Héctor Palma Ramos
Expediente 97/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 97/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Héctor Palma Ramos
Actuaciones
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de queja a que refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21 inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se desechó la demanda promovida dentro del presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. ...
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Héctor Palma Ramos, por propio derecho, contra actos de la persona moral NR FINANCE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL ARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA y otras autoridades EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 97/2021 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Héctor Palma Ramos, por propio derecho, señala como autoridades responsables las siguientes: 1).- NR FINANCE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL ARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA. 2).- Banco Nacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex. 3).- Licenciado Armando Hernández García, Abogado Ejecutor. A su vez, en su apartado de actos reclamados, señaló como tales los siguientes: a).- El cobro ilegal de la cantidad de $257,067.24 (Doscientos cincuenta y siete mil sesenta y siete pesos con veinticuatro centavos). b).- La orden ilegal de embargar y recoger el automóvil de su propiedad Nissan modelo 2018 Sentra sense MT 18, serie 3N1AB7ADJL616007. c).- La negativa de entregarle la liberación del crédito y factura de su vehículo. Ahora, la parte quejosa en su capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, relató que: Es padre del fallecido Nestor Edgar Palma Martínez, quien perdió la vida. Suscribió un contrato de crédito bancario, mismo que estaba vigente al momento de la muerte de su hijo y que se pagaba el seguro de vida correspondiente con NR FINANCE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL ARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA y Banco Nacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex, denominado CREDINISSAN No obstante ello, remitió toda la documentación a las dos autoridades, pero se niegan a entregarle la factura y liberar el vehículo descrito. En atención a los actos reclamados y a los antecedentes señalados en la demanda inicial, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el precepto 5o., fracción II, párrafo segundo, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que los actos reclamados no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Dichas disposiciones establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". En principio, conviene precisar que la autoridad en el juicio de amparo, es el ente público al que se atribuye la emisión y/o ejecución del acto reclamado, la que debe comparecer al juicio de protección de derechos fundamentales a defender la constitucionalidad del acto que se reclama, puede ser un órgano de gobierno, un organismo público descentralizado, o un órgano público autónomo, cuando actúa en ejercicio de las atribuciones y funciones propias del Gobierno del Estado, frente a un gobernado en forma unilateral, e incluso un particular que realice actos equivalentes al de autoridad y cuyas funciones están determinadas en la ley. Como punto de partida, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, número de registro: 161 133, visible en la página 1089, del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, señaló las notas distintivas de la autoridad para los efectos del juicio de amparo, en la que señaló lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por tanto, las características de una autoridad, para los efectos del juicio constitucional, son los siguientes: 1. Que exista un ente que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que ese ente tenga características de órgano público. 3. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 4. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Asimismo, como referencia puede señalarse que en la Ley de Amparo vigente se añadió el párrafo segundo de la fracción II del artículo 5, en el cual se estableció que también los particulares tendrían la calidad de autoridad responsable siempre que realicen: a) actos equivalentes a los de autoridad; b) que afecten derechos humanos; y, c) cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Bajo esa guisa, los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una norma general y afecte directamente algún derecho fundamental, o bien, omite dictar el acto que de realizarse produciría tal afectación, lo que deberá valorarse por el tribunal de amparo. De todo lo anterior, se concluye que a la luz del nuevo alcance del concepto de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, no resulta posible que se reclamen todos los actos de particulares que pudieran dar lugar a una violación de derechos fundamentales, sino sólo aquellos homologables a los de autoridad y que tengan su origen en una norma general. En este contexto, el particular que actúa con carácter de autoridad se ubica en una situación de supra a subordinación respecto de un gobernado, con lo cual dicha relación se reviste del imperio similar al de la fuerza pública, en consecuencia, tiene un carácter estatal similar al de la actuación de una entidad pública, misma que tiene como base una autorización de carácter legal a través de una norma general. En el caso concreto, se advierte que los actos reclamados que se hicieron consistir en el cobro ilegal de la cantidad de $257,067.24 (Doscientos cincuenta y siete mil sesenta y siete pesos con veinticuatro centavos), la orden ilegal de embargar y recoger el automóvil de su propiedad Nissan modelo 2018 Sentra sense MT 18, serie 3N1AB7ADJL616007 y la negativa de entregarle la liberación del crédito y factura de su vehículo, se originaron en un ámbito del derecho privado, debido a que, entre la parte promovente Héctor Palma Ramos y la persona moral NR FINANCE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL ARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA e institución bancaria Banco Nacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex, existe una relación contractual con motivo del contrato de apertura de crédito con garantía prendaria, con número 361046600017, respecto del vehículo ya descrito y a su vez, el abogado ejecutor, actuó de acuerdo a dicha relación contractual; de ahí, que no exista una relación de supra a subordinación; esto es, que genere que se dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutarse algún acto en forma unilateral y obligatoria, asimismo que como consecuencia de ello afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas del quejoso, pues lo cierto es que las conductas desplegadas que se les atribuyen, no corresponden a funciones que les estén determinadas en una norma general que les confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, pues como se explicó, la personal moral, institución bancaria y ejecutor, actuaron como particulares (con motivo de una relación contractual) por tanto se ubican en un plano de igualdad con el quejoso. Además, no se advierte la existencia de norma o ley alguna que regule el actuar de la persona moral e institución bancaria, así como de la persona física, por lo que tampoco se puede concluir que a dichos particulares les recaiga el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo por mandato de ley. De tal manera, que el ejercicio de las facultades que involucran los actos reclamados se encuentran reglados en una norma de derecho privado, y no fueron llevadas a cabo de forma unilateral y revestidas de imperio y obligatoriedad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad." De igual forma, tiene sustento a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece quiénes son parte en el juicio de amparo y refiere: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Así, la interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo." Por ende, al ser notoria y manifiesta la causa de improcedencia que se estima actualizada en el caso, toda vez que en relación a los actos reclamados, la persona moral e institución bancaria, así como el particular señalado como ejecutor, no actúan como órgano del Estado revestido de imperatividad, coercitividad y unilateralidad derivado de una facultad prevista en una norma general, sino como un particular apoyado en una relación contractual bajo el derecho privado; de ahí que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda promovida por Héctor Palma Ramos, por propio derecho. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado en términos amplios conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Salvador Lara Martínez (3636973), toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, por no acreditar lo anterior, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Aarón Casillas Noyola y como domicilio para tal efecto el que señala en su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente. ...
- Principal
EN ESTA PROPIA FECHA, SE PROCEDE A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO QUE A LA LETRA DICE: ... ... Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Héctor Palma Ramos, por propio derecho, contra actos de la persona moral NR FINANCE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL ARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA y otras autoridades EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 97/2021 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Héctor Palma Ramos, por propio derecho, señala como autoridades responsables las siguientes: 1).- NR FINANCE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL ARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA. 2).- Banco Nacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex. 3).- Licenciado Armando Hernández García, Abogado Ejecutor. A su vez, en su apartado de actos reclamados, señaló como tales los siguientes: a).- El cobro ilegal de la cantidad de $257,067.24 (Doscientos cincuenta y siete mil sesenta y siete pesos con veinticuatro centavos). b).- La orden ilegal de embargar y recoger el automóvil de su propiedad Nissan modelo 2018 Sentra sense MT 18, serie 3N1AB7ADJL616007. c).- La negativa de entregarle la liberación del crédito y factura de su vehículo. Ahora, la parte quejosa en su capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, relató que: Es padre del fallecido Nestor Edgar Palma Martínez, quien perdió la vida. Suscribió un contrato de crédito bancario, mismo que estaba vigente al momento de la muerte de su hijo y que se pagaba el seguro de vida correspondiente con NR FINANCE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL ARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA y Banco Nacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex, denominado CREDINISSAN No obstante ello, remitió toda la documentación a las dos autoridades, pero se niegan a entregarle la factura y liberar el vehículo descrito. En atención a los actos reclamados y a los antecedentes señalados en la demanda inicial, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el precepto 5o., fracción II, párrafo segundo, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que los actos reclamados no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Dichas disposiciones establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". En principio, conviene precisar que la autoridad en el juicio de amparo, es el ente público al que se atribuye la emisión y/o ejecución del acto reclamado, la que debe comparecer al juicio de protección de derechos fundamentales a defender la constitucionalidad del acto que se reclama, puede ser un órgano de gobierno, un organismo público descentralizado, o un órgano público autónomo, cuando actúa en ejercicio de las atribuciones y funciones propias del Gobierno del Estado, frente a un gobernado en forma unilateral, e incluso un particular que realice actos equivalentes al de autoridad y cuyas funciones están determinadas en la ley. Como punto de partida, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, número de registro: 161 133, visible en la página 1089, del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, señaló las notas distintivas de la autoridad para los efectos del juicio de amparo, en la que señaló lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por tanto, las características de una autoridad, para los efectos del juicio constitucional, son los siguientes: 1. Que exista un ente que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que ese ente tenga características de órgano público. 3. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 4. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Asimismo, como referencia puede señalarse que en la Ley de Amparo vigente se añadió el párrafo segundo de la fracción II del artículo 5, en el cual se estableció que también los particulares tendrían la calidad de autoridad responsable siempre que realicen: a) actos equivalentes a los de autoridad; b) que afecten derechos humanos; y, c) cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Bajo esa guisa, los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una norma general y afecte directamente algún derecho fundamental, o bien, omite dictar el acto que de realizarse produciría tal afectación, lo que deberá valorarse por el tribunal de amparo. De todo lo anterior, se concluye que a la luz del nuevo alcance del concepto de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, no resulta posible que se reclamen todos los actos de particulares que pudieran dar lugar a una violación de derechos fundamentales, sino sólo aquellos homologables a los de autoridad y que tengan su origen en una norma general. En este contexto, el particular que actúa con carácter de autoridad se ubica en una situación de supra a subordinación respecto de un gobernado, con lo cual dicha relación se reviste del imperio similar al de la fuerza pública, en consecuencia, tiene un carácter estatal similar al de la actuación de una entidad pública, misma que tiene como base una autorización de carácter legal a través de una norma general. En el caso concreto, se advierte que los actos reclamados que se hicieron consistir en el cobro ilegal de la cantidad de $257,067.24 (Doscientos cincuenta y siete mil sesenta y siete pesos con veinticuatro centavos), la orden ilegal de embargar y recoger el automóvil de su propiedad Nissan modelo 2018 Sentra sense MT 18, serie 3N1AB7ADJL616007 y la negativa de entregarle la liberación del crédito y factura de su vehículo, se originaron en un ámbito del derecho privado, debido a que, entre la parte promovente Héctor Palma Ramos y la persona moral NR FINANCE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL ARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA e institución bancaria Banco Nacional de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex, existe una relación contractual con motivo del contrato de apertura de crédito con garantía prendaria, con número 361046600017, respecto del vehículo ya descrito y a su vez, el abogado ejecutor, actuó de acuerdo a dicha relación contractual; de ahí, que no exista una relación de supra a subordinación; esto es, que genere que se dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutarse algún acto en forma unilateral y obligatoria, asimismo que como consecuencia de ello afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas del quejoso, pues lo cierto es que las conductas desplegadas que se les atribuyen, no corresponden a funciones que les estén determinadas en una norma general que les confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, pues como se explicó, la personal moral, institución bancaria y ejecutor, actuaron como particulares (con motivo de una relación contractual) por tanto se ubican en un plano de igualdad con el quejoso. Además, no se advierte la existencia de norma o ley alguna que regule el actuar de la persona moral e institución bancaria, así como de la persona física, por lo que tampoco se puede concluir que a dichos particulares les recaiga el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo por mandato de ley. De tal manera, que el ejercicio de las facultades que involucran los actos reclamados se encuentran reglados en una norma de derecho privado, y no fueron llevadas a cabo de forma unilateral y revestidas de imperio y obligatoriedad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad." De igual forma, tiene sustento a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece quiénes son parte en el juicio de amparo y refiere: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Así, la interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo." Por ende, al ser notoria y manifiesta la causa de improcedencia que se estima actualizada en el caso, toda vez que en relación a los actos reclamados, la persona moral e institución bancaria, así como el particular señalado como ejecutor, no actúan como órgano del Estado revestido de imperatividad, coercitividad y unilateralidad derivado de una facultad prevista en una norma general, sino como un particular apoyado en una relación contractual bajo el derecho privado; de ahí que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda promovida por Héctor Palma Ramos, por propio derecho. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado en términos amplios conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Salvador Lara Martínez (3636973), toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, por no acreditar lo anterior, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Aarón Casillas Noyola y como domicilio para tal efecto el que señala en su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente. ...
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