al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien al correo electrónico 14jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de que opte por realizarlo mediante oficio que envíe físicamente a este juzgado. ****************************************Notificación de la autoridad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito.****************************************Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda.****************************************Autorizados. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a********************, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones, así como imponerse de autos a ********************.****************************************Notificaciones y acceso electrónico. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en vigor a partir del seis de mayo de dos mil veinte, se autoriza el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio, así como para recibir notificaciones.****************************************Ahora, dado que la parte quejosa, autoriza expresamente la vía electrónica para recibir notificaciones personales; en tal sentido; con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le tiene por señalada la vía electrónica para que las notificaciones personales generadas en el presente asunto se le hagan a la parte quejosa de esa manera; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen a la parte quejosa por ese medio. ****************************************En el entendido de que las mismas se sujetarán a los términos establecidos en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo.****************************************Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial "A" adscrita, realice la autorización para la consulta y notificaciones del presente juicio a la parte quejosa a través de la vía electrónica, por conducto del usuario "********************".****************************************Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles.****************************************Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. ****************************************Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo.****************************************Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo.****************************************Notifíquese. ********************
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