Heliodoro Moreno Solís
Expediente 194/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 60 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 194/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 60
- Última actuación
- 13/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Heliodoro Moreno Solís
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 60.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintidós. 1. Certificación de cuenta y estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días que se concedió a la parte quejosa, en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, transcurrió en exceso; dentro del cual formuló las manifestaciones que consideró pertinentes, motivo por el que, de conformidad con los artículos 192 primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, procede a pronunciarse en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. 2. Efectos del fallo protector. Mediante sentencia dictada el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se concedió a Heliodoro Moreno Solís el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, realizaran lo siguiente: "[.] i. Dictar auto en el que se pronuncie sobre las acciones que considere más eficaces para lograr el cumplimiento del laudo emitido el cuatro de julio de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 101/2016. ii. De ser el caso, aplicar en beneficio del quejoso Heliodoro Moreno Solís la reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho que entró en vigor al día siguiente de su publicación, con motivo de la cual se otorgaron al tribunal burocrático diversas atribuciones para lograr la ejecución de los laudos que emita. iii. Con base en lo anterior, deberá hacer los requerimientos y apercibimientos que en derecho correspondan, respetando los plazos establecidos en la ley; y, en su caso, haciéndolos efectivos, a fin de que se cumpla a cabalidad con el indicado laudo, hasta lograr que el quejoso reciba el pago que le corresponde por concepto de salarios caídos, vacaciones proporcionales del año 2015, prima vacacional y aguinaldo de los años 2015, 2016, 2017 y proporcional del año 2018, salarios devengados y horas extras especificadas en el laudo emitido en el expediente laboral 101/2016. [.]" 3. Causa ejecutoria. La sentencia de amparo causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento mediante proveído de catorce de enero de dos mil veintiuno. 4. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. Mediante oficio TCA/PRES/AMP/385/2021, recibido el dos de marzo de dos mil veintiuno, el Presidente Suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado remitió copia certificada del proveído de dos de mayo de dos mil veintiuno, en el que dicho órgano jurisdiccional requirió a la autoridad demandada Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, el cumplimiento total al laudo dictado el cuatro de julio de dos mil dieciocho. Motivo por el cual, en dicha data, la responsable realizó la actualización de los salarios caídos y determinó que la moral demandada debía pagar al quejoso la cantidad de $1,183,234.59 (Un millón ciento ochenta y tres mil doscientos treinta y cuatro pesos 59/100 M.N.) En esas condiciones, requirió el pago por la cantidad referida, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se haría acreedora a una multa personal consistente en cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización; y se aplicaría el artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios. En proveído de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, el tribunal responsable tuvo al Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación informando que giró oficios a la Directora de Gestión de Personas y Nóminas y a la Directora de Presupuesto y Finanzas, ambas de la Secretaría de Educación del Estado, a fin de que la cantidad a la que fue condenada la dependencia demandada, fuera contemplada dentro del fondo de cumplimientos de laudos, así como la retención del pago correspondiente al impuesto sobre la renta y las aportaciones correspondientes al Instituto de Seguridad Social y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado. En proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno, la responsable tuvo a la moral demandada señalando que con la finalidad de realizar la retención correspondiente al ISR y, en su caso, las aportaciones correspondientes al ISSSTE, era necesario que la parte quejosa exhibiera copia de su cédula de identificación fiscal e identificación personal (INE), motivo por el cual, en dicho auto se requirió al quejoso que exhibiera las constancias referidas, quien desahogó dicho requerimiento el diecinueve de agosto siguiente, tal como se advierte del auto de dicha fecha. Por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional requirió tanto al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, así como a la Secretaria de Educación del Estado de Michoacán, que informaran de manera precisa las gestiones que habían realizado a fin de cumplir con el laudo dictado en el juicio laboral subyacente, en el entendido que de no hacerlo o de no informar la imposibilidad jurídica que tuvieran para ello, se les haría efectiva un medio de apremio equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. Así, mediante oficio SE/CJEE/EJ/1639 recibido el trece de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad tercera interesada informó que se encontraba a la espera de que el Director de Presupuesto y Finanzas, realizara la deducción por concepto de ISR y aplicara lo correspondiente al ISSTE. En esas condiciones, por auto de diez de noviembre del año pasado, la responsable tuvo a la Secretaría de Finanzas del Estado informando que ya se habían realizado las deducciones correspondientes y, por ende, la Dirección de Presupuesto y Finanzas de la Secretaría de Educación en el Estado debía gestionar los trámites administrativos para el pago del laudo, motivo por el cual, el tribunal responsable requirió a dicho funcionario público a fin de que realizara lo conducente y se hiciera el pago de la condena referida. Ante tal circunstancia, en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal vinculó al Director de Presupuesto y Finanzas de la Secretaría en el Estado, con residencia en esta ciudad al cumplimiento del fallo protector dictado en el juicio en que se actúa, ello con la finalidad de que dicha autoridad obtuviera la fuente de financiamiento correspondiente y se cubriera el laudo adeudado al quejoso. Por oficio SEE/SA/DPF2304/2021 recibido el seis de diciembre del año pasado, el Director de Presupuesto y Finanzas de la Secretaría en el Estado, con residencia en esta ciudad, informó que elaboró el Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP) número 12000004495 del ejercicio dos mil veintiuno, por el importe de $1,183,234.59 (Un millón ciento ochenta y tres mil doscientos treinta y cuatro pesos 59/100 M.N.) y que solicitó a la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán su colaboración para el pago de dicho documento. En tales circunstancias, mediante proveído de trece de diciembre del año pasado, la responsable tuvo al Director de Presupuesto y Finanzas de la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán, informando que dicha secretaría aún no había efectuado el pago del DEPP 12000004495; en consecuencia, este juzgado federal, mediante auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, vinculó a la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán al cumplimiento a la sentencia concesoria dictada en el presente juicio de amparo. Con motivo de lo anterior, por oficio SFA/DGJ/DC/0352/2022 recibido el quince de febrero de dos mil veintidós, el Director de Operaciones de Fondos y Valores de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado comunicó que requirió al Director de Operaciones de Fondos y Valores de la Secretaría de Finanzas y Administración, con residencia en esta ciudad, que informara el estado que guardaba el DEPP 12000004495, razón por la cual, mediante acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional vinculó a dicha autoridad al cumplimiento del fallo protector, con la finalidad de que dicho funcionario informara el estado que guardaba el documento de ejecución presupuestaria y pago referido. Por otro lado, mediante resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, el tribunal responsable determinó que había cometido un error aritmético en la última actualización del monto del laudo a que se condenó a la moral demandada, en consecuencia, resolvió que la cantidad correcta era $993,902.44 (novecientos noventa y tres mil novecientos dos pesos 44/100 M.N.), lo cual ordenó hacer del conocimiento de la parte demandada así como de las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector. Por comunicado recibido el veintidós de marzo de dos mil veintidós, la moral demandada informó que no era necesario la generación de un nuevo documento de afectación presupuestaria y pago, ello toda vez que el excedente del monto correspondiente al DEPP 12000004495, sería reintegrado al ahorro presupuestario en favor del Estado, por ende, solicitó a la Secretaría de Finanzas y Administración el importe de $1,183,234.59 (Un millón ciento ochenta y tres mil doscientos treinta y cuatro pesos 59/100 M.N.) correspondiente al documento referido. En oficio TCA/PRES/AMP/1627/2022, recibido el diez de mayo de dos mil veintidós, el tribunal responsable remitió copia certificada de la comparecencia de cuatro de ese mismo mes y año, en la que fue entregado a la parte quejosa el cheque número 0015363 valioso por la cantidad de $892,143.22 (ochocientos noventa y dos mil ciento cuarenta y tres pesos 22/100 M.N.); diligencia en la que la parte quejosa señaló que aceptaba dicha cantidad como pago parcial del laudo, pues desde su perspectiva, ese monto no incluía la condena de prima vacacional y aguinaldo durante la tramitación del juicio. En dicha diligencia el tribunal responsable proveyó las manifestaciones referidas, en sentido negativo, pues estimó que la condena del laudo fue, únicamente, por concepto de salarios caídos, vacaciones proporcionales del año dos mil quince, prima vacacional y aguinaldo de los años dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y proporcionales al dos mil dieciocho, esto es, no existe condena posterior a dicha data. Mediante escrito de diez de mayo de dos mil veintidós, dentro del presente juicio, la parte quejosa argumentó, esencialmente, que en la cantidad consignada no aparece el pago de primas vacacionales, ni aguinaldos del período comprendido del cuatro de julio de dos mil dieciocho al veintiocho de febrero de dos mil veinte, esto es, no existió condena de esas prestaciones de forma posterior y que fue incorrecto que se corrigiera el monto total de la condena, pues la determinación en la que se fijó $1,183,234.59 (un millón ciento ochenta y tres mil doscientos treinta y cuatro pesos 59/100 M.N.), era una resolución consentida por la parte demandada y, por ende, el tribunal no podía revocar sus propias determinaciones. Por tanto, mediante proveído de once de mayo de dos mil veintidós, se requirió a las responsables a fin de que precisaran los conceptos que amparaban la cantidad entregada a la parte quejosa; requerimiento que se desahogó en comunicado recibido el diecisiete de junio de dos mil veintidós, en el que la autoridad demandada precisó que la cantidad de $892,143.22 (ochocientos noventa y dos mil ciento cuarenta y tres pesos 22/100 M.N.) corresponde al monto total de lo condenado en el laudo dictado el cuatro de julio de dos mil dieciocho, más el salario correspondiente a seiscientos cuatro días, desde el dictado del laudo, menos la reducción relativa al impuesto sobre la renta y ésta fue determinada por el tribunal responsable. Tal como se advierte de las copias certificadas remitidas por las responsables, a la que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º, por tratarse de documentos públicos que fueron expedidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. 5. Manifestaciones. En vista de lo anterior, mediante escrito presentado el veintitrés de junio pasado, el quejoso manifestó que la sentencia de amparo no se encontraba debidamente cumplida, debido a que a la cantidad de $892,143.22 (ochocientos noventa y dos mil ciento cuarenta y tres pesos 22/100 M.N.) no le fue consignada los conceptos de primas vacacionales y aguinaldos, pues desde su óptica, éstos debían comprender durante los años transcurridos durante la tramitación del laudo, hasta la fecha en que fue reinstalado, esto es, por el período comprendido del cuatro de julio de dos mil dieciocho al veintiocho de febrero de dos mil veintidós. 6. Conclusión. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado federal considera que la sentencia de amparo se encuentra cumplida en sus términos, sin que exista exceso o defecto, pues como fue ordenado en la ejecutoria de amparo, el dos de octubre de dos mil veintiuno, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, dictó un auto en el que se pronunció sobre la acciones que consideró más eficaces para lograr el cumplimiento del laudo emitido el cuatro de julio de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral 101/2016, pues apercibió a la parte demandada con la aplicación de una multa y la aplicación del artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios. Asimismo, realizó los requerimientos que consideró convenientes hasta que logró la entrega a la parte quejosa, del pago que se cuantificó en el juicio laboral subyacente por los conceptos especificados en el laudo referido, lo cual aconteció el cuatro de mayo de dos mil veintidós. Sin que en el caso resulte procedente atender las manifestaciones formuladas por la parte quejosa, pues éstas se encuentran dirigidas a combatir la cuantificación realizada por la autoridad responsable, con relación a los conceptos que integran la condena dictada el juicio subyacente. Aspecto que no formó parte de los efectos de la sentencia protectora, en la que se concedió el amparo para que el tribunal responsable continuara con el procedimiento de ejecución del laudo dentro del juicio laboral 101/2016, hasta lograr el pago correspondiente por concepto de salarios caídos, vacaciones proporcionales del año 2015, prima vacacional y aguinaldo de los años 2015, 2016, 2017 y proporcional del año 2018, salarios devengados y horas extras especificadas en el laudo emitido en el expediente laboral 101/2016, a favor del quejoso. Empero, no se dio lineamientos en torno a la cuantificación que corresponde por los conceptos precisados; toda vez que sobre tal aspecto corresponde resolver a la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción, pues se insiste, no fue materia de estudio en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, en el que la litis versó sobre la falta de ejecución del laudo. De ahí que, se insiste, la sentencia se encuentra debidamente cumplida. 7. Cambio de titular. Hágase del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/320/2022, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, se determinó que a partir del veintidós de agosto de dos mil veintidós, la Juez Katia Orozco Alfaro, funge como titular de este órgano jurisdiccional, a efecto de que se encuentren en posibilidad de formular el impedimento que consideren pertinente. Notifíquese personalmente; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Katia Orozco Alfaro, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la secretaria Cristina García Maya que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintidós. 1. Certificación de cuenta y estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días que se concedió a la parte quejosa, en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, transcurrió en exceso; dentro del cual formuló las manifestaciones que consideró pertinentes, motivo por el que, de conformidad con los artículos 192 primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, procede a pronunciarse en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. 2. Efectos del fallo protector. Mediante sentencia dictada el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se concedió a Heliodoro Moreno Solís el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, realizaran lo siguiente: "[.] i. Dictar auto en el que se pronuncie sobre las acciones que considere más eficaces para lograr el cumplimiento del laudo emitido el cuatro de julio de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 101/2016. ii. De ser el caso, aplicar en beneficio del quejoso Heliodoro Moreno Solís la reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho que entró en vigor al día siguiente de su publicación, con motivo de la cual se otorgaron al tribunal burocrático diversas atribuciones para lograr la ejecución de los laudos que emita. iii. Con base en lo anterior, deberá hacer los requerimientos y apercibimientos que en derecho correspondan, respetando los plazos establecidos en la ley; y, en su caso, haciéndolos efectivos, a fin de que se cumpla a cabalidad con el indicado laudo, hasta lograr que el quejoso reciba el pago que le corresponde por concepto de salarios caídos, vacaciones proporcionales del año 2015, prima vacacional y aguinaldo de los años 2015, 2016, 2017 y proporcional del año 2018, salarios devengados y horas extras especificadas en el laudo emitido en el expediente laboral 101/2016. [.]" 3. Causa ejecutoria. La sentencia de amparo causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento mediante proveído de catorce de enero de dos mil veintiuno. 4. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. Mediante oficio TCA/PRES/AMP/385/2021, recibido el dos de marzo de dos mil veintiuno, el Presidente Suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado remitió copia certificada del proveído de dos de mayo de dos mil veintiuno, en el que dicho órgano jurisdiccional requirió a la autoridad demandada Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, el cumplimiento total al laudo dictado el cuatro de julio de dos mil dieciocho. Motivo por el cual, en dicha data, la responsable realizó la actualización de los salarios caídos y determinó que la moral demandada debía pagar al quejoso la cantidad de $1,183,234.59 (Un millón ciento ochenta y tres mil doscientos treinta y cuatro pesos 59/100 M.N.) En esas condiciones, requirió el pago por la cantidad referida, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se haría acreedora a una multa personal consistente en cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización; y se aplicaría el artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios. En proveído de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, el tribunal responsable tuvo al Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación informando que giró oficios a la Directora de Gestión de Personas y Nóminas y a la Directora de Presupuesto y Finanzas, ambas de la Secretaría de Educación del Estado, a fin de que la cantidad a la que fue condenada la dependencia demandada, fuera contemplada dentro del fondo de cumplimientos de laudos, así como la retención del pago correspondiente al impuesto sobre la renta y las aportaciones correspondientes al Instituto de Seguridad Social y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado. En proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno, la responsable tuvo a la moral demandada señalando que con la finalidad de realizar la retención correspondiente al ISR y, en su caso, las aportaciones correspondientes al ISSSTE, era necesario que la parte quejosa exhibiera copia de su cédula de identificación fiscal e identificación personal (INE), motivo por el cual, en dicho auto se requirió al quejoso que exhibiera las constancias referidas, quien desahogó dicho requerimiento el diecinueve de agosto siguiente, tal como se advierte del auto de dicha fecha. Por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional requirió tanto al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, así como a la Secretaria de Educación del Estado de Michoacán, que informaran de manera precisa las gestiones que habían realizado a fin de cumplir con el laudo dictado en el juicio laboral subyacente, en el entendido que de no hacerlo o de no informar la imposibilidad jurídica que tuvieran para ello, se les haría efectiva un medio de apremio equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. Así, mediante oficio SE/CJEE/EJ/1639 recibido el trece de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad tercera interesada informó que se encontraba a la espera de que el Director de Presupuesto y Finanzas, realizara la deducción por concepto de ISR y aplicara lo correspondiente al ISSTE. En esas condiciones, por auto de diez de noviembre del año pasado, la responsable tuvo a la Secretaría de Finanzas del Estado informando que ya se habían realizado las deducciones correspondientes y, por ende, la Dirección de Presupuesto y Finanzas de la Secretaría de Educación en el Estado debía gestionar los trámites administrativos para el pago del laudo, motivo por el cual, el tribunal responsable requirió a dicho funcionario público a fin de que realizara lo conducente y se hiciera el pago de la condena referida. Ante tal circunstancia, en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal vinculó al Director de Presupuesto y Finanzas de la Secretaría en el Estado, con residencia en esta ciudad al cumplimiento del fallo protector dictado en el juicio en que se actúa, ello con la finalidad de que dicha autoridad obtuviera la fuente de financiamiento correspondiente y se cubriera el laudo adeudado al quejoso. Por oficio SEE/SA/DPF2304/2021 recibido el seis de diciembre del año pasado, el Director de Presupuesto y Finanzas de la Secretaría en el Estado, con residencia en esta ciudad, informó que elaboró el Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP) número 12000004495 del ejercicio dos mil veintiuno, por el importe de $1,183,234.59 (Un millón ciento ochenta y tres mil doscientos treinta y cuatro pesos 59/100 M.N.) y que solicitó a la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán su colaboración para el pago de dicho documento. En tales circunstancias, mediante proveído de trece de diciembre del año pasado, la responsable tuvo al Director de Presupuesto y Finanzas de la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán, informando que dicha secretaría aún no había efectuado el pago del DEPP 12000004495; en consecuencia, este juzgado federal, mediante auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, vinculó a la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán al cumplimiento a la sentencia concesoria dictada en el presente juicio de amparo. Con motivo de lo anterior, por oficio SFA/DGJ/DC/0352/2022 recibido el quince de febrero de dos mil veintidós, el Director de Operaciones de Fondos y Valores de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado comunicó que requirió al Director de Operaciones de Fondos y Valores de la Secretaría de Finanzas y Administración, con residencia en esta ciudad, que informara el estado que guardaba el DEPP 12000004495, razón por la cual, mediante acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional vinculó a dicha autoridad al cumplimiento del fallo protector, con la finalidad de que dicho funcionario informara el estado que guardaba el documento de ejecución presupuestaria y pago referido. Por otro lado, mediante resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, el tribunal responsable determinó que había cometido un error aritmético en la última actualización del monto del laudo a que se condenó a la moral demandada, en consecuencia, resolvió que la cantidad correcta era $993,902.44 (novecientos noventa y tres mil novecientos dos pesos 44/100 M.N.), lo cual ordenó hacer del conocimiento de la parte demandada así como de las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector. Por comunicado recibido el veintidós de marzo de dos mil veintidós, la moral demandada informó que no era necesario la generación de un nuevo documento de afectación presupuestaria y pago, ello toda vez que el excedente del monto correspondiente al DEPP 12000004495, sería reintegrado al ahorro presupuestario en favor del Estado, por ende, solicitó a la Secretaría de Finanzas y Administración el importe de $1,183,234.59 (Un millón ciento ochenta y tres mil doscientos treinta y cuatro pesos 59/100 M.N.) correspondiente al documento referido. En oficio TCA/PRES/AMP/1627/2022, recibido el diez de mayo de dos mil veintidós, el tribunal responsable remitió copia certificada de la comparecencia de cuatro de ese mismo mes y año, en la que fue entregado a la parte quejosa el cheque número 0015363 valioso por la cantidad de $892,143.22 (ochocientos noventa y dos mil ciento cuarenta y tres pesos 22/100 M.N.); diligencia en la que la parte quejosa señaló que aceptaba dicha cantidad como pago parcial del laudo, pues desde su perspectiva, ese monto no incluía la condena de prima vacacional y aguinaldo durante la tramitación del juicio. En dicha diligencia el tribunal responsable proveyó las manifestaciones referidas, en sentido negativo, pues estimó que la condena del laudo fue, únicamente, por concepto de salarios caídos, vacaciones proporcionales del año dos mil quince, prima vacacional y aguinaldo de los años dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y proporcionales al dos mil dieciocho, esto es, no existe condena posterior a dicha data. Mediante escrito de diez de mayo de dos mil veintidós, dentro del presente juicio, la parte quejosa argumentó, esencialmente, que en la cantidad consignada no aparece el pago de primas vacacionales, ni aguinaldos del período comprendido del cuatro de julio de dos mil dieciocho al veintiocho de febrero de dos mil veinte, esto es, no existió condena de esas prestaciones de forma posterior y que fue incorrecto que se corrigiera el monto total de la condena, pues la determinación en la que se fijó $1,183,234.59 (un millón ciento ochenta y tres mil doscientos treinta y cuatro pesos 59/100 M.N.), era una resolución consentida por la parte demandada y, por ende, el tribunal no podía revocar sus propias determinaciones. Por tanto, mediante proveído de once de mayo de dos mil veintidós, se requirió a las responsables a fin de que precisaran los conceptos que amparaban la cantidad entregada a la parte quejosa; requerimiento que se desahogó en comunicado recibido el diecisiete de junio de dos mil veintidós, en el que la autoridad demandada precisó que la cantidad de $892,143.22 (ochocientos noventa y dos mil ciento cuarenta y tres pesos 22/100 M.N.) corresponde al monto total de lo condenado en el laudo dictado el cuatro de julio de dos mil dieciocho, más el salario correspondiente a seiscientos cuatro días, desde el dictado del laudo, menos la reducción relativa al impuesto sobre la renta y ésta fue determinada por el tribunal responsable. Tal como se advierte de las copias certificadas remitidas por las responsables, a la que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º, por tratarse de documentos públicos que fueron expedidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. 5. Manifestaciones. En vista de lo anterior, mediante escrito presentado el veintitrés de junio pasado, el quejoso manifestó que la sentencia de amparo no se encontraba debidamente cumplida, debido a que a la cantidad de $892,143.22 (ochocientos noventa y dos mil ciento cuarenta y tres pesos 22/100 M.N.) no le fue consignada los conceptos de primas vacacionales y aguinaldos, pues desde su óptica, éstos debían comprender durante los años transcurridos durante la tramitación del laudo, hasta la fecha en que fue reinstalado, esto es, por el período comprendido del cuatro de julio de dos mil dieciocho al veintiocho de febrero de dos mil veintidós. 6. Conclusión. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado federal considera que la sentencia de amparo se encuentra cumplida en sus términos, sin que exista exceso o defecto, pues como fue ordenado en la ejecutoria de amparo, el dos de octubre de dos mil veintiuno, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, dictó un auto en el que se pronunció sobre la acciones que consideró más eficaces para lograr el cumplimiento del laudo emitido el cuatro de julio de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral 101/2016, pues apercibió a la parte demandada con la aplicación de una multa y la aplicación del artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios. Asimismo, realizó los requerimientos que consideró convenientes hasta que logró la entrega a la parte quejosa, del pago que se cuantificó en el juicio laboral subyacente por los conceptos especificados en el laudo referido, lo cual aconteció el cuatro de mayo de dos mil veintidós. Sin que en el caso resulte procedente atender las manifestaciones formuladas por la parte quejosa, pues éstas se encuentran dirigidas a combatir la cuantificación realizada por la autoridad responsable, con relación a los conceptos que integran la condena dictada el juicio subyacente. Aspecto que no formó parte de los efectos de la sentencia protectora, en la que se concedió el amparo para que el tribunal responsable continuara con el procedimiento de ejecución del laudo dentro del juicio laboral 101/2016, hasta lograr el pago correspondiente por concepto de salarios caídos, vacaciones proporcionales del año 2015, prima vacacional y aguinaldo de los años 2015, 2016, 2017 y proporcional del año 2018, salarios devengados y horas extras especificadas en el laudo emitido en el expediente laboral 101/2016, a favor del quejoso. Empero, no se dio lineamientos en torno a la cuantificación que corresponde por los conceptos precisados; toda vez que sobre tal aspecto corresponde resolver a la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción, pues se insiste, no fue materia de estudio en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, en el que la litis versó sobre la falta de ejecución del laudo. De ahí que, se insiste, la sentencia se encuentra debidamente cumplida. 7. Cambio de titular. Hágase del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/320/2022, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, se determinó que a partir del veintidós de agosto de dos mil veintidós, la Juez Katia Orozco Alfaro, funge como titular de este órgano jurisdiccional, a efecto de que se encuentren en posibilidad de formular el impedimento que consideren pertinente. Notifíquese personalmente; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Katia Orozco Alfaro, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la secretaria Cristina García Maya que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV-2, se provee lo siguiente: Visto lo de cuenta, se tiene a la parte quejosa desahogando la vista contenida en auto de veinte de junio de dos mil veintidós, concerniente al cumplimiento de la ejecutoria, manifestaciones que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Juan Francisco Orozco Córdova, que da fe.
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Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV-2, se provee lo siguiente: 1. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación en el Estado, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado el siete de junio del año en curso y realiza manifestaciones respecto del cumplimiento de la ejecutoria. 2. Vista cumplimiento. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de tres días, con lo anterior, así como con el oficio recibido el diez de mayo de dos mil veintidós, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará con relación al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Juan Francisco Orozco Córdova, que da fe.
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