Hector Manuel Reyes Garcia
Expediente 12/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 12/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Hector Manuel Reyes Garcia
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Héctor Manuel Reyes García, contra actos del Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal, sala sede en San Luis Potosí, San Luis Potosí, con cinco copias que acompaña, que estima violatorios en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16 y 20 apartado B Fracción IX párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 12/2022-II. Ahora bien, examinada la demanda, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y por tanto, de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones. La parte quejosa señala como actos reclamados la resolución de once de diciembre de dos mil veintiuno dentro de la causa penal de origen 533/2019. En el caso se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, debe decirse que del análisis integral de la demanda de amparo, específicamente en el apartado quinto de su demanda, se aprecia que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que reclama el once de diciembre de dos mil veintiuno, pues manifestó bajo protesta de decir verdad que en esa fecha, tuvo conocimiento del acto reclamado. Manifestaciones que al haber sido realizadas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, hacen prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por consiguiente, si tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el once de diciembre de dos mil veintiuno, el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo comenzó a computarse el día hábil siguiente, por lo tanto, dicho término ya transcurrió, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es decir, el cómputo relativo corrió del catorce de diciembre de dos mil veintiuno al tres de enero de dos mil veintidós, sin contar dieciocho, diecinueve, veinticinco, veintiséis del mismo mes y año, así como uno y dos de los corrientes, por ser inhábiles. Esto, derivado de que las notificaciones hechas en el sistema penal acusatorio quedan practicadas de forma personal en el propio acto en que se emite la determinación. Incluso si se considerara que la misma surtió efectos al día siguiente hábil, se tendría que el cómputo para la acción constitucional, en este caso que nos ocupa, a lo más, como ya se dijo, habría iniciado el catorce de diciembre de dos mil veintiuno y fenecido el tres de los actuales. Por tanto, si la parte quejosa presentó su escrito de demanda por buzón, el cinco de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; es claro que transcurrió el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia, lo que genera que el acto que reclama sea un acto consentido tácitamente. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo respecto de dichos actos al surtirse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia puntualizada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona; y en términos restringidos del citado numeral a Pedro Daniel Bravo Juárez, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Héctor Manuel Reyes García, contra actos del Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal, sala sede en San Luis Potosí, San Luis Potosí, con cinco copias que acompaña, que estima violatorios en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16 y 20 apartado B Fracción IX párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 12/2022-II. Ahora bien, examinada la demanda, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y por tanto, de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones. La parte quejosa señala como actos reclamados la resolución de once de diciembre de dos mil veintiuno dentro de la causa penal de origen 533/2019. En el caso se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, debe decirse que del análisis integral de la demanda de amparo, específicamente en el apartado quinto de su demanda, se aprecia que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que reclama el once de diciembre de dos mil veintiuno, pues manifestó bajo protesta de decir verdad que en esa fecha, tuvo conocimiento del acto reclamado. Manifestaciones que al haber sido realizadas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, hacen prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por consiguiente, si tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el once de diciembre de dos mil veintiuno, el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo comenzó a computarse el día hábil siguiente, por lo tanto, dicho término ya transcurrió, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es decir, el cómputo relativo corrió del catorce de diciembre de dos mil veintiuno al tres de enero de dos mil veintidós, sin contar dieciocho, diecinueve, veinticinco, veintiséis del mismo mes y año, así como uno y dos de los corrientes, por ser inhábiles. Esto, derivado de que las notificaciones hechas en el sistema penal acusatorio quedan practicadas de forma personal en el propio acto en que se emite la determinación. Incluso si se considerara que la misma surtió efectos al día siguiente hábil, se tendría que el cómputo para la acción constitucional, en este caso que nos ocupa, a lo más, como ya se dijo, habría iniciado el catorce de diciembre de dos mil veintiuno y fenecido el tres de los actuales. Por tanto, si la parte quejosa presentó su escrito de demanda por buzón, el cinco de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; es claro que transcurrió el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia, lo que genera que el acto que reclama sea un acto consentido tácitamente. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo respecto de dichos actos al surtirse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia puntualizada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona; y en términos restringidos del citado numeral a Pedro Daniel Bravo Juárez, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes
- Hector Jose Valle Martin541/2021
- Hector Jose Valle Martin532/2021
- Hector Leonardo Espejo Espejo1609/2022
- Hector Manuel Martinez Cruz481/2022
- Hector Manuel Morales Bueno379/2020
- Hector Manuel Reyes Garcia606/2019
- Hector Manuel Rodriguez Romero31/2018
- Hector Manuel Torres Ceballos715/2018
- Hector Matamoros Rojas200/2023
- Hector Miguel Moreno Pardo1045/2018
- Hector Nuñez Perfecto916/2020
- Hector Rangel Ruiz838/2020