Héctor Manuel y/o Víctor Manuel Farias Galván

Expediente 767/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
767/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Juez Primero Civil por Audiencia del Distrito Judicial Bravos
  • Héctor Manuel y/o Víctor Manuel Farias Galván
  • Héctor Manuel y/o Víctor Manuel Farias Galván y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    quejoso: Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde. Así, téngase a María Farias Arévalo en representación de Héctor Manuel Farias Galván, también conocido como Víctor Manuel Farias Galván, parte quejosa, exhibiendo el billete de depósito número N 969640, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido por el Banco del Bienestar, al que se le asigna el número de orden 33/2023 del índice de este juzgado, y con el cual garantiza el monto que le fue fijado mediante interlocutoria de diecinueve de septiembre del presente año, en que se le concedió la suspensión definitiva; en tal virtud, comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento, y que con esta fecha sigue surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa. Por otra parte, se advierte que obra en autos diverso billete de depósito exhibido por la parte quejosa para garantizar los efectos de la suspensión provisional dictada en el presente incidente de suspensión. En consecuencia, toda vez que carece de objeto que continúe vigente la garantía otorgada para que surtiera efectos la suspensión provisional, se deja a disposición del depositante en la Secretaría de este juzgado, el billete de depósito ********************, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, valioso por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), registrado en este juzgado con el número de orden 27/2023, el cual se pone a su disposición hasta por el término de dos años, apercibiéndose a la parte quejosa, que de no recogerlo dentro de ese lapso, se mandará hacer efectivo a favor del Erario Público Federal. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, que establece que los depósitos al cuidado o constituidos ante la Tesorería a que se refiere el artículo 29 de esta Ley, inclusive los rendimientos que en su caso generen, prescribirán a favor del erario federal en el plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que pudo ser exigida jurídicamente su devolución o entrega por el depositante o por sus legítimos beneficiarios. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde. Así, téngase a María Farias Arévalo en representación de Héctor Manuel Farias Galván, también conocido como Víctor Manuel Farias Galván, parte quejosa, exhibiendo el billete de depósito número N 969640, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido por el Banco del Bienestar, al que se le asigna el número de orden 33/2023 del índice de este juzgado, y con el cual garantiza el monto que le fue fijado mediante interlocutoria de diecinueve de septiembre del presente año, en que se le concedió la suspensión definitiva; en tal virtud, comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento, y que con esta fecha sigue surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa. Por otra parte, se advierte que obra en autos diverso billete de depósito exhibido por la parte quejosa para garantizar los efectos de la suspensión provisional dictada en el presente incidente de suspensión. En consecuencia, toda vez que carece de objeto que continúe vigente la garantía otorgada para que surtiera efectos la suspensión provisional, se deja a disposición del depositante en la Secretaría de este juzgado, el billete de depósito ********************, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, valioso por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), registrado en este juzgado con el número de orden 27/2023, el cual se pone a su disposición hasta por el término de dos años, apercibiéndose a la parte quejosa, que de no recogerlo dentro de ese lapso, se mandará hacer efectivo a favor del Erario Público Federal. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, que establece que los depósitos al cuidado o constituidos ante la Tesorería a que se refiere el artículo 29 de esta Ley, inclusive los rendimientos que en su caso generen, prescribirán a favor del erario federal en el plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que pudo ser exigida jurídicamente su devolución o entrega por el depositante o por sus legítimos beneficiarios. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que no se llevó a la audiencia constitucional señalada para el día diecinueve de los corrientes, sin embargo, también se advierte que el informe justificado de la autoridad responsable, no fue rendidos con la anticipación que establece el artículo 117 de la Ley de la Materia, a fin de que las partes se impusieran de su contenido y estuvieran en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar pruebas; por lo que con fundamento en el precepto en mención, se ordena de oficio el diferimiento de la audiencia constitucional que estaba fijada para celebrarse en esta fecha, y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del cuatro de octubre de dos mil veintitrés para su verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 21/2008, consultable en la página 151, del Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de marzo de 2008, Novena Época y que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    I N T E R L O C U T O R I A Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 767/2023-VII-A, promovido por ********************, contra actos del Juez Primero Civil por Audiencia del Distrito Judicial Bravos, con residencia en la localidad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda recibido en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el nueve de agosto de dos mil veintitrés y remitido a este juzgado el día siguiente hábil, el promovente solicitó la apertura del incidente de suspensión, contra las autoridades responsables indicadas en el capítulo respectivo de la demanda, a quien esencialmente reclamó todos y cada uno de los autos, proveídos, resoluciones, diligencias, oficios, embargos y demás actos de autoridad emitidos dentro del juicio ordinario civil ********************/********************, así como la orden de desposesión, lanzamiento y desalojo sobre el bien inmueble ubicado en calle********************, fraccionamiento********************, en esta ciudad, del cual es propietario. SEGUNDO. Mediante proveído de fecha catorce de agosto de dos mil veintitrés, por una parte, se negó y por otra se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, se solicitó a las autoridades responsables sus informes previos y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se inició en los términos que constan en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Las autoridades responsables, el Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Oficiales Notificadores Y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores Y Ministros Ejecutores Del Distrito Judicial Bravos y el Encargado del Registro Público de la Propiedad y Del Comercio, Distrito Bravos, todos con residencia en la localidad, al rendir sus correspondientes informes previos, convienen en la existencia de los actos que la parte quejosa les reclama, lo cual es suficiente para tener por acreditados los mismos. SEGUNDO. Ahora bien, previamente, al entrar al estudio de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, por la naturaleza jurídica de dichos actos, no queda duda de la improcedencia de la suspensión relativa a dichas autoridades, pues, además se trata de actos que revisten las características de consumados, por tanto, lo conducente en la especie es negar la medida cautelar que hoy nos ocupa, justamente, contra los actos de los que se duele la parte quejosa, pues aquellos ya se llevaron cabo, circunstancia que se tiene así dada la manifestación que aduce el propio quejoso en la demanda de amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1090, que aparece publicada en la página 156, del Tomo VI, relativo a la Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de mil novecientos noventa y cinco, con el siguiente rubro y texto: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que en el amparo se pronuncie." TERCERO. No obstante lo anterior, el suscrito Juez estima procedente conceder la suspensión definitiva que solicita la parte quejosa, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, esto es, para que no se ejecuten los actos reclamados a las autoridades responsables, especialmente, que no sea desposeído o desalojado del bien inmueble ubicado en calle********************, fraccionamiento********************, en esta ciudad, del cual es propietario, ello hasta en tanto, se resuelva el juicio de amparo del que deriva este incidente. Lo anterior es así, pues se colma, en principio, la exigencia que refiere la fracción I, del artículo 128 de la Ley de Amparo, atinente a que la medida cautelar debe ser solicitada por la parte agraviada, situación que es más que suficiente para justificar, al menos indiciariamente, el interés jurídico de la parte quejosa para solicitar que se suspendan los efectos de los actos reclamados. Sobre este particular, es aplicable por similitud jurídica, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en la página 410, del Tomo XI, Mayo de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que aparece publicada con el texto: "SUSPENSIÓN PROCEDE DECRETARLA SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO. Si de autos se advierte que quien promueve el juicio de amparo es parte demandada en el juicio natural del cual emanan los actos reclamados, es evidente el interés que le asiste en obtener la suspensión definitiva de dichos actos, y por tanto debe decretarse, pues en el juicio de garantías el interés jurídico de quien la solicita se surte, si es parte en el procedimientos del que derivan los actos que se impugnan; máxime cuando la autoridad de quien se reclaman admite la existencia de los mismos, y se satisfacen los requisitos que al efecto establece el artículo 124 de la Ley de Amparo." De igual forma, orienta a lo enunciado, la tesis XX.43 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995, Época actual, visible en la página 608, que así se lee: "SUSPENSIÓN. BASTA LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO PARA TENER POR ACREDITADO PRESUNTIVAMENTE EL INTERÉS JURÍDICO DLA QUEJOSA EN EL INCIDENTE DE. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, para los efectos del incidente de suspensión, basta la presunción de certeza del acto reclamado para tener por acreditado presuntivamente el interés jurídico día quejosa y como tal obtener la suspensión en términos del artículo 124 y relativos del mismo ordenamiento legal; supuesto que, las limitaciones probatorias del incidente de suspensión, (artículo 131 de la ley de la materia) y la naturaleza misma de dicho incidente, no hacen posible, que en estos casos se exija prueba plena indubitable de la existencia de los actos reclamados, lo que sería materia en todo caso, del juicio en lo principal." También se satisface el diverso requisito que exige la fracción II, del artículo 128 de la Ley de la Materia, merced a que, con la medida suspensional la sociedad no recibe alguna afectación, ya que el acto materia del reclamo solo recae sobre el patrimonio del agraviado; ello, desde luego, en tanto se examine la constitucionalidad de éste. Sirve de apoyo también a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis jurisprudencial número I.3o.A. J/16, que se consulta en la página 383, del Tomo V, del mes de enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y que a la letra dice: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." De igual manera, la tesis de Novena Época, número V.2º.50 A., que aparece en la página 1125, del Tomo XI, correspondiente al mes de febrero del dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual es del rubro y contenido siguientes: "SUSPENSIÓN. EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE PREJUZGAR SOBRE LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL SIN BASE OBJETIVA. Si la quejosa reclama ataques a sus derechos de propiedad y posesión, alegando que la autoridad administrativa la trata de desposeer de un predio por obstruir supuestamente la vía pública, empero en su demanda de garantías aduce que el inmueble que ocupa como de su propiedad no invade espacio público, el Juez de Distrito no puede, sin prueba en contrario, negar la suspensión provisional invocando que no se satisface el requisito exigido en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo porque, en su concepto, de concederla se contravendrían disposiciones de orden público como son las contenidas en el capítulo II denominado del Uso de la vía pública del Reglamento de Construcción para el Centro de Población de Nogales, Sonora, además de que se obstaculizaría la libre circulación peatonal y vehicular, ya que ello es objeto de prueba durante el trámite del incidente de suspensión; pero además a lo que debe atenderse es precisamente lo que la quejosa argumenta respecto a que no obstruye la vía pública por ser el predio que ocupa propiedad privada, y debe atenderse a sus manifestaciones cuando no hay prueba en contra." Además, no se advierte que se actualice alguno de los supuestos que de manera enunciativa señala el diverso artículo 129, de la ley de la materia ni algún otro similar. En esa misma asociación de ideas y como ya se dijo, se concede la medida suspensional solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, esto es, para que no se ejecuten los actos reclamados a las autoridades responsables, especialmente, que la parte quejosa no sea desposeída o desalojada del bien inmueble ubicado en calle********************, fraccionamiento********************, en esta ciudad, del cual es propietario, materia de del juicio de origen y materia de la litis, ello hasta en tanto, se resuelva el juicio principal del que deriva el presente incidente. Sin perjuicio de lo expuesto, la medida cautelar que se concede, no surtirá efecto alguno, para el caso de que los actos reclamados ya hubieran sido ejecutados, previamente a la presentación de la demanda de amparo. En otro contexto, de conformidad con lo previsto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo pruebas de su parte, la documental que ofreció y anexo al escrito de demanda, la cual se cotejo con su original, y se tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella, al momento de resolver sobre la suspensión definitiva solicitada. Por otra parte, advirtiéndose de la demanda de donde deriva el presente incidente de suspensión, que eventualmente pudiera existir una parte tercera interesada que puede sufrir daños y perjuicios con el otorgamiento de esta medida, con fundamento en lo establecido en el artículo 132, de la ley de la materia, dejará de surtirlos, si la parte quejosa, dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta resolución, no exhibe garantía bastante para indemnizar los perjuicios que con la suspensión pudiera causarle al tercero interesado, la cual podrá otorgar en cualquiera de las formas permitidas por la ley, y que se fija por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100, moneda nacional), cantidad que se fija discrecionalmente, por carecer de mayores elementos para cuantificarla y que corresponde a los perjuicios que pudieran causarse al tercero interesado, hasta en tanto se resuelve en el juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión. Además dicha garantía deberá contener los siguientes requisitos: la autoridad federal a quien va dirigida, el número de expediente a que corresponda y el concepto de exhibición. Asimismo, deberá solicitar a la institución que emita el documento en el cual conste la garantía, se asiente la leyenda siguiente: "El depositante autoriza expresamente al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de este depósito"; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince. De igual forma, conforme a lo previsto en el artículo 879 del referido Acuerdo General, la parte quejosa deberá cerciorarse de que la institución depositaria que emita el documento, haga constar el monto de la cantidad depositada, y que el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante. En el entendido que si la quejosa opta por exhibir la póliza de fianza, ésta deberá contener además de los requisitos anteriores, la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora a las disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de la cantidad caucionada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 128, 131, 138, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. De conformidad con el considerando segundo, se niega la suspensión definitiva que solicita ********************, contra los actos que le reclama al Juez Primero Civil por Audiencia del Distrito Judicial Bravos, con sede en la localidad y otras autoridades. SEGUNDO. De conformidad con el considerando tercero, se concede la suspensión definitiva que solicita ********************, contra los actos que le reclama al Juez Primero Civil por Audiencia del Distrito Judicial Bravos, con sede en la localidad y otras autoridades. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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