Héctor Lugo Garza

Expediente 193/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
193/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
06/09/2021

Partes del expediente

  • HÉCTOR LUGO GARZA y Otros.
  • Héctor Lugo Garza
  • Janina Diez de Bonila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito firmado por los quejosos, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa la fotocopia que solicitan, previa constancia de recibo que se recabe. Por tanto, dígase a los ocursantes que deberán generar la cita respectiva a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ" para el trámite correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días que conforme al artículo 202 de la Ley de Amparo, tienen las partes para recurrir el auto de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que lo hubieran hecho; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo. Por tanto, toda vez que del estado que guardan los presentes autos, se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar, de conformidad con el artículo 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, se ordena su archivo. En el entendido de que el presente expediente, al haberse concedido el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese

  3. Principal

    a las nueve horas del cuatro de agosto de dos mil veintiuno, hago constar que en virtud de que la parte quejosa y tercero interesada, o sus autorizados, no se presentaron con motivo del aviso dejado en su domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, se hace efectivo el apercibimiento y notifico el auto de veinte de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 193/2021-E, del índice del órgano jurisdiccional de mi adscripción, de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, por lista que se fija en los Estrados del edificio del Poder Judicial de la Federación, en esta ciudad y por lista en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, mismo que en su parte conducente dice: "Tijuana, Baja California, a veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se aprecia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que hicieran manifestación alguna. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar las constancias que obran en autos para determinar si dicho fallo se encuentra cumplido o no. El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, este juzgado dictó sentencia, en la que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Héctor Lugo Garza y Janina Diez de Bonilla, para los siguientes efectos: "[.] Dejar sin efecto la resolución impugnada de once de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 926/2008; y Con plenitud de jurisdicción, emitir otra debidamente fundada y motivada, en la que analice, conforme a lo discutido por las partes y al marco jurídico aplicable, si procede o no la petición de prescripción de la acción para ejecutar el convenio aprobado en ese expediente. Para lo cual deberá evitar llegar a la misma conclusión sin antes motivar y fundar cómo entre alguno de los eventos ocurridos entre la aprobación del convenio, su denuncia de incumplimiento y la fecha de promoción de incidente de prescripción, no es posible que se haya consumado un plazo igual al de la prescripción de la ejecución de convenio, o bien, por qué se ve impedido para hacer tal examen". En acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, al no haberse recurrido la sentencia protectora de derechos humanos, se declaró ejecutoriada la misma y se requirió al Juez Séptimo de lo Civil, con residencia en esta ciudad, el cumplimiento del fallo protector. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio recibido en este juzgado el nueve de julio de dos mil veintiuno, ante la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, la autoridad responsable Juez del Juzgado Séptimo Civil, con sede en esta ciudad, remitió las constancias en copias certificadas consistentes en: Resolución dictada en cinco de julio de dos mil veintiuno, dentro del expediente 926/2008, de su índice, relativo al juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Cesar Antonio Cazares Díaz de León, en contra de Héctor Lugo Garza y Janina Diez de Bonilla (aquí quejosos). Documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fue emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fue objetada ni redargüida de falsedad. En las relatadas condiciones, este órgano de control constitucional determina que la autoridad responsable Juez del Juzgado Séptimo Civil, con sede en esta ciudad, ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que demostró con la constancia mencionada con anterioridad que dicha autoridad, dejó sin efecto legal alguno la resolución de once de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 926/2008, de su índice, y por ende emitió una nueva resolución dictada en cinco de julio de dos mil veintiuno, analizando conforme a lo discutido por las partes y al marco jurídico aplicable, si procede o no la petición de prescripción de la acción para ejecutar el convenio aprobado en ese expediente. En las relatadas condiciones, este órgano de control constitucional determina que la autoridad responsable, ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que demostró con la constancia mencionada con anterioridad haber dejado sin efecto legal alguno la resolución de once de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 926/2008, y por ende emitió una nueva resolución dictada en cinco de julio de dos mil veintiuno. Así, de la constancia allegada por la responsable se desprende que la misma dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por lo que resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado debidamente cumplida. Sin advertir que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, ni en repetición del acto reclamado; pues el primer caso se presenta cuando se extralimita, al ir más allá del alcance de la ejecutoria de amparo; en tanto que, en la segunda hipótesis, la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado en la ejecutoria, es decir, deja de hacer algo que se le indicó en la resolución de cuya ejecución se trata; y la última en mención, tiene lugar en aquellos casos en que, otorgado el amparo a la parte quejosa, la autoridad responsable insiste en la subsistencia de su determinación primigenia; aspectos que no se actualizan en el particular. Consecuentemente, se tiene por cumplida la sentencia dictada el veintiuno de mayo del año en curso, en el presente asunto; comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes "SISE". Finalmente, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, así como a la parte tercero interesado, por el plazo de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que, de no realizar manifestación alguna, se tendrá por precluido el derecho y se acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente."

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se aprecia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que hicieran manifestación alguna. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar las constancias que obran en autos para determinar si dicho fallo se encuentra cumplido o no. El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, este juzgado dictó sentencia, en la que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Héctor Lugo Garza y Janina Diez de Bonilla, para los siguientes efectos: "[.] Dejar sin efecto la resolución impugnada de once de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 926/2008; y Con plenitud de jurisdicción, emitir otra debidamente fundada y motivada, en la que analice, conforme a lo discutido por las partes y al marco jurídico aplicable, si procede o no la petición de prescripción de la acción para ejecutar el convenio aprobado en ese expediente. Para lo cual deberá evitar llegar a la misma conclusión sin antes motivar y fundar cómo entre alguno de los eventos ocurridos entre la aprobación del convenio, su denuncia de incumplimiento y la fecha de promoción de incidente de prescripción, no es posible que se haya consumado un plazo igual al de la prescripción de la ejecución de convenio, o bien, por qué se ve impedido para hacer tal examen". En acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, al no haberse recurrido la sentencia protectora de derechos humanos, se declaró ejecutoriada la misma y se requirió al Juez Séptimo de lo Civil, con residencia en esta ciudad, el cumplimiento del fallo protector. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio recibido en este juzgado el nueve de julio de dos mil veintiuno, ante la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, la autoridad responsable Juez del Juzgado Séptimo Civil, con sede en esta ciudad, remitió las constancias en copias certificadas consistentes en: Resolución dictada en cinco de julio de dos mil veintiuno, dentro del expediente 926/2008, de su índice, relativo al juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Cesar Antonio Cazares Díaz de León, en contra de Héctor Lugo Garza y Janina Diez de Bonilla (aquí quejosos). Documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fue emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fue objetada ni redargüida de falsedad. En las relatadas condiciones, este órgano de control constitucional determina que la autoridad responsable Juez del Juzgado Séptimo Civil, con sede en esta ciudad, ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que demostró con la constancia mencionada con anterioridad que dicha autoridad, dejó sin efecto legal alguno la resolución de once de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 926/2008, de su índice, y por ende emitió una nueva resolución dictada en cinco de julio de dos mil veintiuno, analizando conforme a lo discutido por las partes y al marco jurídico aplicable, si procede o no la petición de prescripción de la acción para ejecutar el convenio aprobado en ese expediente. En las relatadas condiciones, este órgano de control constitucional determina que la autoridad responsable, ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que demostró con la constancia mencionada con anterioridad haber dejado sin efecto legal alguno la resolución de once de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 926/2008, y por ende emitió una nueva resolución dictada en cinco de julio de dos mil veintiuno. Así, de la constancia allegada por la responsable se desprende que la misma dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por lo que resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado debidamente cumplida. Sin advertir que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, ni en repetición del acto reclamado; pues el primer caso se presenta cuando se extralimita, al ir más allá del alcance de la ejecutoria de amparo; en tanto que, en la segunda hipótesis, la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado en la ejecutoria, es decir, deja de hacer algo que se le indicó en la resolución de cuya ejecución se trata; y la última en mención, tiene lugar en aquellos casos en que, otorgado el amparo a la parte quejosa, la autoridad responsable insiste en la subsistencia de su determinación primigenia; aspectos que no se actualizan en el particular. Consecuentemente, se tiene por cumplida la sentencia dictada el veintiuno de mayo del año en curso, en el presente asunto; comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes "SISE". Finalmente, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, así como a la parte tercero interesado, por el plazo de quince días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que, de no realizar manifestación alguna, se tendrá por precluido el derecho y se acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido de Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.

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