Héctor Salgado Rabadán

Expediente 282/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
282/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
09/08/2021

Partes del expediente

  • Tribunal de Conciliacion y Arbitraje del Estado de Guerrero
  • Héctor Salgado Rabadán
  • Ayuntamiento Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    * Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de doce de julio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha quedado firme. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. *

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, de la autoridad responsable, al cual acompañó copias certificadas relativas al expediente laboral 500/2009, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que el presidente responsable adjuntó a su precitado informe, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Para comenzar, por escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Héctor Salgado Rabadán, por propio derecho y en su carácter de Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en: Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esa etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que Héctor Salgado Rabadán, por propio derecho y en su carácter de Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuetzala del Progreso, Guerrero, reclama del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad: La falta de acuerdo al escrito que presentó en catorce de diciembre de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 500/2009. Ahora bien, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La jurisprudencia resulta aplicable, no obstante de referirse a la Ley de Amparo anterior, porque en esencia, no se contrapone al sentido de la Ley de Amparo actual, en términos del artículo Sexto transitorio, del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En el caso, la autoridad responsable emitió el proveído de uno de julio de dos veintiuno, en el expediente laboral 500/2009, en el cual se aprecia que acordó el escrito que le fue presentado por la parte quejosa en catorce de diciembre de dos mil dieciocho. Como resultado de lo anterior, cesó en sus efectos la omisión en la que había incurrido la autoridad responsable al haberse pronunciado sobre el acto reclamado por la parte quejosa; por lo cual, los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de julio de dos mil veintiuno. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la razón actuarial suscrita por el Actuario Judicial adscrito; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, ténganse notificados los oficios que se indican en la misma; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, misma que no es posible celebrar en virtud de que mediante proveído de dos de marzo de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, a fin de que dentro del plazo de quince días, contados a partir de que le surtiera efectos la notificación del precitado proveído, rindiera su informe justificado; tal proveído le fue notificado en cuatro de marzo de dos mil veinte. Ahora bien, de conformidad a lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, se publicó el acuerdo extraordinario del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, de dieciocho de marzo de dos mil veinte, mediante el cual se suspendieron las actividades a partir del diecinueve de marzo al diecisiete de abril de dos mil veinte, para evitar la propagación del virus SARS-COV2 (COVID-19). Asimismo, en congruencia con las determinaciones de las autoridades de Salud y del Ejecutivo del Estado de Guerrero, posteriormente se emitieron los diversos acuerdos de diecisiete de abril, veintinueve de mayo, doce y treinta de junio, treinta y uno de julio, uno de noviembre y uno de diciembre todos de dos mil veinte, once y veintinueve de enero, uno y dieciséis de marzo y diecinueve, treinta de abril y diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, por los cuales se modificaron y ampliaron las medidas para atender dicha emergencia sanitaria, siendo la última suspensión del dieciocho al treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. En consecuencia, una vez que fenezca el plazo concedido a la autoridad responsable mediante proveído dos de marzo de dos mil veinte, provéase lo conducente. En tal virtud, la referida audiencia incidental se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

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