Helder Domínguez Morales y Otros.
Expediente 1033/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1033/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Helder Domínguez Morales y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
Del estado procesal que guardan estos autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ya se ordenó el archivo del juicio principal del cual deriva este expediente; en consecuencia, debido a que no existen escritos, pruebas ni diligencias pendientes de desahogar, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental, como asunto concluido. En razón de lo anterior, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa es susceptible de depuración, pues se concedió tanto la suspensión provisional como definitiva solicitadas; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, en la certificación secretarial consta que la parte quejosa exhibió un billete de depósito para garantizar la suspensión definitiva concedida, y tomando en consideración que en esta fecha se ordena el archivo del expediente como concluido, lo procedente es devolver las garantías al quejoso Helder Domínguez Morales, debidamente endosadas a su nombre, por tanto, déjese a su disposición los billetes de depósito con números de serie N 085739, N 085740 y N 085741 por las cantidades de $ 2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), $ 7,0000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda nacional) y $ 136.56 (ciento treinta y seis pesos 56/100 moneda nacional), respectivamente, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, exhibidos en el incidente de suspensión en que se actúa, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos; apercibiéndolo que, de no comparecer a este órgano jurisdiccional a recoger el billete precisado, una vez que transcurra el término de dos años, previsto en el artículo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, se declararán prescritos a favor del Erario Federal.
- Principal
Del estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia este asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto que sobreseyó fuera de audiencia este juicio para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido por el Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de veintidós de junio de dos mil quince, dictada en la causa penal 26/2015-III de su índice, instruida en contra del quejoso Helder Domínguez Morales, por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de 1) incumplimiento de la obligación de dar alimentos, en agravio de dos menores de edad (de quienes se omite su nombre en atención al interés superior del mismo) representados por Marcela Romero Mora y 2) abandono de familiares, en agravio de Marcela Romero Mora. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del análisis de las constancias recibidas se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA La disposición legal aludida prevé: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)". De acuerdo con el precepto transcrito, el cambio de situación jurídica que genera la improcedencia del juicio de amparo, se produce por regla general cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución en el procedimiento de que se trate, que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte inconstitucional. HECHOS En el caso, los actos reclamados se hicieron consistir en la orden de aprehensión girada en contra de la parte quejosa y su ejecución. Del oficio de cuenta y constancias anexadas, se advierte que el veintidós de junio del año en curso, el Juez responsable dictó auto de formal prisión en contra de la parte quejosa en la causa penal 26/2015-III del índice de su adscripción, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de 1) incumplimiento de la obligación de dar alimentos, en agravio de dos menores de edad (de quienes se omite su nombre en atención al interés superior del mismo) representados por Marcela Romero Mora y 2) abandono de familiares, en agravio de Marcela Romero Mora. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye que ha ocurrido un cambio de situación jurídica, ya que el acto reclamado en este juicio de amparo lo constituyó la orden de aprehensión dictada en contra de la parte quejosa; sin embargo, al vencimiento del término constitucional se dictó auto de formal prisión en contra de Helder Domínguez Morales en el proceso penal 26/2015-III del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de 1) incumplimiento de la obligación de dar alimentos, en agravio de dos menores de edad (de quienes se omite su nombre en atención al interés superior del mismo) representados por Marcela Romero Mora y 2) abandono de familiares, en agravio de Marcela Romero Mora, por lo que, de haberlas habido, quedaron consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden privativa de libertad reclamada, al no poder analizar su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que se actualiza la causal de improcedencia analizada. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: No. Registro: 169410 Jurisprudencia Materia(s): Penal Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Junio de 2008 Tesis: 1a./J. 17/2008 Página: 270 "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada son el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS "EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." En consecuencia, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y dejar sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme con el artículo 2º de la Ley de Amparo, entréguese copia autorizada de este proveído a la parte que lo solicite y esté legitimada para ello.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido por el Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de veintidós de junio de dos mil quince, dictada en la causa penal 26/2015-III de su índice, instruida en contra del quejoso Helder Domínguez Morales, por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de 1) incumplimiento de la obligación de dar alimentos, en agravio de dos menores de edad (de quienes se omite su nombre en atención al interés superior del mismo) representados por Marcela Romero Mora y 2) abandono de familiares, en agravio de Marcela Romero Mora. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del análisis de las constancias recibidas se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA La disposición legal aludida prevé: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)". De acuerdo con el precepto transcrito, el cambio de situación jurídica que genera la improcedencia del juicio de amparo, se produce por regla general cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución en el procedimiento de que se trate, que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte inconstitucional. HECHOS En el caso, los actos reclamados se hicieron consistir en la orden de aprehensión girada en contra de la parte quejosa y su ejecución. Del oficio de cuenta y constancias anexadas, se advierte que el veintidós de junio del año en curso, el Juez responsable dictó auto de formal prisión en contra de la parte quejosa en la causa penal 26/2015-III del índice de su adscripción, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de 1) incumplimiento de la obligación de dar alimentos, en agravio de dos menores de edad (de quienes se omite su nombre en atención al interés superior del mismo) representados por Marcela Romero Mora y 2) abandono de familiares, en agravio de Marcela Romero Mora. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye que ha ocurrido un cambio de situación jurídica, ya que el acto reclamado en este juicio de amparo lo constituyó la orden de aprehensión dictada en contra de la parte quejosa; sin embargo, al vencimiento del término constitucional se dictó auto de formal prisión en contra de Helder Domínguez Morales en el proceso penal 26/2015-III del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de 1) incumplimiento de la obligación de dar alimentos, en agravio de dos menores de edad (de quienes se omite su nombre en atención al interés superior del mismo) representados por Marcela Romero Mora y 2) abandono de familiares, en agravio de Marcela Romero Mora, por lo que, de haberlas habido, quedaron consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden privativa de libertad reclamada, al no poder analizar su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que se actualiza la causal de improcedencia analizada. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: No. Registro: 169410 Jurisprudencia Materia(s): Penal Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Junio de 2008 Tesis: 1a./J. 17/2008 Página: 270 "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada son el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS "EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." En consecuencia, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y dejar sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme con el artículo 2º de la Ley de Amparo, entréguese copia autorizada de este proveído a la parte que lo solicite y esté legitimada para ello.
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