Héctor Manuel Chacón Quintana

Expediente 1736/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1736/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
07/10/2015

Partes del expediente

  • Héctor Manuel Chacón Quintana

Actuaciones

  1. Principal

    En siete de octubre de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, ha transcurrido del veintitrés al treinta de septiembre del año en curso, con exclusión de dos días por ser inhábiles, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de catorce de septiembre de este propio año, dentro del juicio de amparo 1736/2015. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación y cuenta que anteceden de las que se desprende que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del auto de catorce de septiembre del año que transcurre, que desechó de plano la demanda de garantías promovida por HÉCTOR MANUEL CHACÓN QUINTANA; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluído, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por otro lado, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. Sonia

  2. Principal

    En Zacatecas, Zacatecas, a catorce de septiembre de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de septiembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que en once de marzo de dos mil quince fue remitido el despacho con numero de orden 246/2015 (origen 135/2015) al Juez de Primera Instancia y de lo familiar del Distrito Judicial de Nochistlan, Zacatecas, con el objeto de notificar de manera personal a los terceros interesados el proveído de once de marzo de dos mil quince, por el cual se concedió la suspensión provisional a la quejosa, Ma. de Jesús Jiménez Melendrez, sin que a la fecha haya sido devuelto debidamente diligenciado. En consecuencia, vía fax, solicítese a la autoridad citada para que de inmediato devuelva a este Juzgado de Distrito, la comunicación oficial de trato en el estado procesal en que se encuentre. Notifíquese Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario con quien actúa.- DOY FE. AOPH

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En catorce de septiembre de dos mil quince, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con la demanda de amparo promovida por HÉCTOR MANUEL CHACON QUINTANA; registrada con el folio 18243; con anexos y copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, catorce de septiembre de dos mil quince. Vista la demanda de garantías promovida por HÉCTOR MANUEL CHACON QUINTANA, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1736/2015, que por su orden progresivo le corresponde. En tales condiciones, se provee: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este resolutor considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo vigente. Dichas disposiciones normativas, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." Ahora bien, del contenido integral de la demanda de garantías, se logra advertir que la parte quejosa lo pretende impugnar y señalar como acto reclamado lo es el auto de fecha dos de septiembre de dos mil quince, emitido dentro del juicio laboral 379/III/2011 por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual con motivo de diligencia de remate, se adjudicó al postor, Adrián Díaz Zapata el bien inmueble ubicado en Calle José Rodríguez Elías, Colonia la fe, Guadalupe, Zacatecas. De lo apuntado en párrafos precedentes se obtiene que la resolución reclamada fue dictada dentro del procedimiento de remate, por lo que no se está en el supuesto de que se trate del último acto dictado en esta fase, pues por última resolución -que sería en todo caso contra la cual procedería el juicio de amparo indirecto-, debe entenderse aquella en la que de forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; y al respecto, debe acotarse que el auto de dos de septiembre del año en curso, dictado en el juicio laboral 379/III/2011, que constituye el acto reclamado en el que se adjudicó al postor el inmueble ya citado, forma parte del periodo de ejecución, dictado dentro del procedimiento de remate; lo que significa que tal acto no da lugar a que se actualice el contenido del último párrafo de la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo. En otras palabras, la determinación que reclama el promovente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, forma parte de un proceso de ejecución que tiene como finalidad dar cabal cumplimiento al laudo firme emitido en el juicio de origen, y si tal acto forma parte de un procedimiento de ejecución, no es sino hasta que la citada autoridad responsable, ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien embargado para garantizar las prestaciones a que fue condenado el patrón, cuando puedan impugnar las violaciones que se cometan en esa fase ejecutiva, junto con la última resolución que en la misma se emita. Asimismo, cabe destacar que la finalidad que persigue el legislador respecto del último párrafo de la aludida fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es evitar que dentro de un procedimiento de ejecución de sentencia se abuse de la promoción del juicio de garantías; motivo por el cual dicha instancia constitucional solamente procede cuando se trata de la última resolución en la que la autoridad responsable se pronuncia en relación al otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien embargado. En relación con el tema de que se trata, conviene traer a colación -por identidad de razones- la Jurisprudencia número P./ J.32/2001, resultado de la contradicción de Tesis 27/99, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril del 2001, Novena Época; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESION ULTIMA RESOLUCION, A QUE SE REFIERE EL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así como el criterio sustentado por el Pleno del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la Tesis número XX. 291 K, visible en la Página 545, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Noviembre de 1994, Octava Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo título y contenido a la letra dicen: "ULTIMA RESOLUCION DICTADA EN LA FASE DE EJECUCION DEL JUICIO RESPECTIVO. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA. Si el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en la fase de ejecución del juicio respectivo, tal circunstancia hace improcedente el amparo indirecto, pues si bien es cierto que tal precepto dispone que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de Tribunales judiciales ejecutados fuera de juicio o después de concluido, también lo es, que debe entenderse que se refiere a la última resolución dictada en esa fase de ejecución, por lo que si esta hipótesis no se actualiza, el amparo promovido en esos términos resulta improcedente en términos de la fracción XVIII, del artículo 73, de la Ley de Amparo en relación con la fracción III, del artículo 114 de la ley en comento." En las condiciones apuntadas, y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, el acto que en esta instancia constitucional se reclama no constituye la última resolución dictada en la etapa de remate; por lo que se concluye que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto deviene notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada; y, en esa tesitura, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por HÉCTOR MANUEL CHACON QUINTANA. En otro aspecto, se tiene como autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Felipe de Jesús Padilla Nava, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Río balsas número 603, colonia Hidráulica, en esta ciudad de Zacatecas, Zacatecas. Finalmente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe."

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