Héctor Manuel Gopar Torres
Expediente 552/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 21 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 552/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 17/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Héctor Manuel Gopar Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
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Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, quien sería la única legitimada, interpusiera recurso de revisión contra del auto dictado el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, en el juicio en que se actúa, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales. Por otra parte, toda vez que de la segunda de las certificaciones de cuenta, se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.
- Principal
AVISO. Chetumal, Quintana Roo, veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Vista las certificaciones de cuenta, así como del estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha la parte quejosa no compareció a este órgano de control constitucional, a recoger los edictos y acreditar haberlos entregado para su publicación, de conformidad con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; ello, aun y cuando se le otorgó un plazo de veinte días hábiles para que lo hiciera. Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del Juez de Distrito que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentando por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubor y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." En el caso, resulta operante la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, en relación con los diversos 5°, fracción III, y 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, todos de la Ley de Amparo; mismos que a la letra establecen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." De los artículos 63, fracción II, y 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, trascritos, se advierte que: En primer lugar, el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando el quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano de control constitucional de amparo haber entregado los edictos para su publicación. Asimismo, si no consta en el expediente el domicilio en que pueda ser emplazado la tercera interesada, el Juzgado de Distrito dictará las medidas pertinentes para que se investigue su domicilio; asimismo, indica que si a pesar de la investigación no se logra localizar a aquélla, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. De igual manera, en caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. En mérito de lo anterior y con base en las constancias que obran en el presente asunto, conviene tener en cuenta que durante la secuela procesal se ordenó la investigación del domicilio de la tercera interesada a efecto de que pudiera ser emplazada, para lo cual se giraron oficios a diversas autoridades y dependencias locales y federales, sin que se hayan obtenidos resultados positivos, Posteriormente, en auto de trece de noviembre de dos mil dieciocho, ante la imposibilidad de emplazar a la tercera en domicilio correcto, se ordenó llevar a cabo mediante la publicación de edictos, por lo que se le otorgó un plazo de veinte días hábiles a la parte quejosa para que compareciera a este juzgado federal a recoger los edictos para que gestionara su publicación, sin que lo haya hecho. En consecuencia, dado que la parte quejosa no compareció a recoger los edictos para gestionar su publicación, dentro del plazo que les fue concedido, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de trece de noviembre de dos mil dieciocho, por lo que con apoyo en lo establecido por los artículos 63, fracción II, de la Ley de Amparo, así como en lo dispuesto por el numeral 17 constitucional, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Se considera lo anterior, puesto que de no hacerlo así, se entorpecería la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible a este Juzgado de Distrito, sino al propio quejoso, cuyo interés particular, no puede estar por encima del interés público. Es aplicable al particular la tesis jurisprudencial 2ª./J.64/2002, consultable en la página 211, Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5º, fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su solución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Atento a lo anterior se deja sin efectos la fecha fijada a las diez horas con cuarenta minutos del diecisiete enero de dos mil diecinueve, señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las diez horas con cuarenta minutos del diecisiete de enero de dos mil diecinueve para su celebración.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con diez minutos del diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho para su celebración.
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