Héctor Lira Hernández
Expediente 112/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 112/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 27/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Héctor Lira Hernández
- Juez de Ejecución de Sanciones Penales Región Zamora, Mich
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintisiete de abril de dos mil dieciocho. DEVOLUCIÓN DE BILLETE Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el quejoso, mediante el cual solicita la devolución de la garantía que exhibió para que surtiera efectos la suspensión provisional concedida por este Órgano Jurisdiccional, por tanto, dígasele que deberá estarse a lo acordado mediante auto de trece de abril del año en curso, dictado dentro del juicio de amparo de donde deriva la presente incidencia, en el que se dejó a su disposición la aludida cédula bancaria. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Por medio de lista notifico a la parte quejosa el siguiente acuerdo: Morelia, Michoacán, trece de abril de dos mil dieciocho. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE AUTORIZA DEVOLUCIÓN DE BILLETE. Finalmente, dado que de la certificación de cuenta se desprende que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentra en resguardo el billete de depósito número N-789326, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., valioso por la suma de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), el cual fue exhibido por el quejoso a fin de que surtiera efectos la suspensión provisional concedida en autos y considerando que dentro del presente juicio de garantías no existe tercero interesado que pueda promover el incidente a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo; en esa virtud, por resultar innecesaria su retención, se deja a su disposición la cédula bancaria descrita, por lo que deberá comparecer ante este juzgado, con documento oficial para hacer efectiva su devolución, previa acta que de ello se levante para constancia legal, bajo apercibimiento que de no recoger la cédula bancaria dentro del lapso de dos años, contados a partir del siguiente a la notificación de este proveído, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50, de la Ley de Tesorería de la Federación, se declarará que ha prescrito ordenándose remitir a la Tesorería de la Federación en México, Distrito Federal, a efecto de que se sirva hacerlo efectivo a favor del Erario Federal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con veinticinco minutos del veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión VIII-112/2018, promovido por Héctor Lira Hernández, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, quien actúa asistido de Leonel López Pérez, secretario que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. En este acto, el secretario da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. En este acto, la secretaria da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Asimismo, da cuenta con los informes previos recibidos con antelación y rendidos por: El Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región de Zamora, Michoacán Comandante de la Policía Ministerial del Estado del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán EL JUEZ: Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que las autoridades que lo signan rinden informe previo en el expediente en que se actúa, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo. Asimismo, téngase por realizada la relación de los informes previos recibidos con antelación y que ya obran en autos. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. EL SECRETARIO: hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas de su parte. Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación, formuló alegatos, mediante escrito presentado el catorce de febrero del año en curso en la oficialía de este Juzgado de Distrito. EL JUEZ: Ténganse por formulados los alegatos del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 144 de la ley de amparo. Se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión VIII-112/2018; y, R E S U L T A N D O: 1. Por escrito presentado el nueve de febrero del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, remitido en esa fecha a este órgano jurisdiccional, por razón de turno el quejoso Héctor Lira Hernández, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado al Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Zamora, Michoacán y otras autoridades. 2. Mediante proveído de doce de febrero del año en curso, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo, la orden de reaprehensión así como su ejecución. SEGUNDO. AUTORIDADES NIEGAN ACTO RECLAMADO. De los informes previos rendidos por las autoridades señaladas como responsables en el acta que antecede, se advierte que éstas niegan la existencia del acto que se les reclama. Por su parte, el quejoso no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, por lo que procede negar la suspensión definitiva solicitada en contra del referido acto, por resultar inexistente. TERCERO. NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 1008, visible en la Segunda Parte, página 1630, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en mil novecientos ochenta y ocho, bajo la voz: "INFORME PREVIO". En efecto, ante la negativa de las autoridades responsables de la existencia del acto reclamado, sin que el peticionario del amparo haya ofertado prueba alguna que resulte eficaz para desvirtuar dicha aseveración, es indudable que cobra firmeza el contenido de los informes previos. En ese contexto, como no quedó desvirtuada la negativa de las autoridades responsables en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada; toda vez que no hay materia sobre qué decretarla, atento al criterio que informa la jurisprudencia VI. 2º. J/19, visible en el tomo II, Julio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO.- El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de amparo, se resuelve: ÚNICO. SE NIEGA a********************, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, por los motivos esgrimidos en el tercer considerando de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo VIII-112/2018 promovido por Héctor Lira Hernández, por su propio derecho, contra actos del Juez de Ejecuciones Penales, Región Zamora, y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no hay persona alguna con el carácter reconocido de tercero interesado. A continuación, el Secretario destaca que en proveído de nueve del mes y año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento formulado en autos, y en consecuencia se ordenó tener como inexistentes a las autoridades señaladas como responsables "COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA CON SEDE EN ESTA CIUDAD" y "COMANDANTE REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN ZAMORA, MICHOACÁN", por lo que no se hace mayor pronunciamiento respecto de las mismas. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretario, dé cuenta con los informes justificados que obran en autos. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región de Zamora, Michoacán. Agente de la Policía Ministerial del Estado destacamentado en Zacapu, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia; enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que llegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes ofreció prueba alguna. EL JUEZ: Al no existir pruebas por desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que las partes no formularon alegatos en el presente sumario constitucional. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-112/2018, promovido por Héctor Lira Hernández, por su propio derecho, contra actos del Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Zamora, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de febrero de la presente anualidad, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, misma que por razón de turno, correspondió conocer a este juzgado federal, Héctor Lira Hernández solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades que señaló en su escrito de demanda y los actos que precisó de la siguiente manera: ".III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Tienen tal carácter, en su concepto de: AUTORIDADES RESPONSABLES: TIENEN EL CARÁCTER DE ORDENADORAS: 1.- Se señala como autoridad responsable de ORDENAR la C. JUEZ DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES, REGIÓN ZAMORA, quien tiene su domicilio en la calle Alonso Martínez, número 711 interior 402, de la Colonia Jardinadas de la Ciudad de Zamora, Michoacán. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES EJECUTORAS. 1.-COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, con domicilio ampliamente conocido en Periférico Paseo de la República, número 5000 de la Colonia Sentimientos de la Nación de esta ciudad de Morelia, Michoacán. 2.- COMANDANTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, con domicilio ampliamente conocido en la calle 5 de febrero número 125 Altos de la Colonia Centro de la Ciudad de Zacapu, Michoacán. 3.- COMANDANTE REGIONAL DE JUSTICIA DE ZAMORA, MICHOACÁN. Con domicilio ubicado en la calle Benito Juárez, número 355, de la colonia 20 de noviembre de la Ciudad de Zamora, Michoacán. IV.- ACTO U ACTOS RECLAMADOS. La ilegal orden de detención y/o reaprehensión dictada en mi contra, decretada por la autoridad responsable ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en la ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas." Actos que el quejoso consideró violatorios en su perjuicio los derechos humanos reconocidos por los artículos 1°, 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de doce de febrero del año en curso, se registró la demanda como el expediente VIII-112/2018; este juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda en cuestión; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48, en relación con el 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Punto Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con ejecución material dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama actos de autoridades jurisdiccionales y administrativas con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a los actos reclamados al Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Zamora, Michoacán y otras, consiste en la orden de detención y/o reaprehensión dictada en su contra, así como la materialización de dicha orden a diversa autoridad administrativa. CUARTO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir sus informes justificados las autoridades responsables Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región de Zamora, Michoacán y el Comandante de la Policía Ministerial del Estado destacamentado en Zacapu, Michoacán, se obtiene que fueron coincidentes en negar la existencia de los actos que se les atribuyen. Pese a lo manifestado por las autoridades responsables de referencia, la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, ni objetó la autenticidad de los informes mencionados. Por tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguiente: "Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 227634 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Página 627 Jurisprudencia (Común) INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 185/88. Hugolino González Méndez y otros. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo en revisión 313/88. Pascual Espinoza Palma. 11 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 414/88. María Isabel Zárate Romero. 4 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 420/88. José Ruperto Anaya Pérez. 12 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez." Máxime, que ante la negativa de las autoridades responsables, a la parte quejosa le correspondía la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia del acto reclamado; sin embargo, no satisfizo tal extremo con prueba certera y eficiente. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor siguiente: "Tesis: VI.2o.A.4 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187728 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Febrero de 2002 Página 903 Tesis Aislada (Común) PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Amparo en revisión 41/2001. José Ricardo Picen Coyotl. 15 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Rosa Iliana Noriega Pérez." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de garantías promovido por Héctor Lira Hernández, por su propio derecho, en contra de los actos que reclamó de las autoridades responsables, en términos del considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese. Así lo sentenció y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.
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