Heladio Arcos Montiel
Expediente 682/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 682/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Heladio Arcos Montiel
- Actuario Notificador y Ejecutor Adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, trece de julio de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las capturas correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y destrúyase, una vez transcurrido el plazo de tres años. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes, toda vez que como se advierte de la certificación que antecede no obran en el sumario documentos originales. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinte de junio de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio rendido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de siete de junio de dos mil veintitrés. Pruebas. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales anexas al oficio que se atiende; por lo que es procedente proveer lo siguiente. -Sobreseimiento fuera de audiencia- Precisión de los actos reclamados. En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hace consistir en: La omisión de la Junta responsable de fijar fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral ***; y, La falta de emplazamiento de las partes demandadas, ***. Sobreseimiento por cesación de efectos. Respecto a los actos reclamados precisados en el inciso a) y b), consistentes en la omisión de la Junta responsable de fijar fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral ***; así como, la falta de emplazamiento de la diversa demandada ***; se tiene del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada por la responsable, que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, al rendir informe justificado, remitió copia certificada del proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en el que corrigió el procedimiento y señaló fecha para la celebración la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; asimismo, se advierte que la diversa demandada Aceros Manufacturas e Importaciones de Sonora, sociedad anónima de capital variable, fue llamada a juicio, lo que se desprende de la notificación personal que se le hiciera a su apoderado legal el seis de junio de dos mil veintitrés. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la omisión de la Junta responsable de fijar fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; así como la falta de emplazamiento de una de las partes demandadas, esto es, Aceros Manufacturas e Importaciones de Sonora, sociedad anónima de capital variable, en el juicio natural, lo cual ya aconteció, por lo que resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto sus pretensiones se encuentran satisfechas, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Sobreseimiento por cambio de situación jurídica. Por otra parte, por lo que respecta al acto reclamado precisado en el inciso b), consistente en la falta de emplazamiento de las diversas demandadas en el juicio de origen, a saber, ***, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el normativo 61, fracción XVII que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Conforme a lo establecido por el citado precepto, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en él deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Esto es, la referida causa de improcedencia se produce, por regla general, cuando concurren los siguientes supuestos: I. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. II. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se emita una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo. III. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. IV. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Como se adelantó, dicha causa de improcedencia se actualiza en la especie por las razones que a continuación se exponen. Del escrito de demanda y de las diversas actuaciones del juicio de origen *** que la autoridad responsable remitió se advierten los aspectos fácticos siguientes: El quejoso presentó demanda laboral en el año dos mil trece, ante la Junta responsable, reclamando varias prestaciones. Luego, de las constancias que la autoridad remitió se advierte que en auto de veinticinco de mayo del año en curso, la junta responsable hizo efectivo el apercibimiento contenido en auto de tres octubre de dos mil diecinueve, por lo que tuvo por no presentada la demanda laboral en contra de las diversas partes demandadas ***. De ahí que, respecto al acto reclamado únicamente en relación con dichas partes demandadas, resulta evidente que se actualizó de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. De esta forma, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 61, en relación con la fracción V del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional sin efectos. En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba señalada para las once horas con doce minutos del seis de julio de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Integración de oficio. Finalmente, agréguese los autos sin mayor determinación el oficio que remite el presidente de la Junta Especial número Uno de Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, en virtud de lo acordado en párrafos anteriores. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ
- Principal
SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. (SE SOBRESEE POR AUTO)
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, doce de junio de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Del estado de autos y la certificación que antecede se advierte que no es posible celebración la audiencia constitucional señalada para este día, en virtud de que no obra constancia de notificación, respecto al requerimiento a la autoridad responsable, en auto de siete de junio del año en curso; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las once horas con doce minutos del seis de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ
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