Héctor Josele Hernández Jasso

Expediente 691/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
691/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
10/09/2018

Partes del expediente

  • Héctor Josele Hernández Jasso

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda promovida por ********************, no fue recurrido dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Registro de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por ********; en contra de actos del juez Primero Menor Civil de esta ciudad y otra autoridad; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 691/2018-IV-D. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, suscrito tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entendiéndose por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Luego, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, de la cual se desprenden los siguientes antecedentes: El quejoso en su carácter de endosatario en propiedad de *****, demandó en la vía ejecutiva mercantil a ******, ante el Juzgado Primero Menor Civil de esta ciudad, y se formó el expediente *** En los autos del expediente citado, el veintidós de mayo del año en curso, se dictó la sentencia respectiva, en la que se condenó a la parte demandada al pago de la suerte principal más intereses moratorios. En catorce de junio de dos mil dieciocho se autorizó la ejecución de la sentencia de mérito y en diligencia de diecinueve de junio del mismo año se realizó el embargo de un bien mueble, diligencia que fue aprobada por acuerdo de veintiuno de junio de la presente anualidad. El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, la parte demandada solicitó el levantamiento del embargo realizado, y mediante acuerdo de veintiocho de junio del año en curso, la responsable lo autorizó. En contra de dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de revocación, el que se resolvió el dos de agosto de dos mil dieciocho, y confirmó el diverso auto de veintiocho de junio del año en curso. (Acto reclamado). Al respecto, debe precisarse de conformidad con lo previsto en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman actos pronunciados en la etapa de ejecución de sentencia y no se reclaman conjuntamente con la última determinación judicial que ha de dictarse en dicha etapa. En efecto, el citado numeral 107 fracción IV, de la ley de la materia, establece que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Lo que pone de manifiesto que la resolución del recurso de revocación que confirmó el auto de veintiocho de junio del año en curso en el que se ordenó el levantamiento del embargo realizado en autos del juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Primero Menor Civil de esta ciudad (acto reclamado), fue emitido después de concluido el juicio, específicamente en la etapa de ejecución de sentencia, y éste no constituye la última resolución dictada en esa fase, pues dicha etapa de ejecución continua, y si existieran violaciones a derechos fundamentales del promovente, pueden ser analizadas en el amparo que se interponga en contra de la última resolución. Asimismo, resulta necesario precisar que dicha determinación no afecta derechos sustantivos del aquí quejoso, pues al continuar el procedimiento en la etapa de ejecución respectiva, está en posibilidad de pedir que se realice un nuevo embargo de bienes en contra de la demandada. Ahora bien, la excepción a la regla dentro del procedimiento de ejecución de sentencia para la procedencia del amparo indirecto, se refiere únicamente a los actos dentro de ese procedimiento que no tienen que ver con la ejecución directa de la sentencia, es decir, que son ajenos a la cosa juzgada y no pretenden impedir su cumplimiento. De ahí, que si el acto que en esta instancia se reclama es directamente vinculado con la ejecución de la sentencia, en los términos en que esta debe ser ejecutada, no es dable aplicar dicha regla de excepción que define la procedencia de la acción constitucional intentada, pues como se dijo, no se está en presencia de un acto que goza de autonomía propia, pues tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar el fallo condenatorio. Cobra aplicación a lo anteriormente señalado la tesis XVII.1º.C.T.6, con número de registro 2003470, visible en la página 1705, tomo 3, libro XX, decima époc, mayo de dos mil trece, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO, PROMOVIDO DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de levantamiento del embargo, llevado a cabo dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de levantamiento de embargo, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio. Así como la tesis jurisprudencial 1a./J. 13/2016, decima época, sustentada por la primera sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, visible en la página 1066, tomo II, libro 29, abril de dos mil dieciséis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial.". Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, en relación con el artículo 107 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda, promovida por ****** Domicilio y autorizados. El promovente señala para recibir notificaciones el domicilio ubicado en la calle *** en esta ciudad. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que indica en su escrito tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la ley de la materia (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se les tiene como autorizados únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. d) Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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