Héctor Manuel Chacón Quintana

Expediente 620/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
620/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
28/05/2015

Partes del expediente

  • Héctor Manuel Chacón Quintana

Actuaciones

  1. Principal

    En la misma fecha el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de mayo de dos mil quince Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto de cuatro de mayo de dos mil quince, que desechó la demanda de garantías promovida por Héctor Manuel Chacón Quintana; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad los autos del expediente laboral 379/PAIII/2011, que en ciento cincuenta fojas y la última sin folio, toda vez que ya no son necesarias en este Juzgado. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE CUATRO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo directo laboral 312/2015-4, de su índice, y el original del expediente laboral 379/PAIII/2011; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, de la resolución dictada el veintisiete de abril de dos mil quince, en los autos del citado juicio de amparo directo laboral 312/2015-4, se advierte que el Tribunal Colegiado oficiante, consideró -respecto al acto reclamado, consistente en la diligencia de remate de once de febrero de dos mil quince, así como la adjudicación correspondiente, llevada a cabo en el expediente laboral 379/PAIII/2011, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, relativa al bien inmueble ubicado en la calle José Rodríguez Elías, colonia La Fe, en Guadalupe, Zacatecas, -carecer de competencia legal, en razón de lo siguiente: "[.] 5. En esa tesitura, debe concluirse que lo reclamado en el presente juicio uniistancial no lo es un sentencia definitiva o laudo, o bien, una resolución que puso fin al juicio sin resolver el fondo, por lo que no se satisface la exigencia de resolución terminal prevista en el numeral 170 de la Ley de la Materia en cita, sino que se trata de actos de autoridad realizados después de concluido el juicio en contra de los cuales es procedente el juicio de amparo biinstancial. 6. En consecuencia, procede declarar la incompetencia legal de este Tribunal Colegiado de Circuito, con fundamento en los artículos 34, 35, 45, primer párrafo, 47 y 107 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el escrito de demanda y sus anexos al Juez Primero de Distrito en el Estado, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, para que en vía de amparo indirecto conozca de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, previa copia certificada que se deje en su lugar. [.]." En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA Y SE ABOCA al conocimiento de la demanda de garantías, promovida por HÉCTOR MANUEL CHACÓN QUINTANA, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas y otra autoridad; por lo que, hágase la anterior circunstancia del conocimiento del Tribunal Colegiado de mérito para los efectos legales procedentes; asimismo, se ordena registrar la demanda respectiva en el libro de gobierno con el número 620/2015, que por su orden le corresponde. En tales condiciones, se provee: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora bien, en la demanda que motivó este expediente, la parte quejosa señaló esencialmente como actos reclamados, la diligencia de remate y adjudicación a favor del aquí quejoso Adrián Díaz Zapata, llevada a cabo en el expediente 379/PAIII/2011, relativa al bien inmueble ubicado en la calle José Rodríguez Elías, colonia La Fe, en Guadalupe, Zacatecas, con los siguientes datos de inscripción: volumen seiscientos setenta y seis, folio dieciocho, número trece, sección primera de escrituras públicas, y con fecha de registro dieciocho de agosto de dos mil, con una superficie de 254.00 m2. En atención a lo anterior, el suscrito considera procedente desechar de plano la demanda de garantías; pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV ambos de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." Luego, el contenido de dichos preceptos, reafirma que el presente enjuiciamiento resulta improcedente respecto del acto señalado con anterioridad, relativo a la diligencia de remate de once de febrero de dos mil quince, así como la adjudicación correspondiente, llevada a cabo en el expediente laboral 379/PAIII/2011, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, respecto al bien inmueble ubicado en la calle José Rodríguez Elías, colonia La Fe, en Guadalupe, Zacatecas, pues no se trata de una resolución que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos previstos en ley. Asimismo, tampoco se trata de aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o bien, se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; sino que se trata de la diligencia de remate y adjudicación; por tanto, el juicio de amparo indirecto que se intenta en contra del mismo resulta a todas luces improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XIII, relativa al mes de abril de dos mil uno, visible en la página treinta y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y también bajo el número de registro 190035, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA: La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En las condiciones apuntadas, y al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, en esa tesitura, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por HÉCTOR MANUEL CHACÓN QUINTANA. Apoya ésta conclusión, la tesis I.13o.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de dos mil uno, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Finalmente, como lo solicita la parte quejosa, téngase por autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, al licenciado Felipe de Jesús Padilla Nava (cédula 7364264), y como domicilio legal de su parte, el ubicado en la calle Rio Balsas, número seiscientos tres, colonia Hidráulica, de esta ciudad.".

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de mayo de dos mil quince. Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo directo laboral 312/2015-4, de su índice, y el original del expediente laboral 379/PAIII/2011; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, de la resolución dictada el veintisiete de abril de dos mil quince, en los autos del citado juicio de amparo directo laboral 312/2015-4, se advierte que el Tribunal Colegiado oficiante, consideró -respecto al acto reclamado, consistente en la diligencia de remate de once de febrero de dos mil quince, así como la adjudicación correspondiente, llevada a cabo en el expediente laboral 379/PAIII/2011, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, relativa al bien inmueble ubicado en la calle José Rodríguez Elías, colonia La Fe, en Guadalupe, Zacatecas, -carecer de competencia legal, en razón de lo siguiente: "[.] 5. En esa tesitura, debe concluirse que lo reclamado en el presente juicio uniistancial no lo es un sentencia definitiva o laudo, o bien, una resolución que puso fin al juicio sin resolver el fondo, por lo que no se satisface la exigencia de resolución terminal prevista en el numeral 170 de la Ley de la Materia en cita, sino que se trata de actos de autoridad realizados después de concluido el juicio en contra de los cuales es procedente el juicio de amparo biinstancial. 6. En consecuencia, procede declarar la incompetencia legal de este Tribunal Colegiado de Circuito, con fundamento en los artículos 34, 35, 45, primer párrafo, 47 y 107 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el escrito de demanda y sus anexos al Juez Primero de Distrito en el Estado, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, para que en vía de amparo indirecto conozca de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, previa copia certificada que se deje en su lugar. [.]." En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA Y SE ABOCA al conocimiento de la demanda de garantías, promovida por HÉCTOR MANUEL CHACÓN QUINTANA, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas y otra autoridad; por lo que, hágase la anterior circunstancia del conocimiento del Tribunal Colegiado de mérito para los efectos legales procedentes; asimismo, se ordena registrar la demanda respectiva en el libro de gobierno con el número 620/2015, que por su orden le corresponde. En tales condiciones, se provee: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano [.]" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora bien, en la demanda que motivó este expediente, la parte quejosa señaló esencialmente como actos reclamados, la diligencia de remate y adjudicación a favor del aquí quejoso Adrián Díaz Zapata, llevada a cabo en el expediente 379/PAIII/2011, relativa al bien inmueble ubicado en la calle José Rodríguez Elías, colonia La Fe, en Guadalupe, Zacatecas, con los siguientes datos de inscripción: volumen seiscientos setenta y seis, folio dieciocho, número trece, sección primera de escrituras públicas, y con fecha de registro dieciocho de agosto de dos mil, con una superficie de 254.00 m2. En atención a lo anterior, el suscrito considera procedente desechar de plano la demanda de garantías; pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV ambos de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." Luego, el contenido de dichos preceptos, reafirma que el presente enjuiciamiento resulta improcedente respecto del acto señalado con anterioridad, relativo a la diligencia de remate de once de febrero de dos mil quince, así como la adjudicación correspondiente, llevada a cabo en el expediente laboral 379/PAIII/2011, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, respecto al bien inmueble ubicado en la calle José Rodríguez Elías, colonia La Fe, en Guadalupe, Zacatecas, pues no se trata de una resolución que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos previstos en ley. Asimismo, tampoco se trata de aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o bien, se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; sino que se trata de la diligencia de remate y adjudicación; por tanto, el juicio de amparo indirecto que se intenta en contra del mismo resulta a todas luces improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XIII, relativa al mes de abril de dos mil uno, visible en la página treinta y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y también bajo el número de registro 190035, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA: La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En las condiciones apuntadas, y al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, en esa tesitura, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por HÉCTOR MANUEL CHACÓN QUINTANA. Apoya ésta conclusión, la tesis I.13o.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de dos mil uno, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Finalmente, como lo solicita la parte quejosa, téngase por autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, al licenciado Felipe de Jesús Padilla Nava (cédula 7364264), y como domicilio legal de su parte, el ubicado en la calle Rio Balsas, número seiscientos tres, colonia Hidráulica, de esta ciudad. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

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