Héctor Mauricio Galván Rayos
Expediente 407/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 407/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Héctor Mauricio Galván Rayos
- Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
En veinticinco de octubre de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el último párrafo del artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario Lic. Jesús Manuel Mora Bustillos.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan loso presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atento a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21 inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es destruible. Como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General en cita, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto para resolver el Juicio de Amparo 407/2021-IV, promovido por Héctor Mauricio Galván Rayos, contra actos del Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad y otra autoridad; y, R e s u l t a n d o : Primero. Por escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede esta ciudad, turnado ese mismo día a este Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Chihuahua, Héctor Mauricio Galván Rayos, promovió juicio de amparo, contra los actos de las autoridades, Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a quienes reclamó: "4.- ACTOS RECLAMADOS.- La omisión de la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículo 873 al 891 de la Ley Federal del Trabajo." Segundo. Por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada como expediente 407/2021-IV; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C o n s i d e r a n d o : Primero. En virtud de que el desarrollo y estado actual de los autos correspondientes, no han afectado la jurisdicción y la competencia implícitamente reconocidas en el auto admisorio de la demanda de amparo, este juzgado es legalmente competente para resolver esta controversia, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que es en el lugar en que ejerce Jurisdicción este Juzgado Federal, donde pueden tener ejecución los actos reclamados. Segundo. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fijan de manera clara y precisa los actos que el solicitante de amparo señala de inconstitucionales, los cuales, una vez realizado el análisis integral de la demanda, en congruencia con las constancias del presente expediente, se desprende que son los siguientes: ----La omisión de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, desahogar las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 73/2017, Tercero. La autoridad, Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado. Sin embargo, cabe precisar que la responsable anexo a su informe copia certificada del auto de once de mayo dos mil veintiuno, mediante el cual difirió la audiencia señalada para esa fecha, con la finalidad de que se verificara el desahogo de la ratificación en contenido y firma a cargo de Marco Antonio Rodríguez Avalos, ofertada como prueba por la parte quejosa, señalando hasta el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, para su verificativo, esto es, un término superior al estipulado por 883 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el treinta de abril de dos mil veinte, constancias con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Razón por la cual, contrario a lo expuesto por la autoridad responsable, se tienen por ciertos los actos reclamados por la parte quejosa. Cuarto. Previo al estudio del fondo del presente asunto, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, sea que las partes la propongan o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, de oficio, este Juzgador Federal advierte que, respecto del acto reclamado antes descrito, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que es improcedente el juicio de amparo, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley, ya sea de la propia Ley de Amparo o, incluso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sirviendo de apoyo a lo expresado, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.), del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción." En la misma tesitura, debe decirse que la Ley de Amparo distingue, en su artículo 107, fracción V, que el juicio es procedente "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones que el Estado Mexicano sea parte.". La interpretación en contrario de dicha porción normativa implica que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se trate de actos que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. De la interpretación sistemática de los artículos antes citados, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclamen actos en juicio, cuyos efectos no tenga, sobre las personas o cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, para ser calificados como irreparables, deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, precisa que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable al Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, y como acto reclamado la omisión de dicha autoridad de desahogar las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 73/2017, de su índice dentro de los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo. De lo anterior, se evidencia que los elementos de la definición de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado. En efecto, dicho acto sólo puede afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si se reclama la omisión de la Junta responsable de la omisión de dicha autoridad de desahogar las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 73/2017, de su índice dentro de los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo, no se traduce en una omisión que implique una afectación a derechos sustantivos. Lo anterior es así, tomando en cuenta además, que la posible afectación que se pudiera alegar por la omisión reclamada, a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no le otorga la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro dispone: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO." Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, en sesión privada de treinta de enero de dos mil diecinueve, la contradicción de tesis 294/2018, entre las sustentadas por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, sostuvo que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquier otra diligencia, la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, tomando en consideración que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil. De lo anterior, derivó la jurisprudencia 2a./33/2019 (10a.), de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En ese sentido, debe determinarse si en relación con el acto que se relama, que consiste, medularmente, en la omisión de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, de desahogar las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 73/2017, de su índice dentro de los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo de su índice, ya transcurrió el plazo de cuarenta y cinco días contados desde aquel en que haya fenecido el plazo correspondiente. Al respecto, la autoridad responsable Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, al rendir su informe justificado remitió copia certificada del auto de once de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual difirió la audiencia señalada para esa fecha, con la finalidad de que se verificara el desahogo de la ratificación en contenido y firma a cargo de Marco Antonio Rodríguez Avalos, ofertada como prueba por la parte quejosa, señalando hasta el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, para su verificativo. Así, si la autoridad proveyó lo conducente respecto a la prueba ofertada por la quejosa consistente en el desahogo de la ratificación en contenido y firma a cargo de Marco Antonio Rodríguez Avalos, ofertada como prueba por la parte quejosa, mediante auto de once de mayo de dos mil veintiuno, y la demanda de amparo indirecto fue presentada por el quejoso el veinticinco de mayo del presente año, es claro que no han transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días a que se refiere la invocada jurisprudencia de tema: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS.", por lo que, el presente juicio de amparo es improcedente. En tales condiciones, como se anticipó, al no ser el acto materia de reproche una omisión que afecte derechos sustantivos ni que constituya el supuesto de excepción previsto por la norma, es inconcuso que no se actualiza en el caso particular la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, es así porque a partir de la nueva Ley de Amparo, deben entenderse por actos de imposible reparación los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas y, como quedó señalado, lo reclamado no afecta derecho sustantivo alguno. En esas condiciones, debe tomarse en cuenta, que el amparo indirecto es improcedente cuando quien lo promueve se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, en tanto que, no deja sin defensa al quejoso, ni puede verse en forma autónoma del procedimiento, por lo que, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la Jurisprudencia por contradicción de tesis 7/2015, de rubro siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA.". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.". En esas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se SOBRESEE en el presente Juicio de Amparo promovido por Héctor Mauricio Galván Rayos, de conformidad con el considerando segundo de esta resolución. N o t i f í q u e s e. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto el escrito signado por la licenciada Susana Prieto Terrazas, autorizada del quejoso, agréguese a los autos para que obre como corresponda, y téngasele señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Tompiros número 2039, esquina con avenida Ejército Nacional, en el fraccionamiento Jardines de San José, en esta ciudad, para los efectos legales procedentes.
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