Hector Martínez Roque

Expediente 1374/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1374/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
07/12/2016

Partes del expediente

  • Hector Martínez Roque

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    II. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió el auto de diez de octubre del año en curso, donde se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de estilo en el libro de Gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). 2. El original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, toda vez que se se dejó insubsistente la audiencia incidental (punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Incidental

    II. Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte tercera interesada David Trejo García, en consecuencia se le notifica por medio de lista el auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis el cual es del tenor siguiente: "TRAMITACIÓN INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1374/2016-II, promovido por HECTOR MARTÍNEZ ROQUE, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad. REQUERIMIENTO DE INFORMES PREVIOS. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 138, 139 y 140 de la citada Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables sus informes previos, mismos que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; al efecto, remítase copia simple de la demanda. Se apercibe a las responsables que en caso de ser omisas en rendir sus informes previos, se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión, además de que se harán acreedoras a una multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de los artículos Transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los preceptos en cita, en relación con el contenido de los diversos 238 y 260, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales. SEÑALAMIENTO DE FECHA DE AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del tres de octubre de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo. ACTO RECLAMADO. Ahora, el acto reclamado por los quejosos en el presente asunto se hace consistir en 1. Falta de emplazamiento al expediente J.2/6/2015, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. 2. Laudo dictado en el expediente J.1/6/2015, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. 3. Así como la ejecución del laudo. En virtud de tales argumentos éste juzgador deberá proveer respecto de la suspensión de los actos reclamados en los términos precisados por el quejoso, ello en atención al contenido de la jurisprudencia 111/2003, publicada en la página 98 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2003, Tomo XVIII, materia común, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos.". Consecuentemente y en virtud que la parte quejosa solicitó la suspensión para que se mantengas las cosas en el estado que actualmente guardan, respecto de la ejecución del laudo dictado en el expediente J.1/268/2015 y en atención a las consideraciones sostenidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al respecto, en la jurisprudencia número 1895, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, página 3035, cuyo contenido es: "SUSPENSIÓN EN MATERIA DE TRABAJO. El artículo 174 de la Ley de Amparo establece una facultad discrecional en favor de los miembros de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para conceder la suspensión de los laudos que se recurren en amparo directo y la Cuarta Sala de la Suprema Corte a sustentado el criterio de que la suspensión en materia de trabajo, es improcedente hasta por el importe de seis meses de salario, por ser éste el término considerado como necesario para la tramitación del juicio de garantías." Al caso, se estima aplicable dicho criterio, pues la parte agraviada pretende que no se materialice la ejecución del laudo, dictado en el expediente laboral J.2/6/2015, del índice estadístico de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, ello, porque el trabajador, tiene derecho a que se le haga entrega del pago de las prestaciones respecto de las cuales la autoridad responsable consideró procedente su acción y, mientras no se demuestre lo contrario, debe estimarse que los beneficios obtenidos del laudo, los requiere para subsistir; de tal manera, que si se promueve amparo, cualquier vía elegida en la que se pida la suspensión de la ejecución del laudo, debe garantizarse la subsistencia del trabajador en los términos del citado precepto 190 de la Ley de Amparo; con base en la jurisprudencia publicada con el número 612, página 498, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, en el Tomo VI, Materia Laboral, cuyos rubro y texto son: "SUSPENSIÓN CONTRA LAUDO. DEBE GARANTIZARSE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, AUN CUANDO AQUEL SE RECLAME EN AMPARO INDIRECTO. El artículo 174 de la Ley de Amparo establece las normas aplicables cuando se pide la suspensión de los actos reclamados al combatirse un laudo en amparo directo. Sin embargo, el contenido de tal disposición legal debe aplicarse también cuando se impugna un laudo en amparo indirecto, como ocurre en el supuesto de que la parte demandada reclame la falta de audiencia por no habérsele emplazado legalmente a juicio y, consecuentemente, impugne todo el procedimiento, incluyendo el laudo, o bien, cuando se trate de actos de ejecución de laudo. Ello es así porque en ambas situaciones existe tal similitud que las consecuencias legales no pueden ser distintas, desde luego cuando la parte que obtuvo es la obrera, máxime que los laudos son ejecutables de inmediato en la hipótesis de que al promoverse la demanda de garantías, no se solicite la suspensión del acto; además, en uno y en otro caso, tratándose del trabajador, legalmente ya tiene derecho a que se le haga entrega o pago de las prestaciones respecto de las cuales la Junta consideró procedente su acción, y, mientras no se demuestre lo contrario, debe estimarse que los beneficios que obtuvo del laudo los requiere para subsistir; de manera que si se promueve el amparo, cualquiera que sea la vía elegida y se pide la suspensión del laudo, debe garantizarse la subsistencia del trabajador, en los términos del mencionado artículo 174 de la Ley de Amparo." Ahora, como la cantidad total de la condena a cargo de la parte peticionaria del amparo hasta el día de hoy es desconocida, pues de la demanda, escrito aclaratorio y anexos que adjunto a los mismos, no se advierte la cantidad total líquida a la cual fue condenado el impetrante de amparo, se estima procedente negar la suspensión provisional respecto de la ejecución del laudo por el monto necesario para que el trabajador subsista mientras se resuelve el presente juicio de amparo, que debe ser el resultado de los seis meses del salario diario que perciba el trabajador, tiempo probable de duración de la tramitación del presente juicio de amparo. Por otra parte, en conformidad con los numerales 152 y 192 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede conceder la suspensión provisional, únicamente para el efecto de que no se lleve a cabo la ejecución del laudo pronunciado en el expediente laboral J.2/6/2015, respecto de las cantidades restantes contenidas en dicha determinación, mientras se resuelve con los datos que se obtengan en estos cuadernos incidentales, si es procedente o no conceder la suspensión definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 40/2000, publicada en la página 262, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Mayo de 2000, Novena Época, cuyo rubro y contenido son: "SUSPENSIÓN DE UN LAUDO QUE EN FORMA LÍQUIDA O DE FÁCIL LIQUIDACIÓN CONDENA AL PATRÓN. INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la interpretación literal, causal y teleológica de lo dispuesto en el citado precepto legal, el sistema que rige la suspensión de los laudos favorables a los trabajadores constituye un régimen que incorpora principios que tienden a ser tutelares de éstos, así como otros de aplicación general a todo juicio de garantías. En ese contexto, si en una demanda de amparo directo se controvierte un laudo favorable al trabajador que establece una condena líquida o de fácil liquidación, y el patrón solicita la suspensión de su ejecución, para resolver sobre ello, el presidente de la respectiva Junta de Conciliación y Arbitraje debe, indefectiblemente, negar la suspensión de la ejecución del laudo por el monto necesario para que el trabajador subsista mientras se resuelve el juicio de garantías, con arreglo al criterio que establece la jurisprudencia 12/95 de esta Segunda Sala, que lleva por rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA DE TRABAJO. EL CÁLCULO DEL TIEMPO QUE DURA EL JUICIO DE GARANTÍAS PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO TIENE QUE SER NECESARIAMENTE DE SEIS MESES.". Por otra parte, debe conceder la suspensión respecto de la ejecución de la condena restante, condicionando sus efectos al otorgamiento de la caución que sea bastante para responder de los daños y perjuicios que con ella se puedan causar al trabajador. La citada caución comprenderá dos partidas, a saber: a) La primera, cuya estimación queda al prudente arbitrio de la autoridad mencionada, que responda por los daños que con tal medida se puedan causar a la parte obrera, es decir, a la pérdida o menoscabo que jurídicamente acarrea a esta última no disponer, mientras se resuelve el juicio de amparo, de la suma que le corresponde conforme al laudo, tomando en cuenta que como la suspensión obra únicamente sobre la ejecución de este último, no afecta su validez, no lo socava ni trasciende a su existencia o a la posibilidad jurídica de que lo determinado en él llegue a concretarse, de donde se sigue que esta partida debe ser inferior al importe de la condena, puesto que solamente tiende a resarcir el daño o menoscabo de su poder adquisitivo por el diferimiento de su pago hasta que se resuelva el amparo; y b) La segunda partida, relativa a los perjuicios que la medida cautelar pueda provocar, que garantice la privación de las ganancias lícitas que obtendría el trabajador de tener bajo su dominio, durante el citado lapso, la respectiva prestación pecuniaria, suma equivalente al rendimiento que en el mismo lapso produciría tal prestación, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, como puede ser la "Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio" o algún otro indicador similar que, por su publicación en el Diario Oficial de la Federación, genere certeza a las partes y a la mencionada autoridad responsable." Sólo que como existen terceros interesados, en conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley de Amparo, el quejoso debe garantizar el pago de los posibles daños y perjuicios que pudiere ocasionarle a éste con la medida suspensional decretada, en caso de no obtener sentencia favorable, para lo cual tendrá que otorgar ante este juzgado de Distrito garantía por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 m. n.), que podrá exhibir en billete de depósito de Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito o en cualquiera de las formas establecidas por la ley, la cual podrá ser aumentada con base a los datos que aporte la responsable en su informe previo. A la parte quejosa se hace del conocimiento que en caso de exhibir la garantía antes precisada en billete de depósito, éste deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos 28 y 32 del Acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, es decir, en éste se deberá hacer constar que: - El depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante. - Se autoriza al Secretario Técnico del Comité Técnico del Fondo del Apoyo a la Administración de Justicia para solicitar y recibir información de la institución crediticia depositaria que le permita el control del depósito. La garantía se fija de manera discrecional en uso de la facultad que confiere al juez de Distrito el artículo 135 de la Ley de Amparo, en consideración a que de la lectura íntegra de la demanda de garantías y del ocurso aclaratorio no se advierte el monto total de la condena en el juicio laboral, por ello no es posible realizar la operación aritmética respectiva. Aunado a los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al trabajador con la concesión de la medida cautelar, entendiéndose por daño, la pérdida o menoscabo de la cantidad que deja de percibir el trabajador en el tiempo que se estima se resuelve el juicio de amparo (condena en el laudo), lo que se traduce en el poder adquisitivo. Y perjuicio, la privación de las ganancias lícitas que obtendría el trabajador de disponer de las cantidades a las que se condenó a la impetrante de garantías en el laudo respectivo. Al caso es de citarse el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 779, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXIX, con el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN, FIANZA PARA LA. Según el artículo 125 de la Ley de Amparo, para que se conceda la suspensión la quejosa necesita otorgar garantía suficiente para reparar los daños y perjuicios si no obtiene una sentencia constitucional favorable. Por esta razón, la garantía comprende la indemnización de todos los daños y perjuicios que cause la suspensión ya sean anteriores o posteriores a la constitución de la garantía." Y la tesis I.4o.A.96 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 165, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, con el rubro y texto que se citan: "DAÑOS Y PERJUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTA OBLIGADO A DETERMINAR CUALES SON DICHOS, PARA EXIGIR LA GARANTÍA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 125 DE LA LEY DE AMPARO, PARA LOS EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN. Es incorrecto que el juez de Distrito deba determinar cuáles son los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercero perjudicada con la concesión de la suspensión definitiva, para estar en aptitud de exigir la garantía respectiva; ello en virtud de que el artículo 125 de la Ley de Amparo se refiere a daños y perjuicios posibles y no sólo a los comprobados, circunstancia que sólo se debe determinar a través del incidente que al efecto se tramitare." En el entendido que la suspensión concedida surtirá sus efectos desde este momento, pero si trascurre el plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, sin que la parte agraviada exhiba ante este juzgado la garantía impuesta en las formas establecidas en el párrafo que antecede, la suspensión provisional dejará de surtir sus efectos y se comunicará a las responsables que quedan expeditas sus facultades para ejecutar el acto reclamado, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, para que notifique el contenido del presente auto al tercero interesado, DAVID TREJO GARCÍA, en el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda. Lo anterior, acorde a lo establecido en la Jurisprudencia TP.J 143/2000, aprobada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal y que se localiza en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, del mes de Diciembre de 2000, cuyo rubro se transcribe: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE." De conformidad con lo señalado en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa en su demanda de amparo. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas citadas en el escrito de demanda, siempre y cuando cuenten con el registro de su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de no ser así se tendrá únicamente para oír y recibir notificaciones y para el caso de no contar con registro, se le autoriza en términos de la última parte del párrafo segundo del citado artículo; es decir únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Lo anterior, en atención a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, registrada con el ordinal 2002576, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Finalmente, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Segundo Transitorio de la citada Ley, en caso de solicitarse una versión pública de la resolución que se emita en este juicio, se ordena clasificar la información que, en su caso, fuese reservada y suprimir la confidencial de las partes en términos de los artículos 110 y 113 de dicha norma. Notifíquese; y personalmente al tercero interesado. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro que autoriza, firma y da fe."

  3. Incidental

    II. El estado procesal de autos y la copia certificada de la comparecencia de cinco de los actuales, signada por HECTOR MARTÍNEZ ROQUE, a través del cual ratifico su escrito de desistimiento, misma que obra en el cuaderno principal del juicio 1374/2016, del cual deriva el presente incidente de suspensión y en consideración a que para un juez de Distrito, un hecho notorio lo constituye los diversos asuntos ante él tramitados, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia XXII J/12, visible en la página 295 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Tomo V, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento.". Asimismo, de conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, el cual establece que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Al tener a la vista el juicio principal 1374/2016-II, del cual deriva el presente incidente de suspensión, se advierte que la parte quejosa se desistió del juicio en mención. Por tanto, lo procedente es declarar sin materia el incidente de suspensión en que se actúa, por haberse desistido expresamente como se advierte del expediente principal. Lo anterior es así, pues si bien es cierto en el juicio de amparo la voluntad para promoverlo es un principio fundamental, dicho principio debe extenderse al incidente de suspensión del acto reclamado, pues la materia incidental la constituyen los actos reclamados que siempre se tramitan previa petición de suspensión de los mismos por parte del quejoso, según lo previene el artículo 125 de la Ley de Amparo. Por tanto, con la sola declaración de la voluntad, la parte quejosa válidamente puede ceder en cualquier momento de su tramitación, lo que se traduce en la renuncia a que el órgano jurisdiccional ejerza su actividad en esa materia. En consecuencia a lo anterior, la audiencia incidental que se encuentra prevista para celebrarse hoy se deja insubsistente por las razones expuestas en el auto que se provee.

  4. Principal

    II. Visto el estado procesal de autos, del que se advierte que el directo quejoso HÉCTOR MARTÍNEZ ROQUE, mediante comparecencia de cinco de los cursantes, ratifica su escrito de desistimiento. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley de la materia, el cual establece que el juicio de amparo únicamente podrá seguirse a instancia de parte agraviada, con fundamento en la fracción I del artículo 63, fracción l, de la Ley de Amparo, y al tomar en consideración la comparecencia, por la cual se desiste; en términos del precepto citado, se sobresee en el presente asunto, promovido por HÉCTOR MARTÍNEZ ROQUE, contra actos de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE y otra autoridad. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J.33/2000, publicada en la página 147, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Aunado a que si del escrito presentado el tres de octubre de del año que transcurre y ratificado mediante comparecencia de cuenta, se desprende que se desiste expresamente del juicio de amparo, se evidencia su voluntad de no continuar con la secuela procesal de éste, tal y como se establece en la jurisprudencia publicada con el número 417, en la página 358, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE DECRETARSE CUANDO EL ACTOR DESISTA, EXISTIENDO, ADEMÁS, RATIFICACIÓN DE LA FIRMA DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO. Si el representante legal del quejoso, con facultades para desistirse del juicio de amparo, presenta escrito de desistimiento del juicio de garantías y, además, ratifica la firma que calza dicho escrito de desistimiento, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo." Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Tomo XVII, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, dura te el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contraría consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, se deja insubsistente la audiencia señalada para las once horas con treinta y cinco minutos del veinte de octubre de dos mil dieciséis; lo anterior, hágase del conocimiento de las pates. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Finalmente, agréguense los oficios suscritos por el Actuario y la Presidenta, ambos de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA, a través de los cuales rinden informe justificado; atento a lo anterior, estése a lo acordado en el presente proveído.

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