Héctor Javier Hernández Valencia

Expediente 61/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
61/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
28/07/2022

Partes del expediente

  • Héctor Javier Hernández Valencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Vista con estado de autos; causa estado. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de cuatro de mayo del año en curso, en el que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por ********************; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de autos se desprende que se omitió notificar a las autoridades responsables los oficios 10125 y 10126, relativos a la sentencia que en esta actuación se declara firme; en consecuencia, a fin de subsanar dicha omisión, con las comunicaciones que se giren con motivo de este acuerdo, acompáñense los oficios de referencia. Se ordena archivo físico. En otro aspecto, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Valoración del expediente. En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a) del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio. Incidente de suspensión. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negaron las medidas cautelares solicitadas. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Finalmente, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, en su momento transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número V-61/2022, promovido por Héctor Javier Hernández Valencia, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Morelia y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y recibido en este Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Michoacán, al día siguiente hábil, Héctor Javier Hernández Valencia promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Morelia y otra autoridad. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se admitió la demanda de garantías; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, además, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue levantada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos de autoridad con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados;."; es necesario precisar los actos reclamados, que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de garantías y de las constancias que integran el presente sumario. Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el peticionario de garantías reclama del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Morelia y del Director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, lo siguiente: 1. El corte del suministro de agua potable; y, 2. El cobro del crédito fiscal por la prestación dicho servicio. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Morelia, se advierte que niega la existencia de los actos que se le atribuyen. Negativa de actos que no fue desvirtuada por el aquí quejoso, por lo que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Por otro lado, del contenido del informe justificado rendido por el Director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado. Para corroborar lo anterior, remitió con su informe copia certificada de diversas constancias, documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 292 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2º, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, procede el análisis de las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el Director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, sostiene que en el particular se actualiza una causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Como señala la citada autoridad responsable el motivo de inviabilidad apuntado se actualiza al vincularse con la fracción I del artículo 5 de la ley de la materia, y el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunque únicamente con relación al acto reclamado consistente en el cobro del crédito fiscal por la cantidad de $44,657.00 (Cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), pues el peticionario de derechos fundamentales omitió demostrar la afectación a alguno de sus derechos subjetivos. Los artículos 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 107. (.) I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...) ". De los preceptos trascritos se advierte la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso; al tratarse de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, quien insta la vía constitucional debe ser titular de un derecho subjetivo afectado de manera personal y directa. Uno de los principios que rigen el juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, es decir, debe promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley reclamada; luego, un gobernado puede promoverlo cuando cause perjuicio directamente a sus derechos, sean personales o patrimoniales. El indicado principio se identifica con lo que se conoce como derecho subjetivo, el cual deriva de la norma objetiva y supone la reunión de tres elementos, a saber: un interés exclusivo, actual y directo, el reconocimiento al igual que la tutela por la ley, así como la protección legal se resuelve a favor del titular del mismo al otorgar una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad para que ésta realice la prestación debida. El agravio debe ser actual y directo, por ello el peticionario de amparo tiene la obligación de acreditar plenamente la lesión a su esfera de derechos en razón del acto reclamado, sólo así la autoridad conocedora del juicio constitucional estará en posibilidad de conceder o negar la protección de la Justicia Federal. En el particular, la quejosa ocurre a esta instancia constitucional para impugnar el cobro del crédito fiscal por la cantidad de $44,657.00 (Cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), indicado en el recibo 1901837, expedido por el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia. Como pruebas de su intención, el quejoso ofreció las siguientes documentales: 1. Copia simple de la inconformidad suscrita por el quejoso de veinticinco de enero de dos mil veintiuno. 2. Acuse de recibo de la diversa inconformidad suscrita por el promovente del amparo con sello de diez de enero de dos mil veintidós. 3. Copia simple del reporte con folio 03233892. 4. Copia simple de dos recibos correspondientes al servicio de agua potable números 17529165 y 17283302, relativos al inmueble ubicado en la calle Facultad de Economía número 57, Fraccionamiento Real Universidad, de esta ciudad. 5. Original del reporte con folio número 03554171. 6. Original del recibo correspondiente al servicio de agua potable número 19019837, relativo al inmueble ubicado en la calle Facultad de Economía número 57, Fraccionamiento Real Universidad, de esta ciudad. Dichos medios de prueba adminiculados entre sí adquieren valor de indicio acorde con el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En tanto que el original del aviso-recibo y el original del reporte valor probatorio pleno acorde con el numeral 202 de la citada legislación procesal civil. Sin embargo, son ineficaces para demostrar que el crédito fiscal causa alguna afectación en contra del quejoso. Lo anterior es así pues si bien se comprueba la existencia de un adeudo por consumo de agua en el domicilio ahí señalado, de su contenido se advierte que el recibo fue expedido a nombre de Perla Lucía Orozco Oregon, no así del aquí quejoso. Ello es así ya que los documentos exhibidos no son los idóneos para demostrar, respecto del acto analizado, la afectación a un derecho sustantivo. Por tanto, el quejoso debió acreditar que el adeudo por consumo de agua relacionado con el contrato 232354-1 por la prestación de ese servicio a la casa habitación que refiere en su demanda, produce un perjuicio real y directo en el catálogo de sus derechos y obligaciones, pues a través del juicio de amparo se analizan los motivos de transgresión a los derechos fundamentales de mérito y únicamente es dable ese examen si existió una violación a los derechos humanos reconocidos o a las garantías procesales, cuando un acto de autoridad produce un perjuicio en los derechos subjetivos reconocidos. Más aún, en autos obra agregado el informe justificado rendido por el Director del Organismo responsable, del cual se corrobora que la orden de cobro del referido adeudo se encuentra dirigida a Perla Lucía Orozco Oregon, en virtud de que dicha persona es la titular del contrato de donde deriva dicho adeudo. De modo que las pruebas que obran en autos de ninguna manera ponen de manifiesto fehacientemente que Héctor Javier Hernández Valencia resienta un perjuicio real y directo, al inexistir algún dato del quejoso en el aviso recibo que contiene el cobro. Se afirma lo anterior, porque las constancias aportadas al presente sumario constitucional, tanto por la parte quejosa, como por la autoridad responsable, de ninguna manera lo vinculan como obligado directo o solidario en la determinación del cobro. Entonces, es innegable que si el quejoso omitió acreditar la afectación a su interés jurídico, puesto que los medios de prueba exhibidos para ello son ineficaces para evidenciar una conexión entre la orden de cobro reclamada y el derecho con el cual el quejoso acude a la vía constitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia por reiteración 2a./J.16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 17, Octava Época, Tomo 82, Octubre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Así como la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 1a./J. 1/2002, visible en la página 15, Tomo XV, Febrero de 2002, de la Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." En ese contexto, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, éste sólo puede promoverse por quien sufra un agravio actual, cierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, familia, domicilio, propiedades o posesiones, lo cual de ninguna manera quedo demostrado, entonces, es indudable que el quejoso carece de legitimación para acudir a la vía constitucional. En consecuencia, al no haberse acreditado fehacientemente afectación a alguno de sus derechos, es claro que no depara perjuicio alguno en su esfera de derechos el cobro del adeudo, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, con relación al diverso acto reclamado consistente en el corte total del suministro de agua potable en el domicilio ubicado en calle Facultad de Economía número 57, Fraccionamiento Real Universidad, de esta ciudad, también se actualiza la causal de improcedencia apuntada. Como se precisó, para la promoción del juicio de amparo es necesario que quien lo insta acredite la afectación a alguno de sus derechos subjetivos; lo cual en modo alguno quedó acreditado en el sumario. En efecto, el peticionario de amparo para acreditar que el acto de autoridad consistente en el corte de suministro de agua en el citado domicilio sí afecta su derecho fundamental, ofreció como pruebas de su intención las reseñadas con antelación. Sin embargo, tales medios de prueba son ineficaces para demostrar que efectivamente el quejoso habite el domicilio ubicado en calle Facultad de Economía número 57, Fraccionamiento Real Universidad, de esta ciudad. Esto es así, pues aun cuando el quejoso haya presentado diversas inconformidades ante el organismo responsable por los registros del consumo de agua potable y los cobros excesivos, donde efectivamente precisó habitar ese domicilio; empero, ello de ninguna manera otorga la certeza de que efectivamente la persona viva en ese lugar. Es decir, no se prueba que el peticionario de amparo en realidad ejerza un derecho de posesión en ese predio y, merced a ello, habite en ese sitio. Así las cosas, si el quejoso omitió acreditar la afectación a un derecho subjetivo pues los documentos exhibidos son ineficaces para evidenciar una conexión entre la orden de cobro reclamada y el corte de suministro de agua, es evidente que carece de legitimación para instar el juicio constitucional. Ilustra al respecto, la jurisprudencia por reiteración 2a./J.16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 17 del diecisiete, del Tomo ochenta y dos, Octubre de 1984, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Así como la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 1a./J. 1/2002, visible en la página 15, del Tomo XV, Febrero de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." En ese contexto, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, éste sólo puede promoverse por quien con el acto reclamado sufra un agravio actual y cierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, persona, familia, domicilio, o bien en sus propiedades o posesiones y en el caso ello no aconteció, por tanto, es indudable que el quejoso carece de legitimación para acudir a la vía constitucional. Tampoco es factible considerar que el quejoso ostente un interés legítimo, pues al no existir evidencia alguna de que el crédito está dirigido en su contra, o que habita el inmueble cuyo corte del suministro de agua reclama, ni afectación alguna en su contra, siquiera en forma indirecta. Entonces, es evidente que no tiene reconocido ni ostenta un derecho objetivo que lo ponga en una situación especial prevista en el orden jurídico. Menos aún la sentencia en torno al fondo que, en su caso pudiera emitirse, podría traducirse en un beneficio tangible y acreditable en su esfera jurídica. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el juicio. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), que sostiene el Primer Tribunal Colegiado De Circuito Del Centro Auxiliar De La Octava Región, consultable en la página 1807, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa". Atento a la conclusión apuntada, es innecesario ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo en relación con el fondo del acto analizado. Como sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia sin número que sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, Volumen 24 Tercera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, además, en los artículos 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Héctor Javier Hernández Valencia, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, en términos de los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy cuatro de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa ante el Secretario Luis Felipe Sánchez Luna, quien autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. El Secretario: Juicio de amparo V-61/2022 promovido por Héctor Javier Hernández Valencia, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, y otra autoridad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que en el presente asunto no hay persona alguna con el carácter reconocido de tercero interesado; asimismo, que ninguna de las partes se encuentra presente. El Juez: Téngase hecha la relación que antecede; Secretario, dé cuenta con los informes justificados que obran en autos. El Secretario: Se da cuenta con los siguientes informes justificados: a) Director de Asuntos Civiles y Penales del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán. b) Director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia. El Juez: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse rendidos tales informes. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. El Secretario: Se hace constar que obra en autos la documental que la parte quejosa acompañó con su demanda, así como la diversa que remitió como sustento de su informe justificado el Director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia. El Juez: Ténganse desahogadas dichas documentales; al no existir más pruebas que verificar, se pasa al período de alegatos. El Secretario: Se hace constar que las partes no alegaron en la presente instancia. El Juez: Al no tener alegatos por reproducir, concluye la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.El Juez Tercero de Distrito en el Estado Omar Alejandro Elizalde Herrera. El Secretario Luis Felipe Sánchez Luna

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Juez responsable acusa recibo Visto el oficio de cuenta que suscribe la Jueza Quinta de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, con sede en esta ciudad y atento a su contenido, se le tiene acusando recibo de los autos del juicio de origen que le fueron devueltos por este órgano jurisdiccional federal; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

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