Hector Marin Castillo

Expediente 1865/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1865/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Hector Marin Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por Héctor Marín Castillo, contra actos del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Electrónicos, bajo el número 1865/2023-VII. Admisión de demanda. En tal virtud, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo. Apertura incidente de suspensión. De conformidad con los artículos 125 y 128, último párrafo de la Ley de Amparo, fórmese el cuaderno de suspensión, toda vez que la parte quejosa solicito la medida cautelar. En el entendido que se substituye la formación del duplicado físico de dicho cuaderno, con el electrónico que se forme a partir de las constancias digitalizadas que obren en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de conformidad con los artículos 264 y 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Intervención del ministerio público. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, notifíquesele la radicación del presente asunto por medio de la lista. Señalamiento de audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional, se fijan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del nueve de enero de dos mil veinticuatro. Solicitud de informe justificado.... Notifíquese.

  2. Incidental

    Toluca, Estado de México; veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con una copia simple de la demanda de amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1865/2023-VII, promovida por ********************, contra actos del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otras autoridades. Requerimiento de informe previo. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. En el informe requerido, las responsables tendrán que sujetarse a las hipótesis previstas en el numeral 140 de la Ley de Amparo, es decir, tendrán que expresar si es o no cierto el acto que se les atribuye y las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, para tal efecto, se les envía copia de la demanda. Se apercibe a las responsables que en caso de ser omisas en rendir su informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados, para el sólo efecto de la suspensión, además de que se harán acreedoras a una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el entendido que las autoridades responsables deberán privilegiar de ser posible el uso de los medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe previo, así como de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye, al correo oficial 2jdo2ctoac@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Audiencia incidental. En términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con treinta y cinco minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Procedencia de la suspensión. En los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo se precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que los peticionarios de garantías deben de reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado las cuales son: a) Que lo solicite el quejoso; b) No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios para la quejosa; y d) La apariencia del buen derecho. Precisión del acto reclamado. En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que los actos reclamados en esta instancia constitucional se hacen consistir en: La omisión de realizar el pago de pensión. Antes de entrar al estudio sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión del acto reclamado, es pertinente indicar que los artículos 107, fracción X de la Constitución General de la República, 125 y 128 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgado debe tomar en cuenta para otorgarla, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir. Concesión de la suspensión provisional. No obstante que se reclame una omisión por parte de la autoridad responsable, el no garantizar el pago de la pensión al quejoso, es un acto en contra del cual procede la suspensión, en términos de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 147 de la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción X, constitucional y el diverso 147 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. (.)". "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo". El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo". Conforme al texto constitucional se permite, bajo la reglamentación legal prevista por el legislador, la posibilidad de suspender los actos reclamados materia de los juicios de amparo y, en algunos casos, atendiendo a su naturaleza, el juzgador debe hacer un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, para su otorgamiento. Por tanto, la medida cautelar participa de los efectos de la sentencia definitiva del proceso, específicamente de los efectos prácticos, en cuanto permite mantener al afectado en el goce del derecho que aparentemente le asiste mientras se resuelve el juicio, pero corresponde sólo a la sentencia determinar en definitiva sobre los derechos alegados y, en su caso, dejar sin efectos los actos jurídicos. Por ello, los presupuestos de las medidas cautelares son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, es decir, se deben sustentar en un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho alegado por el interesado, mediante el examen preliminar que se hace al fondo del asunto, así como en la amenaza de que por el tiempo de duración del proceso ese derecho aparente no sea satisfecho, siendo sus notas distintivas, la instrumentalidad y la provisoriedad, entendidas la primera, en el sentido de que la medida sirve a un proceso principal, del cual depende su existencia; y la segunda, no simplemente como algo temporal, sino sobre todo como lo que está destinado a durar hasta en tanto sobrevenga un evento sucesivo: esto es, hasta en tanto adquiera firmeza procesal la sentencia que se dicte en el juicio principal. Así, considerando a la suspensión del acto reclamado como medida cautelar, se tiene que su objeto primordial es mantener viva la materia del amparo impidiendo que, mientras éste se resuelve en definitiva, el acto reclamado pueda consumarse irreparablemente, caso en el cual ya no habría posibilidades de protección, así como también evitar al agraviado los perjuicios que el acto reclamado pudiera ocasionarle con motivo de la duración del juicio, mediante la anticipación de la tutela, cuando se demuestra la apariencia del buen derecho, no se siga perjuicio al interés social y sea jurídica y materialmente posible restablecer al quejoso en el goce de ese derecho. Asimismo, en el contenido del segundo párrafo del artículo 147 de la ley de la materia, se prevé la posibilidad de que la medida suspensional, tenga como efecto restablecer provisionalmente a la quejosa en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible y se ordena al Juez fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para hacer conservar la materia del amparo, hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional, siga surtiendo efectos, además de tomar las medidas que estime necesarias para evitar se defrauden derechos de menores o incapaces, en tanto se dicta la sentencia definitiva en el juicio de amparo. De lo anterior, puede apreciarse que la suspensión opera sobre las consecuencias o efectos del acto, para que, por virtud de ella, el quejoso siga gozando de la garantía que pretendía privarle el acto violatorio, mientras se resuelve el juicio de amparo, en la inteligencia de que no solamente, puede actuar mediante la paralización de un estado de cosas para impedir que el acto afectatorio se materialice (medidas conservativas), sino también mediante el restablecimiento a la quejosa en el goce de la garantía o derecho afectado con el acto reclamado (tutela anticipada). La restricción a lo anterior consiste en que la suspensión no podría llevar a constituir derechos de los cuales la quejosa carecía antes de solicitar la medida cautelar, pues la suspensión sólo se justifica cuando hay apariencia suficiente de un derecho previo que necesita de protección provisional, por haber sido afectado por un acto probablemente inconstitucional, por tanto, sin un derecho que corra peligro mientras dura el proceso, no se justifica la medida cautelar. De ahí que lo determinante para resolver si se concede es el análisis de la apariencia del buen derecho, que consiste en un juicio preliminar sobre la conformidad a derecho de la pretensión de la quejosa, o de la inconstitucionalidad del acto reclamado frente al cual se solicita la tutela preventiva de la suspensión. Asimismo, es importante precisar que la naturaleza omisiva del acto reclamado no es un factor determinante para conceder la medida cautelar, pues lo importante para que ésta sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." (Registro digital: 2021263. Décima Época. Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286)." Ahora bien, en el presente caso, de la adminiculación de la copia presentada por la quejosa, que corresponde al acuse de recibo de la aceptación de pensión, se advierte la existencia de una omisión en el pago de la pensión, que genera una transgresión a los derechos de previsión social de la quejosa. Precisado lo anterior, se destaca que del acuse de recibo de la aceptación de pensión de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, constancia a la que se le otorga valor probatorio de indicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que ********************, aceptó la pensión otorgada en el dictamen ********************, y la omisión de pagar la referida pensión. En ese sentido, si la regulación del juicio de amparo admite la posibilidad de restablecimiento en el derecho vulnerado, con motivo de la suspensión, en los términos del segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, es decir, cuando siendo procedente la suspensión, sea jurídica y materialmente posible dicho restablecimiento, máxime que en el caso no se sigue perjuicio al interés social y por el contrario, existe el peligro en la demora, porque de no concederse la suspensión se seguiría generando un perjuicio a la quejosa que contraviene el derecho humano a la dignidad humana y al mínimo vital. En esa medida, al advertirse de las constancias que hasta éste momento la omisión reclamada existe y que la quejosa no ha recibido el pago que le corresponde derivado de un dictamen de pensión, generando con ello un perjuicio a su derecho a una vida digna y al mínimo vital, procede conceder la suspensión provisional, para efecto de que la autoridad responsable proceda a realizar el pago de la pensión determinada en el dictamen cuya aceptación emitió la quejosa, pago que debe cubrirse hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva, ello tomando en consideración que se encuentran reunidos los requisitos establecidos por los artículos 128 y 147, segundo y tercer párrafos, ambos de la Ley de Amparo. Cabe hacer la precisión en el sentido de que la suspensión únicamente conlleva la obligación de pagar la cantidad determinada en el dictamen de pensión, hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva, no así la determinación del primer pago que le corresponda desde que se otorgó la pensión, porque eso es materia del juicio de amparo principal. Medida suspensional que conforme a lo dispuesto en el artículo 136, primer párrafo de la Ley de Amparo, surte efectos desde el momento que se pronuncia en la presente determinación, ya que no se advierte que con la suspensión se pueda causar un daño económico a persona alguna, en términos del artículo 132 de la materia, por lo que no se fija ninguna garantía alguna. Apercibimiento de autoridades inexistentes. En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que las autoridad señalada como responsable, no exista con la denominación que indica en su demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables, tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se le tendrá como inexistente y por ende no se les dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia incidental el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. ... Notifíquese.

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