Héctor Josué Hernández Basilio

Expediente 713/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 20 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
713/2017
Año
2017
Actuaciones
20
Última actuación
22/11/2017

Partes del expediente

  • Héctor Josué Hernández Basilio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Por otra parte, de autos se aprecia que la parte quejosa y el tercero interesado Manuel López Rodríguez, exhibieron diversas documentales en el presente juicio de amparo; en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero último párrafo último del capítulo tercero del acuerdo antes citado, se dejan a su disposición para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlos, previa identificación con credencial de validez oficial que contenga su fotografía, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, de autos se aprecia que la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, adjuntó como sustento a su informe justificado en un tomo, diversas constancias en copia certificada relativas al expediente 189/12017-I, derivado del juicio especial de desahucio, del que derivan los actos reclamados; por tanto, debido a lo innecesario que continúen a disposición de este juzgado las referidas constancias, y en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y el tercero interesado Manuel López Rodríguez.

  2. Principal

    CITQTORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "... Acapulco, Guerrero; veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Por otra parte, de autos se aprecia que la parte quejosa y el tercero interesado Manuel López Rodríguez, exhibieron diversas documentales en el presente juicio de amparo; en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero último párrafo último del capítulo tercero del acuerdo antes citado, se dejan a su disposición para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlos, previa identificación con credencial de validez oficial que contenga su fotografía, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, de autos se aprecia que la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, adjuntó como sustento a su informe justificado en un tomo, diversas constancias en copia certificada relativas al expediente 189/12017-I, derivado del juicio especial de desahucio, del que derivan los actos reclamados; por tanto, debido a lo innecesario que continúen a disposición de este juzgado las referidas constancias, y en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y el tercero interesado Manuel López Rodríguez...."; LO QUE S ENOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

  3. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 713/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO.- Por escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese mismo día por razón de turno al Juzgado Octavo, Héctor Josué Hernández Basilio, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad (en su denominación correcta) y por el acto que a continuación se precisa: AUTORIDAD RESPONSABLE: Ordenadora: 1.- Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. Ejecutora: 2.- Primer Secretario Actuario adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. 3.- Secretario Actuario adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. ACTO RECLAMADO: "De la autoridad responsable ordenadora que se menciona, reclamo: la orden de desposesión o desocupación, que mediante sentencia definitiva dicto en el expediente civil número 189/2017-I, relativo al juicio especial de desahucio, procedimiento mediante el cual se me pretende desposeer y lanzar del departamento 4, del número 185, de la calle José Francisco Ruiz Massieu, fraccionamiento Punta Gorda de esta ciudad, que legalmente he venido ocupando y poseyendo en la calidad de arrendador, todo esto sin que se me haya oído y vencido en el juicio, ya que cabe señalar que dicho procedimiento civil se llevó a mis espaldas, pues no soy parte en el juicio, pero si sus efectos se cometerán en mi persona y en perjuicio de mi familia, quienes dependemos de dicho inmueble, razón por la cual me veo obligado a acudir en busca de amparo y protección de la justicia federal por que en caso de materializarse dichos actos indudablemente se me ocasionarían severos daños. De las autoridades responsables ejecutoras, se reclama el cumplimiento que pretenden dar a la orden de desposesión o desocupación, que mediante sentencia definitiva dicto en el expediente civil número 189/2017-I y por medio del cual pretenden lanzarme sin que previamente se me haya dado el derecho de audiencia." SEGUNDO.- Mediante proveído de siete de agosto de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno respectivo con el número 713/2017; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclaman actos derivados de un juicio ordinario civil de desahucio en el que el quejoso se ostenta como tercero extraño a juicio por equiparación, atribuidos a autoridades con sede en la jurisdicción de este órgano constitucional. SEGUNDO.- Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa, reclama de las autoridades responsables la orden de desposesión y lanzamiento del bien inmueble consistente en el departamento 4, del número 185, de la calle José Francisco Ruiz Massieu, fraccionamiento Punta Gorda de esta ciudad, girada dentro expediente 189/2017, relativo al juicio civil de desahucio, promovido por Manuel López Rodríguez, en contra de Ignacio Alberto Montejo A., así como su ejecución. TERCERO.- Oportunidad. La parte quejosa bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo manifestó que tuvo conocimiento de los actos reclamados el dos de agosto de dos mil diecisiete, sin que de autos se advierta diversa fecha de conocimiento; en ese sentido, el término para promover el presente juicio de amparo transcurrió del tres al veintitrés de agosto de esta anualidad, descontados los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte del citados mes por haber sido inhábiles; de ahí que, al haberse presentado la demanda el cuatro de agosto del año en curso, según consta en la papeleta de turno que expide la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la ley de la materia. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, el Primer Secretario Actuario y el Secretario Actuario de su adscripción, residentes en esta ciudad, al rendir su informe justificado de manera conjunta (fojas 25 y 26), aceptaron la existencia de los actos reclamados, manifestando que en el juicio especial de desahucio 189/2017, promovido por Manuel López Rodríguez, en contra de Ignacio Alberto Montejo A., que en sentencia de catorce de julio del año en curso, se condenó al demandado a la desocupación y entrega de manera inmediata y forzosa, del inmueble consistente en el departamento 4, del número 185, de la calle José Francisco Ruiz Massieu, fraccionamiento Punta Gorda de esta ciudad. Certeza que además se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran el citado expediente natural, remitidas en apoyo a su informe por el juez responsable; documentales públicas que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2º. QUINTO.- Causas de improcedencia. Antes de proceder al estudio del fondo del asunto, es necesario analizar la procedencia del presente juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente que debe examinarse de oficio atento al artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, como lo aduce la tercero interesada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de la Materia, toda vez que el quejoso no acredita el interés jurídico para promover la demanda de amparo. La causa de improcedencia se actualiza, atento a lo siguiente: El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso." El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma legal que se concreta en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular. En el juicio de amparo el quejoso debe acreditar fehacientemente que es titular de un derecho que se ve violado por un acto de autoridad; esto es, que afecta su esfera jurídica de derechos. En efecto, el artículo en cita engloba el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales; es decir, en contra de ese tipo de actos, para la procedencia del amparo, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta al quejoso para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo), y b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del solicitante del amparo. En síntesis, para que el solicitante de amparo cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Ahora, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, pues de otra manera no se podría constatar con certeza la violación de derechos fundamentales alegada. Por esa razón, las afectaciones que se reclamen a través del juicio de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. De modo que no puede hablarse de la existencia de un agravio personal y directo (interés jurídico), cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. De ahí que, se insiste, el interés jurídico debe estar plenamente acreditado en autos para la procedencia del juicio de amparo contra actos provenientes de autoridades jurisdiccionales. Sustenta lo anteriormente expuesto, la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable a página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". En otro orden de ideas, es necesario precisar que la posesión que puede ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto promovido por un tercero extraño a juicio, es la que deriva de un título que esté sustentado en alguna figura jurídica o uno o varios preceptos legales que confieran el derecho a poseer. De lo anterior, se infiere que la posesión objeto del juicio de amparo se conforma por dos elementos: I. El ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa, y II. La existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a tal ejercicio. Por tanto, no basta, para efectos del juicio de amparo acreditar la existencia del título que genere el derecho a poseer, sino que es necesario además demostrar que se ejerce un poder de hecho sobre el inmueble cuya desposesión se reclama, pues sólo de esta manera se podría tener certeza de que la posesión de la cosa sobre la cual se dirige el acto reclamado pertenece a la esfera jurídica de la parte quejosa y, por consiguiente, constará fehacientemente el perjuicio integrante del interés jurídico necesario para promover el juicio de control constitucional citado. Sirve de apoyo a lo precedente, la Jurisprudencia P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 5, Tomo XV, Febrero del 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". En otro aspecto, es importante tener presente que para que un documento privado adquiera eficacia probatoria en el juicio de amparo es necesario que sea de fecha cierta. La razón fundamental del requisito anterior consiste en que con dicha característica se obtiene convicción de la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable, de que existió en un momento preciso, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos. En ese sentido, los documentos privados adquieren fecha cierta desde que: a) Se inscriben en un registro público de la propiedad. b) Se presentan ante un fedatario público o un funcionario autorizado con tal facultad. c) Ocurra la muerte de cualquiera de los firmantes. Lo argumentado tiene sustento, en lo conducente, en la Jurisprudencia 1a./J. 33/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 314, que establece: "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él." En la especie, el quejoso aduce que tiene la posesión del inmueble consistente en el departamento 4, del número 185, de la calle José Francisco Ruiz Massieu, fraccionamiento Punta Gorda de esta ciudad, en calidad de arrendatario. Ahora bien, de las constancias del juicio de origen se desprenden -en lo que aquí interesa-, los siguientes antecedentes: 1.- Mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, Manuel López Rodríguez, promovió juicio especial de desahucio en contra de Ignacio Alberto Montejo A., reclamando las siguientes prestaciones: a) La desocupación y entrega por parte del demandado del departamento ubicado en calle José Francisco Ruiz Massieu, número 185, Fraccionamiento Punta Gorda en esta ciudad, por falta de pago de rentas correspondientes a los últimos cuatro meses. b) El pago de las rentas vencidas y las que se sigan venciendo hasta que tenga verificativo el lanzamiento correspondiente y la total terminación del presente juicio. c) El pago de gastos y costas que el presente juicio genere. (fojas 1 a 4 del tomo de pruebas). 2.- Por cuestión de turno se remitió dicha demanda al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, que mediante acuerdo de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, la radicó con el número de expediente 189/2017, la admitió a trámite, y ordenó con copia simple de la demanda y documentos anexos emplazar al demandado a juicio (foja 5 del tomo de pruebas). 3.- En cumplimiento al auto de radicación, mediante diligencia de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, el Secretario Actuario de la adscripción se constituyó en el domicilio señalado por la parte actora del demandado aquí tercero interesado Ignacio Alberto Montejo A., en el cual llevó a cabo el emplazamiento del mismo, con el resultado asentado en el acta respectiva (fojas 8 a 12 del tomo de pruebas). 4.- Por acuerdo de doce de junio de dos mil diecisiete, se tuvo al demandado por contestando en tiempo los hechos de la demanda entablada en su contra, por opuestas las excepciones y defensas que hizo valer (foja 18 del tomo de pruebas). 5.- Seguido que fue el procedimiento en todas y cada una de sus etapas procesales, se citó a las partes para oír sentencia definitiva, la cual se dictó el catorce de julio del año en curso, en la cual del análisis del caudal probatorio allegado a los autos, el juez responsable, con sede en esta ciudad, concluyó bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Ha sido procedente la vía especial de desahucio. SEGUNDO. Manuel López Rodríguez, probó los extremos del juicio especial de desahuicio, instado en contra de Ignacio Alberto Montejo A.; en consecuencia: TERCERO. Se condena a Ignacio Alberto Montejo A., en su carácter de arrendatario, a la desocupación y entrega de manera inmediata y forzosa, el departamento número 4, ubicado en calle José Francisco Ruiz Massieu, número 185, fraccionamiento Punta Gorda, de esta ciudad; para ese efecto se autoriza al actuario de este órgano jurisdiccional el rompimiento de chapas, cerraduras, candados o cualquier otro objeto que impida la ejecución , así como para que haga uso de la fuerza pública, para cuyo efecto gírese el oficio correspondiente al Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil en el Estado, para que comisione elementos policíacos que auxilien al ejecutor en la diligencia de lanzamiento. CUARTO. Se condena al demandado de referencia, al pago de las unidades rentísticas vencidas y no pagadas, del año dos mil diecisiete, y las que se sigan venciendo hasta que tenga verificativo la desocupación y entrega del referido inmueble, cuya cuantificación como exigibilidad, deberá agotarse en una acción diversa a este juicio; esto es, en la vía y forma correspondiente. QUINTO. Se condena a Ignacio Alberto Montejo A., al pago de las costas procesales causadas a Manuel López Rodríguez en esta instancia, cuya acción destacada y diversa a este juicio; esto es en la vía y forma correspondiente. ..". (fojas 52 a 65 del tomo de pruebas). De lo antes reseñado, se advierte que el peticionario de amparo no es parte en el juicio especial de desahucio de origen, ya que se siguió por Manuel López Rodríguez, en contra de Ignacio Alberto Montejo A. Por tanto, debe estimarse que para que esa posesión o propiedad sean objeto de protección a través del juicio de amparo, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere su derecho a poseer o de propiedad, de tal manera que el quejoso tenga una base objetiva que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer o de propiedad sobre el bien de que se trate; entendiéndose por título no un documento, sino la causa generadora de esa posesión o propiedad que dice tener. Así, la posesión lícita es aquélla que se ve respaldada por una causa generadora de posesión legal; cualquier otra "posesión" que no encuentre tal apoyo, es una simple detentación material. En el caso, después de analizar las constancias que integran este sumario, se concluye que el promovente del amparo no acredita su interés jurídico. Lo anterior es así, en razón de que aportó como prueba el original del contrato de arrendamiento celebrado entre Héctor Josué Hernández Basilio, en su carácter de arrendador e Ignacio Alberto Montejo A., en su calidad de arrendatario, documento que es valorado en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo, es correcto concluir que con tal documento no puede tenerse por demostrado, de manera fehaciente su interés jurídico, pues para que tal cosa ocurra, resulta necesario que el referido título sea de fecha cierta, lo cual únicamente acontece a partir del día en que un documento de tal naturaleza, se inscribe en el Registro Público correspondiente, desde la muerte de cualquiera de los firmantes, o bien desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio, y no obstante ello ninguno de los supuestos citados, se encuentra acreditado que haya acontecido antes de la presentación de la demanda de amparo; por lo que debe concluirse, que tal documento sólo produce efectos jurídicos entre las partes que originalmente intervinieron en la operación contractual, más no frente a terceros, dado que la circunstancia de no tener fecha cierta, imposibilita determinar si la orden de entrega que reclama, fue un acto anterior o posterior a la adquisición de la posesión del bien litigioso. En el caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la fecha cierta de un documento privado, es aquélla que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un registro público de la propiedad, o bien, desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y finalmente, a partir de la muerte de cualesquiera de los firmantes, asimismo, se adquiere la fecha cierta cuando ha sido cotejado por un fedatario público algún documento traslativo de dominio, al expedir una copia certificada, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista. Por tanto, el contrato que en original exhibe, no constituye un documento con pleno valor probatorio para justificar la causa generadora de la y posesión, porque no se celebró ante la presencia de un funcionario público revestido de fe pública, autorizado por la ley para ejercer actos de esa naturaleza, razón por la cual únicamente constituye un documento privado que sólo surte efectos entre las partes contratantes, y no frente a terceros. Aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 696 del Código Civil para el Estado de Guerrero, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere ese derecho, de manera que la promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión derivado de la propiedad. Esto es así, porque tal documental no es susceptible de alcanzar valor probatorio alguno al ser un documento privado, es decir, el contrato que en original exhibe, por una parte, no constituye un documento con pleno valor probatorio para justificar la causa generadora de la posesión, porque no se celebró ante la presencia de un funcionario público revestido de fe pública, autorizado por la ley para ejercer actos de esa naturaleza, razón por la cual únicamente constituye un documento privado que sólo surte efectos entre las partes contratantes, y no frente a terceros. Sostiene lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 24/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 11, Tomo XXVII, Abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Conforme a lo considerado, el quejoso no acreditó la afectación a su interés jurídico, esto es, que se afecten de manera inmediata y directa su esfera de derechos, como titular de los derechos de posesión o propiedad sobre el inmueble controvertido. Lo anterior es así, pues se debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto la propiedad o posesión, por ello, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, con una simple expresión de que se es poseedor de determinado bien, sino que debe acreditarse con medio de convicción fehaciente. De tal suerte, que si el promovente del amparo no acreditó que pudiera ejercer un poder de hecho o derecho sobre el inmueble que defiende, en los términos apuntados; lleva a la conclusión de que lo actuado en el juicio natural respecto del cual el quejoso es tercero extraño, jurídicamente no le causa perjuicio y, por ello, carece de interés para reclamar en la vía de amparo. En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que obliga a sobreseer en la presente instancia constitucional de conformidad con el numeral 63, fracción V, del cuerpo legal en mención. El sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Primer Secretario Actuario y al Secretario Actuario adscritos al Juzgado Sexto de Primera Instancia en el Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, en virtud de que no los reclamó por vicios propios, sino en vía de consecuencia, ello de conformidad con la Jurisprudencia 231, publicada en la página 156 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, bajo el rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo 713/2017, promovido por Héctor Josué Hernández Basilio. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  4. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA IGNACIO ALBERTOMONTEJO A., EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 713/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO.- Por escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese mismo día por razón de turno al Juzgado Octavo, Héctor Josué Hernández Basilio, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad (en su denominación correcta) y por el acto que a continuación se precisa: AUTORIDAD RESPONSABLE: Ordenadora: 1.- Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. Ejecutora: 2.- Primer Secretario Actuario adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. 3.- Secretario Actuario adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. ACTO RECLAMADO: "De la autoridad responsable ordenadora que se menciona, reclamo: la orden de desposesión o desocupación, que mediante sentencia definitiva dicto en el expediente civil número 189/2017-I, relativo al juicio especial de desahucio, procedimiento mediante el cual se me pretende desposeer y lanzar del departamento 4, del número 185, de la calle José Francisco Ruiz Massieu, fraccionamiento Punta Gorda de esta ciudad, que legalmente he venido ocupando y poseyendo en la calidad de arrendador, todo esto sin que se me haya oído y vencido en el juicio, ya que cabe señalar que dicho procedimiento civil se llevó a mis espaldas, pues no soy parte en el juicio, pero si sus efectos se cometerán en mi persona y en perjuicio de mi familia, quienes dependemos de dicho inmueble, razón por la cual me veo obligado a acudir en busca de amparo y protección de la justicia federal por que en caso de materializarse dichos actos indudablemente se me ocasionarían severos daños. De las autoridades responsables ejecutoras, se reclama el cumplimiento que pretenden dar a la orden de desposesión o desocupación, que mediante sentencia definitiva dicto en el expediente civil número 189/2017-I y por medio del cual pretenden lanzarme sin que previamente se me haya dado el derecho de audiencia." SEGUNDO.- Mediante proveído de siete de agosto de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno respectivo con el número 713/2017; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclaman actos derivados de un juicio ordinario civil de desahucio en el que el quejoso se ostenta como tercero extraño a juicio por equiparación, atribuidos a autoridades con sede en la jurisdicción de este órgano constitucional. SEGUNDO.- Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa, reclama de las autoridades responsables la orden de desposesión y lanzamiento del bien inmueble consistente en el departamento 4, del número 185, de la calle José Francisco Ruiz Massieu, fraccionamiento Punta Gorda de esta ciudad, girada dentro expediente 189/2017, relativo al juicio civil de desahucio, promovido por Manuel López Rodríguez, en contra de Ignacio Alberto Montejo A., así como su ejecución. TERCERO.- Oportunidad. La parte quejosa bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo manifestó que tuvo conocimiento de los actos reclamados el dos de agosto de dos mil diecisiete, sin que de autos se advierta diversa fecha de conocimiento; en ese sentido, el término para promover el presente juicio de amparo transcurrió del tres al veintitrés de agosto de esta anualidad, descontados los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte del citados mes por haber sido inhábiles; de ahí que, al haberse presentado la demanda el cuatro de agosto del año en curso, según consta en la papeleta de turno que expide la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la ley de la materia. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, el Primer Secretario Actuario y el Secretario Actuario de su adscripción, residentes en esta ciudad, al rendir su informe justificado de manera conjunta (fojas 25 y 26), aceptaron la existencia de los actos reclamados, manifestando que en el juicio especial de desahucio 189/2017, promovido por Manuel López Rodríguez, en contra de Ignacio Alberto Montejo A., que en sentencia de catorce de julio del año en curso, se condenó al demandado a la desocupación y entrega de manera inmediata y forzosa, del inmueble consistente en el departamento 4, del número 185, de la calle José Francisco Ruiz Massieu, fraccionamiento Punta Gorda de esta ciudad. Certeza que además se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran el citado expediente natural, remitidas en apoyo a su informe por el juez responsable; documentales públicas que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2º. QUINTO.- Causas de improcedencia. Antes de proceder al estudio del fondo del asunto, es necesario analizar la procedencia del presente juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente que debe examinarse de oficio atento al artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, como lo aduce la tercero interesada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de la Materia, toda vez que el quejoso no acredita el interés jurídico para promover la demanda de amparo. La causa de improcedencia se actualiza, atento a lo siguiente: El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso." El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma legal que se concreta en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular. En el juicio de amparo el quejoso debe acreditar fehacientemente que es titular de un derecho que se ve violado por un acto de autoridad; esto es, que afecta su esfera jurídica de derechos. En efecto, el artículo en cita engloba el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales; es decir, en contra de ese tipo de actos, para la procedencia del amparo, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta al quejoso para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho legítimamente tutelado (derecho subjetivo), y b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del solicitante del amparo. En síntesis, para que el solicitante de amparo cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Ahora, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, pues de otra manera no se podría constatar con certeza la violación de derechos fundamentales alegada. Por esa razón, las afectaciones que se reclamen a través del juicio de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. De modo que no puede hablarse de la existencia de un agravio personal y directo (interés jurídico), cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. De ahí que, se insiste, el interés jurídico debe estar plenamente acreditado en autos para la procedencia del juicio de amparo contra actos provenientes de autoridades jurisdiccionales. Sustenta lo anteriormente expuesto, la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable a página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". En otro orden de ideas, es necesario precisar que la posesión que puede ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto promovido por un tercero extraño a juicio, es la que deriva de un título que esté sustentado en alguna figura jurídica o uno o varios preceptos legales que confieran el derecho a poseer. De lo anterior, se infiere que la posesión objeto del juicio de amparo se conforma por dos elementos: I. El ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa, y II. La existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a tal ejercicio. Por tanto, no basta, para efectos del juicio de amparo acreditar la existencia del título que genere el derecho a poseer, sino que es necesario además demostrar que se ejerce un poder de hecho sobre el inmueble cuya desposesión se reclama, pues sólo de esta manera se podría tener certeza de que la posesión de la cosa sobre la cual se dirige el acto reclamado pertenece a la esfera jurídica de la parte quejosa y, por consiguiente, constará fehacientemente el perjuicio integrante del interés jurídico necesario para promover el juicio de control constitucional citado. Sirve de apoyo a lo precedente, la Jurisprudencia P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 5, Tomo XV, Febrero del 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". En otro aspecto, es importante tener presente que para que un documento privado adquiera eficacia probatoria en el juicio de amparo es necesario que sea de fecha cierta. La razón fundamental del requisito anterior consiste en que con dicha característica se obtiene convicción de la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable, de que existió en un momento preciso, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos. En ese sentido, los documentos privados adquieren fecha cierta desde que: a) Se inscriben en un registro público de la propiedad. b) Se presentan ante un fedatario público o un funcionario autorizado con tal facultad. c) Ocurra la muerte de cualquiera de los firmantes. Lo argumentado tiene sustento, en lo conducente, en la Jurisprudencia 1a./J. 33/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 314, que establece: "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él." En la especie, el quejoso aduce que tiene la posesión del inmueble consistente en el departamento 4, del número 185, de la calle José Francisco Ruiz Massieu, fraccionamiento Punta Gorda de esta ciudad, en calidad de arrendatario. Ahora bien, de las constancias del juicio de origen se desprenden -en lo que aquí interesa-, los siguientes antecedentes: 1.- Mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, Manuel López Rodríguez, promovió juicio especial de desahucio en contra de Ignacio Alberto Montejo A., reclamando las siguientes prestaciones: a) La desocupación y entrega por parte del demandado del departamento ubicado en calle José Francisco Ruiz Massieu, número 185, Fraccionamiento Punta Gorda en esta ciudad, por falta de pago de rentas correspondientes a los últimos cuatro meses. b) El pago de las rentas vencidas y las que se sigan venciendo hasta que tenga verificativo el lanzamiento correspondiente y la total terminación del presente juicio. c) El pago de gastos y costas que el presente juicio genere. (fojas 1 a 4 del tomo de pruebas). 2.- Por cuestión de turno se remitió dicha demanda al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, que mediante acuerdo de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, la radicó con el número de expediente 189/2017, la admitió a trámite, y ordenó con copia simple de la demanda y documentos anexos emplazar al demandado a juicio (foja 5 del tomo de pruebas). 3.- En cumplimiento al auto de radicación, mediante diligencia de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, el Secretario Actuario de la adscripción se constituyó en el domicilio señalado por la parte actora del demandado aquí tercero interesado Ignacio Alberto Montejo A., en el cual llevó a cabo el emplazamiento del mismo, con el resultado asentado en el acta respectiva (fojas 8 a 12 del tomo de pruebas). 4.- Por acuerdo de doce de junio de dos mil diecisiete, se tuvo al demandado por contestando en tiempo los hechos de la demanda entablada en su contra, por opuestas las excepciones y defensas que hizo valer (foja 18 del tomo de pruebas). 5.- Seguido que fue el procedimiento en todas y cada una de sus etapas procesales, se citó a las partes para oír sentencia definitiva, la cual se dictó el catorce de julio del año en curso, en la cual del análisis del caudal probatorio allegado a los autos, el juez responsable, con sede en esta ciudad, concluyó bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Ha sido procedente la vía especial de desahucio. SEGUNDO. Manuel López Rodríguez, probó los extremos del juicio especial de desahuicio, instado en contra de Ignacio Alberto Montejo A.; en consecuencia: TERCERO. Se condena a Ignacio Alberto Montejo A., en su carácter de arrendatario, a la desocupación y entrega de manera inmediata y forzosa, el departamento número 4, ubicado en calle José Francisco Ruiz Massieu, número 185, fraccionamiento Punta Gorda, de esta ciudad; para ese efecto se autoriza al actuario de este órgano jurisdiccional el rompimiento de chapas, cerraduras, candados o cualquier otro objeto que impida la ejecución , así como para que haga uso de la fuerza pública, para cuyo efecto gírese el oficio correspondiente al Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil en el Estado, para que comisione elementos policíacos que auxilien al ejecutor en la diligencia de lanzamiento. CUARTO. Se condena al demandado de referencia, al pago de las unidades rentísticas vencidas y no pagadas, del año dos mil diecisiete, y las que se sigan venciendo hasta que tenga verificativo la desocupación y entrega del referido inmueble, cuya cuantificación como exigibilidad, deberá agotarse en una acción diversa a este juicio; esto es, en la vía y forma correspondiente. QUINTO. Se condena a Ignacio Alberto Montejo A., al pago de las costas procesales causadas a Manuel López Rodríguez en esta instancia, cuya acción destacada y diversa a este juicio; esto es en la vía y forma correspondiente. ..". (fojas 52 a 65 del tomo de pruebas). De lo antes reseñado, se advierte que el peticionario de amparo no es parte en el juicio especial de desahucio de origen, ya que se siguió por Manuel López Rodríguez, en contra de Ignacio Alberto Montejo A. Por tanto, debe estimarse que para que esa posesión o propiedad sean objeto de protección a través del juicio de amparo, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere su derecho a poseer o de propiedad, de tal manera que el quejoso tenga una base objetiva que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer o de propiedad sobre el bien de que se trate; entendiéndose por título no un documento, sino la causa generadora de esa posesión o propiedad que dice tener. Así, la posesión lícita es aquélla que se ve respaldada por una causa generadora de posesión legal; cualquier otra "posesión" que no encuentre tal apoyo, es una simple detentación material. En el caso, después de analizar las constancias que integran este sumario, se concluye que el promovente del amparo no acredita su interés jurídico. Lo anterior es así, en razón de que aportó como prueba el original del contrato de arrendamiento celebrado entre Héctor Josué Hernández Basilio, en su carácter de arrendador e Ignacio Alberto Montejo A., en su calidad de arrendatario, documento que es valorado en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo, es correcto concluir que con tal documento no puede tenerse por demostrado, de manera fehaciente su interés jurídico, pues para que tal cosa ocurra, resulta necesario que el referido título sea de fecha cierta, lo cual únicamente acontece a partir del día en que un documento de tal naturaleza, se inscribe en el Registro Público correspondiente, desde la muerte de cualquiera de los firmantes, o bien desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio, y no obstante ello ninguno de los supuestos citados, se encuentra acreditado que haya acontecido antes de la presentación de la demanda de amparo; por lo que debe concluirse, que tal documento sólo produce efectos jurídicos entre las partes que originalmente intervinieron en la operación contractual, más no frente a terceros, dado que la circunstancia de no tener fecha cierta, imposibilita determinar si la orden de entrega que reclama, fue un acto anterior o posterior a la adquisición de la posesión del bien litigioso. En el caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la fecha cierta de un documento privado, es aquélla que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un registro público de la propiedad, o bien, desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y finalmente, a partir de la muerte de cualesquiera de los firmantes, asimismo, se adquiere la fecha cierta cuando ha sido cotejado por un fedatario público algún documento traslativo de dominio, al expedir una copia certificada, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista. Por tanto, el contrato que en original exhibe, no constituye un documento con pleno valor probatorio para justificar la causa generadora de la y posesión, porque no se celebró ante la presencia de un funcionario público revestido de fe pública, autorizado por la ley para ejercer actos de esa naturaleza, razón por la cual únicamente constituye un documento privado que sólo surte efectos entre las partes contratantes, y no frente a terceros. Aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 696 del Código Civil para el Estado de Guerrero, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere ese derecho, de manera que la promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión derivado de la propiedad. Esto es así, porque tal documental no es susceptible de alcanzar valor probatorio alguno al ser un documento privado, es decir, el contrato que en original exhibe, por una parte, no constituye un documento con pleno valor probatorio para justificar la causa generadora de la posesión, porque no se celebró ante la presencia de un funcionario público revestido de fe pública, autorizado por la ley para ejercer actos de esa naturaleza, razón por la cual únicamente constituye un documento privado que sólo surte efectos entre las partes contratantes, y no frente a terceros. Sostiene lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 24/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 11, Tomo XXVII, Abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Conforme a lo considerado, el quejoso no acreditó la afectación a su interés jurídico, esto es, que se afecten de manera inmediata y directa su esfera de derechos, como titular de los derechos de posesión o propiedad sobre el inmueble controvertido. Lo anterior es así, pues se debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto la propiedad o posesión, por ello, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, con una simple expresión de que se es poseedor de determinado bien, sino que debe acreditarse con medio de convicción fehaciente. De tal suerte, que si el promovente del amparo no acreditó que pudiera ejercer un poder de hecho o derecho sobre el inmueble que defiende, en los términos apuntados; lleva a la conclusión de que lo actuado en el juicio natural respecto del cual el quejoso es tercero extraño, jurídicamente no le causa perjuicio y, por ello, carece de interés para reclamar en la vía de amparo. En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que obliga a sobreseer en la presente instancia constitucional de conformidad con el numeral 63, fracción V, del cuerpo legal en mención. El sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Primer Secretario Actuario y al Secretario Actuario adscritos al Juzgado Sexto de Primera Instancia en el Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, en virtud de que no los reclamó por vicios propios, sino en vía de consecuencia, ello de conformidad con la Jurisprudencia 231, publicada en la página 156 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, bajo el rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo 713/2017, promovido por Héctor Josué Hernández Basilio. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman...."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES....."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

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