Hector Javier Aguilar Rodriguez

Expediente 1075/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1075/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Hector Javier Aguilar Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de agosto de dos mil veintidós. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vistas las certificaciones que anteceden y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, hubiese recurrido el auto de seis de julio de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda desechada; además de que a juicio de la suscrita juzgadora no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de julio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la demanda de amparo promovida por Héctor Javier Aguilar Rodríguez, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, se provee como sigue. 1).- Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2).- Exhortación a tramitar asuntos en línea. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante A.G. 21), se exhorta a las partes que tomando en consideración la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos, continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de juicio en línea (en el que las partes hayan solicitado su autorización para visualizar el expediente, así como para que se les efectúen las notificaciones en línea), en el entendido que para tal efecto, deberán contar con firma electrónica y usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. 3).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dado que la regla genérica de improcedencia relativa que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Ello es así, en virtud de lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo, impone el deber desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Así, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama: "III. ACTO RECLAMADO.- La Inconvencionalidad e Inconstitucionalidad del Artículo 23, último párrafo, de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. El artículo en cuestión es del literal siguiente: Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. Artículo 23. Disposiciones comunes a los concursos de oposición [.] Las personas servidoras públicas que hayan promovido recurso de revisión administrativo en contra del resultado de un concurso de oposición para Magistrada o Magistrado, o Jueza o Juez, no podrán participar en un concurso posterior, hasta que se resuelva dicho medio de impugnación. IV.- [.]"" Ahora bien, después de analizar la naturaleza del acto reclamado, se estima conveniente señalar que se actualiza de modo manifiesto e indudable una causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de amparo dispone la regla genérica de improcedencia relativa que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Al respecto, el último tópico en mención, inherente a la promoción del juicio constitucional en contra de normas generales, debe ampliarse con el contenido de la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. [.]" Conforme a lo anterior, se puede asegurar que la procedencia del amparo contra normas generales que se estimen inconstitucionales implica, necesariamente, la distinción entre disposiciones legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquellos otros ordenamientos generales, imperativos y abstractos, que requieren de un acto concreto de aplicación que afecte la esfera jurídica de los gobernados, para poder determinar el momento oportuno de su impugnación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido las bases para distinguir el momento en que pueden impugnarse normas de carácter general, basado en las consecuencias que generan. Esto es, si se trata de normas consideradas como autoaplicativas, o bien, heteroaplicativas, a través del criterio que se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia número P./J.55/97 de rubro siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.". Así, las normas autoaplicativas son aquellas que afectan la esfera de derechos del gobernado, con su sola entrada en vigor. En ellas, se contemplan supuestos cuya actualización, dependen de una actuación del justiciable. Es decir, la obligación contenida en la norma cobra aplicación porque la persona realiza un actuar que le da vida jurídica, sin necesidad que exista un acto por parte de un agente externo al propio quejoso. De ahí que se diga que es una norma de individualización incondicionada, porque la existencia de la obligación no está supeditada a la emisión de un acto de autoridad en contra del quejoso. Mientras que las normas heteroaplicativas, a diferencia de las anteriores, cobran vida jurídica cuando existe un acto que impacta la esfera de derechos del quejoso, es decir, su actualización depende de que exista un acto emitido por una autoridad dirigido al justiciable. Por ello, se dice que son de individualización condicionada, pues la afectación que pueda sufrir el quejoso, está sujeta a la existencia de un acto de autoridad, que le de vida jurídica. En el caso de ordenamientos heteroaplicativos o de individualización condicionada, el amparo debe promoverse con motivo del primer acto de aplicación, acorde con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo; la aplicación de la norma da pauta para que el particular controvierta su constitucionalidad, puesto que la disposición en comento permite concluir que tal "acto" de ejecución o individualización de la ley se refiere sólo al primero y no a los subsecuentes actos de aplicación, tratándose del juicio de amparo indirecto. En ese sentido, la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta ser explícito sobre el particular, por cuanto a que se hace mención expresa al "primer acto de aplicación" y establece asimismo que para impugnar una ley en juicio de amparo indirecto el interesado tiene la opción de ejercer la acción de amparo en su contra, a través de su primer acto de aplicación. Explicado lo anterior, resulta pertinente tener presente que la norma reclamada configura un sistema encaminado a regular la Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. De tal manera que el artículo 23 de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, establece un mecanismo inherente a la carrera judicial, en que se prevé que las personas servidoras públicas que hayan promovido un recurso de revisión administrativo en contra del resultado de un concurso de oposición para acceder al cargo de Magistrado o Magistrada, o Jueza o Juez, no podrán participar en un concurso posterior, hasta que se resuelva dicho medio de impugnación. Como se ve, en términos generales, la porción normativa reclamada regula condiciones específicas de los individuos a los que se encuentra dirigido, para lo cual establece distintas condiciones a fin de que éstos las acaten en la medida de que se ubiquen dentro de los supuestos concretos. Esto es, dichos preceptos contiene una condicionante clara para su materialización, lo que implica que, por su sola entrada en vigor, no causan afectación alguna a quien lo reclama; sino que, para ello, es necesaria que se cumpla las condiciones dispuestas, relativas a la carrera judicial, como lo es la interposición de un medio de impugnación en contra del resultado del respectivo concurso de oposición -como se aprecia en el caso- y una negativa por ese motivo, que le impida participar en un concurso posterior. Así, dado el carácter de sistema normativo que asiste al precepto reclamado, es claro que su entendimiento integral conduce de manera clara a estimar que existen condiciones particulares para que la disposición de referencia pueda estimarse susceptible de generar afectación a la esfera de derechos a los individuos a los que está destinado. Ello, ya que, en primer término, deberá ubicarse en alguno supuesto que la propia Ley de Carrera Judicial dispone, para estimar su acto de aplicación, tal como que se le emita por parte de la Escuela Federal de Formación Judicial, una negativa -hecho o un acto en lo particular- que le impida participar en el "Cuarto Concurso Abierto de Oposición para la designación de Juezas y Jueces de Distrito Especializados en Materia de Trabajo del Poder Judicial de la Federación (Tribunales Laborales)", con motivo del recurso de revisión administrativo que refiere hizo valer el aquí quejoso; ello, para que el dispositivo normativo genere un impacto en su esfera jurídica. Por ende, si a la fecha de presentación de la demanda no existe tal acto de aplicación, es que la norma no le genera una afectación; ello, se corrobora, en razón de que de los antecedentes de su demanda, no se aprecia que incluso haya intentado inscribirse al concurso, y por ende, que tuviera alguna respuesta contraria a su pretensión, con motivo del medio de impugnación que refiere haber interpuesto. En suma, si el cuerpo normativo contempla un supuesto concreto que no se verifica desde el momento en que inició la vigencia del decreto que le dio origen, es que resulta jurídicamente imposible su reclamo a partir de ello. Por el contrario, será necesario que se cumplan las condiciones anotadas, esto es, que algún precepto se individualice en la esfera jurídica de la parte quejosa, a través de un hecho o un acto en lo particular -como la negativa de la autoridad responsable para que el quejoso concurse, en razón de la substanciación del recurso de revisión que éste último interpuso en contra de los resultados del respectivo concurso de oposición-. De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII. A mayor abundamiento, se cita el criterio P. LXXXV/98, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 194959, y de contenido siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE EL ACTO SEA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 21 y 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, la acción constitucional que se endereza en contra de leyes reclamadas con motivo de su aplicación, debe presentarse dentro del plazo de quince días siguientes al en que se dé el primer acto de aplicación que cause perjuicio a la parte quejosa. Esto pone de relieve la exigencia de que el acto concreto que genere el perjuicio debe ser, necesariamente, anterior a la presentación de la demanda, independientemente de que su demostración pueda realizarse durante la sustanciación del juicio. Lo anterior se justifica si se toma en consideración que la existencia del acto de aplicación, cuando se impugna una ley con motivo de éste, constituye un factor necesario para la procedencia del juicio de garantías, por lo que debe atenderse a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que, de otra manera, no habría seguridad para las partes y la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio." En conclusión, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la citada ley. Ahora, no se inadvierte que aun de tener el carácter de norma autoaplicativa, se actualizaría la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con el 17, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, dada la extemporaneidad en la presentación de la demanda. Ello, en razón de que el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, establece el plazo de treinta días para promover el juicio de amparo contra una ley autoaplicativa, el cual se contará desde las cero horas del mismo día en que entró en vigor, tal como lo sustenta la tesis P. CIX/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 251, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, de rubro "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. De ahí que en el caso, dicho plazo fue superado en exceso, en razón de que la norma combatida entró en vigor el ocho de junio de dos mil veintiuno -al ser publicada el siete de junio de ese año en el Diario Oficial de la Federación-, y la demanda de amparo fue presentada el cuatro de julio de dos mil veintidós. En otro aspecto, no se inadvierte que en todo podría actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, relativa a la litispendencia. Ello, en razón de que se advierte que existe, por lo menos, el diverso juicio de amparo 1078/2022, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y que dicho órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, en contra del mismo reclamado y autoridades, que en este juicio se señalan. Lo anterior se tiene como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; máxime que se trata de información obtenida del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Luego, de resolverse el presente asunto en cuanto tal determinación, podría dar lugar a analizar un acto que es materia de estudio en otro juicio de amparo. 4).- Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se advierte que la parte quejosa señaló para oír y recibir notificaciones un domicilio físico y que a su vez autorizó expresamente que las mismas se le realizaran de forma electrónica. Por tanto, a fin de salvaguardar la integridad física de las partes en el presente juicio, y atendiendo a las directivas emitidas por las autoridades del país a fin de asegurar el distanciamiento social, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37, 38 y demás aplicables del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico y las notificaciones vía electrónica -por así haberlo solicitado expresamente-, siempre y cuando se realice con el usuario "CHESSTOR" que proporciona y se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En esas condiciones, se instruye a la actuaría de este juzgado de distrito que le practique las notificaciones en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. En otro aspecto, no ha lugar a tener como domicilio físico el ubicado en calle 30 de agosto número 19, Colonia Electricistas, Código Postal 39010, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, toda vez que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado. No obstante, en caso que no pudieran ser practicadas de manera electrónica las notificaciones, serán efectuadas por conducto de las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado, en el entendido de que bastara con una notificación por alguno de dichos medios -electrónica o mediante las listas-, para tener por notificada a la parte quejosa. Asimismo, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que propone Juan Carlos Hidalgo Vazquez, no así respecto de las diversas personas Norma Luz Cortés Romero y David Jiménez Gutiérrez, en razón que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; por tanto, se les tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten el registro correspondiente. 5).- Autorización de copias. Se hace del conocimiento de las partes que los Acuerdos Generales 12 y 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal exhortan al uso de medios electrónicos para la tramitación de los asuntos competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, por tanto, está en aptitud de solicitar el acceso al expediente electrónico y descargar las constancias que necesite, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando incluyan la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente. 6).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 7).- De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." 8.- Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en concordancia con los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 en cita. Asimismo, se le hace saber al Secretario que autoriza y da fe que, acorde al fundamento citado, es su obligación dar fe del cumplimiento de lo aquí ordenado, a fin de que, tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marco Antonio García Cortez, quien autoriza y da fe.

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