Héctor Stevenson Carrasco

Expediente 916/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
916/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
29/09/2016

Partes del expediente

  • Héctor Stevenson Carrasco

Actuaciones

  1. Principal

    Notifico por medio de lista a la parte quejosa Héctor Stevenson Carrasco; el contenido del auto de veintinueve de septiembre dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, que en lo que interesa dice: "Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto dictado el dos de septiembre de dos mil dieciséis, , en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. ... Asimismo, al existir documentos originales en el presente juicio exhibidas por el quejoso, déjense a su disposición, los cuales podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente."

  2. Principal

    Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto dictado el dos de septiembre de dos mil dieciséis, , en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. ... Asimismo, al existir documentos originales en el presente juicio exhibidas por el quejoso, déjense a su disposición, los cuales podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.

  3. Principal

    En ocho de septiembre de dos mil dieciséis notifico por medio de lista a la parte quejosa Héctor Stevenson Carrasco la resolucion de dos de septiembre de dos mil dieciséis, que en lo que aqui interesa dice: "Agréguese a los autos los oficios signados por el Presidente, Representante y Actuaria del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les tiene por rendido el informe justificado de las autoridades oficiantes y por recibidas las diversas copias certificadas del acuerdo dictado en veintinueve de agosto de dos mil dieciséis dictado en el expediente laboral 455/2011-B de su índice y sus acumulados. En ese contexto y, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de la lectura de las constancias que acompañaron las autoridades responsables al informe justificado, esto es, el acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral 455/2011-B y sus acumulados de su índice, por el que, entre otros aspectos, tuvo por ofrecidas y admitidas diversas probanzas ofrecidas por las partes. Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al dictar el acuerdo relativo al ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral, cesó la omisión de proveer lo solicitado por la quejosa en su escrito de demanda, consistente en la omisión de dictar el acuerdo admisorio de pruebas dentro del juicio ordinario laboral número 455/2011-B y sus acumulados 456/2011-C y 457/2011-A, del índice de la responsable y su notificación, por lo que cesaron los efectos del acto reclamado; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la dilación procesal traducida en la omisión de dictar el acuerdo admisorio de pruebas dentro del juicio ordinario laboral número 455/2011-B y sus acumulados 456/2011-C y 457/2011-A, del índice de la responsable y su notificación; lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que el Presidente, Representante y Actuaria, todos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; adjuntaron a su informe justificado copia certificada del auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis en el cual proveyó respecto del ofrecimiento y admisión de las probanzas ofrecidas por las partes, mismo que fue notificado al hoy quejoso tal acuerdo en treinta de agosto de dos mil dieciséis (foja 39), pues de ello se advierte que contestó lo solicitado por la quejosa en su escrito de demanda en la que señaló como acto reclamado la dilación procesal traducida en la omisión de dictar el acuerdo admisorio de pruebas dentro del juicio ordinario laboral número 455/2011-B y sus acumulados 456/2011-C y 457/2011-A, del índice de la responsable y su notificación; Lo anterior pone de manifiesto que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su inactividad, durante la tramitación del presente juicio, toda vez que al emitir el acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, cesaron los efectos del acto reclamado (fojas 34 a 43). Por ende, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Sin que en el caso se puedan analizarse las posibles omisiones o dilaciones subsecuentes en el trámite de la juicio laboral que refiere la quejosa hasta el total cumplimiento del laudo emitido en el mismo, pues la materia del presente juicio debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del Juicio del cual amena el acto reclamado (omisión o dilación de emitir el acuerdo), en virtud de que constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados, aunado a que el cumplimiento del laudo, lo reclama como consecuencia de la omisión de proveer lo solicitado en sus multicitados escritos y no de manera autónomo o por vicios propios en el procedimiento de ejecución. Sin que lo anterior contravenga, por identidad de razón jurídica, de lo establecido en los criterios jurisprudenciales de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES" y "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS", en tanto los criterios ahí sostenidos fueron abandonados en la diversa tesis "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)". Cobra aplicación, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro texto y datos de identificación siguientes: "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007).-- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe."

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Héctor Stevenson Carrasco, por propio derecho, contra actos de los integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese bajo el número 916/2016-III. Una vez precisado lo anterior, en atención a que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo vigente, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Héctor Stevenson Carrasco, en contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala y otra autoridad. Sin embargo, en la especie se actualiza el caso de excepción que refiere la propia jurisprudencia en cita, para que sea procedente el juicio de amparo, en virtud del tiempo excesivo que ha transcurrido y por el cual no se ha dado contestación a lo solicitado por el quejoso. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente en la demanda. Con base en lo anterior, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia, en el que deberán expresar la declaración precisa respecto de si es cierto o no el acto que se les reclama, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual deberán remitírseles copia de la demanda de amparo; en el entendido de que las autoridades responsables deberán acompañar copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias que apoyen su informe, apercibidas de que en caso de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, y para tal efecto, expídase oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), de la ley de la materia. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tienen como terceros interesados: a) Secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, b) Centro de Estudios Superiores de Comunicación Educativa de Tlaxcala y c) Directora de Estudios Superiores de Comunicación Educativa de Tlaxcala, con domicilio en Calle Zaragoza número tres, del Barrio Zaragoza del Municipio de Totolac, Tlaxcala. En virtud de lo anterior, se ordena emplazarlo mediante oficio, dado que tiene el carácter de autoridad, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b, de la Ley de Amparo; por ende, gírese el oficio correspondiente, con copia simple de la demanda de amparo, y del presente proveído, haciéndosele saber la fecha de la audiencia constitucional, así como el derecho que tiene de apersonarse a juicio si a su interés conviene. Téngase como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones, el que indica; y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos amplios a Javier Meneses Santacruz e Israel Ortega Mantilla, porque sí cuentan con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales; y en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, únicamente para el efecto de oír y recibir notificaciones, a los demás profesionistas que indica, ya que los mismos no cuentan con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales, tal y como consta de los acuses de los recibos que se agregan para tal efecto. Por otro lado, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como prueba la documental que acompañó a su escrito de cuenta, misma que se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionada nuevamente en la audiencia de ley.

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