Hector Regalado López

Expediente 366/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
366/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
06/08/2018

Partes del expediente

  • Hector Regalado López

Actuaciones

  1. Principal

    III. Uruapan, Michoacán, a seis de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación precisada en el inciso a) de la cuenta que antecede, así como el estado de autos, de los que se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que el promovente hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, donde se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó de plano la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. Finalmente, en términos del punto décimo primero, párrafo tercero, capítulo tercero, del referido Acuerdo General, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días hábiles, computados legalmente, comparezca ante este juzgado, con identificación oficial vigente, en día y hora hábiles de labores, a efecto de recoger las documentales que en original fueron exhibidas con la demanda de garantías, en el entendido que de no hacerlo en el plazo indicado, serán destruidas junto con el expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE; personalmente al quejoso...

  2. Principal

    III. Téngase a Héctor Regalado López, por su propio derecho, promoviendo demanda de amparo contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Michoacán, con sede en Morelia y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 366/2018-III. Apreciado íntegramente el escrito de demanda y los anexos que lo acompañan, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Lo anterior, en razón de que se configura la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, Fracción I y 5, fracción II, de la ley de la materia, mismos que en orden jerárquico, al efecto estatuyen: "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: ".II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". En ese sentido, se advierte que el quejoso señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: ORDENADORAS 1. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Michoacán. 2. Lic. Mario Everardo Ruiz Morell, en cuanto Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Michoacán. 3. Subcomité de Medicina del Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Michoacán. 4. Dra. Nallely Lizbeth Vargas Zárate, en cuanto Coordinadora de Medicina del Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Michoacán. 5. Lic. Miguel Ángel Saavedra Escobedo, en cuanto Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Michoacán. 6. Leticia López Ortega, en cuanto Apoyo Administrativo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Michoacán. Todos residentes en Morelia, Michoacán. ACTOS RECLAMADOS: ". La arbitraria determinación de IMPROCEDENCIA DEL RIESGO DE TRABAJO EN PERJUICIO DEL SUSCRITO, HÉCTOR REGALADO LÓPEZ, carente de fundamento, motivación y congruencia por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, Delegación Michoacán, violando con ello flagrantemente mis garantías, consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 123 apartado B fracción XI de la constitución política de los estados unidos mexicanos, al privarme de mi derecho se seguridad social sin que exista un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento." "La de declaración de extemporaneidad de la SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DE RIEZGO DE TRABAJO presentada por el suscrito basándose únicamente en la fecha de expedición del formato RT-01, documento atribuible a la dependencia a la cual pertenezco y no al suscrito quejoso, sin entrar al estudio del expediente administrativo en donde obra un documento en que el mismo instituto me concede un plazo adicional para la presentación de dicho formato, Violando con ello en mi agravio la garantía constitucional del debido proceso, y al ser una determinación administrativa que no admite recurso ordinario alguno, vulnera también mi garantía de audiencia consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "La violación flagrante de mi garantía de Seguridad Social, consagradas en el artículo 123 apartado B fracción XI, de la constitución política de los estados unidos mexicanos, al liberar de toda la responsabilidad a la dependencia a la pertenezco, POLICIA FEDERAL, por un documento suscrito por ella misma, negándome de forma rotunda, tajante y sin motivación ni fundamentación alguna el derecho a que se me califique el riesgo de trabajo y así se determínela gravedad de mi lesión e incapacidad física y se me concedan los beneficios otorgados por la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 472 al 503 en correlación con el 110 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado "B" del Artículo 123 Constitucional." EJECUTORAS: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Michoacán. Con sede en Morelia, Michoacán. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Con residencia en la Ciudad de México. "El cumplimiento que pretende hacerse de dicha resolución, es decir del acto reclamado." La ejecución, consistente en liberar de toda responsabilidad por el riesgo de trabajo que sufrí, a la Dependencia en la cual laboro y a la cual pertenezco POLICIA FEDERAL, por un documento suscrito por esa Institución y que por lo tanto toda responsabilidad es atribuible a ella, vulnerando tremendamente mi esfera jurídica." No reconocimiento del riesgo de trabajo por falta de calificación de este y con ello privarme de todos los beneficios que por Derecho me corresponden." Ahora, previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, es necesario precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, también procede excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supraordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por su parte, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, lo cual implica la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 164/2011 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 161133 1 de 2 Segunda Sala Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Pag. 1089 Jurisprudencia (Común) AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Además de lo anterior, con relación a lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar que tal calidad no únicamente le asiste a los entes que dentro de sus facultades se encuentra la del imperio, es decir, de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquellas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular y de una manera imperativa. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio siguiente: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 237026 1 de 1 Primera Sala Volumen 3, Segunda Parte Pag. 13 Tesis Aislada (Común) AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. CUALES DEBEN CONSIDERARSE COMO TALES. La autoridad responsable en el juicio de amparo es el órgano estatal de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa; en otros términos, señala el artículo 11 de la Ley de Amparo, que es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por tanto, se considera que un Juez de Distrito, por el hecho de haber concedido la libertad bajo fianza al inculpado, dentro del incidente de suspensión del juicio indirecto que promovió en contra de la sentencia que confirmó el auto de formal prisión decretado en su contra, no debe ser considerado como autoridad responsable en el juicio de amparo directo, pues no cae en su ámbito competencial la ejecución de la sentencia reclamada y, por tanto, el juicio con respecto a dicha autoridad es improcedente y debe ser sobreseído con fundamento en los artículos 166, fracción III, 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Para acreditar la causal de improcedencia antes precisada, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad manifiesta el quejoso en su demanda de amparo, así como de las documentales que anexa. El quejoso Héctor Regalado López se desempeña desde el seis de abril de dos mil ocho, con el Grado de Policía Primero, en la dependencia Policía Federal, inscrito en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el número de expediente 32641 y número de Seguridad Social de dicho instituto 80087438679. El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, al encontrarse realizando actividades propias de sus funciones laborales en Culiacán, Sinaloa, sufrió un accidente, resultando lesionado de la pierna derecha, por lo que fue hospitalizado en esa ciudad. El treinta y uno de marzo del año en curso, fue dado de alta del nosocomio de los Ángeles, ubicado en Boulevard Alfonso G. Calderón, número 2193, Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Rosales Sinaloa, siendo trasladado a esta ciudad de Uruapan, Michoacán, al lado de su familia. Una vez estando en su domicilio en esta ciudad, al no encontrarse en condiciones de trasladarse a la ciudad de Morelia, Michoacán, sus familiares comparecieron ante la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en Morelia, Michoacán, a efecto de realizar los trámites correspondientes a la solicitud de la calificación del probable riesgo de trabajo. Posteriormente, después de haber efectuado los trámites respectivos, el tres de julio del año en curso le fue notificado lo relativo a la improcedencia del riesgo de trabajo, mediante oficio 2.11.15.5/1751/2018, de trece de junio del mismo año, a través de correo certificado que se hizo llegar a su domicilio particular. Determinación que constituye el acto reclamado. Cabe señalar que la parte quejosa reclama en forma toral la emisión del oficio 2.11.15.5/1751/2018 de trece de junio de dos mil dieciocho, donde se le notificó la improcedencia del riesgo de trabajo, lo que pone de relieve que lo que se reclama en esta instancia constitucional no se trata de actos de autoridad propiamente, sino del ejercicio de un derecho laboral del quejoso en un plano de coordinación y no de supra-subordinación. Lo anterior es así, toda vez que dicha institución no emitió un acto unilateral a través del cual creara, modificara o extinguiera por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectaran la esfera legal del gobernado, ahora quejoso, que pudiera exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. De lo anterior se obtiene que las actuaciones que reclama el quejoso no fueron realizadas en un plano de supra a subordinación, ya que dichos actos no se encuentran revestidos de imperio, ni del amparo estatal, ni como una entidad pública, pues a quienes le imputa el carácter de responsables no actúan con base en una ley, sino con base en los derechos del trabajador, derivados de las documentales que por riesgo de trabajo presentó el quejoso. En efecto, la relación existente entre el quejoso y las autoridades que señala como responsables, las cuales se encuentran adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Michoacán, así como el residente de la Ciudad de México, es de coordinación con motivo de la relación entre ente asegurador y particular asegurado, por lo que sus actos no se traducen en el ejercicio de una auténtica potestad administrativa que tenga la calidad de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En esa tesitura, lo alegado por el amparista se da en el plano de particular en relación con el órgano asegurador y no de supra-subordinación; por tanto, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, pues en tales relaciones, el Instituto asegurador también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, pues se concluye que ante la inconformidad con la calificación, del riesgo de trabajo el accionante tiene la facultad de impugnarla ante el propio instituto en la vía administrativa, o directamente ante un tribunal de trabajo; por ende, el acto de que se duele no puede ser considerado como un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior: Tesis: I.6o.T.26 L Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 202602 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo III, Abril de 1996 Pag. 347 Tesis Aislada (Laboral) AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito. Por lo anterior, es claro que el juicio constitucional no es el medio para satisfacer su motivo de queja; dado que el quejoso tiene a su alcance la vía procesal ordinaria que puede tramitar ante las autoridades del trabajo competentes, de acuerdo al vínculo trabajador-patrón equiparado que existe entre el quejoso y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que actúa como particular. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que la animan, la siguiente tesis de jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 9/97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 199202 1 de 1 Segunda Sala Tomo V, Marzo de 1997 Pag. 444 Jurisprudencia(Laboral) "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. RIESGO DE TRABAJO. SU CALIFICACION TECNICA CORRESPONDE AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PERO ES OPTATIVO PARA EL TRABAJADOR IMPUGNARLA ANTE EL INSTITUTO O DIRECTAMENTE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. De una interpretación sistemática de lo dispuesto por los artículos 36 a 40 de la Ley del ISSSTE en concordancia con el artículo 110 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se concluye que corresponde al ISSSTE la facultad exclusiva de calificar un riesgo de trabajo y ante la inconformidad con dicha calificación, el trabajador afectado tiene la facultad de impugnarla ante el propio instituto en la vía administrativa, o directamente ante un tribunal de trabajo, toda vez que de conformidad con el segundo supuesto, el instituto no quedaría en estado de indefensión por cuanto a que las partes contendientes, en el procedimiento respectivo, pueden proponer los peritos que a sus intereses convenga y en caso de discrepancia respecto de la existencia del riesgo profesional y del grado de disminución orgánica funcional se nombraría un perito tercero; mecanismo que es similar a lo que dispone el propio artículo 36 de la Ley del ISSSTE. Lo anterior, obviamente sin perjuicio de que, agotado el trámite ante el referido instituto, el trabajador se inconforme ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en virtud de que la definitividad que establece el artículo 36 examinado, sólo se refiere al ámbito administrativo y, por tanto, no impide la vía jurisdiccional." Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, es indudable que debe desecharse de plano la demanda de garantías promovida por Héctor Regalado López, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en calle Alejandrina número 204 letra "C", colonia Palito Verde, de esta ciudad; y como autorizada con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gloria Isabel Tierrablanca Valencia, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que la acredita como licenciada en derecho, y por lo que respecta a María Teresa Tierrablanca Valencia, se le autoriza de conformidad con la última parte del párrafo segundo del citado precepto, toda vez que no cumple con el citado requisito. Cobra aplicación a lo anterior: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionles del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. Ahora, en atención a la solicitud que se formula, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 26, fracción IV, de la ley de la materia, así como el 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, instrúyase al encargado del área correspondiente para que realice lo concerniente al ingreso al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el usuario "gloriatierrablanca1986@gmail.com", con efectos de autorización para consultar vía electrónica el juicio de amparo en que se actúa. Sin que se tenga al diverso correo electrónico que señala para recibir notificaciones electrónicas; esto es, tierrablankaylin@gmail.com, lo anterior, toda vez que no se encuentra registrado ante el portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como se advierte de la constancia que al efecto se anexa. Se faculta al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto.

  3. Principal

    III. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN CITATORIO DE FECHA VEINTE DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, NOTIFÍQUESE A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS, POR MEDIO DE LISTA SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, EL PROVEIDO DE DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO , PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Téngase a Héctor Regalado López, por su propio derecho, promoviendo demanda de amparo contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Michoacán, con sede en Morelia y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 366/2018-III. Apreciado íntegramente el escrito de demanda y los anexos que lo acompañan, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Lo anterior, en razón de que se configura la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, Fracción I y 5, fracción II, de la ley de la materia, mismos que en orden jerárquico, al efecto estatuyen: "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: ".II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". En ese sentido, se advierte que el quejoso señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: ORDENADORAS 1. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Michoacán. 2. Lic. Mario Everardo Ruiz Morell, en cuanto Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Michoacán. 3. Subcomité de Medicina del Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Michoacán. 4. Dra. Nallely Lizbeth Vargas Zárate, en cuanto Coordinadora de Medicina del Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Michoacán. 5. Lic. Miguel Ángel Saavedra Escobedo, en cuanto Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Michoacán. 6. Leticia López Ortega, en cuanto Apoyo Administrativo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Michoacán. Todos residentes en Morelia, Michoacán. ACTOS RECLAMADOS: ". La arbitraria determinación de IMPROCEDENCIA DEL RIESGO DE TRABAJO EN PERJUICIO DEL SUSCRITO, HÉCTOR REGALADO LÓPEZ, carente de fundamento, motivación y congruencia por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, Delegación Michoacán, violando con ello flagrantemente mis garantías, consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 123 apartado B fracción XI de la constitución política de los estados unidos mexicanos, al privarme de mi derecho se seguridad social sin que exista un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento." "La de declaración de extemporaneidad de la SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DE RIEZGO DE TRABAJO presentada por el suscrito basándose únicamente en la fecha de expedición del formato RT-01, documento atribuible a la dependencia a la cual pertenezco y no al suscrito quejoso, sin entrar al estudio del expediente administrativo en donde obra un documento en que el mismo instituto me concede un plazo adicional para la presentación de dicho formato, Violando con ello en mi agravio la garantía constitucional del debido proceso, y al ser una determinación administrativa que no admite recurso ordinario alguno, vulnera también mi garantía de audiencia consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "La violación flagrante de mi garantía de Seguridad Social, consagradas en el artículo 123 apartado B fracción XI, de la constitución política de los estados unidos mexicanos, al liberar de toda la responsabilidad a la dependencia a la pertenezco, POLICIA FEDERAL, por un documento suscrito por ella misma, negándome de forma rotunda, tajante y sin motivación ni fundamentación alguna el derecho a que se me califique el riesgo de trabajo y así se determínela gravedad de mi lesión e incapacidad física y se me concedan los beneficios otorgados por la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 472 al 503 en correlación con el 110 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado "B" del Artículo 123 Constitucional." EJECUTORAS: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Michoacán. Con sede en Morelia, Michoacán. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Con residencia en la Ciudad de México. "El cumplimiento que pretende hacerse de dicha resolución, es decir del acto reclamado." La ejecución, consistente en liberar de toda responsabilidad por el riesgo de trabajo que sufrí, a la Dependencia en la cual laboro y a la cual pertenezco POLICIA FEDERAL, por un documento suscrito por esa Institución y que por lo tanto toda responsabilidad es atribuible a ella, vulnerando tremendamente mi esfera jurídica." No reconocimiento del riesgo de trabajo por falta de calificación de este y con ello privarme de todos los beneficios que por Derecho me corresponden." Ahora, previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, es necesario precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, también procede excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supraordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por su parte, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, lo cual implica la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 164/2011 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 161133 1 de 2 Segunda Sala Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Pag. 1089 Jurisprudencia (Común) AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Además de lo anterior, con relación a lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar que tal calidad no únicamente le asiste a los entes que dentro de sus facultades se encuentra la del imperio, es decir, de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquellas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular y de una manera imperativa. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio siguiente: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 237026 1 de 1 Primera Sala Volumen 3, Segunda Parte Pag. 13 Tesis Aislada (Común) AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. CUALES DEBEN CONSIDERARSE COMO TALES. La autoridad responsable en el juicio de amparo es el órgano estatal de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa; en otros términos, señala el artículo 11 de la Ley de Amparo, que es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por tanto, se considera que un Juez de Distrito, por el hecho de haber concedido la libertad bajo fianza al inculpado, dentro del incidente de suspensión del juicio indirecto que promovió en contra de la sentencia que confirmó el auto de formal prisión decretado en su contra, no debe ser considerado como autoridad responsable en el juicio de amparo directo, pues no cae en su ámbito competencial la ejecución de la sentencia reclamada y, por tanto, el juicio con respecto a dicha autoridad es improcedente y debe ser sobreseído con fundamento en los artículos 166, fracción III, 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Para acreditar la causal de improcedencia antes precisada, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad manifiesta el quejoso en su demanda de amparo, así como de las documentales que anexa. El quejoso Héctor Regalado López se desempeña desde el seis de abril de dos mil ocho, con el Grado de Policía Primero, en la dependencia Policía Federal, inscrito en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el número de expediente 32641 y número de Seguridad Social de dicho instituto 80087438679. El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, al encontrarse realizando actividades propias de sus funciones laborales en Culiacán, Sinaloa, sufrió un accidente, resultando lesionado de la pierna derecha, por lo que fue hospitalizado en esa ciudad. El treinta y uno de marzo del año en curso, fue dado de alta del nosocomio de los Ángeles, ubicado en Boulevard Alfonso G. Calderón, número 2193, Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Rosales Sinaloa, siendo trasladado a esta ciudad de Uruapan, Michoacán, al lado de su familia. Una vez estando en su domicilio en esta ciudad, al no encontrarse en condiciones de trasladarse a la ciudad de Morelia, Michoacán, sus familiares comparecieron ante la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en Morelia, Michoacán, a efecto de realizar los trámites correspondientes a la solicitud de la calificación del probable riesgo de trabajo. Posteriormente, después de haber efectuado los trámites respectivos, el tres de julio del año en curso le fue notificado lo relativo a la improcedencia del riesgo de trabajo, mediante oficio 2.11.15.5/1751/2018, de trece de junio del mismo año, a través de correo certificado que se hizo llegar a su domicilio particular. Determinación que constituye el acto reclamado. Cabe señalar que la parte quejosa reclama en forma toral la emisión del oficio 2.11.15.5/1751/2018 de trece de junio de dos mil dieciocho, donde se le notificó la improcedencia del riesgo de trabajo, lo que pone de relieve que lo que se reclama en esta instancia constitucional no se trata de actos de autoridad propiamente, sino del ejercicio de un derecho laboral del quejoso en un plano de coordinación y no de supra-subordinación. Lo anterior es así, toda vez que dicha institución no emitió un acto unilateral a través del cual creara, modificara o extinguiera por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectaran la esfera legal del gobernado, ahora quejoso, que pudiera exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. De lo anterior se obtiene que las actuaciones que reclama el quejoso no fueron realizadas en un plano de supra a subordinación, ya que dichos actos no se encuentran revestidos de imperio, ni del amparo estatal, ni como una entidad pública, pues a quienes le imputa el carácter de responsables no actúan con base en una ley, sino con base en los derechos del trabajador, derivados de las documentales que por riesgo de trabajo presentó el quejoso. En efecto, la relación existente entre el quejoso y las autoridades que señala como responsables, las cuales se encuentran adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Michoacán, así como el residente de la Ciudad de México, es de coordinación con motivo de la relación entre ente asegurador y particular asegurado, por lo que sus actos no se traducen en el ejercicio de una auténtica potestad administrativa que tenga la calidad de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En esa tesitura, lo alegado por el amparista se da en el plano de particular en relación con el órgano asegurador y no de supra-subordinación; por tanto, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, pues en tales relaciones, el Instituto asegurador también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, pues se concluye que ante la inconformidad con la calificación, del riesgo de trabajo el accionante tiene la facultad de impugnarla ante el propio instituto en la vía administrativa, o directamente ante un tribunal de trabajo; por ende, el acto de que se duele no puede ser considerado como un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior: Tesis: I.6o.T.26 L Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 202602 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo III, Abril de 1996 Pag. 347 Tesis Aislada (Laboral) AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito. Por lo anterior, es claro que el juicio constitucional no es el medio para satisfacer su motivo de queja; dado que el quejoso tiene a su alcance la vía procesal ordinaria que puede tramitar ante las autoridades del trabajo competentes, de acuerdo al vínculo trabajador-patrón equiparado que existe entre el quejoso y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que actúa como particular. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que la animan, la siguiente tesis de jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 9/97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 199202 1 de 1 Segunda Sala Tomo V, Marzo de 1997 Pag. 444 Jurisprudencia(Laboral) "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. RIESGO DE TRABAJO. SU CALIFICACION TECNICA CORRESPONDE AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PERO ES OPTATIVO PARA EL TRABAJADOR IMPUGNARLA ANTE EL INSTITUTO O DIRECTAMENTE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. De una interpretación sistemática de lo dispuesto por los artículos 36 a 40 de la Ley del ISSSTE en concordancia con el artículo 110 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se concluye que corresponde al ISSSTE la facultad exclusiva de calificar un riesgo de trabajo y ante la inconformidad con dicha calificación, el trabajador afectado tiene la facultad de impugnarla ante el propio instituto en la vía administrativa, o directamente ante un tribunal de trabajo, toda vez que de conformidad con el segundo supuesto, el instituto no quedaría en estado de indefensión por cuanto a que las partes contendientes, en el procedimiento respectivo, pueden proponer los peritos que a sus intereses convenga y en caso de discrepancia respecto de la existencia del riesgo profesional y del grado de disminución orgánica funcional se nombraría un perito tercero; mecanismo que es similar a lo que dispone el propio artículo 36 de la Ley del ISSSTE. Lo anterior, obviamente sin perjuicio de que, agotado el trámite ante el referido instituto, el trabajador se inconforme ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en virtud de que la definitividad que establece el artículo 36 examinado, sólo se refiere al ámbito administrativo y, por tanto, no impide la vía jurisdiccional." Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, es indudable que debe desecharse de plano la demanda de garantías promovida por Héctor Regalado López, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en calle Alejandrina número 204 letra "C", colonia Palito Verde, de esta ciudad; y como autorizada con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gloria Isabel Tierrablanca Valencia, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que la acredita como licenciada en derecho, y por lo que respecta a María Teresa Tierrablanca Valencia, se le autoriza de conformidad con la última parte del párrafo segundo del citado precepto, toda vez que no cumple con el citado requisito. Cobra aplicación a lo anterior: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionles del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. Ahora, en atención a la solicitud que se formula, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 26, fracción IV, de la ley de la materia, así como el 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, instrúyase al encargado del área correspondiente para que realice lo concerniente al ingreso al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el usuario "gloriatierrablanca1986@gmail.com", con efectos de autorización para consultar vía electrónica el juicio de amparo en que se actúa. Sin que se tenga al diverso correo electrónico que señala para recibir notificaciones electrónicas; esto es, tierrablankaylin@gmail.com, lo anterior, toda vez que no se encuentra registrado ante el portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como se advierte de la constancia que al efecto se anexa. Se faculta al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto.

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