Héctor Hugo Martínez Ramos

Expediente 19/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
19/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
19/02/2019

Partes del expediente

  • Héctor Hugo Martínez Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción lI, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinticinco de enero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado de la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad. Respecto de las constancias remitidas, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de las cuales se advierte que en el juicio laboral 806/2018, el catorce del actual se dictó un acuerdo en el cual se dejó sin efectos la hora y fecha fijada en auto de trece de diciembre pasado para el verificativo de la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analizan las consecuencias jurídicas que acarrea la emisión de la referida determinación. En el presente asunto, se tiene que el acto reclamado lo constituye la determinación de trece de diciembre pasado, en la que se fijaron las trece horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de marzo del año en curso para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; determinación que conforme con el contenido de las actuaciones que se reciben en esta fecha se dejó sin efectos el catorce de enero de dos mil diecinueve y en su lugar señaló las once horas con quince minutos del veintinueve de enero actual, para su celebración; de ahí que se estime actualizada la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El artículo en mención, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La anterior disposición establece la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, un acto que ha cesado en sus efectos, hipótesis que se actualiza principalmente en dos supuestos, primero, cuando el acto controvertido constitucionalmente sea destruido de manera total e indubitable mediante diversa actuación, efectuada con posterioridad por la autoridad responsable, es decir, la ulterior actuación ha de tener por efecto que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte disconforme, como si el acto primigenio no hubiese existido; y segundo, se concreta en el caso de que el acto destacado como reclamado es substituido procesalmente mediante diversa actuación, también posterior, emitida de oficio por la autoridad responsable, o bien, con motivo de la interposición y respectiva resolución de un medio de defensa ordinario, sea por ésta o por su superior jerárquico, aún y cuando en cualquiera de estos dos casos, los efectos del acto primigenio no sean destruidos; por ejemplo, cuando la resolución del medio de defensa hecho valer confirma la primera resolución impugnada, pues la actuación primaria cesa en sus efectos al quedar substituida procesalmente por la posterior, no obstante subsista la afectación o violación que se alegue, solo que ésta tiene lugar, ya no con la primigenia determinación, sino con la segunda que, como se ha expuesto, la substituye, siendo ésta la que debe ser controvertida a través de los medios de impugnación, ordinarios u extraordinarios, de los que se pudiese valer el agraviado, no así la primera que ha cesado en sus efectos. En ese sentido, resulta evidente en el caso a estudio la actualización de la causal de improcedencia invocada, debido a que el acto que se atiende cesó en sus efectos, pues quedó sustituido procesalmente por diversa actuación de catorce de enero del año en curso, en que se dejó sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y en su lugar señaló las once horas con quince minutos del veintinueve de enero del año en curso, por lo que sería -en tal caso- esta resolución, la que sería materia de reclamo en el juicio de amparo, dado que resulta inconcuso que, la presunta violación de garantías que se hace valer en esta instancia constitucional, en todo supuesto, ya no la origina el auto primigenio, sino la resolución emitida en segundo término. Sirve de apoyo la tesis I.3o.C.769 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable a página 1492, tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." Ahora bien, aunque es verdad que, en la especie, la afectación que el quejoso reclama no ha sido destruida con motivo de la ulterior actuación, de lo que se sigue que no han desaparecido las presuntas transgresiones que aquí se reclaman, esta situación es completamente diferente a la que se analizó, con lo que se produjo una cesación de los efectos del acto primigenio reclamado, pero no en la hipótesis en que la nueva resolución destruya la anterior como si nunca hubiese existido, sino que ya no puede ser materia de examen en un juicio de amparo biinstancial, dado que la resolución que vino a sustituirlo procesalmente. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/339, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 70, tomo 83, Noviembre de 1994, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Es aplicable la tesis VI.2o.A.17 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 2296, tomo XXII, Octubre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RELATIVO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES SUSTITUIDO POR OTRO DURANTE EL TRÁMITE DEL MISMO. Cuando en la demanda de garantías se precisa como acto reclamado la resolución dictada por la autoridad responsable en un procedimiento administrativo y durante el trámite del juicio de amparo tal resolución es sustituida por otra dictada en el mismo procedimiento, debe estimarse que el acto reclamado cesó en sus efectos y, que es esta nueva resolución la que podría causar perjuicio al quejoso; por lo que, por tal circunstancia sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 74, fracción III del mismo ordenamiento legal." De ahí que al sobrevenir una causa notoria y manifiesta e indudable de improcedencia, da lugar a decretar en este juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde a lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezca pruebas, sin nada puede sustituir el resultado del fallo que será en el mismo sentido; además, dada la cercanía de fecha, aquello ningún fin práctico tendría. En consecuencia se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional.Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; catorce de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Héctor Hugo Martínez Ramos, por su propio derecho, contra actos del Presidente de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco de Juárez, Gurrero. Regístrese en el libro de gobierno con el número 19/2019, y fórmese expediente. ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la referida demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirá copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberá informar sí con anterioridad la parte quejosa promovió algún juicio relacionado con los actos aquí reclamados, y en caso afirmativo remitirá las constancias que apoyen ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. APERCIBIMIENTOS. Si no se rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Asimismo, se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se le practicaran por lista, salvo las que por su trascendencia se le deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Igualmente, se le informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerle una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento de la parte quejosa, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa, para el primer caso de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientas unidades, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda. PRUEBAS. Ahora bien, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas las documentales que adjunta, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica; y dada la naturaleza al juicio, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ángel Arizmendi Flores, Jorge Nuñez Flores y Anselmo Olivo Abat y como lo solicita, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Magnolia Mariel Rosas Cisneros, Blanca Estela Mata Robles, Rudi Uriel Yectli Dámaso y Enrique Reyes Flores. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, conforme al oficio número CCJ/ST/6648/2018, signado por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistida de Fabián Alejandro Leyva Monroy, Secretario del propio Juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

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