Heladia Sandoval Carrillo

Expediente 249/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
249/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Heladia Sandoval Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el oficio que remite la actuaria del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, mediante el cual informa el contenido del acuse de recibo de diversas constancias que le fueron remitidas por este órgano jurisdiccional, agréguese al sumario únicamente para que obre como corresponde, atento a que en auto de diez de diciembre de dos mil veinte se archivó el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, además en términos del artículo 88 del Supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles y de la jurisprudencia número P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye un hecho notorio para este juzgado federal que, derivado de la consulta efectuada en la página de internet con la que cuentan los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, se advierte que el dos de diciembre de dos mil veinte, dentro del juicio de amparo 736/2020 el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento del asunto. Por tanto, de autos se advierte que en el presente cuaderno no existe acuerdo pendiente de pronunciar ni constancia que recabar; por tanto, previas las anotaciones en el libro respectivo así como en el sistema correspondiente, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso j), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data; el cual deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.

  3. Principal

    Agréguese el oficio signado por el actuario del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, a través del cual acusa recibo del diverso 9552/2020, por el cual se le remitió el juicio de amparo del cual deriva el presente cuadernillo. Asimismo, como lo solicita la autoridad oficiante, remítasele los cuadernos incidentales derivados del juicio de amparo 249/2020, así como los billetes de depósito expedidos por el Banco de Ahorro Nacional y servicios financieros S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo, números N851557 emitido en favor de xxxxx y N851559 emitido en favor de xxxxxx, valiosos, cada uno, por la cantidad de $xxxxxx, con los que la parte quejosa cumplió con el requisito de efectividad impuesto a fin de que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida mediante resolución interlocutoria de veinticuatro de agosto del año en curso. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. En tal virtud, se ordena la extracción de aludidos certificados de la caja de valores de este juzgado.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos se evidencia que las quejosas reclaman lo siguiente: 1. La diligencia de embargo practicada el veinticinco de febrero de dos mil quince, ordenada por el Juez Único Civil de Partido, residente en Cortazar, Guanajuato en el juicio ejecutivo mercantil número ********************, la cual se realizó por el actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios de Dolores Hidalgo, Guanajuato, ordenada dentro del exhorto ******************** del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido, con sede en esa ciudad. 2. En vía de consecuencia, todo lo actuado dentro del juicio de origen, vinculado directamente con el secuestro del bien. Ahora, de las constancias del controvertido de origen, se advierte: a. ********************, por conducto de sus endosatarios ******************** y ********************, demandó en la vía ejecutiva mercantil a ********************, el pago de la cantidad consignada en el pagaré base de la acción, entre otras prestaciones. b. De la citada demanda conoció el juez Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato, quien por auto de veintiocho de enero de dos mil quince, la admitió, la registró bajo el número ******************** y dictó auto de exequendo, para lo cual giró exhorto al homólogo de Dolores Hidalgo, Guanajuato. c. El exhorto fue radicado por la jueza Segunda Civil de Partido de Dolores Hidalgo, Guanajuato, bajo el número ********************. d. El veinticinco de febrero de dos mil quince, el actuario responsable se constituyó en el domicilio señalado para la práctica de la diligencia. En esa diligencia se señaló para embargo, entre otros, los derechos de propiedad consignados en el folio real ********************correspondientes al cincuenta por ciento del inmueble ubicado en ********************. e. Seguido el procedimiento por su cauce legal, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, el juez responsable dictó sentencia condenatoria. f. En contra de la anterior determinación, la parte demandada interpuso recurso de apelación. g. Del citado medio de impugnación conoció la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien por resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete confirmó la sentencia apelada. h. Posteriormente, por auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, el juez responsable determinó lo siguiente: ".por lo que con el fin de no vulnerar su garantía de audiencia, se ordena notificar a ******************** en su domicilio ubicado en ********************; así como a ********************, ********************Y ********************en el domicilio ubicado en ******************** (.) el estado de ejecución que guarda el presente juicio (.) a fin de que dentro del plazo de tres días hábiles, si es su deseo comparezcan al presente juicio y presenten avalúo de su parte; apercibidos que de no hacerlo así se les tendrá por conformes con el que ya obra agregado en autos. Toda vez que los domicilios se encuentran fuera de este Partido Judicial, se ordena remitir atento exhorto al Juez Civil en turno de la Ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato." i. Por auto de veinticinco de febrero de dos mil veinte, la jueza Primera Civil de Partido de Dolores Hidalgo, Guanajuato, radicó el exhorto número ********************. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, el actuario designado por la Oficina Central de Actuarios de Dolores Hidalgo, Guanajuato notificó a las quejosas el proveído de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por el juez ordenador. De lo relatado se obtiene lo siguiente: Que el inmueble cuyo embargo se reclama se ubica en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Que se ordenó notificar a las quejosas en su domicilio en Dolores Hidalgo, Guanajuato. En ese sentido, se advierte que este Juzgado de Distrito, no es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio constitucional, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo es el juez de Distrito en el estado de Guanajuato en turno, con residencia en la ciudad el mismo nombre, por las razones y fundamentos que enseguida se expondrán. Para corroborar la anterior afirmación es necesario destacar el contenido de los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De las transcripciones efectuadas, se obtienen los supuestos y reglas que indican la competencia de los jueces de distrito en los diversos asuntos que les corresponde conocer, y precisamente del artículo 37 de la Ley de Amparo, se tiene que existen tres reglas para fijar esa competencia, siendo las siguientes: I. Será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Esto es, para determinar la competencia entre jueces de distrito en el conocimiento del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. Dicho precepto alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. De ahí, que la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es importante destacar, que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en esta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material y, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto, se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, ya que si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde se presente la demanda de amparo, o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo, la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el rubro siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO." En la especie, el acto reclamado, se insiste, consiste en la diligencia de embargo practicada el veinticinco de febrero de dos mil quince, ordenada por el Juez Único Civil de Partido, residente en Cortazar, Guanajuato en el juicio ejecutivo mercantil número ********************, la cual se realizó por el actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios de Dolores Hidalgo, Guanajuato, ordenada dentro del exhorto ******************** del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido, con sede en esa ciudad; en vía de consecuencia, todo lo actuado dentro del juicio de origen, vinculado directamente con el secuestro del bien. En ese sentido, el juez de Distrito, para conocer de la presente demanda de amparo, es el que corresponde a la jurisdicción donde se diligenció el exhorto respectivo, en el caso, el que ejerce jurisdicción en el domicilio ubicado en ********************. Sustenta lo anterior la tesis 1ª./J. 9/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 182, tomo XIX, mayo de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO DE EXEQUENDO, CUYA DILIGENCIACIÓN ES SOLICITADA POR MEDIO DE EXHORTO. SU CONOCIMIENTO COMPETE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE AQUÉL SE EJECUTE. Conforme a las reglas de competencia contenidas en el artículo 36 de la Ley de Amparo, si en una demanda de garantías se reclama la orden de embargo contenida en el auto de exequendo, cuya diligenciación ha sido solicitada a otro Juez, por medio de exhorto, facultándolo para que dicte las medidas pertinentes para la consecución de lo ordenado, el competente para conocer de dicha demanda será el Juez de Distrito que corresponda a la jurisdicción donde se diligencie dicho exhorto, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto y jurídicamente relevante es que la autoridad ejecutora desempeña una función fundamental, porque se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición es quien enfrenta directamente al particular afectado, pues aunque el Juez exhortante ordene la remisión del exhorto, no implica que con esa actuación comience a ejecutarse el acto reclamado, pues en todo caso la ejecución material de la orden de embargo corresponde al Juez exhortado, ya que el envío del exhorto sólo constituye una solicitud de apoyo que se dicta en una fase previa a los actos propiamente de ejecución, por esa razón será competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado." En tal virtud, si el acto reclamado consistente en la orden de embargo ejecutada en el domicilio de la parte quejosa, sito en ********************, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda, pues dicho acto reclamado fue ejecutado en la referida ciudad, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal y, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, corresponde conocer del asunto al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido y los tomos de pruebas al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle que informe si acepta o no el conocimiento del asunto. c. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido, que este órgano jurisdiccional resolvió sobre la suspensión definitiva el veinticuatro de agosto de dos mil veinte; por tanto, una vez que el juzgado que conozca del presente asunto informe lo respectivo a si acepta la competencia, se le remitirán los cuadernos incidentales, así como los billetes de depósito respectivos. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos el señalamiento de la audiencia constitucional en el presente juicio programada para las trece horas con cuarenta minutos del doce de noviembre de dos mil veinte.

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