Heleoret Bedolla Navarrete y Otros.

Expediente 765/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
765/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
26/07/2018

Partes del expediente

  • Heleoret Bedolla Navarrete y Otros.
  • Heleoret Bedolla Navarrete

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la ley de amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de nueve de julio de dos mil dieciocho (fojas 41 a 44), mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Heleoret Bedolla Navarreta, contra actos de la Jueza Primera de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado y queda firme. A sí mismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina; De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el presente expediente transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Finalmente, tomando en consideración que no es necesario seguir conservando las constancias que se recibieron en auto de nueve de julio de dos mil dieciocho (foja 41 vuelta), las cuales forman un legajo de pruebas; por tanto, hágase la devolución de las mismas al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad; solicítese acuse de recibo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la ley de amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de nueve de julio de dos mil dieciocho (fojas 41 a 44), mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Heleoret Bedolla Navarreta, contra actos de la Jueza Primera de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado y queda firme. A sí mismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina; De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el presente expediente transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Finalmente, tomando en consideración que no es necesario seguir conservando las constancias que se recibieron en auto de nueve de julio de dos mil dieciocho (foja 41 vuelta), las cuales forman un legajo de pruebas; por tanto, hágase la devolución de las mismas al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad; solicítese acuse de recibo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Por recibido el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite por incompetencia la demanda de amparo promovida por Heleoret Bedolla Navarrete, contra actos de la Jueza Primera de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado, acepta la competencia y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. Regístrese en el Libro de Gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 765/2018 y fórmese expediente. Para un mejor manejo del expediente, con las constancias que se anexan a la demanda de amparo, fórmese por separado un tomo de pruebas, conservando su número de folio correspondiente, las cuales quedan a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado. Atento a las manifestaciones de la parte quejosa y en atención a los artículos 113, 61, fracción XIV, 17 y 18, de la Ley de Amparo que en su orden disponen: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa del Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme la ley del acto, la notificación al quejoso el acto reclamado o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del estudio integral del escrito de demanda de amparo, se observa su notoria improcedencia, dado que literalmente el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: "Sentencia definitiva de fecha 31 de enero del año 2014, y la sentencia interlocutoria de fecha 23 de mayo del año 2017, dictada en el mismo juicio ejecutivo mercantil número 369/2013-III." Cabe destacar, que respecto del acto reclamado consistente en la sentencia definitiva de treinta y uno de enero de dos mil catorce, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, determinó desechar por extemporánea la demanda de amparo; por tanto, el acto que ocupa a este órgano jurisdiccional consiste en la resolución interlocutoria de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 369/2013-III. Ahora, del expediente original 369/2013-III, que se anexa a la demanda de amparo se advierte que la fecha de notificación del acto reclamado se es del seis de junio de dos mil diecisiete (foja 96 del tomo de pruebas). En ese tenor, cabe destacar que para la presentación de la demanda de amparo, el término legal que rige su situación es el de quince días previsto en el artículo 17, en relación con el diverso 18 de la Ley de la Materia; por lo que el término para la promoción del juicio de amparo comenzó a transcurrir el ocho de junio de dos mil diecisiete. Entonces, los quince días que establece el artículo primeramente invocado, transcurrieron del ocho al veintiocho de junio de dos mil diecisiete, descontados los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio del año de referencia, por ser sábados y domingos; en tales condiciones y considerando que en atención a la certificación realizada por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo, la demanda de amparo fue presentada el cinco de abril de dos mil dieciocho, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo. De lo anterior, es evidente que entre la fecha de la presentación de la demanda y en la notificación del acto reclamado, ha transcurrido en exceso el citado término de quince días que establece el precitado numeral 17 de la ley en comento. Atento a las consideraciones que preceden, es inconcuso que el término para la promoción del juicio de amparo ha transcurrido en demasía para que la ahora parte quejosa haya agotado los posibles medios que la ley pone a su alcance para impugnar las violaciones que estimare se le han causado en su perjuicio, como lo es el medio extraordinario de defensa regulado por los artículos 103 y 107 Constitucionales, al que pudo ocurrir una vez que tuvo conocimiento del acto reclamado y al no haberlo hecho así, este tribunal de jurisdicción federal se encuentra impedido para pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, al tenerse por consentido de manera tácita. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis I.8o.C.15 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2380, del Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO. El párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; por su parte, el artículo 18 de la misma ley prevé que ese plazo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De este precepto se deduce que el inicio del plazo de quince días para solicitar amparo, depende del supuesto que en cada asunto se actualice, a saber: primero, en aquellos casos en que exista una notificación al quejoso del acto reclamado, el plazo para presentar la demanda correrá al día siguiente a aquel en que surta efectos esa notificación; segundo, cuando el impetrante haya tenido conocimiento, obviamente por medios diversos a una notificación, de la existencia del acto; y tercero, por la confesión, que opera cuando el quejoso se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución; en estos dos últimos supuestos el plazo de quince días comenzará al día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento de la existencia del acto reclamado o se ostente sabedor del acto o de su ejecución; sin que en estos casos inicie el cómputo a partir del día siguiente en que se surtan los efectos, pues no existe notificación cuyo efecto deba surtir, sino que como expresamente lo establece tal dispositivo, el cómputo inicia al día siguiente de la fecha en que haya tenido conocimiento del acto o de aquella en que haya confesado haberlo tenido." En consecuencia, es de concluirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar la demanda de amparo propuesta, con apoyo en lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la propia ley, por su notoria improcedencia. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican; y, como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alberto Martínez Mejía, toda vez que cuentan con cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Por recibido el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite por incompetencia la demanda de amparo promovida por Heleoret Bedolla Navarrete, contra actos de la Jueza Primera de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado, acepta la competencia y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. Regístrese en el Libro de Gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 765/2018 y fórmese expediente. Para un mejor manejo del expediente, con las constancias que se anexan a la demanda de amparo, fórmese por separado un tomo de pruebas, conservando su número de folio correspondiente, las cuales quedan a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado. Atento a las manifestaciones de la parte quejosa y en atención a los artículos 113, 61, fracción XIV, 17 y 18, de la Ley de Amparo que en su orden disponen: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa del Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme la ley del acto, la notificación al quejoso el acto reclamado o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del estudio integral del escrito de demanda de amparo, se observa su notoria improcedencia, dado que literalmente el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: "Sentencia definitiva de fecha 31 de enero del año 2014, y la sentencia interlocutoria de fecha 23 de mayo del año 2017, dictada en el mismo juicio ejecutivo mercantil número 369/2013-III." Cabe destacar, que respecto del acto reclamado consistente en la sentencia definitiva de treinta y uno de enero de dos mil catorce, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, determinó desechar por extemporánea la demanda de amparo; por tanto, el acto que ocupa a este órgano jurisdiccional consiste en la resolución interlocutoria de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 369/2013-III. Ahora, del expediente original 369/2013-III, que se anexa a la demanda de amparo se advierte que la fecha de notificación del acto reclamado se es del seis de junio de dos mil diecisiete (foja 96 del tomo de pruebas). En ese tenor, cabe destacar que para la presentación de la demanda de amparo, el término legal que rige su situación es el de quince días previsto en el artículo 17, en relación con el diverso 18 de la Ley de la Materia; por lo que el término para la promoción del juicio de amparo comenzó a transcurrir el ocho de junio de dos mil diecisiete. Entonces, los quince días que establece el artículo primeramente invocado, transcurrieron del ocho al veintiocho de junio de dos mil diecisiete, descontados los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio del año de referencia, por ser sábados y domingos; en tales condiciones y considerando que en atención a la certificación realizada por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo, la demanda de amparo fue presentada el cinco de abril de dos mil dieciocho, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo. De lo anterior, es evidente que entre la fecha de la presentación de la demanda y en la notificación del acto reclamado, ha transcurrido en exceso el citado término de quince días que establece el precitado numeral 17 de la ley en comento. Atento a las consideraciones que preceden, es inconcuso que el término para la promoción del juicio de amparo ha transcurrido en demasía para que la ahora parte quejosa haya agotado los posibles medios que la ley pone a su alcance para impugnar las violaciones que estimare se le han causado en su perjuicio, como lo es el medio extraordinario de defensa regulado por los artículos 103 y 107 Constitucionales, al que pudo ocurrir una vez que tuvo conocimiento del acto reclamado y al no haberlo hecho así, este tribunal de jurisdicción federal se encuentra impedido para pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, al tenerse por consentido de manera tácita. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis I.8o.C.15 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2380, del Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO. El párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; por su parte, el artículo 18 de la misma ley prevé que ese plazo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De este precepto se deduce que el inicio del plazo de quince días para solicitar amparo, depende del supuesto que en cada asunto se actualice, a saber: primero, en aquellos casos en que exista una notificación al quejoso del acto reclamado, el plazo para presentar la demanda correrá al día siguiente a aquel en que surta efectos esa notificación; segundo, cuando el impetrante haya tenido conocimiento, obviamente por medios diversos a una notificación, de la existencia del acto; y tercero, por la confesión, que opera cuando el quejoso se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución; en estos dos últimos supuestos el plazo de quince días comenzará al día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento de la existencia del acto reclamado o se ostente sabedor del acto o de su ejecución; sin que en estos casos inicie el cómputo a partir del día siguiente en que se surtan los efectos, pues no existe notificación cuyo efecto deba surtir, sino que como expresamente lo establece tal dispositivo, el cómputo inicia al día siguiente de la fecha en que haya tenido conocimiento del acto o de aquella en que haya confesado haberlo tenido." En consecuencia, es de concluirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar la demanda de amparo propuesta, con apoyo en lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la propia ley, por su notoria improcedencia. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican; y, como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alberto Martínez Mejía, toda vez que cuentan con cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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