Hector Leonardo Espejo Espejo
Expediente 1609/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1609/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 25/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Hector Leonardo Espejo Espejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la determinación dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, ha causado estado para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó la suspensión de plano solicitada, este expediente es susceptible de depuración. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Hágase constar la valoración del expediente referido, en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda, el informe previo signado por el Subdirector de Amparos, así como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; toda vez que en el presente juicio no se aperturó cuaderno incidental, así como que mediante proveído de nueve de enero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda la estafeta devuelta, relativa al oficio 28149/2022, dirigido a la autoridad señalada como responsable PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR CONDUCTO DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, toda vez que mediante proveído de nueve de enero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. De igual manera, agréguense para que obren los informes justificados rendidos por el Director General de Procedimientos Constitucionales, en representación del Secretario de Gobernación, y éste a su vez, del Presidente de la República, por la misma circunstancia. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso Héctor Leonardo Espejo Espejo, en su escrito de demanda señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Titular de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí; Subdirector de Control y Verificación Migratoria, de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí; y, Encargada de la Estación Migratoria en las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí: 1. La orden escrita con la que se hubiese determinado su aseguramiento, alojamiento, privación de su libertad o detención dentro de la estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, por más de treinta y seis horas, derivada de la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración. 2. La omisión de emitir la orden de salida de la estación migratoria a pesar de haber transcurrido en exceso el plazo de treinta y seis horas. 3. La deportación o regreso asistido. Todo ello derivado del procedimiento migratorio instaurado en su contra. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y Secretario de Gobernación, en el ámbito de sus atribuciones, el proceso legislativo que dio origen a la Ley de Migración, específicamente a su artículo 111. Mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós, se decretó de plano la suspensión de los actos reclamados, para los siguientes efectos: ".CESE DE INMEDIATO CUALQUIER ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, en correlación directa con el mencionado 126 de la Ley de Amparo; particularmente, para que cese la privación de la libertad que refiere la promovente es objeto la directa agraviada, además de que deberán abstenerse las autoridades responsables de deportar, expulsar o repatriar al quejoso a su país de origen de manera arbitraria y/o trasladarla a otra estación migratoria, es decir, sin agotar el cauce legal previsto en la normatividad aplicable, bajo la más estricta responsabilidad de las potestades señaladas como responsables. Asimismo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO para el efecto de que el agraviado Héctor Leonardo Espejo Espejo, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el Estado en cuanto a su libertad se refiere, y a disposición de las autoridades responsables únicamente para la prosecución del procedimiento administrativo seguido en su contra, mismo que es de orden público y, por ende, insuspendible. Ahora bien, resulta pertinente destacar el contenido del artículo 148 de la Ley de Amparo que al efecto dispone: "Artículo 148. En los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. En el caso en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación". Dicho numeral prevé dos supuestos diversos a efecto de decretar la suspensión, el primero, para el caso de que se reclame una norma general autoaplicativa, y el segundo, cuando se reclame el primer acto de aplicación de una norma general. Asimismo, dispone que cuando se esté en el primer supuesto, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. Mientras que en el segundo caso (cuando se reclame la norma con motivo del primer acto de aplicación), la suspensión deberá decretarse además, respecto de las consecuencias subsecuentes de la aplicación que se reclama. Bajo tal contexto, teniendo en consideración que, en el caso, se reclama una norma general como es el artículo 111 de la Ley de Migración, derivado de su primer acto de aplicación, consistente en que la parte quejosa actualmente se encuentra alojado en la estación migratoria aludida; en consecuencia, en términos del citado numeral 148, LO PROCEDENTE ES DECRETAR LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO, además de para los efectos ya precisados, respecto de la aplicación subsecuente de la citada norma, a fin de que no se aloje nuevamente a la parte quejosa en la estación migratoria, siempre que su alojamiento este sustentado en la norma combatida.". Ahora bien, en quince de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo al quejoso de mérito ratificando la demanda promovida a su favor por Fabiola Badillo, asesora jurídico Federal en San Luis Potosí, por lo que se admitió en sus términos en dieciséis del mismo mes y año. Así, respecto del acto de aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración, que se atribuye al Titular de la Oficina, Encargada de la Estación Migratoria y Subirector de Control y Verificación de la Oficina, todos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, materializado con la orden y ejecución de la retención prolongada del quejoso en la estación migratoria; así como en relación a la omisión de emitir a su favor la orden de salida de la referida estación; derivado del procedimiento migratorio instaurado en su contra, se comulga con la responsable de mérito, en el sentido de considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII , de la Ley de Amparo, pues está demostrado que en la especie ocurrió un cambio de situación jurídica. El precepto citado establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto por cambio de situación jurídica y para su actualización deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo, la tesis 2ª.CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, del tomo IV, diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 199808 que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso, tales presupuestos se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: a) Los actos reclamados de que se trata derivan de un procedimiento administrativo migratorio instaurado al quejoso. b) Con motivo de la suspensión de plano concedida por este órgano tutelar de derechos fundamentales, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí,, acompañó a su oficio de tres de enero del año en curso, copia certificada del proveído de la misma fecha, dictado en el expediente 5797, del que se observa que hizo constar que el quejoso no había acatado la obligación de firmar los días lunes de cada semana, o el día siguiente hábil, si aquél no lo fuere, por lo cual precisó, resultaba imposible la continuación del procedimiento administrativo. Así, estimó que en el caso debía observarse lo dispuesto en el artículo 57, fracción V, de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y como consecuencia, dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio instruido al citado quejoso. c) Derivado de lo anterior, deviene innegable que este órgano no podría decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la determinación de conclusión del procedimiento administrativo, que es la que actualmente rige el estadio procesal; esto es, una eventual concesión del amparo no podría surtir efectos. d) El auto de conclusión del procedimiento no guarda vinculación directa con el presente juicio de amparo, sino con la postura procesal evasiva del justiciable, respecto de sus obligaciones. Así las cosas, es inconcuso que los actos reclamados de que se trata quedaron afectados por la resolución de conclusión del procedimiento; de ahí que en su caso, las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas, pues se reitera, no se podría decidir sin afectar la nueva situación jurídica. Por tanto, se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Robustece lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y seis, del texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por analogía, se cita la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en la página 1688, Libro 41, abril de 2017, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SI SE RECLAMÓ LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y, PREVIO A LA EMISIÓN DE ESA CONTESTACIÓN, CULMINÓ ÉSTE CON EL DICTADO DEL FALLO DEFINITIVO, SE ACTUALIZA ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos emitidos dentro de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, cuando por cambio de situación jurídica se consumen irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica. Por otra parte, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción III del artículo 107 de la ley de la materia, el concepto de procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, comprende tanto a aquel en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, como el procedimiento mediante el que la autoridad prepara su resolución definitiva con intervención del particular. Al respecto, el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 11/2014, de la que derivó la jurisprudencia PC.IV.A. J/8 A (10a.), de título y subtítulo: "LICITACIÓN PÚBLICA. CONTRA LOS ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN ESTE PROCEDIMIENTO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", determinó que los procedimientos de licitación pública constituyen procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, de acuerdo con la definición que sobre este concepto jurídico emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la diversa jurisprudencia 2a./J. 22/2003. Por tanto, si en un juicio de amparo en el que se reclamó la falta de respuesta a una solicitud de regularización del procedimiento de licitación pública y, previo a la emisión de esa contestación, culminó el procedimiento con el dictado del fallo definitivo, se actualiza un cambio de situación jurídica que torna improcedente el juicio de amparo, en razón de la sustitución procesal, porque la situación jurídica a que estaba sujeto el quejoso respecto a los actos reclamados ya no está regida por éstos, sino por la nueva resolución administrativa. En ese sentido, las violaciones que el quejoso hubiese afirmado que acontecieron en el procedimiento de licitación y sobre las cuales versaron los escritos presentados ante la autoridad responsable y sus respectivas respuestas, quedaron irreparablemente consumadas, en tanto que no pueden variarse sin afectar lo determinado en la apuntada determinación administrativa". Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia, 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, del texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Finalmente, agréguense a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda, el telegrama remitido por el Director General de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación, ya que en la propia fecha, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio. Notifíquese personalmente.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes
- Hector Jesus Felix Moreno497/2017
- Hector Jesus Hernandez Moreno974/2018
- Hector Jonathan Ovalle Torres274/2023
- Hector Jose Mosqueda Gutierrez243/2022
- Hector Jose Valle Martin541/2021
- Hector Jose Valle Martin532/2021
- Hector Manuel Martinez Cruz481/2022
- Hector Manuel Morales Bueno379/2020
- Hector Manuel Reyes Garcia606/2019
- Hector Manuel Reyes Garcia12/2022
- Hector Manuel Rodriguez Romero31/2018
- Hector Manuel Torres Ceballos715/2018