Hector Valenzuela Robles

Expediente 276/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
276/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
28/05/2021

Partes del expediente

  • Secretaria de Movilidad del Estado de Oaxaca
  • Hector Valenzuela Robles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el treinta de abril del año en curso, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Visto, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 276/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, HÉCTOR VALENZUELA ROBLES, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, que hizo consistir en: la falta de contestación a su escrito de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, presentado ante la responsable en la misma fecha; que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 6º, 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Aplicación de criterios. Como cuestión previa, es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito continuará aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se opongan a alguna disposición vigente. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Director Jurídico de la Secretaría de Movilidad del Estado, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, ya que manifestó que después de haber realizado una búsqueda ante la Oficialía de Partes de esa Secretaría, no se encontró registro de haber recibido escrito de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, signado por el quejoso HÉCTOR VALENZUELA ROBLES, como lo demuestra con el memorándum SEMOVI/DJ/DCAA/883/2021, de fecha veintiséis de marzo del presente año, suscrito por la Secretaría Particular de esa dependencia. Circunstancia que se corrobora con la copia que acompañó la responsable, la cual tiene pleno valor probatorio conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2°, de ésta, de las que se desprende que, efectivamente no se localizó escrito alguno a nombre del inconforme. Ahora bien, es cierto que tratándose de actos negativos atribuidos a una autoridad, no es dable arrojar al impetrante la carga de la conducta omisiva de aquélla; no obstante, también acontece que en casos como el presente, en donde la conducta negativa de la autoridad requiere necesariamente de una solicitud del particular, corresponde a éste acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de aquélla, esto es, demostrar que formuló ante la autoridad responsable la solicitud correspondiente, o que ésta se negó a recibirla. En atención a lo anterior, debe decirse que correspondía al agraviado acreditar que elevó petición a la responsable, o que ésta se hubiera negado a recibirla, lo cual en la especie no demostró. En ese sentido, y dado que el quejoso HÉCTOR VALENZUELA ROBLES, no ofreció prueba alguna para desvirtuar la negativa de la responsable, en el caso, el acuse de recibo del escrito que manifiesta presentó ante ella el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del acto controvertido. Se invoca en lo conducente, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 366, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." Así como, por identidad jurídica sustancial, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materia Común, Sexta Época, consultable en la página treinta y nueve, del tomo CXXII, tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. ABSTENCIÓN DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIÓ LA SOLICITUD. Cuando el acto reclamado se hace consistir en un hecho positivo, la negativa de la autoridad sobre la existencia de tal hecho obliga al quejoso a desvirtuarla y en caso de que esto no suceda procederá estimar que no existió el acto reclamado y, en consecuencia, deberá sobreseerse en el juicio; en cambio, cuando se reclama un hecho negativo, a saber, una abstención, y las autoridades no obstante negar expresamente su existencia, admiten no haber llevado a cabo el acto cuya abstención se reclama, ello debe dar como resultado, no que se sobresea en el juicio por inexistencia de los actos reclamados, toda vez que la abstención existe, sino que se examine si no se presenta alguna otra causal de improcedencia y en caso contrario se entre al examen de los conceptos de violación y se concluya otorgando o negando el amparo, según se llegue a establecer que dicha abstención fue o no violatoria de garantías. Sin embargo, no existe esa hipótesis en los casos en que no se demuestra que se hubiera presentado a la autoridad el escrito por el que se solicitaba la resolución cuya abstención se reclama, toda vez que al no haberse probado la petición, no puede estimarse existente la abstención a responderla, debiéndose por ello sobreseer en el juicio". Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 276/2021, promovido por HÉCTOR VALENZUELA ROBLES. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de abril de dos mil veintiuno. Del estado de autos se advierte que se encuentra corriendo el término concedido a las partes en proveído de nueve de abril actual, por el cual se dio vista con el informe justificado rendido por la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, a fin de dar cumplimiento con lo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por la autoridad responsable, mediante el cual rinde su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con apoyo en el artículo 119 de la citada ley, se admite como prueba documental la que se anexa al informe de cuenta, misma que se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Con fundamento en el artículo 9 de la misma ley, se tienen como delegados a las personas indicadas en el oficio de cuenta. Asimismo, téngasele proporcionando el correo electrónico drrt.semovi@gmail.com, y el número telefónico 951 5016691, extensión 1303, para mantener el contacto respectivo en casos necesarios. NOTIFÍQUESE.

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