Hemberli David López Barceló

Expediente 1308/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 30 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1308/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Hemberli David López Barceló

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Destino de cuadernos del incidente de suspensión. Visto lo de cuenta, de lo cual se advierte que en esta fecha causó ejecutoria el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente de suspensión y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negaron las medidas cautelares. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso (quien es el facultado para hacerlo) interpusiera revisión en contra de la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y provéase el destino de los cuadernos incidentales derivado del presente juicio de amparo. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Sin necesidad de requerir para que se presenten para devolución de documentos, dado que en este asunto no fueron exhibidos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Juicio de amparo 1308/2021 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con dieciocho minutos del cinco de agosto de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe con justificación rendido por las responsables. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales que exhibió una de las autoridades responsables, las cuales obran agregadas al presente sumario. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1308/2021; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, remitido al día siguiente hábil al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado, Hemberli David López Barceló, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del agente del Ministerio Público titular del Sector 1 de la Fiscalía General del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dicho órgano jurisdiccional registró el asunto con el número 1258/2021 de su índice, y ordenó su returno a este juzgado, por estar relacionado con el diverso juicio de amparo 553/2016 del propio índice. Por auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se aceptó el returno, se registró bajo número 1308/2021 del propio índice, previniéndose al quejoso para que aclarara su demanda, a saber, manifestara cuál era el acto reclamado a cada una de las autoridades señaladas como responsables y si se dolía también del acuerdo de no ejercicio de la acción penal en el expediente 217/2015. Una vez cumplida la prevención, por auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por escrito recibido en este juzgado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, el quejoso aclaró que el nombre correcto de una de las autoridades señaladas como responsables era Vice Fiscal de Investigaciones del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, lo cual se acordó de conformidad mediante proveído de catorce de diciembre siguiente. Mediante acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se reconoció como terceros interesados a Alejandro Coronado Miranda y Luis Enrique Guzmán Solís, ordenándose su emplazamiento, y en el mismo proveído se previno al quejoso para que manifestara si ampliaba su demanda en relación con la autoridad denominada vicefiscal de Control de Procesos de la Fiscalía Estatal, con residencia en esta ciudad, con el apercibimiento que en caso de no ampliarla, se resolvería el presente asunto únicamente por los actos y las autoridades precisadas en la demanda inicial. Por auto de diez de marzo del año en curso, se le hizo efectivo el apercibimiento al quejoso, al no haber ampliado su demanda por la referida autoridad y en su caso se le dijo que el presente juicio de amparo se resolverá únicamente por el acto y las autoridades precisadas en su demanda inicial. Una vez emplazados los terceros interesados, finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto atribuido a autoridades cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste: ? La resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por el agente del Ministerio Público Investigador Sector I, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos de la averiguación previa 217/2015, en donde determinó el no ejercicio de la acción penal a favor de Alejandro Coronado Miranda y Luis Enrique Guzmán Solis, por la comisión de los delitos de amenazas y abuso de autoridad en perjuicio del aquí quejoso Hemberli David López Barceló, entre otros delitos en perjuicio de diversas personas. ? La falta de notificación de dicha resolución. Inexistencia de los actos en reclamo No son ciertos los actos reclamados a las siguientes autoridades responsables, en su denominación correcta, por así haberlo manifestado al rendir informe justificado y corroborarlo con las copias certificadas que obran dentro del presente juicio de amparo: Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; Vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Ahora, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, ni desvirtuaran las negativas formuladas por las autoridades; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia de los actos reclamados. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por lo que hace a los actos reclamados a las citadas autoridades. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En las relatadas condiciones, al ser inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el apartado que antecede, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Existencia del acto reclamado Son ciertos los acto reclamados al agente del Ministerio Público Investigador del Sector I, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó dicha autoridad al rendir su informe justificado. Lo que se confirma con las constancias que obran en autos que adjuntó la propia autoridad responsable con su informe justificado; documentos a los que se les otorga plena validez probatoria en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Causa de improcedencia actualizada Tal y como lo señala la citada autoridad responsable, en la especie no habrá de analizarse lo que como conceptos de violación expresa el quejoso, en razón de que se actualiza una causa de improcedencia, la cual es de estudio preferente y de oficio, acorde a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, se advierte que en el caso justiciable se acredita la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." De la lectura integral de la demanda de amparo, se colige que el quejoso reclama del agente del Ministerio Público Investigador Sector I, con sede en esta ciudad, la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, emitida dentro de los autos de la averiguación previa 217/2015, en donde determinó el no ejercicio de la acción penal a favor de Alejandro Coronado Miranda y Luis Enrique Guzmán Solis, por la comisión de los delitos de amenazas y abuso de autoridad en perjuicio del aquí quejoso Hemberli David López Barceló, entre otros delitos en perjuicio de diversas personas. El citado agente del Ministerio Público, acompañó a su informe justificado, copia certificada de algunas constancias relativas a la averiguación previa número 217/2015, la que merece valor jurídico probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo; de la que se desprende, que efectivamente el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictó la resolución que se le reclama, en la cual determinó el no ejercicio de la acción penal dentro de la referida averiguación previa, integrada en contra de Alejandro Coronado Miranda y Luis Enrique Guzmán Solis, por la comisión de los delitos de amenazas y abuso de autoridad en perjuicio del aquí quejoso Hemberli David López Barceló, entre otros delitos en perjuicio de diversas personas. Ahora, los artículos 134 y 138, fracción I del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, establecen: "Artículo 134. Cuando en vista de la averiguación previa el Agente del Ministerio Público a quien la Ley faculte para hacerlo, determine que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que se hubieren denunciado como delitos, o por los que se hubiere presentado querella, enviará las diligencias a la Procuraduría General de Justicia dentro del término de quince días, para que el titular oyendo el parecer de sus agentes auxiliares, decida en definitiva si debe o no ejercitarse la acción penal". "Artículo 138. El Ministerio Público no ejercitará la acción penal: I. Cuando la conducta o los hechos de que conozca, no sean constitutivos de delito, conforme a la descripción típica contenida en la Ley Penal. ...". De lo anterior se sigue, que los agentes del Ministerio Público tienen la función de proponer el no ejercicio de la acción penal al Procurador General de Justicia, hoy Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, pero es éste el encargado de resolver en definitiva sobre el particular, en virtud de las atribuciones reguladas por las disposiciones constitucionales y la ley ordinaria correspondiente. De tal manera que, la sola opinión que el titular de la representación social emitió del no ejercicio de la acción penal, no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, puesto que no constituye un acto definitivo, y por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la que conduce a sobreseer en el presente juicio de amparo, por lo que concierne a dicho acto y autoridad investigadora, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de esa propia ley. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 11, del Tomo I, Constitucional, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que prescribe: "ACCIÓN PENAL. LA RESOLUCIÓN POR LA QUE UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO PROPONE AL PROCURADOR EL NO EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO ES DEFINITIVA Y, POR TANTO, NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL OFENDIDO, DENUNCIANTE O QUERELLANTE (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De lo dispuesto en los artículos 4o. del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León y 6o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la referida entidad federativa, se desprende que los agentes del Ministerio Público tienen la función de proponer el no ejercicio de la acción penal al procurador general de Justicia, pero es éste el encargado de resolver en definitiva sobre el particular, en uso de un arbitrio regulado por las disposiciones constitucionales y legales aplicables, no encontrándose supeditado a la propuesta ministerial, la que, por consecuencia, resulta ser sólo una opinión que el titular de la representación social puede o no seguir, que no es susceptible de afectar el interés jurídico de los gobernados, en especial, el del ofendido, denunciante o querellante, puesto que no constituye un acto definitivo, ni tampoco una determinación que vincule al procurador a resolver en ese sentido. Por tanto, la resolución relativa a la propuesta de inejercicio de la acción penal no afecta intereses jurídicos, por lo que al respecto se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo". VI. Decisión En tal virtud y al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por ende, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 104, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 75, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, se VII. Resuelve Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Hemberli David López Barceló en contra de los actos y de las autoridades que quedaron precisadas en los considerandos III y IV, por las razones expuestas en los apartados III y V de la presente resolución. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se advierte que no fue posible celebrar la audiencia constitucional fijada para hoy, en virtud de que no han mediado por lo menos ocho días entre la fecha en que se dio por emplazado a juicio al referido tercero interesado y la celebración de la audiencia en comento. En consecuencia, a fin de dar margen a que se cumpla lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las nueve horas con dieciocho minutos del cinco de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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