Héctor Rojas López
Expediente 70/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 70/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Héctor Rojas López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de marzo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.
- Principal
I. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN AVISO DE FECHA VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE VEINTITRES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. AGREGA ESCRITO. Agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso Héctor Rojas López, por medio del cual se le tiene desahogando la prevención formulada en auto de once de febrero de dos mil veintidós, por lo cual manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los hechos narrados en su demanda inicial son ciertos. ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: "5. ACTO RECLAMADO QUE SE LE ATRIBUYE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE: ÚNICO: el auto de fecha 21 de enero del año 2022 del expediente 271/2014, JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN, el cual causo estado el 31 de enero del año 2022, solicite que se me revise la factura número 5817 de fecha 20 de agosto del año 2021 a nombre de HÉCTOR ROJAS LÓPEZ, expedida por CENTROS ÓPTICOS LUTXOR, de la ciudad de Lázaro Cárdenas Michoacán, donde se hicieron gastos personales que cubrir con mis propios recursos económicos para la compra de lente graduados por la cantidad de $ 3189.66 ( tres mil ciento ochenta y nueve pesos con sesenta y seis centavos), lente que se compraron por el desgaste natural de la vista de mi concubina María Yesenia Ramos Gómez, a lo cual exhibí factura de compra. me niegan el escrito de cuenta donde Solicite al juzgado primero civil para que se me tomara en cuenta, antes de remitirlo a la empresa ARCELOR MITTAL MEXICO S.A de C.V, división largos, ya que me ha hecho descuentos indebidos, acerca de los descuentos que realiza sobre la resolución emitida por este juzgado, sobre la pensión Alimenticia, a favor de mi hijo. H. A. R. B.." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, previamente a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Para mayor claridad se reproduce el contenido textual de los artículos en cita: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". De lo anterior, se desprende que la procedencia del amparo indirecto cuando se trata de actos de ejecución de sentencia o laudo, sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Cabe precisar que esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador con el objeto de evitar los abusos del juicio de amparo, retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Por ello se limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Ahora bien, como se indica, el procedimiento de ejecución de sentencia inicia después de que ésta causa ejecutoria y culmina con la emisión del auto que reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o bien, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo que constituye la última resolución dictada en esa etapa y será hasta entonces cuando la solicitante del amparo se encuentre en condiciones de reclamar por medio de la presente vía, todos aquellos actos cometidos durante el desarrollo de ese procedimiento que considere lesivos a sus garantías individuales. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de rubro: Tesis: P./J. 32/2001 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 190035 27 de 40 Pleno Tomo XIII, Abril de 2001 Pag. 31 Jurisprudencia(Común) "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA". Asimismo, es de indicarse que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de laudos, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia o laudo, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado o laudado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Cobra sustento a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia del rubro siguiente: Tesis: P./J. 108/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 163152 11 de 13 Pleno Tomo XXXIII, Enero de 2011 Pag. 6 Jurisprudencia(Común) "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". De lo asentado, se obtiene que toda resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, si no tiene la característica de última determinación, no puede ser combatida a través del juicio constitucional, pues en este caso, la intención del legislador al no incluir otras resoluciones en la regulación de referencia, reclamables en amparo indirecto, fue para que no se obstaculizara el cumplimiento de las sentencias, por ser de interés público conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, sin que la promoción de múltiples amparos impida su ejecución, siendo hasta que se dicte la última resolución en el fase ejecutiva, cuando la parte quejosa estará en aptitud de ejercer la acción constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: Tesis: VII.3º.C. J/4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 183937 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XVIII, Julio de 2003 Pag. 804 Jurisprudencia(Común) "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS CON POSTERIORIDAD A LA EMISIÓN DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA". De igual manera, como lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: Registro digital: 2024100 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materia(s): Común Tesis: I.11o.C. J/7 K (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que por sentencia de treinta de mayo de dos mil catorce, se condenó al quejoso al pago de alimentos del 30% del total de ingreso mensual que percibe, en favor de su hijo de iniciales H.A.R.B, descuento que le realiza la empresa ARCEROL MITTAL MEXICO S.A de C.V. División Largos, por lo cual, es inconcuso que el juicio de origen se encuentra en estado de ejecución, manifestaciones que realizo bajo protesta de decir verdad, mismas que pueden ser estimadas como ciertas, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describe; lo anterior, como lo sustenta la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pag. 2613 Tesis Aislada(Común) "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA". Por lo que el acto que pretende reclamar la parte quejosa no se encuentra en los supuestos que se señalan en párrafos que anteceden, para que proceda el juicio de amparo indirecto, contra actos después de sentencia. Expuesto lo anterior, es manifiesto que el acto que se combate en la presente instancia constitucional no constituye la 'última resolución' dictada en la fase de ejecución de sentencia, a que se refiere el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Aunado a que dicho acto reclamado no es de imposible reparación, por lo que podrá acudir al amparo indirecto cuando se trate de un acto autónomo de la propia ejecución, siempre y cuando la respectiva determinación le afecte de manera directa e inmediata, de no ser así, podrá combatir las violaciones que estime se conculcaron respecto de su persona, hasta en tanto se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del rubro, siguiente: Tesis: 612 Apéndice de 2011 Quinta Época 1002678 1 de 2 Tercera Sala Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto Pag. 678 Jurisprudencia(Común) "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE". Además, de que se perjudicarían los intereses del menor de iniciales H.A.R.B, toda vez que se le suspenderían prestaciones que ya se le han sido asignadas, por lo que atendiendo el superior del menor se pondría en riesgo el derecho que tiene el menor a los alimentos. Lo anterior es así, ya que nuestra Constitución Federal, sustenta que la obligación del Estado es la de salvaguardar el interés superior de la niñez, que conmina a las autoridades a asegurar el ejercicio pleno de los derechos de los menores, al tratarse de un mandato constitucional que implica un derecho humano reconocido, también, en la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por nuestro país. En efecto, en lo conducente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia". Artículo 4°.. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados". Del mismo modo, el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por nuestro país, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, dispone: "Artículo 3° 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3 Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada". En tanto la Ley para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, reglamentaria del párrafo sexto del artículo 4° Constitucional, se prevé: "Artículo 1. La presente ley se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana y tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de su competencia, podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley. Artículo 2. Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos (sic), y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos. Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes: A. El del interés superior de la infancia. . Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 5. La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, procurarán implementar los mecanismos necesarios para impulsar una cultura de protección de los derechos de la infancia, basada en el contenido de la Convención Sobre los Derechos del Niño y tratados que sobre el tema apruebe el Senado de la República. Artículo 7. Corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, y demás ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos." En esas condiciones, se considera que lo aquí reclamado no constituye la última resolución a que se refiere la fracción IV, párrafo segundo, del artículo 107 de la Ley de Amparo; de ahí que, para instar el juicio de amparo se debe esperar a que se emita la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que la hubieren dejado sin defensa. En consecuencia, dado que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, este último en sentido contrario, así como el precepto 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda en estudio. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. AGREGA ESCRITO. Agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso Héctor Rojas López, por medio del cual se le tiene desahogando la prevención formulada en auto de once de febrero de dos mil veintidós, por lo cual manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los hechos narrados en su demanda inicial son ciertos. ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: "5. ACTO RECLAMADO QUE SE LE ATRIBUYE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE: ÚNICO: el auto de fecha 21 de enero del año 2022 del expediente 271/2014, JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN, el cual causo estado el 31 de enero del año 2022, solicite que se me revise la factura número 5817 de fecha 20 de agosto del año 2021 a nombre de HÉCTOR ROJAS LÓPEZ, expedida por CENTROS ÓPTICOS LUTXOR, de la ciudad de Lázaro Cárdenas Michoacán, donde se hicieron gastos personales que cubrir con mis propios recursos económicos para la compra de lente graduados por la cantidad de $ 3189.66 ( tres mil ciento ochenta y nueve pesos con sesenta y seis centavos), lente que se compraron por el desgaste natural de la vista de mi concubina María Yesenia Ramos Gómez, a lo cual exhibí factura de compra. me niegan el escrito de cuenta donde Solicite al juzgado primero civil para que se me tomara en cuenta, antes de remitirlo a la empresa ARCELOR MITTAL MEXICO S.A de C.V, división largos, ya que me ha hecho descuentos indebidos, acerca de los descuentos que realiza sobre la resolución emitida por este juzgado, sobre la pensión Alimenticia, a favor de mi hijo. H. A. R. B.." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, previamente a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Para mayor claridad se reproduce el contenido textual de los artículos en cita: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". De lo anterior, se desprende que la procedencia del amparo indirecto cuando se trata de actos de ejecución de sentencia o laudo, sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Cabe precisar que esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador con el objeto de evitar los abusos del juicio de amparo, retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Por ello se limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Ahora bien, como se indica, el procedimiento de ejecución de sentencia inicia después de que ésta causa ejecutoria y culmina con la emisión del auto que reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o bien, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo que constituye la última resolución dictada en esa etapa y será hasta entonces cuando la solicitante del amparo se encuentre en condiciones de reclamar por medio de la presente vía, todos aquellos actos cometidos durante el desarrollo de ese procedimiento que considere lesivos a sus garantías individuales. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de rubro: Tesis: P./J. 32/2001 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 190035 27 de 40 Pleno Tomo XIII, Abril de 2001 Pag. 31 Jurisprudencia(Común) "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA". Asimismo, es de indicarse que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de laudos, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia o laudo, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado o laudado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Cobra sustento a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia del rubro siguiente: Tesis: P./J. 108/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 163152 11 de 13 Pleno Tomo XXXIII, Enero de 2011 Pag. 6 Jurisprudencia(Común) "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". De lo asentado, se obtiene que toda resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, si no tiene la característica de última determinación, no puede ser combatida a través del juicio constitucional, pues en este caso, la intención del legislador al no incluir otras resoluciones en la regulación de referencia, reclamables en amparo indirecto, fue para que no se obstaculizara el cumplimiento de las sentencias, por ser de interés público conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, sin que la promoción de múltiples amparos impida su ejecución, siendo hasta que se dicte la última resolución en el fase ejecutiva, cuando la parte quejosa estará en aptitud de ejercer la acción constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: Tesis: VII.3º.C. J/4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 183937 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XVIII, Julio de 2003 Pag. 804 Jurisprudencia(Común) "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS CON POSTERIORIDAD A LA EMISIÓN DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA". De igual manera, como lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: Registro digital: 2024100 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materia(s): Común Tesis: I.11o.C. J/7 K (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que por sentencia de treinta de mayo de dos mil catorce, se condenó al quejoso al pago de alimentos del 30% del total de ingreso mensual que percibe, en favor de su hijo de iniciales H.A.R.B, descuento que le realiza la empresa ARCEROL MITTAL MEXICO S.A de C.V. División Largos, por lo cual, es inconcuso que el juicio de origen se encuentra en estado de ejecución, manifestaciones que realizo bajo protesta de decir verdad, mismas que pueden ser estimadas como ciertas, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describe; lo anterior, como lo sustenta la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pag. 2613 Tesis Aislada(Común) "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA". Por lo que el acto que pretende reclamar la parte quejosa no se encuentra en los supuestos que se señalan en párrafos que anteceden, para que proceda el juicio de amparo indirecto, contra actos después de sentencia. Expuesto lo anterior, es manifiesto que el acto que se combate en la presente instancia constitucional no constituye la 'última resolución' dictada en la fase de ejecución de sentencia, a que se refiere el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Aunado a que dicho acto reclamado no es de imposible reparación, por lo que podrá acudir al amparo indirecto cuando se trate de un acto autónomo de la propia ejecución, siempre y cuando la respectiva determinación le afecte de manera directa e inmediata, de no ser así, podrá combatir las violaciones que estime se conculcaron respecto de su persona, hasta en tanto se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del rubro, siguiente: Tesis: 612 Apéndice de 2011 Quinta Época 1002678 1 de 2 Tercera Sala Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto Pag. 678 Jurisprudencia(Común) "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE". Además, de que se perjudicarían los intereses del menor de iniciales H.A.R.B, toda vez que se le suspenderían prestaciones que ya se le han sido asignadas, por lo que atendiendo el superior del menor se pondría en riesgo el derecho que tiene el menor a los alimentos. Lo anterior es así, ya que nuestra Constitución Federal, sustenta que la obligación del Estado es la de salvaguardar el interés superior de la niñez, que conmina a las autoridades a asegurar el ejercicio pleno de los derechos de los menores, al tratarse de un mandato constitucional que implica un derecho humano reconocido, también, en la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por nuestro país. En efecto, en lo conducente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia". Artículo 4°.. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados". Del mismo modo, el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por nuestro país, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, dispone: "Artículo 3° 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3 Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada". En tanto la Ley para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, reglamentaria del párrafo sexto del artículo 4° Constitucional, se prevé: "Artículo 1. La presente ley se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana y tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de su competencia, podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley. Artículo 2. Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos (sic), y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos. Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes: A. El del interés superior de la infancia. . Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 5. La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, procurarán implementar los mecanismos necesarios para impulsar una cultura de protección de los derechos de la infancia, basada en el contenido de la Convención Sobre los Derechos del Niño y tratados que sobre el tema apruebe el Senado de la República. Artículo 7. Corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, y demás ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos." En esas condiciones, se considera que lo aquí reclamado no constituye la última resolución a que se refiere la fracción IV, párrafo segundo, del artículo 107 de la Ley de Amparo; de ahí que, para instar el juicio de amparo se debe esperar a que se emita la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que la hubieren dejado sin defensa. En consecuencia, dado que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, este último en sentido contrario, así como el precepto 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda en estudio. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de febrero de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Héctor Rojas López, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en IVAN PEREZ RIVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.bf 27/05/23 12:51:40 cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 70/2022-VI; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asuntos, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 921 del Acuerdo mencionado En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PREVENCIÓN. A fin de acordar lo procedente respecto de la admisión o desechamiento del libelo constitucional, con 1 Artículo 92. No formaran parte del expediente electrónico y , por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponde a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial. IVAN PEREZ RIVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.bf 27/05/23 12:51:40 ??????????????? fundamento en el artículo 114, en relación con el precepto 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE a la promovente para que dentro de CINCO DÍAS, computados legalmente y tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II.." Por escrito y con las copias suficientes de éste para correr traslado a las partes, en su caso, realice la aclaración de su demanda respecto de lo siguiente: - Al no advertirse que los hechos y abstenciones que le constan y constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, el promovente los manifieste "bajo protesta de decir verdad"; requisito indispensable de acuerdo con el prescrito artículo 108, fracción V; consecuentemente, prevéngasele para que subsane tal omisión. En lo conducente, sirve de orientación la tesis de jurisprudencia Tesis: P./J. 127/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192843 1 de 1 Pleno Tomo X, Noviembre de 1999 Pag. 32 Jurisprudencia (Común) PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN IVAN PEREZ RIVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.bf 27/05/23 12:51:40 PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas. En el entendido que la prevención decretada sólo podrá cumplirla el propio promovente y no los autorizados, aun cuando éstos lo fueran en términos amplios, debido a que la prevención entraña expresiones bajo protesta de decir verdad, lo cual tiene implicaciones personales, para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al promovente, que en caso de no dar cumplimiento a lo prevenido, se procederá en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la calle Jardines de la Loma, número 135, colonia Jardines de la Loma, de esta ciudad. IVAN PEREZ RIVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.bf 27/05/23 12:51:40 ??????????????? AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley que rige el juicio constitucional a Bolívar Sánchez Arreola, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y únicamente para efectos de imponerse de los autos a Jesús Indalecio Álvarez Guzmán, toda vez que así lo solicita el quejoso. Resulta aplicable a lo anterior, la siguiente tesis: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada (Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, IVAN PEREZ RIVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.bf 27/05/23 12:51:40 así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa e la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. IVAN PEREZ RIVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.bf 27/05/23 12:51:40 ??????????????? La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala IVAN PEREZ RIVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.bf 27/05/23 12:51:40 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que estas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accedan al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. IVAN PEREZ RIVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.bf 27/05/23 12:51:40 ??????????????? HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que una vez que se normalicen las labores en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que IVAN PEREZ RIVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.bf 27/05/23 12:51:40 aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad IVAN PEREZ RIVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.bf 27/05/23 12:51:40 ??????????????? entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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