Heliodoro Valencia Valdez
Expediente 25/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Heliodoro Valencia Valdez
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia
Actuaciones
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO: Morelia, Michoacán, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, rindiendo INFORME JUSTIFICADO, al cual acompaña diversas constancias como soporte al mismo, con lo que se ordena dar vista a las partes, para los efectos legales conducentes. 2. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en el juicio de derechos humanos que nos ocupa, la parte quejosa reclama expresamente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: "omitir el cumplimiento del laudo de fecha de 11 de febrero de 2020, de dos mil veinte, la omisión de dictar acuerdo de mi escrito de fecha 22 veintidós de marzo 2021 de dos mil veintiuno, solicite la al tribunal responsable actualización de la liquidación y posterior escrito, de 2 dos de agosto 2021, dos mil veintiuno, solicite se abriera incidente de liquidación y ofrecí pruebas". Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, así como del contenido del informe de ley y de las constancias que fueron anexadas al mismo, este juzgador interpreta que el acto reclamado consiste en: La omisión por parte de la autoridad responsable de ejecutar el laudo dictado el once de febrero de dos mil veinte, dentro del juicio ordinario laboral 16/2017 promovido por el quejoso directo contra la Secretaria de Educación del Estado de Michoacán, omisión derivada del impulso procesal del peticionario de derechos solicitando la ejecución del laudo sin que la autoridad emita acuerdo alguno en etapa de ejecución Por otro lado, al rendir el informe justificado el Tribunal Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, negó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de ejecutar el laudo emitido en el juicio laboral subyacente, pues señaló que el veintisiete de enero de dos mil veintidós, se tuvo a la parte actora Heliodoro Valencia Valdez, compareciendo ante dicho tribunal y recibió cheque de caja número 00000040, por la cantidad condenada en el laudo de once de febrero de dos mil veinte, ordenando en consecuencia la responsable el archivo definitivo del expediente del que deriva el acto reclamado 17/2016. Para justificar lo anterior, allegó copia certificada del laudo de once de febrero de dos mil veinte, emitido en el juicio laboral 17/2016, promovido por Helidoro Valencia Valdez, contra la Secretaría de Educación en el Estado; asimismo, anexó la constancia relativa al proveído de dos de julio de dos mil veintiuno, en el que atendiendo la petición del apoderado legal del actor, decretó que no había lugar acordar de conformidad su petición relativa a la actualización de salarios caídos y demás prestaciones; asimismo, en dicho acto despachó ejecución por la cantidad condenada en el laudo. En ese contexto, también remitió la autoridad responsable la comparecencia de veintisiete de enero de dos mil veintidós, por parte del aquí quejoso Helidoro Valencia Valdez, así como el apoderado jurídico de la parte demandada, en la cual el actor Valencia Valdez, recibió el título de valor exhibió a su favor en cumplimiento al laudo dictado en el expediente laboral 17/2016; atento a ello la autoridad responsable tuvo a la parte demandada cumpliendo cabalmente con el laudo de once de febrero de dos mil veinte y el auto de ejecución de dos de julio de dos mil veintiuno; por lo que, ordenó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido por no quedar materia sobre la cual fallar, diligencia que fue firmada por el quejoso (actor en el juicio de origen) Derivado de lo anterior, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, como se precisó en líneas anteriores se advierte que en comparecencia de veintisiete de enero de dos mil veintidós, el aquí quejoso Helidoro Valencia Valdez, recibió el título de valor exhibió a su favor en cumplimiento al laudo de once de febrero de dos mil veintes, dictado en el expediente laboral 17/2016; así como que la autoridad responsable acordó tener a la parte demandada cumpliendo con la condena y ordenó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido por no quedar materia sobre la cual fallar. Bajo esa tesitura, se tiene que las omisiones que reclama el quejoso, a la fecha fueron subsanadas, ya que el tribunal responsable determinó tener por cumplido el laudo por pago de la condena y ordenó el archivo del expediente de origen, de ahí que se encuentra plenamente demostrada la causal a que se hace alusión relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda.". Sin que pase desapercibido que el quejoso en su escrito de demanda refiera como expediente el identificado con el número 16/2017; sin embargo, de las constancias allegadas por la responsable adminiculadas con los antecedentes del acto reclamado se advierte que trata de un error mecanográfico y que el expediente correcto del cual derivó el acto reclamado es el 17/2016. Al respecto, sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial 1a./J. 3/2004, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 264, Tomo XIX, Marzo de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN. Los ordenamientos civiles tanto adjetivos como sustantivos no establecen como obligación de las partes citar el número de expediente al que se dirigen las promociones, y si bien existe necesidad por parte del órgano jurisdiccional de identificar dicho expediente, lo cierto es que para ello no resulta indispensable que se cite su número, pues para ese efecto puede atenderse a los demás datos que se indican en tales promociones, los cuales se encuentran registrados en los libros que llevan los órganos jurisdiccionales. Asimismo cuando se trate de un error meramente formal en cualquier otra referencia de identificación contenida en una promoción que impidan el conocimiento exacto del expediente al que la misma va dirigida, el juzgador a efecto de subsanar el error, debe atender a los demás datos que se indiquen en dicha promoción, y que relacionados con la información que el órgano jurisdiccional tiene en sus registros, sea posible identificar plenamente el asunto al que corresponden." 3. Sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efecto las trece horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, háganse las anotaciones respectivas.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, rindiendo INFORME JUSTIFICADO, al cual acompaña diversas constancias como soporte al mismo, con lo que se ordena dar vista a las partes, para los efectos legales conducentes. 2. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en el juicio de derechos humanos que nos ocupa, la parte quejosa reclama expresamente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: "omitir el cumplimiento del laudo de fecha de 11 de febrero de 2020, de dos mil veinte, la omisión de dictar acuerdo de mi escrito de fecha 22 veintidós de marzo 2021 de dos mil veintiuno, solicite la al tribunal responsable actualización de la liquidación y posterior escrito, de 2 dos de agosto 2021, dos mil veintiuno, solicite se abriera incidente de liquidación y ofrecí pruebas". Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, así como del contenido del informe de ley y de las constancias que fueron anexadas al mismo, este juzgador interpreta que el acto reclamado consiste en: La omisión por parte de la autoridad responsable de ejecutar el laudo dictado el once de febrero de dos mil veinte, dentro del juicio ordinario laboral 16/2017 promovido por el quejoso directo contra la Secretaria de Educación del Estado de Michoacán, omisión derivada del impulso procesal del peticionario de derechos solicitando la ejecución del laudo sin que la autoridad emita acuerdo alguno en etapa de ejecución Por otro lado, al rendir el informe justificado el Tribunal Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, negó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de ejecutar el laudo emitido en el juicio laboral subyacente, pues señaló que el veintisiete de enero de dos mil veintidós, se tuvo a la parte actora Heliodoro Valencia Valdez, compareciendo ante dicho tribunal y recibió cheque de caja número 00000040, por la cantidad condenada en el laudo de once de febrero de dos mil veinte, ordenando en consecuencia la responsable el archivo definitivo del expediente del que deriva el acto reclamado 17/2016. Para justificar lo anterior, allegó copia certificada del laudo de once de febrero de dos mil veinte, emitido en el juicio laboral 17/2016, promovido por Helidoro Valencia Valdez, contra la Secretaría de Educación en el Estado; asimismo, anexó la constancia relativa al proveído de dos de julio de dos mil veintiuno, en el que atendiendo la petición del apoderado legal del actor, decretó que no había lugar acordar de conformidad su petición relativa a la actualización de salarios caídos y demás prestaciones; asimismo, en dicho acto despachó ejecución por la cantidad condenada en el laudo. En ese contexto, también remitió la autoridad responsable la comparecencia de veintisiete de enero de dos mil veintidós, por parte del aquí quejoso Helidoro Valencia Valdez, así como el apoderado jurídico de la parte demandada, en la cual el actor Valencia Valdez, recibió el título de valor exhibió a su favor en cumplimiento al laudo dictado en el expediente laboral 17/2016; atento a ello la autoridad responsable tuvo a la parte demandada cumpliendo cabalmente con el laudo de once de febrero de dos mil veinte y el auto de ejecución de dos de julio de dos mil veintiuno; por lo que, ordenó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido por no quedar materia sobre la cual fallar, diligencia que fue firmada por el quejoso (actor en el juicio de origen) Derivado de lo anterior, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, como se precisó en líneas anteriores se advierte que en comparecencia de veintisiete de enero de dos mil veintidós, el aquí quejoso Helidoro Valencia Valdez, recibió el título de valor exhibió a su favor en cumplimiento al laudo de once de febrero de dos mil veintes, dictado en el expediente laboral 17/2016; así como que la autoridad responsable acordó tener a la parte demandada cumpliendo con la condena y ordenó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido por no quedar materia sobre la cual fallar. Bajo esa tesitura, se tiene que las omisiones que reclama el quejoso, a la fecha fueron subsanadas, ya que el tribunal responsable determinó tener por cumplido el laudo por pago de la condena y ordenó el archivo del expediente de origen, de ahí que se encuentra plenamente demostrada la causal a que se hace alusión relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda.". Sin que pase desapercibido que el quejoso en su escrito de demanda refiera como expediente el identificado con el número 16/2017; sin embargo, de las constancias allegadas por la responsable adminiculadas con los antecedentes del acto reclamado se advierte que trata de un error mecanográfico y que el expediente correcto del cual derivó el acto reclamado es el 17/2016. Al respecto, sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial 1a./J. 3/2004, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 264, Tomo XIX, Marzo de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN. Los ordenamientos civiles tanto adjetivos como sustantivos no establecen como obligación de las partes citar el número de expediente al que se dirigen las promociones, y si bien existe necesidad por parte del órgano jurisdiccional de identificar dicho expediente, lo cierto es que para ello no resulta indispensable que se cite su número, pues para ese efecto puede atenderse a los demás datos que se indican en tales promociones, los cuales se encuentran registrados en los libros que llevan los órganos jurisdiccionales. Asimismo cuando se trate de un error meramente formal en cualquier otra referencia de identificación contenida en una promoción que impidan el conocimiento exacto del expediente al que la misma va dirigida, el juzgador a efecto de subsanar el error, debe atender a los demás datos que se indiquen en dicha promoción, y que relacionados con la información que el órgano jurisdiccional tiene en sus registros, sea posible identificar plenamente el asunto al que corresponden." 3. Sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efecto las trece horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, háganse las anotaciones respectivas.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de febrero de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, que esta fecha estaba programada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; asimismo, se hace referencia, del análisis efectuado a las constancias que obran en el presente expediente, se advierte que dichas documentales resultan insuficientes para valorar fehacientemente los actos que ante esta instancia se reclaman. Al respecto, se precisa que el acto reclamado por el quejoso en su escrito de demanda es la omisión de dictar las medidas de ejecución necesarias tendentes a lograr la pronta y expedita ejecución del laudo dictado en el juicio 16/2017, así como proveer respecto de los diversos ocursos presentados ante la responsable. 1.1. Se requieren constancias. Por tanto, con fundamento en el numeral 75 tercer párrafo de la ley de la materia, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, con sede en esta Ciudad; para que dentro del término de TRES DÍAS computados legalmente, remita copia certificada de las constancias relativas al laudo, así como las posteriores a éste, que obren dentro del juicio laboral 16/2017, de su índice; lo anterior, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II de la ley de la materia. 2. Diferimiento. En consecuencia, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada en el presente asunto para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las TRECE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Heliodoro Valencia Valdez, en contra del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 25/2022. 1.2. Suspensión. Sin que haya lugar a dar apertura al incidente de suspensión, pues éste no fue solicitado expresamente. 1.3. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las TRECE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. 1.4. Informe justificado. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán: 1.4.1. Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional; y, 1.4.2. Remitir copia certificada legible de las constancias que evidencien que ha cesado la omisión reclamada. Apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $17,924.00 (diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. 1.5. Ministerio público. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 1.6. Tercero interesado. En términos del artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, se reconoce carácter de tercero interesado a la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, quien puede ser localizado en el domicilio ubicado en Avenida Siervo de la Nación, número 845, colonia Lomas del Valle, de esta ciudad; por tanto, se comisiona al Actuario de la adscripción para que se constituya en el citado domicilio y, emplace a juicio al aludido tercero interesado, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo y la requiera para que: a) Si lo estima necesario, comparezca al juicio a hacer valer sus derechos (ofrecer pruebas y formular alegatos); y, b) En el acto de la diligencia o en el plazo de tres días, computado legalmente, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndole que, de no hacerlo, se le practicarán por lista las siguientes, inclusive las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. 1.7. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, asimismo, se tiene como autorizado para tal efecto a la persona que señala. 1.8 Prueba. Sin que haya lugar a proveer sobre la solicitud que realiza respecto de las copias certificadas que refiere, toda vez que en esta misma fecha le son requeridas a la autoridad responsable como justificación de su informe, mismas que serán relacionadas al momento de resolver. 1.9. Causas de sobreseimiento. Solicítese a las partes que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este juzgado, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100 moneda nacional), como lo dispone el numeral 251 del citado ordenamiento. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en el Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 2.3. Datos de contacto de las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 12:30 a 18:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión.. 2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Morelia, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.8. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.9. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.9.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.9.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.9.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.9.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.9.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado al siguiente medio de contacto: Correo electrónico del juzgado 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.9.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.9.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.9.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.10. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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