Héctor Ocampo Barrera.

Expediente 298/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
298/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Héctor Ocampo Barrera.

Actuaciones

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, once de octubre de dos mil veintitrés. Del estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el lapso de cinco días a que se refiere el numeral 98 de la legislación aplicable sin que el promovente del amparo *** interpusiera recurso de queja en contra del proveído del diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el ordinal 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado; al no existir actuaciones pendientes y encontrarse debidamente integrado el expediente físico y electrónico de este asunto, archívese como concluido. En términos de los preceptos 12 y 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, es susceptible de destrucción, en virtud de que se desechó la demanda, lo que podrá efectuarse una vez transcurrido el plazo de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes y colóquese en la carátula el sello respectivo. Sin que se estime necesario realizar mayor pronunciamiento sobre la devolución de constancias originales, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no obra documental alguna. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Berenice Osorio Macedo, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos de la Juez Segunda de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esta ciudad; regístrese bajo el número 298/2023-II y realícense las anotaciones respectivas. Al respecto, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario de la Ley de Amparo. Ahora, de los artículos invocados, interpretados en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos meramente adjetivos o procesales. Por ello, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que en su caso se promueva en contra de la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Bajo esa tesitura, la determinación reclamada no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos, en tanto que no incide de modo directo en la esfera jurídica de derechos sustantivos del quejoso. Los actos tienen una ejecución de imposible reparación, por regla general, cuando afectan de forma directa alguno de los derechos subjetivos públicos tutelados por la Constitución Federal; de ahí que, se puede concluir que cuando los actos que se reclaman en un juicio de amparo no tienen una ejecución de imposible reparación, el juicio es improcedente de conformidad con la citada fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Es así, pues para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento o como en el caso después de concluido el mismo, deben cumplirse dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, 2. Que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento de ejecución, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, si en este asunto se tilda de inconstitucional el auto del treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés en el que el juzgado responsable desechó el recurso de apelación en contra del auto de dieciséis de agosto del presente año, en el cual negó la sustitución de un testigo ofrecido por el ahora quejoso, es indudable que únicamente origina consecuencias de índole procesal, toda vez que no genera una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del quejoso porque no se impide el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente. Dicho de otro modo, el acto que reclama el impetrante no constituye un acto de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, puesto que se trata de un acto intraprocesal dentro del procedimiento, con lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. En tal virtud, con apoyo en el numeral 113 de la legislación aplicable, se desecha la demanda. Por otra parte, téngase por autorizado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones por encontrarse dentro del lugar de residencia de este Juzgado Federal, y por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece. En otro contexto, se autoriza para la consulta del expediente electrónico al usuario "***" que proporcionó la parte quejosa, toda vez que cuenta con el registro correspondiente, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que realice las anotaciones conducentes. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Macario Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Aviso. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa el auto del diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: "Iguala de la Independencia, Guerrero, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos de la Juez Segunda de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esta ciudad; regístrese bajo el número 298/2023-II y realícense las anotaciones respectivas. Al respecto, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario de la Ley de Amparo. Ahora, de los artículos invocados, interpretados en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos meramente adjetivos o procesales. Por ello, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que en su caso se promueva en contra de la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Bajo esa tesitura, la determinación reclamada no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos, en tanto que no incide de modo directo en la esfera jurídica de derechos sustantivos del quejoso. Los actos tienen una ejecución de imposible reparación, por regla general, cuando afectan de forma directa alguno de los derechos subjetivos públicos tutelados por la Constitución Federal; de ahí que, se puede concluir que cuando los actos que se reclaman en un juicio de amparo no tienen una ejecución de imposible reparación, el juicio es improcedente de conformidad con la citada fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Es así, pues para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento o como en el caso después de concluido el mismo, deben cumplirse dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, 2. Que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento de ejecución, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, si en este asunto se tilda de inconstitucional el auto del treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés en el que el juzgado responsable desechó el recurso de apelación en contra del auto de dieciséis de agosto del presente año, en el cual negó la sustitución de un testigo ofrecido por el ahora quejoso, es indudable que únicamente origina consecuencias de índole procesal, toda vez que no genera una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del quejoso porque no se impide el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente. Dicho de otro modo, el acto que reclama el impetrante no constituye un acto de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, puesto que se trata de un acto intraprocesal dentro del procedimiento, con lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. En tal virtud, con apoyo en el numeral 113 de la legislación aplicable, se desecha la demanda. Por otra parte, téngase por autorizado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones por encontrarse dentro del lugar de residencia de este Juzgado Federal, y por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece. En otro contexto, se autoriza para la consulta del expediente electrónico al usuario "***" que proporcionó la parte quejosa, toda vez que cuenta con el registro correspondiente, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que realice las anotaciones conducentes. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Macario Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe."

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