Héctor Jesús Chicato Alonso

Expediente 409/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
409/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
06/07/2016

Partes del expediente

  • Héctor Jesús Chicato Alonso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto dictado el diez de junio del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  2. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el quince de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de diez de junio del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguense a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Juez de Control adscrita a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual la autoridad oficiante remite como prueba de su informe justificado copia certificada de la documental siguiente: Acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato celebrado entre el quejoso y tercero interesado el veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis. Documental que se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza y, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°, se les otorga el valor probatorio correspondiente. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora bien, mediante oficio 1409/2019 recibido en la oficialía de partes de este juzgado, la autoridad oficiante aceptó la existencia del auto de vinculación a proceso reclamado por el aquí quejoso, sin embargo, con el oficio de cuenta se advierte que dicho acto dictado en contra del aquí quejoso ya fue subsanada y para justificarlo adjunta las constancias relacionadas con antelación, lo que evidencia que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Ahora, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentando por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." En el presente asunto, como ya se anticipó, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, las que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causales de improcedencia, entre otras, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Ello no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, debe destacarse que el presente juicio de amparo fue promovido por el quejoso Héctor Jesús Chicato Alonso contra actos del Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, a quienes les atribuyó el acto reclamado siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: a) De la AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA reclamo: El AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO de fecha VEINTISÉIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, dictado dentro de la carpeta administrativa 118/2015, en la cual se me imputa la probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de ROBO, previsto y sancionado por los artículos 142 párrafo primero, 145 bis fracción VII, 13 fracción I, 14 párrafo segundo y 16 fracción I todos del Código Penal vigente en el Estado de Quintana Roo, en agravio de la ciudadana HILDA MARÍA GÓNGORA BRICEÑO. b) De la AUTORIDADES (sic) RESPONSABLE EJECUTORA, reclamo la ejecución de los Actos de Autoridad que se le reclama a la autoridad Ordenadora.". De la transcripción que antecede, se advierte que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables lo siguiente: El AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO de fecha VEINTISÉIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, dictado dentro de la carpeta administrativa 118/2015. Por tal motivo, en auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el juicio de amparo planteado y se ordenó a las autoridades responsables rindieran sus informes con justificación. En ese orden de ideas, de las copias certificadas que la autoridad responsable remite consistentes en el auto de veintiséis de mayo pasado, se advierte que el Juez responsable emitió acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, suscrito por Hilda María Góngora Briceño y Héctor Jesús Chicato Alonso, respectivamente, en el que decretó la extinción de la acción penal y declaró el sobreseimiento total de la causa. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada, respecto a la parte quejosa. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que el Juez responsable el veintiséis de mayo pasado, emitió acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, suscrito por Hilda María Góngora Briceño y Héctor Jesús Chicato Alonso, respectivamente, en el que decretó la extinción de la acción penal y declaró el sobreseimiento total de la causa, en segundo lugar, al haber decretado la extinción de la acción penal y declarado el sobreseimiento total de la causa las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que alegó por esta vía el hoy quejoso; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. Bajo esas circunstancias, es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados; en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. Al respecto, cabe hacer la acotación que al tratarse de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario precisar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en ese sentido, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Dado el sentido de esta determinación, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las nueve horas con diez minutos del quince de junio de dos mil dieciséis. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el treinta y uno de mayo de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintisiete de mayo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta presentado por el quejoso *******, mediante el cual se desiste de la demanda de amparo intentada en esta vía; en consecuencia, requiérasele, en forma personal, por conducto de cualquiera de los Actuarios Judiciales de la adscripción, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, ratifique su ocurso de cuenta o, bien, manifieste su deseo de no hacerlo, caso en el cual, se continuará con el procedimiento. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Control y de Juicio Oral del Estado de Quintana Roo de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado que se aprobó un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato entre el quejoso *******y tercero interesado *******, dando como consecuencia el sobreseimiento de la carpeta administrativa 118/2015. En tal virtud, requiérase a la autoridad responsable oficiante para que remita a este órgano de control constitucional, las constancias relativas al acuerdo precisado en el párrafo que antecede, tal como lo impone el numeral 64 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta presentado por el quejoso *******, mediante el cual se desiste de la demanda de amparo intentada en esta vía; en consecuencia, requiérasele, en forma personal, por conducto de cualquiera de los Actuarios Judiciales de la adscripción, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, ratifique su ocurso de cuenta o, bien, manifieste su deseo de no hacerlo, caso en el cual, se continuará con el procedimiento. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Control y de Juicio Oral del Estado de Quintana Roo de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado que se aprobó un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato entre el quejoso *******y tercero interesado *******, dando como consecuencia el sobreseimiento de la carpeta administrativa 118/2015. En tal virtud, requiérase a la autoridad responsable oficiante para que remita a este órgano de control constitucional, las constancias relativas al acuerdo precisado en el párrafo que antecede, tal como lo impone el numeral 64 de la Ley de Amparo.

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