Héctor Nicandro Rios Alaniz

Expediente 552/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
552/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
23/11/2017

Partes del expediente

  • Héctor Nicandro Rios Alaniz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    El veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, certifica: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del siete al veintiuno de noviembre del año en curso, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de veintitrés de octubre de la misma anualidad (fojas 102 a 108), dictada por este Juzgado, dentro del juicio de amparo número 552/2017. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; Que sí existen pruebas por devolver a la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, dos tomos de pruebas consistentes en toca penal 49/2017, carpeta judicial 210/2016-E y cuatro discos compactos. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo cual no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. En la misma fecha se da cuenta con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el veintitrés de octubre del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, las constancias que remitió en su momento con su informe justificado, consistentes en dos tomos de pruebas (toca penal 49/2017, carpeta judicial 210/2016-E y cuatro discos compactos). Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martin Zamora Gonzalez, quien autoriza y da fe. AleM.

  2. Principal

    El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, se cuenta con la promoción registrada con el folio 15235. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio signado por el juez Segundo de Distrito en el Estado, al que adjunta el diverso oficio 1543 firmado por el juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, por el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho con número de orden 872/2017 y de origen 412/2017, que le fue enviado a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado notificara al quejoso NICANDRO RÍOS ALANIZ; acúsese recibo de estilo a la autoridad oficiante y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de autoriza y da fe. Ajc.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 552/2017, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia personal de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, del informe justificado rendido por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (foja 19), del emplazamiento de la parte tercero interesada, agente del Ministerio Público de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas (fojas 20 y 21), Aurora Chávez León y su hijo menor de edad (foja 89); así como de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta a la juez con las documentales exhibidas por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consistentes en las constancias relativas al expediente de ejecución 210/2016 y al toca penal 49/2017, así como las copias del audio y video de las audiencias respectivas. A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los realizados por la representación social de la adscripción en el pedimento que obra a foja 51 de autos y los formulados por el agente del Ministerio Público tercero interesado (foja 33). A lo que el juez determina: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse reproducidos los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Por último, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta y se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 552/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el uno de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Héctor Nicandro Ríos Alaniz, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: AUTORIDAD RESPONSABLE: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. ACTO RECLAMADO: - La resolución de siete de abril de dos mil diecisiete, emitida en el toca penal 49/2017, mediante la cual se confirmó la obtención de la compurgación de la pena. Acto que consideró violatorio de los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En auto de cinco de junio de dos mil diecisiete (fojas 11 a 14), se registró el juicio con el expediente 552/2017, se admitió a trámite la demanda, se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público de la adscripción, se mandó emplazar a la parte tercera interesada y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de once de octubre de dos mil diecisiete, se comunicó a las partes que, mediante oficio SEADS/762/2017, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión de trece de septiembre de dos mil diecisiete, se acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo como titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del uno de ese mes y año. La audiencia constitucional inició al tenor de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: - La sentencia de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, emitida en el toca penal de ejecución de sanciones 49/2017, mediante la que se confirmó la resolución de dos de febrero de dos mil diecisiete, que negó al quejoso el beneficio de libertad anticipada, en su modalidad de remisión parcial de la penal, en la carpeta de ejecución de sanciones 210/2016 (del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas), por el delito de secuestro agravado. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La magistrada presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas aceptó la emisión de la resolución reclamada (foja 19). Además, en apoyo de su informe con justificación, dicha autoridad remitió las constancias relativas al toca de ejecución de origen y al expediente de ejecución natural; documentales públicas que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, se narraran los antecedentes del acto reclamado: 1. En ejecutoria de treinta de agosto de dos mil trece, emitida dentro del toca penal 312/2013 (derivado del proceso penal 114/2011), la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó la sentencia condenatoria dictada en la causa penal de origen, por lo que determinó que quedaron firmes las sanciones impuestas a Héctor Nicandro Ríos Alaniz y otros, por el delito de secuestro agravado (fojas 26 a 118 del tomo de pruebas relativo al cuaderno de ejecución natural). 2. En auto de ocho de abril de dos mil dieciséis, el Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas radicó la ejecución de la sentencia anterior con el expediente 210/2016, en virtud de que tal fallo se encontraba firme (foja 130 del cuaderno referido). 3. En resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, negó a Héctor Nicandro Ríos Alaniz el beneficio de libertad anticipada, en su modalidad de remisión parcial de la pena, solicitado por el quejoso (fojas 273 a 277 del tomo de pruebas relativo al cuaderno de ejecución de origen). 4. Inconforme con la determinación anterior, el sentenciado referido interpuso recurso de apelación (fojas 280 a 293). 5. En sentencia de siete de abril de dos mil diecisiete, los magistrados de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas confirmaron la resolución impugnada (fojas 108 a 117 del toca de apelación). QUINTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación resultan infundados. El quejoso argumenta, en esencia, que la resolución reclamada resulta violatoria del artículo 18 constitucional, porque no se le concede acceder a su derecho de reinserción social, al negársele el beneficio de remisión parcial de la pena. Lo anterior, afirma, dado que ha cumplido al pie de la letra con los requisitos para obtener su libertad de manera anticipada y ha modificado sus rasgos de personalidad criminal; por lo que, a su juicio, se ha logrado el objetivo de reinserción social. Sobre esa base, estima, resulta violatorio de derechos el criterio jurisprudencial citado como fundamento en el acto reclamado (contradicción de tesis 8/2015 del Pleno en materia Penal del Primer Circuito), porque atenta directamente contra el derecho fundamental referido, al determinar que no se concedan los beneficios procesales señalados. En ese sentido, señala, el objetivo de compurgar una pena de prisión es saldar la deuda con la sociedad, pero también reincorporarse a ésta de manera positiva, productiva y sin recriminación; por lo que negar el beneficio solicitado conlleva una discriminación social y judicial en perjuicio del sentenciado, porque no se hace efectiva la reincorporación en comento y provoca que se deje de tener la motivación de recuperar la libertad, lo que desnaturaliza la finalidad de que se deje de delinquir; siendo que se debe tratar igual a todos los sentenciados. Los motivos de inconformidad anteriores resultan infundados, conforme a lo siguiente: El segundo párrafo del artículo 18 constitucional establece: "Artículo 18. [.] El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.". De la disposición constitucional trascrita se deduce que la compurgación de las penas tiene como finalidad lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, sobre la base del respeto de los derechos humanos, del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte y observando los beneficios que para el sentenciado se establecen en ley. Es ilustrativa de lo anterior, la tesis 1a. CCXXI/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de dos mil dieciséis, Tomo I, página 509: "REINSERCIÓN SOCIAL. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De la evolución histórica del artículo constitucional citado, se advierte que los cambios en su redacción reflejan los diversos propósitos que han perseguido la pena y el sistema penitenciario en su conjunto; en principio, se consideró que el autor del delito era una persona degenerada, de ahí que la Constitución General tuviera como finalidad su regeneración; en un segundo momento, se le percibió como un sujeto mental o psicológicamente desviado que requería de una readaptación, en ambos casos debía ser objeto de tratamiento; mientras que las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y el 10 de junio de 2011, respectivamente, básicamente resultaron en: i) La sustitución del término "readaptación" por "reinserción"; ii) El abandono del término "delincuente"; iii) La inclusión del fomento al respeto por los derechos humanos, como medio para lograr la reinserción; iv) La inclusión de un objetivo adicional a "lograr la reinserción", a saber: "procurar que la persona no vuelva a delinquir"; y, v) La adición del concepto "beneficios" como parte de la lógica del sistema penitenciario. De este modo, la intención del Constituyente consistió en cambiar el concepto penitenciario de readaptación social por uno más moderno y eficiente, denominándolo "reinserción" o "reintegración" a la sociedad apoyado, entre otros elementos, en el respeto a los derechos humanos y el trabajo. Por tanto, a raíz de la citada reforma de 2008, la reinserción social, como fin de la pena, no acepta la idea de que al culpable se le caracterice por ser degenerado, desadaptado o enfermo, y que hasta que sane podrá obtener no sólo la compurgación de la pena, sino inclusive alguno de los beneficios preliberacionales que prevé la norma. En consecuencia, el ejercicio de la facultad legislativa en materia de derecho penitenciario no puede ser arbitraria, pues la discrecionalidad que impera en la materia y que ha sido reconocida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialmente en materia de beneficios preliberacionales, debe aspirar a conseguir un objetivo constitucional, consistente en la reinserción social del individuo, antes que en su regeneración o readaptación". Así pues, el sistema penitenciario busca regresar al sujeto a la vida en sociedad, a través de los diversos medios establecidos para tal efecto. De lo anterior destaca que las actividades y programas que se implementen en los centros penitenciarios deben ser idóneos para permitir a las personas condenadas a pena de prisión su regreso a la sociedad, pues, como se expuso en la tesis citada, tal cometido no es posible sin una instrucción previa, creadora o revitalizadora de habilidades y hábitos laborales, así como una atención de la salud, la educación y el deporte. Sin embargo de dicha finalidad no se sigue que el derecho fundamental en comento implique la libertad anticipada de manera necesaria, pues debe entenderse que la reinserción debe buscarse durante todo el tiempo que dure la pena, pero no que ésta pueda reducirse en virtud de aquélla. Esto es así, pues no se establece que la reinserción del reo incida en la duración de la pena; por el contrario, se dispone que, como parte de tal prerrogativa, deben observarse los beneficios que en favor del sentenciado marque la ley. De tal suerte que se remite a la ley secundaria para la configuración de los requisitos que regulen tales prerrogativas, sin que se establezca una directriz particular que incida en éstos. Por tanto, el principio de reinserción social contenido en el artículo 18 constitucional únicamente conlleva la obligación de que el conjunto de actividades y programas del sistema penitenciario tengan como objetivo y sean eficaces para regresar al sentenciado a la vida en sociedad. Sin que pueda realizarse una interpretación más amplia del derecho en comento, en particular, en relación con los beneficios a que pueden acceder los sentenciados, porque, se reitera, no se establece disposición alguna al respecto y, por el contrario, se remite a la ley secundaria para la configuración de éstos; de ahí que no existiría un parámetro constitucional válido para extender el alcance de la prerrogativa en estudio. En consecuencia, el derecho fundamental en análisis no conlleva directriz alguna respecto de la duración de la pena, por lo que no puede implicar, se insiste, la libertad anticipada de los sentenciados, ya que tal tipo de beneficios deben otorgarse en los términos que regule la ley secundaria. En ese contexto, el artículo 19 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 19. Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente Ley no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena. Quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de secuestros y para la localización y liberación de las víctimas conforme al Código Penal Federal y la legislación aplicable en materia de ejecución de sanciones, tendrán derecho a los beneficios citados en el primer párrafo del presente artículo, siempre que concurran todas las condiciones que a continuación se enuncian: I. Respecto de los delitos sancionados con una pena que no exceda de cuatro años de prisión; II. El sentenciado acepte voluntariamente la colocación de un dispositivo de localización por el tiempo que falte cumplir la pena de prisión y pague el costo de su operación y mantenimiento; III. El sentenciado sea primodelincuente; IV. En su caso, cubra la totalidad de la reparación del daño o de manera proporcional, cuando haya sido condenado en forma solidaria y mancomunada y sea determinada dicha reparación; V. Cuente con una persona conocida que se comprometa y garantice a la autoridad judicial el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el sentenciado VI. Compruebe fehacientemente contar con un oficio, arte o profesión o exhiba las constancias adecuadas que acrediten que continuará estudiando; VII. Cuente con fiador, y VIII. Se obligue a no molestar a la víctima y a los testigos que depusieron en su contra, así como a sus parientes o personas vinculadas a éstos". Del precepto anterior se deduce la prohibición expresa de que los sentenciados por los delitos materia de la ley en comento puedan obtener los beneficios de libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena; salvo que se trate de quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de secuestros y para la localización y liberación de las víctimas (siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto). Lo expuesto implica que el legislador ordinario estableció un régimen especial en relación con los beneficios en comento para los sentenciados por delitos en materia de secuestro. En consecuencia, es posible advertir que se consideró que las personas citadas debían ser sancionadas de manera más severa por la naturaleza de los ilícitos involucrados, lo que revela un doble propósito: desincentivar que se realicen las conductas en comento y que exista certeza de que la condena se cumpla en su integridad. Lo anterior resulta conforme con el artículo 18 constitucional, ya que debe entenderse que se consideró que las condenas por los delitos en comento eran el tiempo mínimo indispensable para lograr la reinserción social de los sentenciados. Por tanto, el derecho de reinserción en comento se respeta en la medida en que, durante todo el tiempo de la pena, el sistema penitenciario busque la reinserción del sentenciado, pero, como se consideró, la prerrogativa en comento no puede modificar la duración de aquélla. En consecuencia, los sentenciados por delitos en materia de secuestro no pueden acceder a los beneficios en comento, salvo los supuestos expresamente previstos en la ley de la materia. En el caso, se advierte que el quejoso fue sentenciado, en lo conducente, por el delito de secuestro agravado, en términos del artículo 9, fracción I, inciso a y 10, fracción I, incisos b, c y e, de ley general de delitos en materia de secuestro (fojas 17 y 118, del cuaderno de pruebas relativo al expediente de ejecución). Por tanto, es indudable que en términos del artículo 19 de la legislación citada, no puede acceder a los beneficios que impliquen la reducción de la condena. Lo anterior es así, pues no existe constancia de que el sentenciado haya colaborado proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de secuestros y para la localización y liberación de las víctimas ni que, en ese supuesto, cumpla con los requisitos establecidos para gozar de los beneficios en comento; porque la pretensión del quejoso se concretó en la obtención de los beneficios en virtud del derecho de reinserción social. En consecuencia, contrariamente a lo alegado, resulta correcto que en la resolución reclamada se haya confirmado la negativa de la libertad anticipada solicitada, porque es evidente que resulta improcedente, al tratarse de un delito en materia de secuestro. Además, si bien lo anterior implica un trato diferenciado frente a otro tipo de ilícitos, no resulta en sí mismo discriminatorio, porque se utiliza como parámetro de distinción la naturaleza de los delitos involucrados, por lo que al ser distinta ésta dependiendo del bien jurídico de que se trate, es posible que se sancionen en términos discordantes; sostener lo contrario implicaría que todos los delitos debieran sancionarse en iguales términos y magnitud, lo que evidentemente resultaría un contrasentido, ya que se trata de conductas con diferente impacto en la sociedad. Por tanto, lo relevante es que la disposición en comento trata igual a todos los sentenciados por los delitos de la misma materia, es decir, a los que se encuentran en igualdad de condiciones. Así pues, no es posible que a la luz del derecho de reinserción se le libere anticipadamente, porque existe una ley especial que prohíbe expresamente tal beneficio y la prerrogativa alegada, se insiste, no implica que la condena necesariamente deba reducirse, al estar sujetos dichos beneficios a lo que se establezca en la ley secundaria. Entonces, el hecho de que no se reduzca la condena materia del acto reclamado no implica trasgresión al artículo 18 constitucional, en la medida en que debe entenderse que en toda su duración se buscará la reinserción social del quejoso. En conclusión, al resultar infundados los conceptos de violación, y no advertirse alguna cuestión diversa a la planteada por la que proceda suplir la deficiencia de la queja, se niega el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. Por último, toda vez que el quejoso Héctor Nicandro Ríos Alaniz se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, con fundamento en los artículos 158, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 166 de esta última, gírese atento despacho al Juez del Ramo Penal en Turno, con sede en Fresnillo, Zacatecas, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda para que, lleve a cabo la notificación de la presente resolución al amparista, para los efectos legales a que haya lugar. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Héctor Nicandro Ríos Alaniz, en contra del acto reclamado de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consistente en la sentencia de siete de abril de dos mil diecisiete, emitida en el toca de ejecución de sanciones 49/2017; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto del presente fallo. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido, por medio de despacho. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. DESPACHO. No. De Orden:______. No. De Origen:______. JUEZ DEL RAMO PENAL EN TURNO. FRESNILLO, ZACATECAS. SECCIÓN AMPARO. 552/2017 EN LOS AUTOS RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO AL RUBRO INDICADO PROMOVIDO POR HÉCTOR NICANDRO RÍOS ALANIZ, CONTRA ACTOS DE LA PRIMERA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS, SE DICTÓ EL SIGUIENTE AUTO QUE A LA LETRA DICE: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 552/2017, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia personal de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, del informe justificado rendido por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (foja 19), del emplazamiento de la parte tercero interesada, agente del Ministerio Público de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas (fojas 20 y 21), Aurora Chávez León y su hijo menor de edad (foja 89); así como de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta a la juez con las documentales exhibidas por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consistentes en las constancias relativas al expediente de ejecución 210/2016 y al toca penal 49/2017, así como las copias del audio y video de las audiencias respectivas. A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los realizados por la representación social de la adscripción en el pedimento que obra a foja 51 de autos y los formulados por el agente del Ministerio Público tercero interesado (foja 33). A lo que el juez determina: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse reproducidos los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Por último, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta y se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 552/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el uno de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Héctor Nicandro Ríos Alaniz, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: AUTORIDAD RESPONSABLE: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. ACTO RECLAMADO: - La resolución de siete de abril de dos mil diecisiete, emitida en el toca penal 49/2017, mediante la cual se confirmó la obtención de la compurgación de la pena. Acto que consideró violatorio de los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En auto de cinco de junio de dos mil diecisiete (fojas 11 a 14), se registró el juicio con el expediente 552/2017, se admitió a trámite la demanda, se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público de la adscripción, se mandó emplazar a la parte tercera interesada y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de once de octubre de dos mil diecisiete, se comunicó a las partes que, mediante oficio SEADS/762/2017, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión de trece de septiembre de dos mil diecisiete, se acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo como titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del uno de ese mes y año. La audiencia constitucional inició al tenor de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: - La sentencia de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, emitida en el toca penal de ejecución de sanciones 49/2017, mediante la que se confirmó la resolución de dos de febrero de dos mil diecisiete, que negó al quejoso el beneficio de libertad anticipada, en su modalidad de remisión parcial de la penal, en la carpeta de ejecución de sanciones 210/2016 (del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas), por el delito de secuestro agravado. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La magistrada presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas aceptó la emisión de la resolución reclamada (foja 19). Además, en apoyo de su informe con justificación, dicha autoridad remitió las constancias relativas al toca de ejecución de origen y al expediente de ejecución natural; documentales públicas que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, se narraran los antecedentes del acto reclamado: 1. En ejecutoria de treinta de agosto de dos mil trece, emitida dentro del toca penal 312/2013 (derivado del proceso penal 114/2011), la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó la sentencia condenatoria dictada en la causa penal de origen, por lo que determinó que quedaron firmes las sanciones impuestas a Héctor Nicandro Ríos Alaniz y otros, por el delito de secuestro agravado (fojas 26 a 118 del tomo de pruebas relativo al cuaderno de ejecución natural). 2. En auto de ocho de abril de dos mil dieciséis, el Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas radicó la ejecución de la sentencia anterior con el expediente 210/2016, en virtud de que tal fallo se encontraba firme (foja 130 del cuaderno referido). 3. En resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, negó a Héctor Nicandro Ríos Alaniz el beneficio de libertad anticipada, en su modalidad de remisión parcial de la pena, solicitado por el quejoso (fojas 273 a 277 del tomo de pruebas relativo al cuaderno de ejecución de origen). 4. Inconforme con la determinación anterior, el sentenciado referido interpuso recurso de apelación (fojas 280 a 293). 5. En sentencia de siete de abril de dos mil diecisiete, los magistrados de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas confirmaron la resolución impugnada (fojas 108 a 117 del toca de apelación). QUINTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación resultan infundados. El quejoso argumenta, en esencia, que la resolución reclamada resulta violatoria del artículo 18 constitucional, porque no se le concede acceder a su derecho de reinserción social, al negársele el beneficio de remisión parcial de la pena. Lo anterior, afirma, dado que ha cumplido al pie de la letra con los requisitos para obtener su libertad de manera anticipada y ha modificado sus rasgos de personalidad criminal; por lo que, a su juicio, se ha logrado el objetivo de reinserción social. Sobre esa base, estima, resulta violatorio de derechos el criterio jurisprudencial citado como fundamento en el acto reclamado (contradicción de tesis 8/2015 del Pleno en materia Penal del Primer Circuito), porque atenta directamente contra el derecho fundamental referido, al determinar que no se concedan los beneficios procesales señalados. En ese sentido, señala, el objetivo de compurgar una pena de prisión es saldar la deuda con la sociedad, pero también reincorporarse a ésta de manera positiva, productiva y sin recriminación; por lo que negar el beneficio solicitado conlleva una discriminación social y judicial en perjuicio del sentenciado, porque no se hace efectiva la reincorporación en comento y provoca que se deje de tener la motivación de recuperar la libertad, lo que desnaturaliza la finalidad de que se deje de delinquir; siendo que se debe tratar igual a todos los sentenciados. Los motivos de inconformidad anteriores resultan infundados, conforme a lo siguiente: El segundo párrafo del artículo 18 constitucional establece: "Artículo 18. [.] El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.". De la disposición constitucional trascrita se deduce que la compurgación de las penas tiene como finalidad lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, sobre la base del respeto de los derechos humanos, del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte y observando los beneficios que para el sentenciado se establecen en ley. Es ilustrativa de lo anterior, la tesis 1a. CCXXI/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de dos mil dieciséis, Tomo I, página 509: "REINSERCIÓN SOCIAL. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De la evolución histórica del artículo constitucional citado, se advierte que los cambios en su redacción reflejan los diversos propósitos que han perseguido la pena y el sistema penitenciario en su conjunto; en principio, se consideró que el autor del delito era una persona degenerada, de ahí que la Constitución General tuviera como finalidad su regeneración; en un segundo momento, se le percibió como un sujeto mental o psicológicamente desviado que requería de una readaptación, en ambos casos debía ser objeto de tratamiento; mientras que las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y el 10 de junio de 2011, respectivamente, básicamente resultaron en: i) La sustitución del término "readaptación" por "reinserción"; ii) El abandono del término "delincuente"; iii) La inclusión del fomento al respeto por los derechos humanos, como medio para lograr la reinserción; iv) La inclusión de un objetivo adicional a "lograr la reinserción", a saber: "procurar que la persona no vuelva a delinquir"; y, v) La adición del concepto "beneficios" como parte de la lógica del sistema penitenciario. De este modo, la intención del Constituyente consistió en cambiar el concepto penitenciario de readaptación social por uno más moderno y eficiente, denominándolo "reinserción" o "reintegración" a la sociedad apoyado, entre otros elementos, en el respeto a los derechos humanos y el trabajo. Por tanto, a raíz de la citada reforma de 2008, la reinserción social, como fin de la pena, no acepta la idea de que al culpable se le caracterice por ser degenerado, desadaptado o enfermo, y que hasta que sane podrá obtener no sólo la compurgación de la pena, sino inclusive alguno de los beneficios preliberacionales que prevé la norma. En consecuencia, el ejercicio de la facultad legislativa en materia de derecho penitenciario no puede ser arbitraria, pues la discrecionalidad que impera en la materia y que ha sido reconocida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialmente en materia de beneficios preliberacionales, debe aspirar a conseguir un objetivo constitucional, consistente en la reinserción social del individuo, antes que en su regeneración o readaptación". Así pues, el sistema penitenciario busca regresar al sujeto a la vida en sociedad, a través de los diversos medios establecidos para tal efecto. De lo anterior destaca que las actividades y programas que se implementen en los centros penitenciarios deben ser idóneos para permitir a las personas condenadas a pena de prisión su regreso a la sociedad, pues, como se expuso en la tesis citada, tal cometido no es posible sin una instrucción previa, creadora o revitalizadora de habilidades y hábitos laborales, así como una atención de la salud, la educación y el deporte. Sin embargo de dicha finalidad no se sigue que el derecho fundamental en comento implique la libertad anticipada de manera necesaria, pues debe entenderse que la reinserción debe buscarse durante todo el tiempo que dure la pena, pero no que ésta pueda reducirse en virtud de aquélla. Esto es así, pues no se establece que la reinserción del reo incida en la duración de la pena; por el contrario, se dispone que, como parte de tal prerrogativa, deben observarse los beneficios que en favor del sentenciado marque la ley. De tal suerte que se remite a la ley secundaria para la configuración de los requisitos que regulen tales prerrogativas, sin que se establezca una directriz particular que incida en éstos. Por tanto, el principio de reinserción social contenido en el artículo 18 constitucional únicamente conlleva la obligación de que el conjunto de actividades y programas del sistema penitenciario tengan como objetivo y sean eficaces para regresar al sentenciado a la vida en sociedad. Sin que pueda realizarse una interpretación más amplia del derecho en comento, en particular, en relación con los beneficios a que pueden acceder los sentenciados, porque, se reitera, no se establece disposición alguna al respecto y, por el contrario, se remite a la ley secundaria para la configuración de éstos; de ahí que no existiría un parámetro constitucional válido para extender el alcance de la prerrogativa en estudio. En consecuencia, el derecho fundamental en análisis no conlleva directriz alguna respecto de la duración de la pena, por lo que no puede implicar, se insiste, la libertad anticipada de los sentenciados, ya que tal tipo de beneficios deben otorgarse en los términos que regule la ley secundaria. En ese contexto, el artículo 19 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 19. Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente Ley no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena. Quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de secuestros y para la localización y liberación de las víctimas conforme al Código Penal Federal y la legislación aplicable en materia de ejecución de sanciones, tendrán derecho a los beneficios citados en el primer párrafo del presente artículo, siempre que concurran todas las condiciones que a continuación se enuncian: I. Respecto de los delitos sancionados con una pena que no exceda de cuatro años de prisión; II. El sentenciado acepte voluntariamente la colocación de un dispositivo de localización por el tiempo que falte cumplir la pena de prisión y pague el costo de su operación y mantenimiento; III. El sentenciado sea primodelincuente; IV. En su caso, cubra la totalidad de la reparación del daño o de manera proporcional, cuando haya sido condenado en forma solidaria y mancomunada y sea determinada dicha reparación; V. Cuente con una persona conocida que se comprometa y garantice a la autoridad judicial el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el sentenciado VI. Compruebe fehacientemente contar con un oficio, arte o profesión o exhiba las constancias adecuadas que acrediten que continuará estudiando; VII. Cuente con fiador, y VIII. Se obligue a no molestar a la víctima y a los testigos que depusieron en su contra, así como a sus parientes o personas vinculadas a éstos". Del precepto anterior se deduce la prohibición expresa de que los sentenciados por los delitos materia de la ley en comento puedan obtener los beneficios de libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena; salvo que se trate de quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de secuestros y para la localización y liberación de las víctimas (siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto). Lo expuesto implica que el legislador ordinario estableció un régimen especial en relación con los beneficios en comento para los sentenciados por delitos en materia de secuestro. En consecuencia, es posible advertir que se consideró que las personas citadas debían ser sancionadas de manera más severa por la naturaleza de los ilícitos involucrados, lo que revela un doble propósito: desincentivar que se realicen las conductas en comento y que exista certeza de que la condena se cumpla en su integridad. Lo anterior resulta conforme con el artículo 18 constitucional, ya que debe entenderse que se consideró que las condenas por los delitos en comento eran el tiempo mínimo indispensable para lograr la reinserción social de los sentenciados. Por tanto, el derecho de reinserción en comento se respeta en la medida en que, durante todo el tiempo de la pena, el sistema penitenciario busque la reinserción del sentenciado, pero, como se consideró, la prerrogativa en comento no puede modificar la duración de aquélla. En consecuencia, los sentenciados por delitos en materia de secuestro no pueden acceder a los beneficios en comento, salvo los supuestos expresamente previstos en la ley de la materia. En el caso, se advierte que el quejoso fue sentenciado, en lo conducente, por el delito de secuestro agravado, en términos del artículo 9, fracción I, inciso a y 10, fracción I, incisos b, c y e, de ley general de delitos en materia de secuestro (fojas 17 y 118, del cuaderno de pruebas relativo al expediente de ejecución). Por tanto, es indudable que en términos del artículo 19 de la legislación citada, no puede acceder a los beneficios que impliquen la reducción de la condena. Lo anterior es así, pues no existe constancia de que el sentenciado haya colaborado proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de secuestros y para la localización y liberación de las víctimas ni que, en ese supuesto, cumpla con los requisitos establecidos para gozar de los beneficios en comento; porque la pretensión del quejoso se concretó en la obtención de los beneficios en virtud del derecho de reinserción social. En consecuencia, contrariamente a lo alegado, resulta correcto que en la resolución reclamada se haya confirmado la negativa de la libertad anticipada solicitada, porque es evidente que resulta improcedente, al tratarse de un delito en materia de secuestro. Además, si bien lo anterior implica un trato diferenciado frente a otro tipo de ilícitos, no resulta en sí mismo discriminatorio, porque se utiliza como parámetro de distinción la naturaleza de los delitos involucrados, por lo que al ser distinta ésta dependiendo del bien jurídico de que se trate, es posible que se sancionen en términos discordantes; sostener lo contrario implicaría que todos los delitos debieran sancionarse en iguales términos y magnitud, lo que evidentemente resultaría un contrasentido, ya que se trata de conductas con diferente impacto en la sociedad. Por tanto, lo relevante es que la disposición en comento trata igual a todos los sentenciados por los delitos de la misma materia, es decir, a los que se encuentran en igualdad de condiciones. Así pues, no es posible que a la luz del derecho de reinserción se le libere anticipadamente, porque existe una ley especial que prohíbe expresamente tal beneficio y la prerrogativa alegada, se insiste, no implica que la condena necesariamente deba reducirse, al estar sujetos dichos beneficios a lo que se establezca en la ley secundaria. Entonces, el hecho de que no se reduzca la condena materia del acto reclamado no implica trasgresión al artículo 18 constitucional, en la medida en que debe entenderse que en toda su duración se buscará la reinserción social del quejoso. En conclusión, al resultar infundados los conceptos de violación, y no advertirse alguna cuestión diversa a la planteada por la que proceda suplir la deficiencia de la queja, se niega el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. Por último, toda vez que el quejoso Héctor Nicandro Ríos Alaniz se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, con fundamento en los artículos 158, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 166 de esta última, gírese atento despacho al Juez del Ramo Penal en Turno, con sede en Fresnillo, Zacatecas, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda para que, lleve a cabo la notificación de la presente resolución al amparista, para los efectos legales a que haya lugar. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Héctor Nicandro Ríos Alaniz, en contra del acto reclamado de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consistente en la sentencia de siete de abril de dos mil diecisiete, emitida en el toca de ejecución de sanciones 49/2017; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto del presente fallo. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido, por medio de despacho. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.". LO QUE TRANSCRIBO A USTED EN VÍA DE NOTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. ATENTAMENTE: EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. LIC. IVÁN OJEDA ROMO. EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS. LIC. HÉCTOR HUGO MEJORADA BEDOLLA.

  4. Principal

    CERTIFICACIÓN: EL SUSCRITO LICENCIADO JORGE MARTÍN ZAMORA GONZÁLEZ, SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE MEDIANTE OFICIO SEADS/762/2017, DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EL SECRETARIO EJECUTIVO DE ADSCRIPCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL INFORMÓ QUE EL PLENO, EN SESIÓN CELEBRADA POR EL PROPIO DÍA, ACORDÓ LA ADSCRIPCIÓN DEL LICENCIADO IVÁN OJEDA ROMO, COMO TITULAR DE ESTE JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, CON EFECTOS A PARTIR DEL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE; LO QUE SE ASIENTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. DOY FE. En once de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta al Juez con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, once de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de octubre del año en curso. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. AJC.

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