Héctor Saúl Godoy Ordoñez

Expediente 92/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 23 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
92/2018
Año
2018
Actuaciones
23
Última actuación
27/05/2019

Partes del expediente

  • Héctor Saúl Godoy Ordoñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 133 a 135), este juzgado se pronunció respecto al cumplimiento efectuado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, por lo que se le requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente devolviera al Recaudador de Rentas de la citada Secretaría la cantidad de $7,287.59 pesos, pagado en exceso a su favor; en atención a lo anterior, mediante oficio recibido el siete de febrero de dos mil diecinueve, la delegada del Recaudador de Rentas comunicó que la parte quejosa no había realizado la devolución respectiva (foja 147); con lo anterior, por proveído de ocho del citado mes y año, se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara dentro de los tres días siguientes a su notificación, el cumplimiento que al fallo protector hicieron las responsables, con el apercibimiento respectivo (foja 149). Por tanto, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia terminada de engrosar en el presente sumario constitucional, el catorce de junio de dos mil dieciocho (fojas 73 a 107), se determinó por una parte sobreseer y por la otra conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: "[.] 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a Héctor Saúl Godoy Ordoñez, en el presente ni en el futuro, el mencionado precepto legal, hasta en tanto no se modifique. (.) 2. Asimismo, para que se devuelva al quejoso única y exclusivamente: a) El remanente que resulte de la cantidad de doscientos ochenta pesos, de la cantidad pagadas por la inscripción de la trasmisión de la propiedad inmueble; y, b) El remanente que resulte de la cantidad de doscientos ochenta pesos de la cantidad pagada por la inscripción del préstamo hipotecario; con motivo de la inscripción de la escritura pública quince mil doscientos sesenta y dos, Tomo Quincuagésimo Séptimo, Libro Diez, levantada ante la fe de la Notaria Cinco, registrados por el Director General de Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio de ese estado, como consta al reverso de la última hoja de la referida escritura, respectivamente: a) en el Libro 3013, sección I, serie A, partida 01; y, b) Libro 1905, sección II, serie A, partida 08, pues al resultar contrario a la Constitución General de la República, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, es inválido en el aspecto destacado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se autoaplicó el quejoso". De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen al peticionario de garantías en el presente y en el futuro el mencionado precepto legal; y B) Devolverle el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de cada una de las cantidades de $7,890.00 pesos, por los conceptos de inscripción de documento público y $3,945.00 pesos, concerniente a la inscripción de préstamo hipotecario. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el siete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 127 a 128), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, por conducto del Director General Jurídico de la citada Secretaría, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia de la transferencia bancaria de tres de agosto de la anualidad citada, a nombre de Héctor Saúl Godoy Ordóñez (aquí quejoso) y del que se advierte que devolvió la cantidad de $18,750.20 pesos, que pagó a la parte promovente del amparo, por concepto de devolución de pago de lo indebido. Por lo que, por proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 133 a 135), se analizó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria en análisis y se determinó que ésta no se encontraba cabalmente cumplida, toda vez que se advirtió un exceso pagado a favor de la parte quejosa de $7,287.59 pesos, por las razones expuestas en dicho auto, por lo que este órgano jurisdiccional requirió a la parte agraviada a realizar la devolución del citado excedente a dicha autoridad responsable, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera al promovente del amparo la cantidad que solicitó, con su respectiva actualización. Siendo que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Adminstración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, a través de su delegada, por oficio recibido el siete de febrero de dos mil diecinueve (foja 147), comunicó que la parte quejosa aún no había realizado la devolución respectiva a la cuenta de la citada Secretaría; a lo anterior, se dio vista a la parte quejosa en atención al cumplimiento realizado al fallo protector, sin que nada hubiese manifestado al respecto dentro del término de los tres días que le fun concedido. Así de las constancias que obran en autos se advierte que las responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, la delegada del Recaudador de Rentas responsable, restituyó a la parte quejosa la cantidad de 11,462.61 pesos, por concepto de la devolución de los derechos e impuestos materia del presente juicio y su actualización. Sin embargo, como se ha dicho en párrafos precedentes, si bien las responsables debían de devolver al quejoso la cantidad de previa cita ($11,462.61 pesos); cierto es que se reintegró la diversa de $18,750.20 pesos, es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $7,287.59 pesos; empero, lo anterior, no tiene relevancia para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera al peticionario de garantías la cantidad que solicitó y si está es mayor a la peticionada es responsabilidad de las autoridades responsables; además, dichos entes deben de agotar los medios necesarios para gestionar la devolución. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo por un lado se sobreseyó y, por el otro, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 133 a 135), este juzgado se pronunció respecto al cumplimiento efectuado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, por lo que se le requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente devolviera al Recaudador de Rentas de la citada Secretaría la cantidad de $7,287.59 pesos, pagado en exceso a su favor; en atención a lo anterior, mediante oficio recibido el siete de febrero de dos mil diecinueve, la delegada del Recaudador de Rentas comunicó que la parte quejosa no había realizado la devolución respectiva (foja 147); con lo anterior, por proveído de ocho del citado mes y año, se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara dentro de los tres días siguientes a su notificación, el cumplimiento que al fallo protector hicieron las responsables, con el apercibimiento respectivo (foja 149). Por tanto, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia terminada de engrosar en el presente sumario constitucional, el catorce de junio de dos mil dieciocho (fojas 73 a 107), se determinó por una parte sobreseer y por la otra conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: "[.] 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a Héctor Saúl Godoy Ordoñez, en el presente ni en el futuro, el mencionado precepto legal, hasta en tanto no se modifique. (.) 2. Asimismo, para que se devuelva al quejoso única y exclusivamente: a) El remanente que resulte de la cantidad de doscientos ochenta pesos, de la cantidad pagadas por la inscripción de la trasmisión de la propiedad inmueble; y, b) El remanente que resulte de la cantidad de doscientos ochenta pesos de la cantidad pagada por la inscripción del préstamo hipotecario; con motivo de la inscripción de la escritura pública quince mil doscientos sesenta y dos, Tomo Quincuagésimo Séptimo, Libro Diez, levantada ante la fe de la Notaria Cinco, registrados por el Director General de Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio de ese estado, como consta al reverso de la última hoja de la referida escritura, respectivamente: a) en el Libro 3013, sección I, serie A, partida 01; y, b) Libro 1905, sección II, serie A, partida 08, pues al resultar contrario a la Constitución General de la República, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, es inválido en el aspecto destacado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se autoaplicó el quejoso". De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen al peticionario de garantías en el presente y en el futuro el mencionado precepto legal; y B) Devolverle el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de cada una de las cantidades de $7,890.00 pesos, por los conceptos de inscripción de documento público y $3,945.00 pesos, concerniente a la inscripción de préstamo hipotecario. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el siete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 127 a 128), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, por conducto del Director General Jurídico de la citada Secretaría, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia de la transferencia bancaria de tres de agosto de la anualidad citada, a nombre de Héctor Saúl Godoy Ordóñez (aquí quejoso) y del que se advierte que devolvió la cantidad de $18,750.20 pesos, que pagó a la parte promovente del amparo, por concepto de devolución de pago de lo indebido. Por lo que, por proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 133 a 135), se analizó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria en análisis y se determinó que ésta no se encontraba cabalmente cumplida, toda vez que se advirtió un exceso pagado a favor de la parte quejosa de $7,287.59 pesos, por las razones expuestas en dicho auto, por lo que este órgano jurisdiccional requirió a la parte agraviada a realizar la devolución del citado excedente a dicha autoridad responsable, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera al promovente del amparo la cantidad que solicitó, con su respectiva actualización. Siendo que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Adminstración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, a través de su delegada, por oficio recibido el siete de febrero de dos mil diecinueve (foja 147), comunicó que la parte quejosa aún no había realizado la devolución respectiva a la cuenta de la citada Secretaría; a lo anterior, se dio vista a la parte quejosa en atención al cumplimiento realizado al fallo protector, sin que nada hubiese manifestado al respecto dentro del término de los tres días que le fun concedido. Así de las constancias que obran en autos se advierte que las responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, la delegada del Recaudador de Rentas responsable, restituyó a la parte quejosa la cantidad de 11,462.61 pesos, por concepto de la devolución de los derechos e impuestos materia del presente juicio y su actualización. Sin embargo, como se ha dicho en párrafos precedentes, si bien las responsables debían de devolver al quejoso la cantidad de previa cita ($11,462.61 pesos); cierto es que se reintegró la diversa de $18,750.20 pesos, es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $7,287.59 pesos; empero, lo anterior, no tiene relevancia para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera al peticionario de garantías la cantidad que solicitó y si está es mayor a la peticionada es responsabilidad de las autoridades responsables; además, dichos entes deben de agotar los medios necesarios para gestionar la devolución. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo por un lado se sobreseyó y, por el otro, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta suscrito por la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que la parte quejosa **********, no se ha presentado a realizar la devolución del excedente de la cantidad condenada por concepto de actualización depositada por la autoridad responsable mediante transferencia electrónica de tres de agosto de dos mil dieciocho (foja 128). En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, dése vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con el cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta suscrito por la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que la parte quejosa **********, no se ha presentado a realizar la devolución del excedente de la cantidad condenada por concepto de actualización depositada por la autoridad responsable mediante transferencia electrónica de tres de agosto de dos mil dieciocho (foja 128). En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, dése vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con el cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector.

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