HENRY DAVID AROYO RIVAS y Otros.
Expediente 488/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 488/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/07/2022
Partes del expediente
- HENRY DAVID AROYO RIVAS y Otros.
- Henry David Aroyo Rivas
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Boleta de turno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio que remite la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al proveído de veintiséis de julio de dos mil veintidós, remite la boleta con número de registro 20221346005000202; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
hago constar que en cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de veintiséis de julio de dos mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se practica la notificación del proveído de veintiséis de julio de dos mil veintidós a la parte quejosa, en el juicio de amparo 488/2022-III, por medio de lista de estrados, que dice:Tijuana, Baja California, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve Luis Cruz Jiménez, a favor de Aroyo Rivas; Yaneira Cumpen García; Jhon Jair Quintana Chaname; Jhon Quintana; y, Brayan Antonio Flores Gonzales; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 488/2022-III. Análisis de la demanda de amparo Este juzgado procede a analizar la demanda de amparo de que se trata, pues tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Desechamiento de demanda. Con base en lo expuesto, se estima que la demanda de amparo promovida es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto legal en cita establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. [.]" De la lectura del dispositivo legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando la acción constitucional se promueve contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En ese sentido, los requisitos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, son los siguientes: a) Que existan por lo menos dos juicios de amparo. b) Que uno de esos juicios constitucionales se encuentre en trámite. c) Que en ambos amparos exista identidad de sujetos que figuren como partes, es decir, que hayan sido promovidos por la misma persona física o moral como parte quejosa y en contra de iguales autoridades responsables. d) Que los actos de autoridad que se reclamen en ambos juicios de amparo sean idénticos. Establecido lo anterior, se estima que los requisitos anteriores se encuentran colmados, generando con ello la improcedencia de este juicio constitucional. Para demostrar tal afirmación se estudiarán las exigencias precisadas de manera particular de la siguiente manera. Primer requisito. Que existan por lo menos dos juicios de amparo. En el caso, se estima actualizado el requisito en análisis, en razón que de la certificación de cuenta se advierte que el veinticinco de julio de dos mil veintidós, se proveyó sobre la demanda de amparo promovida por Luis Cruz Jiménez, a favor de Aroyo Rivas; Yaneira Cumpen García; Jhon Jair Quintana Chaname; Jhon Quintana; y, Brayan Antonio Flores Gonzales, misma que se radicó bajo el número 487/2022-I. Además, la presente demanda y la promovida en el juicio 487/2022-I, se presentaron en línea a través del portal electrónico del Poder Judicial de la Federación el veinticinco de julio de dos mil veintidós. Segundo requisito. Que uno de esos juicios constitucionales se encuentre en trámite. Este requisito también se considera satisfecho, en atención a que el juicio de amparo 487/2022-I, promovido por Luis Cruz Jiménez, a favor de Aroyo Rivas; Yaneira Cumpen García; Jhon Jair Quintana Chaname; Jhon Quintana; y, Brayan Antonio Flores Gonzales, se encuentra en trámite al haberse realizado el pronunciamiento respectivo sobre la demanda el veinticinco de este mes y año, proveyéndose sobre la suspensión de plano y ordenándose la ratificación de la misma, es decir, no fue desechada ésta. Tercer requisito. Que en ambos amparos exista identidad de sujetos que figuren como partes, es decir, que hayan sido promovidos por la misma persona física o moral como parte quejosa y en contra de iguales autoridades responsables. Por lo que respecta a esta exigencia debe decirse que ambos juicios de amparo, esto es, el identificado con el número 487/2022-I, así como el presente asunto, existe identidad de partes, ya que se trata de los mismos quejosos y de las mismas autoridades responsables. Ello, pues en ambos juicios constitucionales la parte quejosa es Luis Cruz Jiménez, en representación de Aroyo Rivas; Yaneira Cumpen García; Jhon Jair Quintana Chaname; Jhon Quintana; y, Brayan Antonio Flores Gonzales, y las autoridades responsables señaladas son el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California y el Jefe o Encargado de la Estación Migratoria en Tijuana del Instituto Nacional de Migración. De ahí que, esta exigencia también se encuentre satisfecha. Cuarto requisito. Que los actos de autoridad que se reclamen en ambos juicios de amparo sean idénticos. Finalmente, este requisito se encuentra satisfecho, toda vez que en ambos juicios de amparo la parte quejosa reclama, sustancialmente, las órdenes de deportación, expulsión o repatriación. Actos cuya existencia se reclama a partir de la presentación de ambas demandas, esto es, el veinticinco de julio de dos mil veintidós. Por tanto, es claro que la parte quejosa a través de este juicio de amparo y el diverso 487/2022-I, reclama los mismos actos reclamados de las mismas autoridades responsables, trayendo como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia en estudio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Luis Cruz Jiménez, a favor de Aroyo Rivas; Yaneira Cumpen García; Jhon Jair Quintana Chaname; Jhon Quintana; y, Brayan Antonio Flores Gonzales. La anterior determinación no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, pues su ejercicio se encuentra normado por diversos presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, cuya finalidad es dotar de firmeza jurídica a las determinaciones judiciales y lograr que éstas puedan ser acatadas. Es por ello que, si bien es cierto conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos debe interpretarse de acuerdo a la Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, atento al principio pro persona y bajo una óptica de tutela más amplia, también lo es que en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, dispone reglas específicas, lo que no implica que este no sea un recurso judicial efectivo. Así, el establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. Máxime, que los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 22/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Página 325, Materia Constitucional, Registro 2005917, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Correo electrónico y número telefónico. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, téngasele señalando el correo electrónico y número telefónico que indica única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Notificación por lista. Teniendo en consideración que el promovente de la demanda no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación de este proveído, así como las subsecuentes, se realicen a la parte quejosa mediante lista, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento cobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Se ordena girar oficio a Oficina de Correspondencia Común. Finalmente, en atención a que de la certificación de cuenta, se advierte que la demanda de amparo fue recibida directamente a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, se ordena girar oficio a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios de Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, para la equidad y proporcionalidad de cargas de trabajo, registre y remita la boleta de turno respectiva a este juzgado relativa a la demanda de amparo que se atiende. Para lo cual se le remite copia simple de la misma, a fin de reflejar estadísticamente la carga real de trabajo en este órgano jurisdiccional y equilibrar ésta en relación con los demás juzgados. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve Luis Cruz Jiménez, a favor de Aroyo Rivas; Yaneira Cumpen García; Jhon Jair Quintana Chaname; Jhon Quintana; y, Brayan Antonio Flores Gonzales; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 488/2022-III. Análisis de la demanda de amparo Este juzgado procede a analizar la demanda de amparo de que se trata, pues tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Desechamiento de demanda. Con base en lo expuesto, se estima que la demanda de amparo promovida es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto legal en cita establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. [.]" De la lectura del dispositivo legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando la acción constitucional se promueve contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En ese sentido, los requisitos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, son los siguientes: a) Que existan por lo menos dos juicios de amparo. b) Que uno de esos juicios constitucionales se encuentre en trámite. c) Que en ambos amparos exista identidad de sujetos que figuren como partes, es decir, que hayan sido promovidos por la misma persona física o moral como parte quejosa y en contra de iguales autoridades responsables. d) Que los actos de autoridad que se reclamen en ambos juicios de amparo sean idénticos. Establecido lo anterior, se estima que los requisitos anteriores se encuentran colmados, generando con ello la improcedencia de este juicio constitucional. Para demostrar tal afirmación se estudiarán las exigencias precisadas de manera particular de la siguiente manera. Primer requisito. Que existan por lo menos dos juicios de amparo. En el caso, se estima actualizado el requisito en análisis, en razón que de la certificación de cuenta se advierte que el veinticinco de julio de dos mil veintidós, se proveyó sobre la demanda de amparo promovida por Luis Cruz Jiménez, a favor de Aroyo Rivas; Yaneira Cumpen García; Jhon Jair Quintana Chaname; Jhon Quintana; y, Brayan Antonio Flores Gonzales, misma que se radicó bajo el número 487/2022-I. Además, la presente demanda y la promovida en el juicio 487/2022-I, se presentaron en línea a través del portal electrónico del Poder Judicial de la Federación el veinticinco de julio de dos mil veintidós. Segundo requisito. Que uno de esos juicios constitucionales se encuentre en trámite. Este requisito también se considera satisfecho, en atención a que el juicio de amparo 487/2022-I, promovido por Luis Cruz Jiménez, a favor de Aroyo Rivas; Yaneira Cumpen García; Jhon Jair Quintana Chaname; Jhon Quintana; y, Brayan Antonio Flores Gonzales, se encuentra en trámite al haberse realizado el pronunciamiento respectivo sobre la demanda el veinticinco de este mes y año, proveyéndose sobre la suspensión de plano y ordenándose la ratificación de la misma, es decir, no fue desechada ésta. Tercer requisito. Que en ambos amparos exista identidad de sujetos que figuren como partes, es decir, que hayan sido promovidos por la misma persona física o moral como parte quejosa y en contra de iguales autoridades responsables. Por lo que respecta a esta exigencia debe decirse que ambos juicios de amparo, esto es, el identificado con el número 487/2022-I, así como el presente asunto, existe identidad de partes, ya que se trata de los mismos quejosos y de las mismas autoridades responsables. Ello, pues en ambos juicios constitucionales la parte quejosa es Luis Cruz Jiménez, en representación de Aroyo Rivas; Yaneira Cumpen García; Jhon Jair Quintana Chaname; Jhon Quintana; y, Brayan Antonio Flores Gonzales, y las autoridades responsables señaladas son el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California y el Jefe o Encargado de la Estación Migratoria en Tijuana del Instituto Nacional de Migración. De ahí que, esta exigencia también se encuentre satisfecha. Cuarto requisito. Que los actos de autoridad que se reclamen en ambos juicios de amparo sean idénticos. Finalmente, este requisito se encuentra satisfecho, toda vez que en ambos juicios de amparo la parte quejosa reclama, sustancialmente, las órdenes de deportación, expulsión o repatriación. Actos cuya existencia se reclama a partir de la presentación de ambas demandas, esto es, el veinticinco de julio de dos mil veintidós. Por tanto, es claro que la parte quejosa a través de este juicio de amparo y el diverso 487/2022-I, reclama los mismos actos reclamados de las mismas autoridades responsables, trayendo como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia en estudio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Luis Cruz Jiménez, a favor de Aroyo Rivas; Yaneira Cumpen García; Jhon Jair Quintana Chaname; Jhon Quintana; y, Brayan Antonio Flores Gonzales. La anterior determinación no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, pues su ejercicio se encuentra normado por diversos presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, cuya finalidad es dotar de firmeza jurídica a las determinaciones judiciales y lograr que éstas puedan ser acatadas. Es por ello que, si bien es cierto conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos debe interpretarse de acuerdo a la Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, atento al principio pro persona y bajo una óptica de tutela más amplia, también lo es que en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, dispone reglas específicas, lo que no implica que este no sea un recurso judicial efectivo. Así, el establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. Máxime, que los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 22/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Página 325, Materia Constitucional, Registro 2005917, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Correo electrónico y número telefónico. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, téngasele señalando el correo electrónico y número telefónico que indica única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Notificación por lista. Teniendo en consideración que el promovente de la demanda no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación de este proveído, así como las subsecuentes, se realicen a la parte quejosa mediante lista, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento cobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Se ordena girar oficio a Oficina de Correspondencia Común. Finalmente, en atención a que de la certificación de cuenta, se advierte que la demanda de amparo fue recibida directamente a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, se ordena girar oficio a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios de Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, para la equidad y proporcionalidad de cargas de trabajo, registre y remita la boleta de turno respectiva a este juzgado relativa a la demanda de amparo que se atiende. Para lo cual se le remite copia simple de la misma, a fin de reflejar estadísticamente la carga real de trabajo en este órgano jurisdiccional y equilibrar ésta en relación con los demás juzgados. Notifíquese.
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