Héctor Servando Sierra Díaz
Expediente 1245/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 29 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1245/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 31/05/2018
Partes del expediente
- Héctor Servando Sierra Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio y anexos signados por el Director General Jurídico en cita, así como la cuenta que antecede, se aprecia que en auto de treinta de abril de dos mil dieciocho se concluyó que la responsable pagó en exceso al quejoso la cantidad de $* motivo por el cual se requirió al impetrante para que efectuara la devolución, sin que lo hubiera hecho; y que el veinticuatro de mayo de este año se requirió a la responsable para que informara si se realizó la devolución (fojas 167 a 171 y 176). En efecto, como se precisó en el auto de treinta de abril de dos mil dieciocho, mediante acuerdo de nueve de marzo de este año (foja 161), se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual remitió copia con firma original de la recepción del cheque 0000177 de la institución bancaria denominada Santander, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con motivo de la actualización fiscal de la cantidad erogada (fojas 158 a 160). En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con el referido libelo y documental para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este órgano jurisdiccional de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, lapso en el cual el quejoso efectuó manifestaciones (foja 165). Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procedió a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Resolución que por auto de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días la acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. Asimismo, el requerimiento precisado en el párrafo que antecede se hizo extensivo al Titular de la Secretaría en cita, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable citada (fojas 90 a 91). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar los entes aludidos para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el ordinal 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito; y B).- Devolverle al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $* respecto de la cantidad total de $*, por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", "INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "*", emitido por el Notario Público Uno con sede en Tepic, Nayarit, que se cubrió el doce de junio de dos mil diecisiete; cantidad que debía ser actualizada en términos de la ejecutoria de que se trata. Luego, mediante oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó que transfirió a la cuenta bancaria proporcionada por la parte quejosa el monto de $*, con motivo del cobro declarado inconstitucional, tal como lo acreditó con la impresión del reporte de transferencias SPEI que exhibió (fojas 106 a 107); además, por diverso líbelo recibido el ocho de marzo del año en curso (fojas 158 a 160), exhibió el diverso documento mercantil número *, de la institución bancaria Santander, valioso por la cantidad de $*, por concepto de actualización. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues se desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y se le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que el quejoso erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $*.Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto aludido, por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron expedidos el doce de junio de dos mil diecisiete (fojas 22 y 24), y la responsable transfirió a la cuenta proporcionada por el quejoso el nueve de octubre del año pasado, el monto de $26,401.68 (veintiséis mil cuatrocientos un pesos 68/100 moneda nacional); en tanto que, el quince de enero de este año, por cheque 0000177 devolvió al peticionario del amparo la cantidad de $1,116.44 (un mil ciento dieciséis pesos 44/100 moneda nacional), por concepto de actualización; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de junio a octubre de dos mil diecisiete. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de mayo a diciembre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de mayo de dos mil diecisiete fue de 126.091; y para el mes de septiembre de dicha anualidad de 127.912 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.01444. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $*; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $*. Así de las constancias que obran en autos se advierte que las responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devolvió al quejoso la cantidad de $* por concepto de la devolución de los derechos e impuestos materia del presente juicio y su actualización. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $*; sin embargo, éste reintegró la diversa de $*; de lo anterior se obtiene, que existe un excedente de $*. Derivado de lo anterior, mediante proveído de treinta de abril del presente año (fojas 167 a 171), este Órgano Jurisdiccional requirió a la parte quejosa para que regresara el citado excedente al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, sin que hubiera comunicado dicha circunstancia. Posteriormente, por acuerdo de veinticuatro de mayo de este año (foja 176), se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación de ese acuerdo, informara si la aquí quejosa devolvió a esa dependencia el monto aludido; quien en el ocurso de cuenta se limitó a referir que el siete de marzo de dos mil dieciocho el quejoso recogió el cheque 177. Sin embargo, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera a la agraviada la cantidad que solicitó y si ésta es mayor a la peticionada es responsabilidad de la autoridad; además, dicho ente debe de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio y anexos signados por el Director General Jurídico en cita, así como la cuenta que antecede, se aprecia que en auto de treinta de abril de dos mil dieciocho se concluyó que la responsable pagó en exceso al quejoso la cantidad de $* motivo por el cual se requirió al impetrante para que efectuara la devolución, sin que lo hubiera hecho; y que el veinticuatro de mayo de este año se requirió a la responsable para que informara si se realizó la devolución (fojas 167 a 171 y 176). En efecto, como se precisó en el auto de treinta de abril de dos mil dieciocho, mediante acuerdo de nueve de marzo de este año (foja 161), se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual remitió copia con firma original de la recepción del cheque 0000177 de la institución bancaria denominada Santander, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con motivo de la actualización fiscal de la cantidad erogada (fojas 158 a 160). En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con el referido libelo y documental para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este órgano jurisdiccional de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, lapso en el cual el quejoso efectuó manifestaciones (foja 165). Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procedió a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Resolución que por auto de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días la acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. Asimismo, el requerimiento precisado en el párrafo que antecede se hizo extensivo al Titular de la Secretaría en cita, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable citada (fojas 90 a 91). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar los entes aludidos para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el ordinal 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito; y B).- Devolverle al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $* respecto de la cantidad total de $*, por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", "INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "*", emitido por el Notario Público Uno con sede en Tepic, Nayarit, que se cubrió el doce de junio de dos mil diecisiete; cantidad que debía ser actualizada en términos de la ejecutoria de que se trata. Luego, mediante oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó que transfirió a la cuenta bancaria proporcionada por la parte quejosa el monto de $*, con motivo del cobro declarado inconstitucional, tal como lo acreditó con la impresión del reporte de transferencias SPEI que exhibió (fojas 106 a 107); además, por diverso líbelo recibido el ocho de marzo del año en curso (fojas 158 a 160), exhibió el diverso documento mercantil número *, de la institución bancaria Santander, valioso por la cantidad de $*, por concepto de actualización. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues se desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y se le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que el quejoso erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $*.Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto aludido, por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron expedidos el doce de junio de dos mil diecisiete (fojas 22 y 24), y la responsable transfirió a la cuenta proporcionada por el quejoso el nueve de octubre del año pasado, el monto de $26,401.68 (veintiséis mil cuatrocientos un pesos 68/100 moneda nacional); en tanto que, el quince de enero de este año, por cheque 0000177 devolvió al peticionario del amparo la cantidad de $1,116.44 (un mil ciento dieciséis pesos 44/100 moneda nacional), por concepto de actualización; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de junio a octubre de dos mil diecisiete. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de mayo a diciembre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de mayo de dos mil diecisiete fue de 126.091; y para el mes de septiembre de dicha anualidad de 127.912 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.01444. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $*; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $*. Así de las constancias que obran en autos se advierte que las responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devolvió al quejoso la cantidad de $* por concepto de la devolución de los derechos e impuestos materia del presente juicio y su actualización. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $*; sin embargo, éste reintegró la diversa de $*; de lo anterior se obtiene, que existe un excedente de $*. Derivado de lo anterior, mediante proveído de treinta de abril del presente año (fojas 167 a 171), este Órgano Jurisdiccional requirió a la parte quejosa para que regresara el citado excedente al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, sin que hubiera comunicado dicha circunstancia. Posteriormente, por acuerdo de veinticuatro de mayo de este año (foja 176), se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación de ese acuerdo, informara si la aquí quejosa devolvió a esa dependencia el monto aludido; quien en el ocurso de cuenta se limitó a referir que el siete de marzo de dos mil dieciocho el quejoso recogió el cheque 177. Sin embargo, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera a la agraviada la cantidad que solicitó y si ésta es mayor a la peticionada es responsabilidad de la autoridad; además, dicho ente debe de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
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TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de treinta de abril del año en curso (fojas 167 a 171), se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación de ese acuerdo, acudiera a las oficinas del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a fin de que devolviera la cantidad que le fue entregada en exceso en el cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio de amparo. Ahora, en virtud de que a la fecha en que se actúa no se ha tenido conocimiento si la parte agraviada acudió a dicha institución a devolver lo indicado en el párrafo que antecede; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Recaudador de Rentas aludido, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, informe al respecto. Apercibido que de no hacerlo con causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo), de conformidad con el dispositivo 258 de la Ley de Amparo.
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TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.********************Vista la cuenta que antecede, se aprecia que mediante acuerdo de nueve de marzo de este año (foja 161), se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual remitió copia con firma original de la recepción del cheque 0000177 de la institución bancaria denominada Santander, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con motivo de la actualización fiscal de la cantidad erogada (fojas 158 a 160).****************************************En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con el referido libelo y documental para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este órgano jurisdiccional de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, lapso en el cual el quejoso efectuó manifestaciones (foja 165). ****************************************Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. ****************************************Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:********************"EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."**************************************** En ese sentido, mediante sentencia dictada en el presente sumario el dieciocho de julio de dos mil diecisiete (fojas 66 a 80), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Héctor Servando Sierra Díaz, por lo que se determinó que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones debían:****************************************"(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito.********************(.)********************2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad total de $26,961.64 (veintiséis mil novecientos sesenta y un pesos con sesenta y cuatro centavos), por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", "INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "35,949", emitido por el Notario Público Uno con sede en Tepic, Nayarit, que se cubrió el doce de junio de dos mil diecisiete.********************(.)********************3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.(.)"****************************************Resolución que por auto de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días la acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento.****************************************Asimismo, el requerimiento precisado en el párrafo que antecede se hizo extensivo al Titular de la Secretaría en cita, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable citada (fojas 90 a 91). ****************************************De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar los entes aludidos para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes:****************************************A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el ordinal 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito; y****************************************B).- Devolverle al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad total de $26,961.64 (veintiséis mil novecientos sesenta y un pesos con sesenta y cuatro centavos), por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", "INSCRIP. PRÉSTAMO HIPOTECARIO", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "35,949", emitido por el Notario Público Uno con sede en Tepic, Nayarit, que se cubrió el doce de junio de dos mil diecisiete; cantidad que debía ser actualizada en términos de la ejecutoria de que se trata.****************************************Luego, mediante oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó que transfirió a la cuenta bancaria proporcionada por la parte quejosa el monto de $26,401.68 (veintiséis mil cuatrocientos un pesos 68/100 moneda nacional), con motivo del cobro declarado inconstitucional, tal como lo acreditó con la impresión del reporte de transferencias SPEI que exhibió (fojas 106 a 107); además, por diverso líbelo recibido el ocho de marzo del año en curso (fojas 158 a 160), exhibió el diverso documento mercantil número 0000177, de la institución bancaria Santander, valioso por la cantidad de $1,116.44 (un mil ciento dieciséis pesos 44/100 moneda nacional), por concepto de actualización.****************************************Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues se desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y se le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente.****************************************Lo anterior es así, dado que el quejoso erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $26,681.64 (veintiséis mil seiscientos ochenta y un pesos 64/100 moneda nacional).****************************************Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto aludido, por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta.****************************************Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. ****************************************En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron expedidos el doce de junio de dos mil diecisiete (fojas 22 y 24), y la responsable transfirió a la cuenta proporcionada por el quejoso el nueve de octubre del año pasado, el monto de $26,401.68 (veintiséis mil cuatrocientos un pesos 68/100 moneda nacional); en tanto que, el quince de enero de este año, por cheque 0000177 devolvió al peticionario del amparo la cantidad de $1,116.44 (un mil ciento dieciséis pesos 44/100 moneda nacional), por concepto de actualización; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de junio a octubre de dos mil diecisiete. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de mayo a diciembre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida.****************************************Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de mayo de dos mil diecisiete fue de 126.091; y para el mes de septiembre de dicha anualidad de 127.912 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.01444.****************************************En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $27,066.92 (veintisiete mil sesenta y seis pesos 92/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $385.28 (trescientos ochenta y cinco pesos 28/100 moneda nacional). ****************************************Así de las constancias que obran en autos se advierte que las responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devolvió al quejoso la cantidad de $27,518.12 (veintisiete mil quinientos dieciocho pesos 12/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los derechos e impuestos materia del presente juicio y su actualización.**************************************** No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $27,066.92 (veintisiete mil sesenta y seis pesos 92/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $27,518.12 (veintisiete mil quinientos dieciocho pesos 12/100 moneda nacional); de lo anterior se obtiene, que existe un excedente de $451.20 (cuatrocientos cincuenta y un pesos 20/100 moneda nacional). ****************************************Por tanto, se advierte que la ejecutoria en análisis no se encuentra cumplida en sus términos, lo que pone en evidencia un exceso pagado en favor de la parte quejosa.****************************************En consecuencia, en términos del numeral 192 de la ley de la materia, en relación con el dispositivo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días: (1) devuelva al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, la cantidad de $451.20 (cuatrocientos cincuenta y un pesos 20/100 moneda nacional), la cual le fue entregada en exceso en cumplimiento de la ejecutoria de este juicio, supuesto en el que deberá allegar a esta instancia constitucional las constancias que así lo acrediten; o, (2) exhiba en dicho plazo, cheque con póliza en favor de tal entidad, por el monto citado.****************************************Lo requerido bajo el apercibimiento que, de no hacerlo con causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a TRES DÍAS de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México en términos del artículo 259 con relación en el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo.****************************************En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis.****************************************No es óbice a lo anterior, que por escrito presentado en este Juzgado Federal el catorce de marzo de este año (foja 165), el promovente del amparo, entre otras cosas, haya solicitado se declarara cumplida la ejecutoria de mérito, pues contrario a lo que solicitó la misma aún no se ha acatado en sus términos como se precisó en párrafos que anteceden.
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