Héctor Thomposon López
Expediente 842/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 842/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Héctor Thomposon López
Actuaciones
- Principal
A sus autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, por el que informa que ese Tribunal se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***************, contra el acto atribuido a la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la que quedó radicada con el número de expediente de amparo directo 632/2016. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Agréguese el oficio remitido por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso 18133, e informa que antes de determinar aceptar la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, remitió con carácter devolutivo copia certificada de la demanda de amparo a la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a efecto de que cumpla con lo dispuesto por el numeral 178 de la ley de la materia.
- Principal
Visto el escrito de demanda signado por *************, contra actos de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo de esta Ciudad y otras; fórmese expediente en el entendido que la demanda se encuentra registrada en el libro de gobierno con el número 842/2016. Del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama la resolución emitida el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, pronunciada dentro del expediente No 784/16-10-01-1-OT del índice de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo de esta Ciudad. De igual forma, manifiesta bajo protesta de decir verdad como antecedentes del acto reclamado sustancialmente: Que en diecisiete de junio del dos mil cuatro se notifico la resolución contenida dentro del oficio número DRAF-B-0701/04 de fecha de trece de mayo del mismo año, expedido por el Titular de la Dirección Regional de Auditoria Fiscal "B" de la Secretaria de Finanzas y Administración del GOBIERNO del Estado de Guanajuato, que determinó diferencias a su cargo del impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto sustitutivo del crédito al salario y se fincaron multas y recargos por la cantidad de 305,636.64 (TRECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N.) Mediante escrito de fecha treinta y uno de agosto de dos mil cuatro, inconforme con la resolución mencionada dentro del párrafo anterior, interpuso demanda de nulidad ante la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo de esta ciudad, contra la resolución contenida en el oficio DRAF-B-0701/04 de trece de mayo de dos mil cuatro, admitiéndose la demanda en auto de fecha de nueve de mayo de dos mil seis, bajo el expediente numero 3474/04-10-01-2, produciéndose la contestación de la demanda por parte de la Administradora Local Jurídica de Celaya y Director de los Contencioso de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato. En treinta de noviembre del dos mil seis, se dictó sentencia por la sala, declarando la nulidad LISA Y LLANA de la resolución impugnada. Posteriormente, en fecha dos de enero de dos mil nueve se cumplieron los cuatro meses señalados por el artículo 239, para que la autoridad cumpliera con la ejecutoria, sin que a la fecha lo hiciera. En catorce de febrero de dos mil catorce la oficina recaudadora de Valle de Santiago, Guanajuato, giro el oficio 132/2014 en el que acordaba la remoción de depositario y entrega de bienes al Fisco Federal, por lo que se le solicitó en promoción fechada el veintiséis de febrero del mismo año que se dejara sin efecto dicho acuerdo, pero en lugar de ello, la autoridad impugnada continuó con el procedimiento previamente declarado nulo. En la misma data la oficina recaudadora de Valle de Santiago, Guanajuato, giró el oficio 319/2015 en el que acordaba la remoción de depositario y entrega de bienes al Fisco Federal; oficios que se ejecutaron el cuatro de noviembre de dos mil quince. Inconforme con el requerimiento del Ministro Ejecutor y con el oficio del Jefe de la Oficina Recaudadora de Valle de Santiago, Guanajuato, interpuso recurso administrativo de revocación que correspondió conocer de la Substanciación al Director de Procesos y resoluciones de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y resoluciones de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración del estado de Guanajuato, quien en veinticuatro de noviembre de dos mil quince, determinó sobreseer por improcedente el mencionado recurso. Inconforme con la anterior resolución, por escrito recibido el diecisiete de febrero del año en curso, promovió juicio de nulidad ante la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Federal y Administrativa, quien formó el expediente 784/1610-1-1-OT, en el que por resolución de treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis, declaró que no probó los extremos de la acción y reconoció la validez de la determinación impugnada. Determinación que constituye el acto reclamado. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. De lo que se evidencia, que cuando se reclama una resolución que pone fin al juicio, -como es la dictada en un juicio de nulidad- la vía correcta para impugnarla es el amparo directo y es competente para conocer el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, dentro de la demarcación territorial en que se encuentra la autoridad que lo dicta. Ahora bien, los artículos 47 y 176 de la Ley de Amparo, establecen, en lo que interesa, que el amparo contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, la que procederá en los términos señalados en los artículos 176, 177 y 178 de dicha ley, y cuando una demanda de amparo contra alguno de esos actos se presente ante un Juez de Distrito, éste se declarará incompetente de plano y la remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Bajo ese contexto, resulta evidente que este Juzgado carece legalmente de competencia para conocer de la demanda que nos ocupa; razón por la cual, se declara INCOMPETENTE DE PLANO. Se ordena remitir el original de la demanda y sus anexos, así como nueve copias simples de la misma, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Décimo Sexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, para los efectos del numeral 47 de la Ley de la materia, solicitándole el acuse de recibo correspondiente y, en su oportunidad, informe si confirma la presente determinación. Fórmese cuaderno de antecedentes. Por otra parte, como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Finalmente, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de la amparo a ***************, toda vez que no acredita tener registrada su cédula profesional federal, ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en virtud de que no da mayores datos -número de cédula profesional o número de registro en el citado medio informático-, los cuales son necesarios a efecto de poder tener certeza que la persona que autoriza el promovente sea cierta y no homónimos; y señala domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***************de esta ciudad.
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