Héctor Wilfrido García Monroy (apoderado legal)

Expediente 367/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 16 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
367/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
16/03/2023

Partes del expediente

  • Héctor Wilfrido García Monroy (apoderado legal)

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Radicación de demanda Vista la demanda de amparo que promueve Héctor Wilfrido García Monroy, en su carácter de apoderado y representante legal de la moral quejosa Lanera Textil, sociedad anónima de capital variable, personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento número setenta mil setenta y seis, volumen seiscientos uno, de once de noviembre de dos mil veintidós, relativo al poder general para pleitos y cobranzas, poder general para actos de administración, poder general para actos de administración en materia laboral, contra actos del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 367/2023-III. Acto reclamado Ahora, debe indicarse que de un análisis a la demanda de amparo, se concluye que el acto reclamado que la parte quejosa atribuye a las autoridades responsables son los siguientes: Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En el caso concreto, de oficio este Juzgado de Distrito advierte que en relación al acto reclamado en el presente juicio de amparo consistente en el auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 55/2022-M1, del índice del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tlaxcala, a través del cual se inició el proceso de ejecución dentro del incidente de suspensión que solicitó en el referido juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: Los artículos de referencia, disponen a la literalidad lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.).". Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte." De la interpretación armónica de las disposiciones transcritas, se colige que el juicio de amparo es improcedente por jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, como se puede advertir del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama el auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 55/2022-M1, del índice del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tlaxcala, a través del cual se inició el proceso de ejecución respecto la subsistencia del trabajador, dentro del incidente de suspensión que solicitó en el referido juicio con motivo del amparo directo presentado con motivo del laudo dictado en el juicio laboral. Ahora bien, atendiendo a los antecedentes del acto reclamado manifestado por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, se advierte lo siguiente: Por escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, Alejandro Alberto Cuatecontzi Flores, demandó la rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, el cual se radicó bajo el número 55/2022, del índice del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tlaxcala. Seguido el procedimiento el trece de diciembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva. Inconforme con tal determinación la parte quejosa promovió juicio de amparo directo, en el que solicitó la suspensión del acto reclamado, en el que por una parte, se negó la suspensión por la cantidad de $54,424.80 (cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veinticuatro pesos, 80/100 moneda nacional), a fin de garantizar la subsistencia económica de la parte tercera interesada, en tanto se resolviera el juicio de amparo interpuesto; en otra, concedió la medida cautelar por el excedente de lo necesario para asegurar la subsistencia de la parte tercera interesada, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que se encontraban, hasta en tanto se resolviera en definitiva el juicio de amparo directo promovido; fijándose una garantía por la cantidad de $22,296.53 (veintidós mil doscientos noventa y seis pesos, 53/100, moneda nacional). Así, el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, la parte quejosa exhibió el billete de depósito por la cantidad $22,296.53 (veintidós mil doscientos noventa y seis pesos, 53/100, moneda nacional), a fin de que garantizara los posibles daños y perjuicios en cumplimiento a la suspensión del acto reclamado. Posteriormente, el veinte de febrero de dos mil veintitrés el Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tlaxcala, emitió el acuerdo correspondiente, con el cual inició el procedimiento de ejecución en la porción determinada como necesaria para la subsistencia de la parte tercera interesada. Atento a lo anterior, se actualiza una causa manifiesta e indudable para desechar de plano la demanda que se atiende, pues como ya se dijo de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; por ende, el acuerdo de veinte de febrero del año en curso, emitido por la autoridad responsable no constituye un acto propio de la autoridad laboral en la fase de ejecución del laudo en un juicio laboral, sino un acto dictado en el juicio de amparo directo, donde el Tribunal Laboral Federal es auxiliar del Tribunal Colegiado, ya que de acuerdo con el artículo 190 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos de efectividad; de tal manera, el acto reclamado -el inicio de procedimiento de ejecución de laudo por cuanto hace a la subsistencia del trabajador- es emitido como consecuencia de haber proveído respecto a la suspensión del acto reclamado con motivo del amparo directo presentado por el propio quejoso. Por tanto, dicho acto es consecuencia de una determinación emitida en un juicio de amparo y por la autoridad responsable actuando como auxiliar del Tribunal Colegiado. Lo anterior, dado que la autoridad responsable decidirá lo relativo a la suspensión de la ejecución del acto reclamado, los requisitos para su efectividad y del peligro de la parte trabajadora de no subsistir mientras se resuelve el juicio, lo que implica que se constituye en un órgano de amparo al proveer lo correspondiente a la medida cautelar y decidir sobre la subsistencia de la parte trabajadora; prerrogativa que, al derivar de una providencia decretada en el incidente de suspensión, subsiste sólo mientras se resuelve el juicio de amparo directo. De tal manera, que se considera que la causa de improcedencia es indudable y manifiesta conforme a la tesis y jurisprudencia que se indican a continuación. Apoya a lo anterior la tesis III.2o.T.6 L (11a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la página 3357 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 11, Marzo de 2022, Tomo IV, Onceava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA EL SUPUESTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA QUE NIEGA EJECUTAR EL LAUDO PARA QUE EL TRABAJADOR OBTENGA LA CANTIDAD FIJADA EN LA SUSPENSIÓN PARA GARANTIZAR SU SUBSISTENCIA MIENTRAS SE TRAMITA EL AMPARO DIRECTO PROMOVIDO POR EL PATRÓN. Hechos: En un juicio de amparo indirecto se reclamó la negativa de ejecutar el laudo para garantizar la subsistencia de la parte trabajadora durante la tramitación del juicio de amparo directo promovido por el patrón, solicitada ante la Junta con motivo de la suspensión de la ejecución del laudo reclamado, concedida en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, en cuanto al excedente de la cantidad fijada como necesaria para tal efecto. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución de la Junta que niega ejecutar el laudo para que el trabajador obtenga la cantidad fijada en la suspensión para garantizar su subsistencia mientras se tramita el amparo directo promovido por el patrón. Justificación: Ello es así, pues conforme a la fracción IX del artículo 61 de la citada ley, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; así, la referida negativa no constituye un acto propio de la autoridad laboral en la fase de ejecución del laudo en un juicio laboral, sino un acto dictado en el juicio de amparo directo, donde la Junta es auxiliar de los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que de acuerdo con el mencionado artículo 190, la autoridad responsable decidirá lo relativo a la suspensión de la ejecución del acto reclamado, los requisitos para su efectividad y del peligro de la parte trabajadora de no subsistir mientras se resuelve el juicio, lo que implica que se constituye en un órgano de amparo al proveer lo correspondiente a la medida cautelar y decidir sobre la subsistencia de la parte trabajadora; prerrogativa que, al derivar de una providencia decretada en el incidente de suspensión, subsiste sólo mientras se resuelve el juicio de amparo directo, pues su monto se fija en relación directa con la duración de éste y lo entregado para garantizar la subsistencia no siempre será considerado como pago de lo laudado, pues cuando el patrón obtiene la concesión de amparo no podrá recuperarlo, conforme a la tesis de jurisprudencia PC.III.L. J/14 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de título y subtítulo: "GARANTÍA DE SUBSISTENCIA OTORGADA AL TRABAJADOR EN TANTO SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 174 DE LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA Y 190 DE LA VIGENTE. ES IMPROCEDENTE ORDENAR QUE SE DEVUELVA AL PATRÓN EL MONTO RESPECTIVO, AUN CUANDO SE CONCEDA LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL." Así como, la jurisprudencia 2a./J. 107/2015 (10a.), publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I , página 453, de la Décima Época, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, como lo solicita se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala para tales efectos, esto es, el ubicado en avenida ********************. Autorizados. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** toda vez que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Comunicación no procesal. En otro aspecto, con fundamento en lo establecido en el precepto 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico y número telefónico que refiere, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

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