Héctor Ocampo Barrera
Expediente 121/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 121/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Héctor Ocampo Barrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, seis de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito; como lo solicita, hágase de su conocimiento que en proveído del veintiuno de octubre de dos mil veintiuno se tuvo por recibida la comunicación a la cual anexó testimonio de la resolución del dos de septiembre de dos mil veintiuno dictada en el recurso de queja civil XXXXX, en la que se declaró fundado el medio de impugnación interpuesto por XXXXXXX, contra el auto del veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Asimismo, remítasele copia del citado acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, del estado procesal que guardan las actuaciones, se advierte que mediante proveído del siete de enero del año actual, se ordenó la remisión de las constancias relativas al acto reclamado constantes de un tomo al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, sin que se haya realizado; consecuentemente, remítanse dichas documentales a la citada responsable, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, diez de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito; en atención a su contenido, comuníquesele que el veinte de octubre de dos mil veintiuno se recibió vía interconexión copia certificada de la resolución dictada en el recurso de queja civil 51/2021. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, siete de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por ****, por derecho propio; con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación aplicable, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria; archívese el expediente como asunto concluido y glósese el original del incidente de suspensión relativo. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción; por cuanto hace al original del incidente de suspensión, corre la misma suerte toda vez que se negó la suspensión definitiva. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Una vez que este expediente cumpla seis meses de archivo como asunto concluido, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, el tomo de pruebas que adjuntó a su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
En Iguala de la Independencia, Guerrero, a las diez horas con veinte minutos del treinta de noviembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 121/2021-II, promovido por *****, por derecho propio, ante el Juez José Álvaro Vargas Ornelas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, procede a su verificativo. Acto seguido, el Secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, reproduce todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el Secretario da cuenta con las documentales que anexó el juez responsable, a su informe justificado; asimismo, hace constar que las restantes no ofrecieron medio de convicción alguno. Sin pruebas pendientes que desahogar, se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra dicho periodo. Sin diligencias pendientes por practicar, se dio por concluida esta audiencia, de la que se levanta acta para constancia legal. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 121/2021-II; y, R E S U L T A N D O I. Mediante escrito recibido en la oficialía de partes de este Juzgado, el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, ******, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, y otra autoridad. II. En auto del veinticinco de mayo de ese año, este Juzgado Federal desechó la demanda respectiva, por lo que en desacuerdo con dicha determinación el justiciable interpuso recurso de queja, el cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, con el número de expediente 51/2021, el cual en resolución del dos de septiembre pasado, determinó que resultó fundado dicho medio de impugnación, por lo que ordenó que se proveyera lo conducente en relación a la admisión de la demanda. III. Por acuerdo del veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda; solicitó el informe con justificación; dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito, y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado se pretende ejecutar dentro de la demarcación territorial de este órgano de control, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. SEGUNDO. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa señala como acto reclamado la sentencia interlocutoria del catorce de mayo de dos mil veintiuno dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, en el juicio especial de alimentos *****, seguido por *****, en contra de ****, mediante al cual declaró improcedente el recurso de reconsideración hecho valer por el demandado en contra del proveído del veintiséis de marzo pasado; en este último se ordenó la reposición del procedimiento respecto al desahogo de la prueba confesional y declaración de parte a cargo de la actora. TERCERO. El Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, al rendir su informe justificado, aceptó el acto que se le atribuye; por tanto, se tiene por cierto. Lo anterior se corrobora con las constancias que obran en el presente sumario constitucional, consistentes en copias certificadas del juicio de origen; las cuales en términos de los artículos 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se les concede valor probatorio pleno, por ser documentos públicos expedidos por autoridad legalmente facultada para ello; así como su ejecución. CUARTO. Las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, aun de oficio, por así establecerlo el artículo 62 del ordenamiento invocado y por ser ello cuestión de orden público. Al respecto, este juzgado advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia descrita en la fracción XXIII del artículo 61, con relación el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo. De los numerales de referencia se obtiene que el juicio constitucional indirecto procede contra actos jurisdiccionales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución a través de los derechos fundamentales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. No obstante que, como acontece en el caso, se aleguen violaciones a los artículos 1°, 4º 14, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de alguna determinación autónoma al procedimiento, sino que se presentan justamente dentro de éste. En efecto, el acto reclamado, no puede considerarse que tenga efectos de imposible reparación, pues no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo, dado que no se trata de una actuación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene el carácter de adjetivo. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a esos derechos de forma directa, sin embargo, ello, por sí solo, es insuficiente para considerar procedente el amparo, ya que dicha afectación no puede verse de forma autónoma, sino que debe tenerse presente la naturaleza jurisdiccional del procedimiento del cual deriva el acto reclamado. En ese tenor, cuando en el juicio de amparo se aduce violación a los derechos sustantivos previstos en los artículos constitucionales referidos, debe considerarse la naturaleza jurisdiccional del acto reclamado, emitido conforme a la regulación procesal y sustantiva correspondientes, por lo que tales derechos no se ven materialmente afectados, como se deduce de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte; ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se de tallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En los actos jurisdiccionales, que derivan de procedimientos legalmente regulados, es posible que la inobservancia de las normas procesales pueda trascender a una afectación de los derechos fundamentales reglamentados en las leyes secundarias; casos en los que se está ante una vulneración al principio de seguridad jurídica y al derecho del gobernado a la legalidad de todo acto autoritario que pueda trascender a su esfera jurídica, en forma de molestia o de privación. La afectación a los derechos humanos previstos en preceptos constitucionales o convencionales, que son la base de la regulación secundaria que los reglamenta o detalla, cuando se trata de actos jurisdiccionales en cuya emisión deban acatarse las normas secundarias, adjetivas o sustantivas correspondientes, no puede darse de manera directa o material, sino cuando se vulnera la legalidad esperada de todo acto de autoridad, de modo que esa violación a derechos humanos previstos en la Constitución o en convenciones internacionales, se da en forma indirecta o formal, al infringirse las normas que de manera inmediata regulan el quehacer de las autoridades jurisdiccionales. Además, el Alto Tribunal ha puntualizado que acorde a la Ley de Amparo, sólo la violación de derechos sustantivos o de afectación material al gobernado, son considerados de imposible reparación; y, en el caso, la determinación que aquí se combate no afecta materialmente tales prerrogativas, puesto que no se restringe o suprime algún derecho de esta naturaleza o priva de ellos. Al respecto resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, Décima Época (registro 2006589), cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". En dicho criterio jurisprudencial, nuestro Alto Tribunal puntualiza que acorde a la nueva Ley de Amparo, solo la violación de derechos sustantivos o de afectación material al gobernado, son considerados de imposible reparación; y, en el caso, la resolución del catorce de mayo de dos mil veintiuno dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, en el juicio especial de alimentos *****, seguido por *****, en contra de ****, mediante al cual declaró improcedente el recurso de reconsideración hecho valer por el demandado en contra del proveído del veintiséis de marzo pasado, en el que se ordenó la reposición del procedimiento respecto al desahogo de la prueba confesional y declaración de parte a cargo de la actora; de ahí que se estime que no se vulneran derechos sustantivos al justiciable. Por tanto, atendiendo a la naturaleza del acto precisado en párrafos que anteceden, éste constituye un acto procesal ya que sus consecuencias sólo tienen efectos dentro del procedimiento de origen; esto es, dada su naturaleza intraprocesal o intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, pues sólo se traduce en ordenar nuevamente el desahogo de las pruebas confesional y de declaración de parte. Es ilustrativa de lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Número 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 205651 cuyo rubro es: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.". En última instancia, esa determinación puede ser combatida como violación procesal mediante el amparo directo que en su caso y oportunidad promueva contra la sentencia, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso a) y V, inciso c), de la Constitución Federal y 171 y 172, fracción VII, de la Ley de Amparo, pues en esa hipótesis se patentizaría la trascendencia de la consabida violación procesal. Además, como acto dentro del proceso tampoco participa de una afectación superior, que deba ser analizada mediante el juicio constitucional sin necesidad de esperar al dictado de la sentencia, ni con tal acontecimiento se le deja en estado de indefensión que le prohíba su adecuada defensa, porque en todo caso podrá constituir una infracción al procedimiento reclamable en amparo directo, en el que será factible impugnar la mencionada violación por haber trascendido al resultado del fallo. Sirven de apoyo a lo anterior, por analogía, las jurisprudencias 353 y 454, emitidas por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresas en las páginas 298 y 389 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 cuyos rubro son los siguientes: "PRUEBAS, ADMISIÓN DE, A LA CONTRAPARTE. VIOLACIÓN PROCESAL RECURRIBLE EN AMPARO DIRECTO." y "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. ADMISIÓN DE PRUEBAS A LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO. PROCEDE RECLAMAR LA VIOLACIÓN RESPECTIVA EN AMPARO DIRECTO.". Ante este panorama, es inconcusa la actualización de la causal de improcedencia analizada, por lo que debe sobreseerse en este juicio, al ubicarse en la hipótesis que establece la XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V a contrario sensu, del diverso numeral 107, y con la fracción IV del artículo 63, todos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *****, por derecho propio, contra el acto que reclamó del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, por las razones establecidas en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien da fe. Doy fe
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