Hector Ulises Mena Hernández

Expediente 36/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 23 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
36/2016
Año
2016
Actuaciones
23
Última actuación
28/07/2017

Partes del expediente

  • Hector Ulises Mena Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que suscribe la Jefa del Centro de Atención al Público, Centro, Oaxaca, de Correos de México, con residencia en la Ciudad de Oaxaca; visto su contenido, dígasele que ya no requerimos el acuse de recibo 109873, toda vez que dicha pieza postal ya obra en autos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, los oficios que suscribe el encargado de la Coordinación General de Centros Federales en ausencia del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México; toda vez que el presente expediente se encuentra archivado. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Director de Área Adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual manifiesta que se encuentra imposibilitado para cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo al efecto, copia certificada del acta administrativa de egreso número 14/2017, de diez de enero del año en curso, del que se desprende, el quejoso HÉCTOR ULISES MENA HERNÁNDEZ obtuvo su libertad; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Ahora, toda vez que la concesión del amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable: ".1.- Deje insubsistente la orden de traslado contenida en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/21112/2015, de veintitrés de junio de dos mil quince, signado por la Coordinadora General de Centros Federales en suplencia del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en México, únicamente por lo que respecta al quejoso HÉCTOR ULISES MENA HERNÁNDEZ y; 2. Ordene el traslado del quejoso al Centro Federal de Readaptación Social número 5, "Oriente" en Villa Aldama, Veracruz, en el que se encontraba antes de la emisión del acto reclamado.." Ante esto, y conforme a lo manifestado por la autoridad responsable, en el sentido de que el directo quejoso obtuvo su libertad, se declara que existe imposibilidad real y jurídica para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Tiene aplicación en lo conducente, la tesis III/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XVII, Febrero de 2003, visible a página 216 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." En ese sentido, este órgano jurisdiccional declara que existe imposibilidad real y jurídica para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible de depuración; en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Por último y toda vez que el quejoso HÉCTOR ULISES MENA HERNÁNDEZ obtuvo su libertad, al haber compurgado la pena privativa de libertad que le fue impuesta, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, este proveído y las subsecuentes notificaciones que surjan en este juicio de amparo, aún las de carácter personal, hasta en tanto designe domicilio para ello. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de enero del año en curso, la autoridad responsable solicito un plazo de diez días a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo, el cual ya aconteció en exceso, sin que a la fecha haya informado respecto a ella; por tanto con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que quede notificada de este proveído, se sirva informar los trámites que ha realizado al respecto y remita las constancias relativas; en el entendido que de no hacerlo así, se le hará efectivo el medio de apremio con que fue conminada en auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, esto es, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto) al momento de su conducta contumaz, en términos del numeral 258 de la ley de la materia, y desde luego se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. NOTIFÍQUESE.

Quedan 19 actuaciones en este expediente

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