Henry David Neira Zapata y Otros.

Expediente 559/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
559/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
05/11/2015

Partes del expediente

  • Henry David Neira Zapata y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra del proveído en que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, en el término legalmente establecido; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN. Ello es así, pues si bien encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, lo cierto es que se concedió la suspensión de plano, por lo cual debe conservarse, pues dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio, de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de 2012; además, no existen documentos originales exhibidos por las partes y el expediente carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto vigésimo primero referido. Por lo tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de dieciséis de octubre de dos mil quince (fojas 55 a 56), a fin de que la parte quejosa manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el requerimiento indicado, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y, únicamente téngase por hechas sus manifestaciones.

  3. Principal

    Agréguese a los autos la diligencia de notificación de cuenta, y en relación con sus manifestaciones, cabe hacer las siguientes precisiones en términos del artículo 88 de la Ley de Amparo en vigor. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 88 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 88. El recurso de revisión se interpondrá por escrito en el que se expresarán los agravios que cause la resolución impugnada. Si el recurso se interpone en contra de una resolución dictada en amparo directo, el recurrente deberá transcribir textualmente la parte de la sentencia que contenga un pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas generales o establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la parte del concepto de violación respectivo cuyo análisis se hubiese omitido en la sentencia. En caso de que el escrito de expresión de agravios se presente en forma impresa, el recurrente deberá exhibir una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes. Esta exigencia no será necesaria en los casos que el recurso se presente en forma electrónica. Cuando no se haga la transcripción a que se refiere el párrafo primero o no se exhiban las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al recurrente para que en el plazo de tres días lo haga; si no lo hiciere se tendrá por no interpuesto el recurso, salvo que se afecte al recurrente por actos restrictivos de la libertad, se trate de menores o de incapaces, o se afecten derechos agrarios de núcleos de población ejidal o comunal o de ejidatarios o comuneros en lo individual, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, en los que el órgano jurisdiccional expedirá las copias correspondientes." HECHOS La parte quejosa manifestó en la diligencia de notificación de cuenta, lo siguiente: "solicito la revisión", sin expresar que resolución pretende impugnar ni los agravios que le causan la misma. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se considera respetuosamente que la solicitud de la parte quejosa es imprecisa; en consecuencia, requiérase al quejoso Henry David Neira Zapata, para que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, manifieste si es su deseo promover algún recurso de los establecidos en la Ley de Amparo, de ser el caso, deberá expresar los agravios respectivos. Con el apercibimiento que, de no cumplir dentro del plazo establecido, únicamente se tendrán por hechas sus manifestaciones.

  4. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y, de las constancias que lo integran, se advierte que podría actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso de oficio se advierte respetuosamente, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, como se explica enseguida: HIPÓTESIS NORMATIVA "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." (.)" El precepto transcrito establece como causa de improcedencia del juicio de amparo, que se esté tramitando algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso. En este orden de ideas, cabe precisar que si bien, conforme al precepto en estudio, no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de amparo que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional, no lo es menos que la improcedencia del juicio de amparo por la causa prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, lo que debe ser examinado por el Juez de amparo. Cabe destacar que el artículo 83 del Reglamento de Centros Federales de Readaptación Social, establece lo siguiente: "Artículo 83.- El interno, sus familiares, defensor, representante común, persona de confianza o cualquier otra persona al efecto designada, podrán inconformarse por escrito ante el Coordinador General en contra de la corrección disciplinaria impuesta, en un término de tres días hábiles contados desde el de su notificación. El Coordinador General dispondrá de igual término para emitir la resolución que proceda y comunicarla al Director General para que ordene su ejecución y al interesado para su conocimiento, agregándose copia de ambas al expediente único del interno." Del artículo que se transcribe, se advierte que el correctivo disciplinario impuesto a los internos de los centros penitenciarios, puede ser recurrido a través del recurso de inconformidad, en un término de tres días hábiles contados desde su notificación, mismo, que como en el presente caso se interpuso contra la corrección disciplinaria impuesta al aquí quejoso. En apoyo a lo anterior tienen aplicación por sus contenidos las tesis siguientes: Época: Novena Época Registro: 196463 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/133 Página: 632 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ORDINARIO ESTÁ PENDIENTE. Si el juicio de amparo se promueve antes de que sea resuelto un recurso ordinario intentado en contra del mismo acto reclamado, éste no tiene el carácter de definitivo y, por ello, es claro que la acción constitucional es improcedente." Época: Novena Época Registro: 190665 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Diciembre de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 144/2000 Página: 15 "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." HECHOS En el caso, el acto reclamado se hace consistir en la incomunicación, segregación la inconstitucionalidad del castigo (correctivo disciplinario), la suspensión de estímulos y la orden de reubicación, de que se dice objeto el quejoso. Asimismo, del informe justificado rendido por el Secretario y Técnico y Representante Legal del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, se advierte que informó sobre la existencia del correctivo disciplinario de veinte de marzo de dos mil quince y, que contra el mismo, el aquí quejoso interpuso recurso de inconformidad, sin que hasta este momento se advierta que el citado recurso de inconformidad haya sido resuelto, pues así lo indicó la autoridad responsable (fojas 16 a 17); documentales que son aptas y suficientes para tener por acreditada la existencia de dicha inconformidad. CONCLUSIONES Por tanto, al existir un medio ordinario de defensa en trámite, promovido ante los órganos ordinarios, contra el correctivo que le fuera impuesto al quejoso mediante acta administrativa de veinte de marzo de dos mil quince y, que hasta este momento se encuentra pendiente de resolverse, se considera que el presente juicio de amparo es improcedente al estar encaminado dicho medio de impugnación a modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que en el caso que se analiza, se actualiza plenamente la causal de improcedencia antes invocada. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa haya señalado como actos reclamados en su demanda de amparo: incomunicación, segregación la inconstitucionalidad del castigo (correctivo disciplinario), la suspensión de estímulos y la orden de reubicación, de los que dice ser objeto, ya que del informe justificado rendido por la autoridad responsable residente en Villa Aldama, Veracruz, (fojas 16 a 17), se advierte que negó la existencia de tales actos; además, de las constancias remitidas por dicha autoridad (fojas 19 a 28), se advierte que se han suministrado a la parte quejosa los estímulos a que tiene derecho en ese centro de reclusión. No obstante lo anterior, comuníquese a la autoridad responsable que queda bajo su más estricta responsabilidad continuar con el suministro de los estímulos a que tiene derecho el quejoso en ese centro de reclusión.

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