Héctor Herrera Hernández
Expediente 540/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 540/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/11/2022
Partes del expediente
- Héctor Herrera Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en el que transcribe el proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, del que se advierte, en lo conducente, que dicho juzgado se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Héctor Herrera Hernández, con motivo de la incompetencia legal declinada por este órgano jurisdiccional, misma que quedó registrada bajo el juicio de amparo 1801/2022, de su índice; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. Por otra parte, se considera que este cuaderno de antecedentes, por su naturaleza carece de relevancia documental, en atención a que no encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, asimismo se determina que es susceptible de destrucción, pues se encuentra dentro de las hipótesis que establece el inciso a) de la fracción I del artículo 20 del reiterado acuerdo. Consecuentemente, una vez transcurrido el plazo de seis meses contados a partir de este proveído, este expediente estará en aptitud de destruirse. Se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "no relevancia documental" y "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 35 del mencionado acuerdo Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; asimismo, que en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa señaló como acto reclamado: "La omisión de emitir resolución del Recurso de Revisión interpuesto por el hoy quejoso derivado del juicio de nulidad 517/2016 S.S" De igual forma, se obtiene que se señaló como autoridad responsable al Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con sede en Mexicali. En ese orden, se estima necesario conocer el contenido del artículo 37, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Bajo ese tenor, el numeral transcrito establece que el Juez de Distrito competente para conocer de una demanda de amparo, lo es aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Al efecto, se estima que en el caso que nos ocupa, es evidente que el acto omisivo reclamado de acuerdo a lo anterior tendría ejecución en otra ciudad, al generar consecuencias materiales sobre el derecho fundamental de la parte quejosa a recibir justicia de manera pronta y expedita; por tanto, en la especie se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37, de la Ley de Amparo; de ahí que este Juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda planteada. De igual forma, del precepto transcrito se advierte que la intención del legislador es la de establecer la competencia territorial a favor del juez de Distrito en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; aspecto que cobra sentido si se toma en consideración que la finalidad de esta disposición es la de otorgar competencia a aquellos jueces dentro de cuya jurisdicción se van a llevar a cabo, se estén realizando o se hayan consumado los actos. Cobra aplicación en lo conducente, la jurisprudencia con número de registro 394634, Octava Época, visible en la página 455, Tomo VI, del Apéndice en 1995, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando dentro los actos reclamados solo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, tenga ejecución material". Así como la diversa, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 19, tomo IX, marzo de 1992, octava época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguientes: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS, DE LOS QUE SOLO UNO TIENE EJECUCION. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCION EN DONDE SE DA TAL EJECUCION. Conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de amparo, el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto y, si en un caso, la quejosa reclama diversos actos y sólo uno de ellos tiene ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que va a ejecutar el acto". La intención referida tiene, además, el propósito de facilitar el desarrollo por parte del Juez de Distrito de todas aquellas diligencias relacionadas con el juicio de amparo, que permitan que de una manera más pronta y eficaz se puedan llevar a cabo todos aquellos actos relacionados con la ejecución material de los actos reclamados, que es la que produce una trascendencia efectiva en la esfera jurídica de los gobernados, y que es lo que cobra suma importancia en el juicio de amparo. Así, se tiene que en el caso concreto, si bien el acto reclamado consiste en la omisión de emitir resolución en el recurso de revisión interpuesto por el hoy quejoso, derivado del juicio de nulidad 517/2016 S.S., por parte del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con residencia en Mexicali, lo cierto es que dicho acto genera consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene la parte quejosa a recibir justicia de manera pronta y expedita; esto es, el omitir dictar sentencia, es tanto como si la autoridad emitiera un acto que vulnerara la prerrogativa señalada. Razón por la cual no puede afirmarse que la omisión de dictar una resolución es una decisión meramente declarativa que no tiene efecto alguno o que no conlleve consecuencia alguna, sino por el contrario, con la omisión se genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado; si ello no fuera así, la restitución del derecho a través de la concesión del amparo cuando se reclame la omisión de dictar resolución en el juicio de origen no involucraría un "hacer", que es dictar sentencia lo más pronto posible. De tal forma que al reclamarse una omisión de esa naturaleza, la competencia debe recaer en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del procedimiento de origen, pues en el caso se está ante un acto omisivo con efectos positivos. De lo anterior se estima, que es competente para conocer del presente juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre la autoridad a la que se le atribuye la citada omisión, pues como se vio, en ese lugar se materializan las consecuencias del acto reclamado; ello, en términos del artículo 37, de la Ley de Amparo, que fija la competencia del juez que habrá de conocer la demanda de amparo es el del domicilio donde se llevará a cabo la ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. De lo que es factible concluir, conforme a los datos objetivos que se desprenden, que el lugar en donde se genera la omisión reclamada con efectos positivos, se ubica en la ciudad de Mexicali, Baja California, esto es, en donde tiene domicilio la autoridad responsable Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, a la que se le atribuye la aludida omisión. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2023548, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1873, Undécima Época, con rubro y texto siguientes: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario." (Lo destacado es propio). De igual manera, tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Novena Época, página 32 (Registro 192097), que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De acuerdo con lo anterior, este Órgano Jurisdiccional considera que se actualiza la hipótesis prevista en artículo 37, de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con los Acuerdos Generales 3/2013 y 38/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado, con sede en esta ciudad de Tijuana, Baja California, estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda planteada; y, se considera competente para conocer del presente juicio el Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en turno. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por la parte final del segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir todo lo actuado, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por resultar legalmente competente; informándose de dicha determinación al juez para que en primer lugar informe si acepta o no la competencia planteada por este órgano y de considerarlo procedente se pronuncie respecto del conocimiento del presente asunto, solicitándole comedidamente el acuse de recibo. En ese orden de ideas, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. En mérito de lo anterior, quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables, háganse las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el informe justificado rendido por la autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por un término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene proporcionando dirección de correo electrónico a fin de establecer comunicación no procesal con este órgano jurisdiccional. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se le tiene anunciando como pruebas de su intención las documentales que adjunta, sin perjuicio de hacer nueva relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Por otra parte con fundamento en el ordinal 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesada a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Por tanto, con base en el normativo 26, fracción ll, inciso b), de la propia ley, se ordena notificar a la mencionada autoridad tercero interesada, mediante oficio que se le envíe con transcripción del presente auto, anexándole fotocopia de la demanda, así como el auto admisorio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 90/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 162965, visible en la página 448, Tomo XXXIII, Enero de 2011, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con rubro y texto siguientes: Finalmente, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el diverso oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual informa que con anterioridad ya había remitido el informe justificado requerido; sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento, en virtud de lo acordado en los párrafos que anteceden. Notifíquese; y emplácese por oficio a la autoridad tercero interesada Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; asimismo, que al consultar la página de internet https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo, a fin de verificar el estatus de la guía con número de rastreo 4275565513, por medio de la cual se envió el oficio 17199/2022, dirigido a la autoridad responsable Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con residencia en Mexicali, se obtuvo que el mismo fue entregado el treinta de agosto de dos mil veintidós, por lo que a la fecha transcurrió el término concedido para que rindiera su informe justificado, sin que lo hubiese hecho. De igual forma, se advierte que en el escrito de demanda, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de emitir resolución respecto del recurso de revisión interpuesto, derivado del juicio de nulidad 517/2016 S.S. En ese contexto, y tomando en consideración que las constancias relativas al recurso de revisión derivado del juicio de nulidad 517/2016 S.S, se estiman necesarias para estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; en consecuencia, con fundamento en el artículo 75, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que remite copia certificada de las constancias relativas al expediente del aludido recurso de revisión. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las once horas con cuarenta minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese.
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