Hector Manuel Chinchillas Encinas
Expediente 645/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 645/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Hector Manuel Chinchillas Encinas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que remite la magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, mediante el cual acusa recibo de la diversa misiva 13636/2021, con la que le fue notificado el auto de veintinueve de noviembre pasado -en el que se decretó que causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto- y le fueron devueltos los tomos de pruebas que remitió en apoyó a su informe justificado.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Celaya, Guanajuato, a las trece horas con cuarenta minutos del ocho de noviembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional, prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativa al juicio de amparo número 645/2021, promovido por *, por conducto de su mandatario judicial *; se encuentra en audiencia pública Francisco Javier Ramírez Álvarez, secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, en funciones de juez, de conformidad con los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado a través de oficio CCJ/ST/2678/2021 de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de julio de dos mil veintiuno, ante César Antonio Hernández León, secretario con quien actúa y da fe, la declara abierta, sin la comparecencia de las partes ni de persona alguna que las represente. Además, se destaca que ninguna de las partes solicitó que la presente se celebrara mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de la presente forma. Acto continuo, el secretario certifica: que la presente audiencia se desahoga mediante la modalidad de trabajo a distancia autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que la firma se realizará de forma digital. Enseguida el secretario hace relación de las constancias existentes en autos, entre las que destacan: el escrito inicial de demanda; auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se admitió a trámite, se dio la intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia de ley y con los informes justificados de la magistrada supernumeraria de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato y del juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad. A lo que el secretario en funciones de juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que se indica para los efectos legales conducentes y por rendido el citado informe de la autoridad. A continuación, se abre el período probatorio en el que se tienen por desahogadas las documentales exhibidas al sumario; con lo que se cierra esta etapa. Enseguida, se abre la etapa de alegatos, en donde se da cuenta con los formulados por la parte tercera interesada Banco Nacional de México, sociedad anónima, por conducto de su apoderado legal Sergio Arturo Camarena Lozano, los que obran en autos, los que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, son tomados en cuenta en este momento; con lo que se cierra esta etapa y se da por concluida la audiencia, para enseguida dictar resolución. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 645/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, **, por conducto de su mandatario judicial **, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos de la magistrada supernumeraria de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato y del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, que hizo consistir en: IV.- SENTENCIA y/o ACTO RECLAMADO.- A.- a la (SIC) C. Licenciado *, JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DE ESTE PARTIDO JUDICIAL (SIC) ESTA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO, se le reclama la determinación decretada en la Resolución Incidental dictada el 10 de junio del 2021, la cual fue notificada personalmente el día 14 de junio del año en curso. B.- a la C. Licenciada *, MAGISTRADA SUPERNUMERARIA DE LA TERCERA SALA CIVIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, se le reclama la determinación decretada en la resolución dictada dentro del Toca **, el 09 de agosto del 2021, la cual me fue notificada de manera personal el día 10 de agosto del año en curso." En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato. Por auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, formó el expediente y lo registró bajo el número 645/2021; además, requirió al promovente para que exhibiera una copia más de su demanda de amparo. Una vez desahogado el requerimiento anterior, este juzgado federal por auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno, admitió la demanda; solicitó los informes con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. Además, reconoció el carácter de tercero interesado a **, quien se apersonó al presente juicio, por conducto de su apoderado legal **, el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 28 a 31). Finalmente, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues lo reclamado tiene ejecución en esta ciudad, en la que ejerce jurisdicción esta potestad. Lo anterior, aunado a que el procedimiento de origen se tramita en esa ciudad, en la que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De este modo, se establece que en el presente juicio los actos reclamados los constituyen: 1. La resolución de diez de junio de dos mil veintiuno, emitida dentro del incidente de liquidación de intereses, tramitado en el juicio especial civil sumario hipotecario número *, en la cual se condenó al ahora quejoso al pago de la cantidad de $*. Acto reclamado a la siguiente autoridad: a. Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad. 2. La resolución de nueve de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca número **, por la cual confirmó la determinación incidental de diez de junio de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente **. Acto reclamado a la siguiente autoridad: b. Magistrada supernumeraria de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La magistrada supernumeraria de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato y el juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado manifestaron que son ciertos los actos que se reclaman en esta instancia. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las constancias que remitieron las responsables, consistentes en copias certificadas del toca número *, así como del expediente *; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el objeto de realizar el estudio del presente asunto, conviene primeramente relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, Banco Nacional de México, sociedad anónima, por conducto de su apoderado legal *, demandó en la vía especial civil sumaria hipotecaria a *, de quien reclamó, entre otras cosas, el vencimiento anticipado del plazo para el pago del adeudo o crédito derivado del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria (fojas 1 a 10 del tomo de pruebas número I). 2. Del citado escrito, por turno, correspondió conocer al juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, quien por auto de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, admitió a trámite la demanda, la registró bajo el número** y ordenó el emplazamiento de la parte demandada (fojas 51 y 52 ídem). 3. Seguida la secuela procesal, el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, el juez responsable dictó sentencia (fojas 267 a 283 ídem), en la cual determinó lo siguiente: PRIMERO.- Este Juzgado fue competente para conocer y resolver del presente negocio y la vía especial hipotecaria por la que se encausó, fue la adecuada. SEGUNDO.- El actor probó su acción y el demandado no justificó estar al corriente en el pago de las obligaciones contraídas en el contrato fundatorio de la acción. TERCERO.- En virtud de la actualización del vencimiento anticipado del contrato dado el incumplimiento del acreditado ahora demandado, se condena al ciudadano *, al pago de la cantidad de $** M.N.) por concepto de saldo del crédito, así como los que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo, en el entendido que estas cantidades deberán ser calculadas conforme a las tasas o porcentajes convenidos en el contrato base de la acción, y que serán cuantificados en ejecución de sentencia. Asimismo, se condena al demandado * al pago de los intereses ordinarios, generados a partir del incumplimiento del contrato base de la acción, es decir del 1º primero de abril del 2017 dos mil diecisiete al día 30 treinta de abril del 2017 dos mil diecisiete, fecha de vencimiento anticipado del contrato, mismos que se cuantificarán en incidente de ejecución de sentencia, en términos de la cláusula cuarta del contrato basal. Por otra parte, se condena al demandado * al pago de intereses moratorios a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento anticipado, es decir del 1º primero de mayo del 2017 dos mil diecisiete, hasta la total liquidación de adeudo, en términos de la cláusula cuarta del contrato basal, mismos que se cuantificarán en incidente de ejecución de sentencia. 4. En contra de la anterior determinación, el demandado interpuso recurso de apelación, de dicho medio ordinario de defensa conoció la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien por resolución de quince de junio de dos mil dieciocho confirmó la sentencia impugnada (fojas 314 a 319 del tomo de pruebas número II). 5. Posteriormente, mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil veinte, la parte actora promovió un incidente de liquidación y actualización de intereses moratorios (fojas 784 a 788 del tomo de pruebas número III). 6. Dicha incidencia fue admitida a trámite el diecinueve de octubre de dos mil veinte (foja 789 ídem). 7. El diez de junio de dos mil veintiuno, el juez responsable resolvió el aludido incidente (fojas 975 a 981 del tomo de pruebas número IV), en donde determinó lo siguiente: PRIMERO.- Este tribunal resultó competente para conocer de la presente incidencia. SEGUNDO.- La tramitación del procedimiento incidental adoptado por las partes fue la adecuada para su encauzamiento. TERCERO.- Se declara procedente el incidente de liquidación de intereses moratorios promovido por el licenciado **. Ahora bien, ha quedado precisado en el cuerpo de la presente que los intereses moratorios del periodo comprendido del 11 once de octubre del 2019 dos mil diecinueve al 12 doce de noviembre del 2020 dos mil veinte, según el certificado contable nos da la cantidad de $**; sin embargo, dado que no se puede dar más de lo peticionado, so pena de vulnerar el principio de congruencia que toda sentencia debe revestir en términos del ordinal 358 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado por analogía, se condena al demandado incidentista *, al pago de la cantidad de $** por concepto de intereses moratorios del periodo aludido." Determinación que constituye uno de los actos reclamados en esta sede constitucional. 8. Inconforme con la anterior determinación, el demandado interpuso recurso de apelación (fojas 1004 a 1006 ídem). 8. Del citado medio de impugnación conoció la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato, quien lo radicó bajo el número * y, por resolución de nueve de agosto de dos mil veintiuno, confirmó la sentencia apelada (fojas 22 a 36 del tomo de pruebas número V). Resolución que es el diverso acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Análisis de la causal de improcedencia infundada. Establecida la existencia del acto en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del siguiente rubro y texto: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la autoridad federal, aun de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser de orden público en el juicio de garantías." En la especie, la parte tercera interesada sostiene que el presente juicio de amparo es improcedente, debido a que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa fracción IV del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados no constituyen la última resolución dictada en etapa de ejecución. Causal de improcedencia que es infundada. A fin de ilustrar lo anterior, conviene transcribir los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, los que son del siguiente tenor: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.- Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De los citados preceptos, se advierte, en lo que aquí interesa, que: 1. El juicio de amparo biinstancial es procedente, entre otros supuestos, contra actos emitidos por autoridad judicial fuera de juicio o después de concluido; y, 2. Tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo en la vía indirecta solo es procedente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. En ese orden de ideas, debe precisarse que dentro de los actos dictados después de concluido el juicio, se encuentran aquellos pronunciados: a. en ejecución de sentencia y b. los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución. Así, tratándose de actos ubicados en la primera de dichas hipótesis, el juicio de amparo será procedente contra la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución respectivo, entendiéndose a ésta como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total del fallo, o declara la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, u ordena el archivo definitivo del expediente, o bien, si se trata de la etapa de remate, la última resolución será aquella que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, en ambos casos también se podrán hacer valer las violaciones acaecidas durante tal fase. Por otra parte, el segundo de tales supuestos se configura cuando se reclaman actos pronunciados después de concluido el juicio, pero no en ejecución de sentencia, si no que tienen autonomía propia, en virtud de que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, en cuyo caso el amparo indirecto es procedente siempre que se cumplan con los requisitos de procedibilidad que establece la ley. Ahora bien, en relación con estos últimos la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 20/97 estableció que la liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo y no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia. Para resolver así, consideró que, tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que estas se encuentren debidamente liquidadas. Con base en lo anterior, determinó que la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, pero como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un juez de distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo indirecto. Dichas consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 6/98 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, o sea, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento." Dicho criterio resulta aplicable en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo, porque el artículo 114, fracción III, que interpreta la ley abrogada, es similar al contenido del diverso 107, fracción IV, que rige el juicio constitucional, respecto de la procedencia del juicio de amparo, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Con base en lo anterior, es que este juzgado federal estima que los actos reclamados no constituyen actos de ejecución de sentencia, sino que son un medio preliminar, porque tienen como finalidad la liquidación de parte de la sentencia en la que se condenó al quejoso. En efecto, como se advierte de los antecedentes narrados, el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, el juez responsable dictó sentencia definitiva en la que condenó al demandado, ahora quejoso, al pago de diversas prestaciones, dentro de las cuales destaca el pago de los intereses moratorios hasta la total liquidación de adeudo, con motivo de ello, la parte actora promovió un incidente para convertir dicha condena en una cantidad líquida y exigible, el cual fue declarado fundado. Determinación que es uno de los actos reclamados en esta instancia constitucional. Además, el ahora quejoso interpuso recurso de apelación en contra de la resolución de dicha incidencia y, finalmente, la sala responsable confirmó la resolución impugnada. Sentencia que es el otro acto reclamado en el presente juicio de amparo. Por tanto, esas resoluciones no constituyen actos de la ejecución de la sentencia, sino que se trata de medios preliminares, porque tienen como finalidad la liquidación de parte de la sentencia en la que se condenó al quejoso. Por tanto, no se actualiza la causal de improcedencia invocada por la parte tercera interesada. De ahí que, la causal de improcedencia en estudio es infundada. SEXTO. Análisis de la causal de improcedencia fundada. Por otra parte, quien resuelve considera que, respecto al acto reclamado consistente en la resolución de diez de junio de dos mil veintiuno, emitida dentro incidente de liquidación de intereses, dentro del juicio especial civil sumario hipotecario número **, por el juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El supuesto que el numeral contempla se actualiza de dos maneras: a. Por revocación. b. Por sustitución. La primera hipótesis se surte cuando la autoridad responsable deja insubsistente la conducta que se le atribuye, lo cual debe ser incondicionalmente y de inmediato, de manera que restablezca la situación que imperaba antes de la comisión del acto que a juicio del quejoso transgredió sus derechos fundamentales. Sirve de apoyo por las consideraciones que ahí se exponen, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." El segundo supuesto se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que extingue la vigencia y ejecutividad del reclamado en el juicio de amparo, lo que implica que este último ya no pueda sujetarse al análisis constitucional, con motivo de haber sido sustituido. En el caso se actualiza la segunda hipótesis, ya que la resolución de diez de junio de dos mil veintiuno, emitida dentro del incidente de liquidación de intereses, tramitado en el juicio especial civil sumario hipotecario número **, por el juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, fue sustituida procesalmente por la determinación dictada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, en el toca número ** del índice de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato, por la cual confirmó la primera determinación. Consecuentemente, no es posible analizar la constitucionalidad de dicho acto reclamado -determinación de diez de junio de dos mil veintiuno- porque fue sustituido por la resolución de la sala responsable, por lo que, en todo caso, es esta última resolución, la que de manera extraordinaria podría ser materia de análisis a través del juicio de amparo. Por tanto, existe un impedimento técnico para que en esta instancia constitucional se verifique de forma directa la regularidad del aludido acto reclamado, ya que no es éste el que de manera actual incide en la esfera jurídica del quejoso, sino que esa afectación, en todo caso, la produce lo resuelto por la sala responsable; razón por la que subsiste procesalmente esta última determinación. En ese sentido, se actualiza el supuesto previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ello, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo únicamente por lo que ve a la resolución de diez de junio de dos mil veintiuno, de conformidad con la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación son inoperantes. Es así, pues los planteamientos no atacan de manera suficiente las consideraciones expuestas por la sala responsable para confirmar la resolución interlocutoria de diez de junio de dos mil veintiuno. En efecto, en la resolución reclamada se puntualizó, en lo que interesa, lo siguiente: ".Agrega el apelante que el a quo refiere que la demandada incidental no objetó la certificación contable expedida por el licenciado en contaduría pública **, de fecha doce de noviembre de dos mil veinte, contador público autorizado por la parte actora; siendo esto totalmente falso pues como se puede apreciar en la contestación realizada por la parte demanda (SIC) incidental respecto del incidente de liquidación de intereses moratorios; sí se objetó la certificación contable antes referida en cuanto a su alcance y valor probatorio por que el actor no expone de manera clara y precisa como es que llegó a las cantidades que pretende reclamar, además de que no se acredita con documento idóneo que *, cuenta con la facultad para realizar el presunto estado de cuenta certificado y que además es apto para realizarlo; por lo que como se puede apreciar si se objetó la certificación contable en los términos y por los motivos antes expuestos. Señala que en el incidente de liquidación de interés ordinarios y moratorios formulado por el licenciado *, no se desprende que el actor incidental precise bajo que lineamientos y operaciones aritméticas sustentó y llevó a cabo el cálculo de las cantidades que pretendía reclamar en el incidente citado, por lo que al omitir establecer las operaciones aritméticas que presuntamente realizó para llegar a obtener la suma que reclama, dejando en estado de indefensión a la demandada incidental, cuestión que no se subsana con la exhibición de la certificación contable expedida por el licenciado en contaduría pública **, de fecha doce de noviembre de dos mil veinte, contador público autorizado por la parte actora; en virtud de que no se tiene la certeza y seguridad de que Eduardo Reséndiz Cabanzo, (sic) pues no se acredita cuáles son las facultades que tiene dicho profesionista, ni siquiera se acredita su calidad de contador público; sin embargo, por lo expuesto es claro que la resolución incidental no se encuentra debidamente fundamentada, ni motivada, además de ser falaz e incongruente. El motivo de disenso es parcialmente fundado pero insuficiente para variar el sentido de la resolución impugnada en una porción, e infundado en otra. Le asiste razón al sostener que de manera equivocada el a quo menciona que el estado de cuenta certificado no fue objetado, cuando lo cierto es que sí lo fue en los tres aspectos que menciona: falta de exposición clara de las operaciones aritméticas utilizadas, facultades y aptitud de quien realizó la certificación. Sin embargo, aun cuando realizo dicha afirmación, lo cierto es que sí se ocupó al estudiar las excepciones opuestas, del punto relativo a la mención de las operaciones aritméticas en que se basó el incidentista para obtener las cantidades que reclama, la cual estimó como improcedente dada la exhibición del certificado contable. En esta porción de la discrepancia no le asiste razón al apelante al sostener que no se subsana la omisión en la demanda con la exhibición de la certificación contable. Se afirma lo anterior, porque en el estudio de la demanda deben incluirse los documentos anexos a ella, cuando se citan en relación con los motivos de la causa de pedir expuestos en aquélla, tal como ocurre en la especie al haberse indicado que los saldos se advierten de la certificación, documento que fue acompañado a la demanda incidental. Apoya la anterior determinación, la tesis XVII.2o.C.T. J/6 con número de registro 178475, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, página 1265, que enseguida se transcribe: "DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS. En virtud de que la demanda constituye un todo, su interpretación debe ser integral, de manera que si de su contenido se advierte que se expusieron los motivos esenciales de la causa de pedir, y en relación con ellos se hace cita de los documentos fundatorios de la acción así como de los relacionados con el litigio, exhibiéndolos, debe considerarse que forman parte de la demanda y su contenido, integrado a ella; pues estimar lo contrario implicaría que en la demanda respectiva se tuvieran que reproducir íntegramente todas aquellas cuestiones contenidas en esos medios de convicción, lo cual resultaría tan complejo como innecesario, pues para el juzgador el estudio de la demanda no se limita al escrito inicial, sino que comprende además el análisis de los documentos que la acompañan, porque son parte integrante de ella. De no ser así, se podría incurrir en rigorismos tales como el tener que reproducir en el escrito inicial de demanda, tanto los documentos base de la acción como los que se relacionen con el litigio." Así es, como indico el natural, en la certificación se indican las operaciones aritméticas utilizadas para el cálculo de los intereses moratorios, las cuales fueron: suerte principal por tasa de interés moratoria entre trescientos sesenta y cinco por número de días del periodo y se puso un ejemplo, de ahí que no era necesario que se repitiera en la demanda incidental. Ahora bien, a fin de reparar la violación advertida en cuanto a los otros dos aspectos materia de la objeción, las facultades y aptitud de quien realizó la certificación, se procede a su estudio. La objeción es improcedente, en cuanto a las facultades de quien elaboró la certificación, en virtud de que no resulta necesario demostrar que el contador se encuentra precisamente autorizado por la institución bancaria para certificarlo, porque este requisito no lo exige el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito y, en todo caso, el valor probatorio de la certificación se presume, según dicho precepto, salvo prueba en contrario, como indicó el natural. Apoya la anterior determinación, la tesis 1a./J. 10/97 con número de registro 199220, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Marzo de 1997, página 277, que transcribe a continuación: "CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR EL, HARÁ FE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, SIN NECESIDAD DE NINGÚN OTRO REQUISITO (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). Es suficiente para declarar procedente la vía ejecutiva mercantil intentada por una institución bancaria, el que se exhiba el contrato o póliza donde conste el crédito otorgado, acompañado del estado de cuenta certificado por el contador autorizado por la institución, sin que sea necesario que acredite que este último se encuentra precisamente autorizado por ella para certificarlo y que además cuenta con título expedido legalmente para ejercer la profesión de contador público, porque estos requisitos no los exige el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito y, en todo caso, el valor probatorio de la certificación se presume, según dicho precepto, salvo prueba en contrario." Ahora bien, también es improcedente la objeción en lo relativo a la aptitud de quien realizó la certificación. Debe partirse de que corresponde al demandado probar que la persona que expidió la certificación contable no es contador, al haber sido cuestionada tal calidad en vía excepción y objeción, porque su argumento negativo está dirigido a desconocer la presunción legal que goza dicho documento. Apoya la anterior determinación, la tesis 1a./J. 100/2001 con número de registro 188282, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Diciembre de 2001, página 6, que se transcribe a continuación: "CERTIFICACIÓN CONTABLE EXPEDIDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CORRESPONDE A LA PARTE DEMANDADA PROBAR QUE LA PERSONA QUE LA EXPIDE NO ES CONTADOR CUANDO, VÍA EXCEPCIÓN, CUESTIONA TAL CALIDAD. En materia procesal mercantil se han adoptado diversas reglas en relación con la distribución de la carga de la prueba, entre ellas, la relativa a que el que niega no está obligado a probar; sin embargo, en el Código de Comercio se prevén dos excepciones a ésta, pues de conformidad con lo dispuesto en sus artículos 1195 y 1196, el que niega estará obligado a probar cuando: a) su negación envuelva una afirmación expresa de un hecho y b) desconoce la presunción legal que tiene a su favor el colitigante. En congruencia con lo anterior, y tomando en consideración que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito otorga a favor del estado de cuenta certificado por un contador autorizado por la institución de crédito, una presunción legal, en tanto lo eleva a categoría de título ejecutivo junto con otros documentos (título que por su naturaleza es considerado prueba preconstituida), y lo reviste o lo tasa con un máximo valor probatorio al establecer que hará fe de su contenido, salvo prueba en contrario, además de que el valor pleno que le atribuye abarca la totalidad del documento (desde la calidad de quien lo suscribe, hasta los datos en él consignados), puede concluirse que es a la persona que objeta, en vía de excepción, la calidad del contador que certificó el estado de cuenta, a quien corresponde la carga probatoria, en términos del artículo 1196 citado, porque su argumento negativo está dirigido a desconocer la presunción legal de que goza dicho documento por disposición expresa del citado artículo 68." En la especie dicho extremo no quedó demostrado, por el contrario, fue la parte actora quien proporcionó elementos al tribunal a fin de corroborar la calidad de contador público de quien elaboró la certificación. Como indicó el natural, el actor exhibió con su demanda, certificado contable expedido por el licenciado en contaduría pública **, contador público autorizado por la parte actora, con cédula profesional número **. La cualificación de ** para elaborar la certificación, es un hecho notorio que puede ser invocado por el tribunal, aunque no haya sido alegado ni probado por las partes, en términos del artículo 91 del Código de Procedimientos Civiles, en virtud de que la consulta de su cédula profesional como licenciado en contaduría pública puede ser realizada en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública. Apoya la anterior determinación, la tesis XX.2o. J/24, con número de registro 168124, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2470, de rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." En consecuencia, se confirma la resolución incidental de fecha diez de junio de dos mil veintiuno." Ahora bien, del análisis integral del ocurso constitucional emerge que, en contra de lo estimado por la sala responsable en el sentido apuntado, la parte quejosa no realizó consideración suficiente para demostrar su inconstitucionalidad o ilegalidad, ya que se limitó a referir lo siguiente: Que los cobros son excesivos y no deberían ser pagados, ya que la certificación contable expedida por ** fue objetada y no acredita bajo que lineamientos y operaciones aritméticas sustentó y llevó a cabo el cálculo de las cantidades que está cobrando. Que no exhibió ningún documento con el cual se acredite fehacientemente que ** cuenta con las facultades para llevar a cabo dicha profesión y tampoco acredita que es contador público. Que al no contar con algún documento que lo acredite como contador público y que puede expedir el certificado contable, la resolución reclamada es contraria a Derecho. Que, si el peritaje lo realizó un supuesto contador público, este debe quedar sin validez, ya que no cumple con los documentos que menciona el artículo 147 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato (numeral que transcribe). Cita en apoyo a su dicho la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito de rubro: "CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS PARA EMITIR DICTÁMENES DE ESTADOS FINANCIEROS. PARA QUE LA AUTORIDAD FISCAL PUEDA SANCIONAR LA INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS Y PROCEDIMEINTOS DE AUDITORÍA QUE LOS RIGEN, NO ES NECESARIA SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". Lo sintetizado pone de manifiesto la deficiencia que aqueja a los citados argumentos, pues los mismos no van dirigidos a atacar las consideraciones de la sala responsable consistente en que: Sí se señalaron las operaciones aritméticas utilizadas para el cálculo de los intereses moratorios y cómo fueron. Que esas operaciones están contenidas en la certificación contable y, por ello, es innecesario que se repitan en la demanda incidental, pues el estudio de dicha demanda debe incluir los anexos, en el caso dicha certificación. Que es improcedente la objeción relativa a las facultades de quien elaboró la certificación, ya que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito no lo exige como un requisito. Que el valor probatorio de la certificación se presume y esa presunción debe destruirse con alguna prueba en contrario. Por lo que corresponde al demandado, ya que fue quien lo objetó, probar que la persona que elaboró la certificación no es contador público. Que en la especie no se demostró esa circunstancia, por el contrario, la actora exhibió el certificado contable y de ahí se desprende el número de cédula profesional de quien lo elaboró. Que esa cédula profesional puede ser consultada en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, lo cual se invocó como un hecho notorio. En ese contexto, es evidente la inoperancia de los conceptos de violación planteados, pues no basta que la parte quejosa se limite a señalar que los cobros son excesivos y no deberían ser pagados; que la certificación contable fue objetada; que no se acredita bajo que lineamientos y operaciones aritméticas se llevó a cabo el cálculo de las cantidades que está cobrando; que no exhibió ningún documento con el cual se acredite fehacientemente que quien elaboró dicha certificación cuenta con las facultades para llevar a cabo dicha profesión y tampoco acredita que es contador público; que al no contar con algún documento que lo acredite como contador público y que puede expedir el certificado contable, la resolución reclamada es contraria a Derecho; que, si el peritaje lo realizó un supuesto contador público, este debe quedar sin validez, ya que no cumple con los documentos que menciona el artículo 147 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato; y, a citar la jurisprudencia señalada. Pero no controvierte los razonamientos que expresó la sala responsable al analizar sus motivos de planteamiento de la incidencia, como fue, en esencia, que sí se señalaron las operaciones aritméticas utilizadas para el cálculo de los intereses moratorios y cómo fueron, las cuales estaban contenidas en la certificación contable, por lo que era innecesario que se repitan en la demanda incidental; que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito no exige como un requisitos que se acrediten las facultades de quién elaboró tal certificación, pues el valor de esta se presume y esa presunción debe destruirse con alguna prueba en contrario, correspondiendo al demandado, probar que la persona que elaboró la certificación no es contador público, lo cual no demostró; que la actora exhibió el certificado contable y de ahí se desprende el número de cédula profesional de quien lo elaboró y la cual puede ser consultada en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, que invocó como un hecho notorio. Consideraciones las anteriores que no se encuentran controvertidas por el quejoso, de tal manera que, si los argumentos que expone no están dirigidos a descalificar y demostrar la ilegalidad de tales consideraciones en que se sustenta el pronunciamiento combatido, deben calificarse como inoperantes. En efecto, correspondía al quejoso, al no proceder a su favor la suplencia de la queja, evidenciar que los razonamientos que sustentan la resolución de la sala responsable eran contrarios a la ley o a su interpretación. Sin que obste el hecho de que según criterio establecido por nuestro Máximo Tribunal, basta con que se exponga la causa de pedir para que se emprenda el estudio de los conceptos de violación, porque ello obedece únicamente a la necesidad de precisar que aquellos no necesariamente deben plantearse en forma de silogismos jurídicos, o bajo cierta redacción sacramental, pero no significa que los quejosos se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, puesto que es carga procesal para los accionantes indicar o exponer razonadamente por qué consideran inconstitucional el acto que reclaman. Es de invocarse, por lo gráfico que resultan los conceptos jurídicos que contiene, la jurisprudencia número 1ª./J.81/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." En esas condiciones, los motivos de inconformidad no controvierten eficazmente las consideraciones emitidas por la sala responsable; máxime, que no se está en ninguno de los casos que deba suplirse la queja deficiente en favor del peticionario de amparo, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Como consecuencia de lo que antecede, los conceptos de violación en estudio son inoperantes por insuficientes. Resulta aplicable al tema la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES POR INCOMPLETOS. Cuando hay consideraciones esenciales que rigen el sentido del fallo rebatido que no se atacan en los conceptos de violación, resultan inoperantes los mismos, porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo." En mérito de lo anterior, al ser inoperantes los conceptos de violación; lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *, respecto del acto que reclamó del juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad; por los motivos expuestos en el considerando sexto de la presente resolución. Segundo. La justicia federal no ampara ni protege a *, en contra del acto que reclamó de la magistrada supernumeraria de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia.
- Principal
Visto el informe justificado que rinde el juez Tercero Civil de Partido en esta ciudad, en el cual acepta la existencia de los actos que se le atribuyen; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Así mismo, en relación con las constancias que remite, consistentes en copia certificada del expediente número *************** de su índice, dicha prueba documental se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, por su propia naturaleza, en términos del artículo 119 de la ley de la materia, con ella dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia del juicio. Luego, atento a la voluminosidad de las constancias aludidas, para un mejor manejo del expediente, se ordena formar con dichos legajos los tomos VI, VII, VIII y IX de pruebas.
- Principal
Agréguese el escrito presentado por******* carácter que acredita en términos de la escritura pública número sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta y seis pasada ante la fe del Notario Público número ciento treinta y seis de la Ciudad de México, la cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que es copia fiel de su original, mediante el cual se apersona al presente juicio. Asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia se tienen por hechas las manifestaciones que hace en vía de alegatos; con ellas dese nueva cuenta en la audiencia constitucional.
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