Hector Leobardo Hernandez Garcia

Expediente 1608/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1608/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
17/11/2016

Partes del expediente

  • Hector Leobardo Hernandez Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis El Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, CERTIFICA: Que el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del veinticuatro de octubre al nueve de noviembre de dos mil dieciséis (sin contar los días treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre por ser inhábiles); sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la resolución dictada con fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Cuernavaca Morelos, diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. Conste.- En la misma fecha el Secretario da cuenta al Juez, con el estado de los autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste.- Cuernavaca, Morelos, diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo con fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Y toda vez que en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción del duplicado una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con ocho minutos del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, estando en audiencia pública el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, licenciado JORGE CARENZO RIVAS, con asistencia del Secretario Arnulfo Torres García, con quien legalmente actúa, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo número 1608/2016, promovido por Héctor Leobardo Hernández García, por propio derecho, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario procede a hacer relación de las constancias que obran en autos. A lo que el Juez, acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo probatorio, se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Acto seguido, se procede abrir el periodo de alegatos, en el que se da cuenta que ninguna de las partes los formuló. Consecuentemente, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de todo lo actuado, se procede a dictar el fallo correspondiente. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1608/2016; y, RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, turnado a este Juzgado Federal, el mismo día, Héctor Leobardo Hernández García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de Juez Penal de Primera Instancia en el Cuarto Distrito Judicial; Juez Menor Mixto en el Cuarto Distrito Judicial; María Guadalupe Flores Servín, Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, del Segundo Distrito Judicial; Adolfo González López, Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, del Segundo Distrito Judicial; Alejandra Trejo Reséndiz, Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, del Segundo Distrito Judicial; David Ricardo Ponce González, Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, del Segundo Distrito Judicial; Nancy Aguilar Tovar, Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, del Segundo Distrito Judicial; María de Jesús Rodríguez Cadena, Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, del Segundo Distrito Judicial; Subprocurador de la zona Sur Poniente del Estado de Morelos; Fiscal de Delitos Diversos, Fiscal de Asuntos Foráneos; Fiscal de Hechos de Tránsito; Fiscal de Homicidios; Fiscal de Delitos Sexuales; Fiscal de Delitos de Robo; Coordinador de la Policía Ministerial con Jurisdicción en Jojutla; Comandante del Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial de Jojutla; Agente del Ministerio Público Titular del Municipio de Tlaltizapán; Coordinador de la Policía Ministerial con Jurisdicción en Tlaltizapán; Comandante del Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial de Tlaltizapán, señalando como acto reclamado, el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: La orden de presentación o aprehensión dictada en mi contra y la ejecución material." SEGUNDO. La parte quejosa señaló como garantías individuales violadas, las contenidas en los artículos 14, 16, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberían precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. Finalmente, se dio la intervención legal que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; asimismo, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de esta resolución. CONSIDERANDO PRIMERO.- Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 49 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por los numerales 33 y 35 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un asunto llevado por autoridades, con residencia dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que los actos reclamados en esta vía consisten esencialmente en: "IV. ACTO RECLAMADO: La orden de presentación o aprehensión dictada en mi contra y la ejecución material." TERCERO. Las autoridades responsables Juez Penal de Primera Instancia en el Cuarto Distrito Judicial; Juez Menor Mixto en el Cuarto Distrito Judicial; Adolfo González López, Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, del Segundo Distrito Judicial; Alejandra Trejo Reséndiz, Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, del Segundo Distrito Judicial; David Ricardo Ponce González, Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, del Segundo Distrito Judicial; Nancy Aguilar Tovar, Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, del Segundo Distrito Judicial; María de Jesús Rodríguez Cadena, Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, del Segundo Distrito Judicial; Subprocurador de la zona Sur Poniente del Estado de Morelos; Fiscal de Delitos Diversos, Fiscal de Asuntos Foráneos; Fiscal de Hechos de Tránsito; Fiscal de Homicidios; Fiscal de Delitos Sexuales; Fiscal de Delitos de Robo; Coordinador de la Policía Ministerial con Jurisdicción en Jojutla; Comandante del Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial de Jojutla; Agente del Ministerio Público Titular del Municipio de Tlaltizapán, al rendir su respectivo informe justificado negaron el acto reclamado. Igual consideración debe hacerse respecto de las autoridades responsables Coordinador de la Policía Ministerial con Jurisdicción en Tlaltizapán; Comandante del Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial de Tlaltizapán, en virtud de que no rindieron su informe justificado, ni obra en autos constancia alguna que acredite que hayan sido debidamente notificado de su petición, sin embargo, a nada práctico conduciría diferir esta audiencia, por lo que hace a dichas autoridades, ya que al tener el carácter de ejecutoras y al haber negado las autoridades responsables ordenadoras el acto combatido, resulta inconcuso que no pueden ejecutar un acto inexistente. Apoya esta consideración, la tesis sustentada por la anterior Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 6, Séptima Parte, correspondiente a la Séptima Época, que literalmente dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. FALTA DE INFORME DE LAS, CUANDO LAS ORDENADORAS NIEGAN LOS ACTOS. Si las autoridades ejecutoras no rinden informe, pero las ordenadoras niegan los actos a ellas atribuidos, es incuestionable que la autoridad ejecutora no puede cumplimentar una orden inexistente, y no es susceptible de presumirse el acto conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo." Por lo que hace a la autoridad que el quejoso señaló como María Guadalupe Flores Servín, Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos; constituye un hecho notorio para este Juzgador, que en el Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, únicamente existen cinco jueces orales, de los cuales la citada Juez, no se encuentra adscrita a dicho distrito, como puede advertirse de la consulta que se hace a la página de internet del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; por tanto, se deja de tener como autoridad responsable a la aludida Juez, para todos los efectos legales consiguientes. En consecuencia de lo anterior, y dado que la parte quejosa no aportó prueba en contrario a fin de desvirtuar la negativa de las autoridades responsables de que se trata, procede sobreseer en el presente juicio respecto de las mismas, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia 310, consultable en la página 209 de la primera parte del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que aparece bajo el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como la Tesis de la Novena Época, número VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Febrero de 2002, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." CUARTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Héctor Leobardo Hernández García, contra el acto y las autoridades precisadas en el resultando primero de esta sentencia, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de octubre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio registrado con folio 26239, signado por el Procurador de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, a través del cual remite copia simple de la sentencia definitiva dictada en los autos del expediente 415/2014-I, relativo a la controversia del orden familiar sobre la pérdida de la patria potestad, de la cual se advierte que en su resolutivo cuarto se decretó a favor de Juliana Duarte Reza la guarda y custodia definitiva de su menor nieto Daniel Alejandro Villanueva Duarte. Asimismo, del resolutivo séptimo se advierte que se decretó que una vez que causara estado la referida resolución por conducto del Procurador de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, se hiciera la entrega del menor mencionado a Juliana Duarte Reza. En consecuencia, se requiere al Juez Quinto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, informe si ya causó estado la resolución de treinta de septiembre del año en curso dictada en los autos del expediente 415/12014-I, relativo a la controversia del orden familiar sobre la pérdida de la patria potestad y en su caso remita copia debidamente certificada de las constancias que así lo acrediten, ello en razón de que el menor citado es parte quejosa del juicio de amparo en que se actúa, y como se involucran derechos fundamentales inherentes a su persona, deben tomarse todas las providencias necesarias a fin de resolver lo que en derecho beneficie de manera integral al menor de mérito. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o manifestar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y en relación con lo dispuesto por los ordinales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, trece de octubre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio registrado con folio 25695, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual informa gestiones que realiza para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, remita las constancias de notificación a los testigos dentro del juicio laboral de origen 849/2013, respecto del proveído de cuatro de octubre del año en curso, en el entendido que deberá remitir copia certificada con la que acredite lo requerido por este este órgano de control constitucional. Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicara una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante José Alberto Tapia Tapia, secretario que autoriza y da fe.

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