Héctor Johen Carrazco Urquides
Expediente 1558/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 29 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1558/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 30/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Héctor Johen Carrazco Urquides
- Lic. Marcia Patricia Majalca Vázquez, Jueza Oral de lo Penal del Distrito Judicial Tres, del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en Nogales
- Kevin Fabián Stirk Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de derechos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Provéase lo conducente en relación con la valoración y destino del cuaderno incidental de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Devolución de disco compacto. Finalmente, se advierte, que obra en el Juzgado un disco compacto exhibido por la autoridad responsable juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Tres, con sede en Nogales, Sonora, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, remítase mediante oficio la documental de referencia, por resultar innecesaria en el presente juicio; en la inteligencia que no es necesario que la citada autoridad acuse recibo de la videograbación de mérito. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha en el cuaderno principal del cual deriva la presente incidencia, causó ejecutoria la resolución constitucional que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y se ordenó el archivo del mismo; en consecuencia, se procede a valorar el destino del cuaderno relativo al presente incidente. Valoración del original (único). Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió tanto la medida cautelar provisional como la definitiva. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con veintiocho minutos del nueve de marzo de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, con las constancias de notificación de la totalidad de las partes e informes justificados rendidos por las autoridades responsables; asimismo, con los proveídos de nueve de diciembre pasado y quince de febrero del presente año, en virtud de los cuales se declararon inexistentes a las autoridades responsables denominadas comisario de Seguridad Pública de Hermosillo, Sonora e inspector jefe de la Guardia Nacional G.N. comandante de la Coordinación Regional "Sonora 3", en razón de que la parte quejosa nada manifestó respecto de las vistas concedidas en autos de treinta de noviembre de dos mil veintidós y siete de febrero de este año, por lo que se determinó suspender toda comunicación con ellas, seguidamente, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo a fin de que se impusieran de la totalidad de las constancias que integran el presente juico. El juez acuerda: se tiene por hecha la anterior certificación de constancias. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales remitidas por el juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Tres de Nogales, Sonora y jefe de grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, encargado de la Unidad de Investigación. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo como lo indica su numeral 2, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, en esta ciudad, y remitido a este juzgado el veintidós de noviembre siguiente, por razón de turno, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto atribuido al citado juez penal y otras autoridades. Mediante acuerdo de veintidós de noviembre siguiente, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio a la representación social de esta adscripción la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, dio inicio en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto en reclamo tiene ejecución en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La orden de aprehensión librada el siete de noviembre de dos mil veintidós, por el juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Tres de Nogales, Sonora, en contra del hoy quejoso ********************, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja, previsto y sancionado en los artículos 252, 258, 259, 261 y 262 Bis, fracción ll, todos del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de quien en vida llevara por nombre José Francisco Ibarra Castelo y, homicidio calificado con alevosía y ventaja, en número de dos, en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 252, 258, 259, 261 y 262 Bis, fracción ll, en relación con los diversos numerales 10 y 69 todos del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Kevin Fabián Stirk Flores y Ramón Armando Salazar Leal, así como su posible ejecución. Existencia del acto reclamado -orden de aprehensión y su ejecución- Se tiene acreditada la existencia de la orden de aprehensión librada contra ********************, según se advierte de los informes rendidos por el juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Tres de Nogales, Sonora y por los jefes de grupo de las Agencias Ministeriales de Investigación Criminal, encargados de la Unidad de Investigación y de la base operativa, de esta ciudad, quienes convinieron en la existencia del acto en reclamo. Lo anterior, se corrobora con las documentales remitidas como justificación por el aludido juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Tres de Nogales, Sonora, quien informó que el siete de noviembre pasado, libró orden de aprehensión contra ********************, en la causa penal 655/2022, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja, previsto y sancionado en los artículos 252, 258, 259, 261 y 262 Bis, fracción ll, todos del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de quien en vida llevara por nombre José Francisco Ibarra Castelo y, homicidio calificado con alevosía y ventaja, en número de dos, en grado de tentativa, previsto sancionado en los artículos 252, 258, 259, 261 y 262 Bis, fracción ll, en relación con los diversos numerales 10 y 69 todos del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Kevin Fabián Stirk Flores y Ramón Armando Salazar Leal. Para sustento documental de lo anterior, es importante mencionar que el juez responsable remitió copia certificada de las constancias que integran la causa penal de origen en las cuales se encuentra dicha orden de captura. Copias certificadas a las que este juzgador les otorga pleno valor probatorio acorde a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según lo dispone el numeral 2. En cuanto al material probatorio consistente en disco compacto remitido por el juez Oral Penal, que contiene las grabaciones en audio y video de la audiencia de siete de noviembre de dos mil veintidós, esta tiene el carácter de prueba documental pública, misma que se tiene por desahogada sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido; sobre el tema tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se titula: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." De igual forma, no obstante que las autoridades responsables comisario general de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Nogales, Sonora y comisario general de la Coordinación Estatal de la Policía Estatal de Seguridad Pública, en sus respectivos informes justificados negaron la existencia del acto que se les atribuye, no es el caso de tenerlo como tal, ya que es cierto el acto reclamado al juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Tres de Nogales, Sonora, consistente en la orden de aprehensión dictada en la causa penal 655/2022, por lo que, a dichas autoridades por razón de sus funciones les corresponde auxiliar en la ejecución de dicho mandamiento. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo es pertinente aclarar que el análisis de las causales de improcedencia es cuestión preferente y de orden público como se establece en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, las partes no hicieron valer causales de improcedencia alguna ni este juzgador advierte de manera oficiosa su actualización, por lo que procede el estudio de fondo de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclama. Conceptos de violación. Lo constituyen todos aquellos argumentos que aparecen en el escrito de demanda y no sólo en el capítulo respectivo, por medio de los cuales se expresan los agravios o lesiones que causa el acto reclamado o acto recurrido, así como los motivos que lo originaron; es decir, lo que jurisprudencialmente el máximo tribunal de la Nación ha definido como "causa de pedir"; los cuales resulta innecesario realizar su transcripción ya que la ley que rige el juicio de amparo no obliga al juzgador a realizarlo; sin que tal circunstancia se traduzca en una violación a los principios de congruencia y exhaustividad, que rigen las sentencias de amparo, cuenta habida que dichos principios se satisfacen al realizar un estudio completo y exhaustivo de la controversia que se plantea por las partes. Es de puntual aplicación la tesis jurisprudencial 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Estudio de fondo. Es infundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir a su favor, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En su causa de pedir la parte quejosa señala que la orden de aprehensión librada en su contra transgrede en su perjuicio su derecho humano de seguridad jurídica, así como las formalidades esenciales del procedimiento, presunción de inocencia, libertad personal y protección judicial previsto en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Mexicana, además los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al tratar de privarlo de su libertad personal, sin que exista motivo alguno ya que no ha cometido ningún delito que amerite sanción corporal, ni existe acusación o denuncia en su contra, por acto alguno que implique la comisión de algún ilícito. Los anteriores motivos de disenso del quejoso, quien tiene el carácter de investigado en el procedimiento penal de origen, devienen infundados, como se explica a continuación: Las razones que sustentan lo anterior, de inicio, se destaca que la orden de aprehensión reclamada por el accionante, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja, previsto y sancionado en los artículos 252, 258, 259, 261 y 262 Bis, fracción ll, todos del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de quien en vida llevara por nombre José Francisco Ibarra Castelo y, homicidio calificado con alevosía y ventaja, en número de dos, en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 252, 258, 259, 261 y 262 Bis, fracción ll, en relación con los diversos numerales 10 y 69 todos del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Kevin Fabián Stirk Flores y Ramón Armando Salazar Leal, fue dictada por el Juez de Oralidad Penal, del Distrito Judicial Tres de Nogales, Sonora, a través del sistema de videoconferencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 141, 142 y 143 del Código Nacional del Procedimientos Penales, que son del tenor siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174 y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia, resolverá en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, o a través del sistema informático con la debida secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público.". De los numerales transcritos, en la parte que interesa destacar, se advierte que cuando exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito y en la carpeta de investigación obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, a solicitud del ministerio público el juez de control podrá librar orden de aprehensión en contra de una persona, entre otros supuestos, cuando exista necesidad de cautela y el delito que se le impute amerite pena privativa de la libertad; también, que en la clasificación jurídica que realice el ministerio público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Además, que corresponde al ministerio público formular solicitud de orden de aprehensión por cualquier medio que garantice su autenticidad o en audiencia privada con el juez de control, en cuyo caso el representante social hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y expondrá las razones por las que considera que se actualizan las exigencias señaladas en el artículo 141 del propio código nacional para el libramiento de la orden de captura. En ese sentido, se establece que el juzgador de control debe resolver tal petición en la misma audiencia, o bien, a través del sistema informático dentro de un plazo no mayor a veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. De ahí que, atento a lo dispuesto por los citados numerales, cuando el ministerio público opta por solicitar la orden de aprehensión en audiencia privada, a través del sistema de videoconferencia, como aconteció en el caso concreto, únicamente está constreñido a hacer una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y exponiendo las razones por las que considera que se actualizan las exigencias señaladas en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el libramiento de una orden de aprehensión, información que suministrará al juez de control competente, en audiencia privada por medio de videoconferencia y, por esa misma vía, se resolverá si es procedente o no obsequiar la orden de captura. Concordante con ello, el artículo 16, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". De los preceptos legales transcritos, se advierte que una orden de aprehensión es constitucional cuando reúne los requisitos siguientes: a) Que sea dictada por autoridad judicial competente; b) Que le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c) Que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión; d) La necesidad de cautela; y, e) Que deberá señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se atribuye al imputado. Aquí importa precisar que aun cuando la orden de aprehensión es de carácter excepcional, el juez de control puede decretarla conforme al artículo 141, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, aun sin necesidad de que exista cita previa u orden de comparecencia por medio de la fuerza pública, siempre que el ministerio público demuestre la necesidad de la cautela; lo que más adelante se explicará. Ahora bien, el requisito identificado con el inciso a), relativo a que la orden sea dictada por autoridad competente, se cumple en el caso, ya que la orden de aprehensión que se reclama la emitió una autoridad judicial competente, esto es, el juez de Oralidad Penal, del Distrito Judicial Tres de Nogales, Sonora, con facultades conferidas en términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20, fracción I, 133, fracción I y 134, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en los numerales 55 Bis y 60, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora. De los mencionados dispositivos legales se colige que los órganos jurisdiccionales del fuero común tienen competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejercen sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su Ley Orgánica; además que el juez Oral de lo Penal, tiene competencia para ejercer las atribuciones que el Código Nacional de Procedimientos Penales le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio, entre ellas, resolver sobre la aplicación, suspensión, modificación, sustitución o cancelación de las medidas cautelares de carácter real o personal que les sean solicitados por quien esté legitimado para ello; presidir las audiencias que legalmente le correspondan y asumir las decisiones atinentes al caso, entre otros. Además, la exigencia analizada se robustece tomando en consideración que el hecho que la ley señala como delito, aconteció en Nogales, Sonora, lugar que pertenece a la jurisdicción de la autoridad responsable, de tal suerte que, el juez de Oralidad Penal, del Distrito Judicial Tres, con sede en Nogales, Sonora, es competente para emitir el acto reclamado. En cuanto al requisito identificado con el inciso b), relativo a que al acto reclamado le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, también se actualiza, puesto que, de la petición de orden de aprehensión realizada por el agente Investigador del Ministerio Público de la Unidad de Investigación en Nogales, Sonora, se aprecia la existencia de la denuncia presentada por Ramón Armando Salazar Leal y Kevin Fabián Stirk Flores, por los hechos de los cuales fueron víctimas tanto ellos como José Francisco Ibarra Castelo, hechos con características del delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja, previsto y sancionado en los artículos 252, 258, 259, 261 y 262 Bis, fracción ll y, homicidio calificado con alevosía y ventaja, en número de dos, en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 252, 258, 259, 261 y 262 Bis, fracción ll, en relación con los diversos numerales 10 y 69, todos del Código Penal para el Estado de Sonora, los cuales disponen: "ARTÍCULO 10.- Existe tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando, en parte o totalmente, los actos ejecutivos que deberían producir el resultado u omitiendo los que deberían evitarlo, si por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo no se llega a la consumación, pero se pone en peligro el bien jurídico tutelado. Si el sujeto se desiste voluntariamente o de propio impulso de la ejecución o impide la consumación del delito, no se impondrá pena o medida de seguridad alguna por lo que a éste se refiere, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismos delitos. El desistimiento del autor no beneficia a los partícipes. Para que sea válido el desistimiento de los partícipes o coautores, se requerirá que hayan neutralizado el sentido de su aportación al hecho. ARTÍCULO 69.- Al responsable de tentativa se le aplicarán las sanciones señaladas para el delito doloso consumado que corresponda, disminuyéndose éstas en dos terceras partes en su término mínimo y en una tercera parte en su término máximo, tomando en cuenta, además de lo previsto en el artículo 57, el mayor o menor grado de aproximación a la consumación del delito. ARTÍCULO 252.- Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. [.] ARTÍCULO 258.- Cuando el homicidio sea cometido a propósito de un allanamiento de morada o asalto, se sancionará con prisión de veinticinco a cincuenta años. Cuando el homicidio sea cometido en contra de un hombre o una mujer por razón de su identidad y expresión de género u orientación sexual, se sancionará con prisión de treinta a cincuenta y cinco años. Al autor de homicidio calificado con premeditación, alevosía, ventaja o traición, o al que prive de la vida a su ascendiente o descendente consanguíneo en línea recta, o a su adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación, se le impondrá la misma pena señalada en el primer párrafo. No se considerará calificado el homicidio cometido por la madre que prive de la vida a su infante dentro de las setenta y dos horas inmediatamente posteriores al parto, cuando dicha privación de la vida sea consecuencia de una crisis emocional de naturaleza grave. Al responsable de cualquier otro homicidio calificado se impondrá de veinte a cincuenta años de prisión. ARTÍCULO 259.- Las lesiones y el homicidio son calificados, cuando se cometan con premeditación, alevosía, ventaja o traición. Se considerarán también calificados los delitos dolosos de lesiones y homicidio, cuando se cometan por inundación, incendio, gases o explosivos; por medio de venenos o cualquiera otra substancia nociva a la salud; por contagio doloso de una enfermedad venérea o de algún otro mal grave y fácilmente transmisible; por retribución dada o prometida; por tormento; por motivos depravados o por brutal ferocidad. ARTÍCULO 260.- Hay premeditación cuando se causa una lesión o la muerte después de haber reflexionado sobre el delito que se va a cometer. ARTÍCULO 261.- La alevosía consiste en sorprender intencionalmente a alguien de improviso o empleando asechanza; igualmente se actúa con alevosía cuando, para sorprender, se emplee otro medio que no de lugar a defenderse, ni a evitar el mal que se quiere hacer. ARTÍCULO 262 BIS.- Se obra con ventaja: I.- Cuando se aprovecha la evidente superioridad en fuerza física que se tiene respecto del ofendido, siempre que éste no se encuentre armado; II.- Cuando se supera al ofendido por las armas que emplean, o por la destreza en el manejo de éstas, siempre que el propio ofendido no se encuentre armado; [.] Luego, la exigencia señalada con el inciso c), consistente en que los datos de prueba expuestos por el ministerio público sean suficientes para establecer que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión, también se encuentra satisfecha, pues se advierte que el juez de control realizó un estudio adecuado de los datos de prueba que le fueron aportados, los que analizados en conjunto, son suficientes para tener por acreditado tal requisito. En efecto, de las constancias exhibidas por el juez responsable, se advierte que dentro de la causa penal ********************de su índice, el siete de noviembre de dos mil veintidós, emitió la orden de aprehensión reclamada por estimarse establecida la probable intervención del aquí quejoso en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja, previsto y sancionado en los artículos 252, 258, 259, 261 y 262 Bis, fracción ll, cometido en perjuicio de quien en vida llevara por nombre José Francisco Ibarra Castelo y, homicidio calificado con alevosía y ventaja, en número de dos, en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 252, 258, 259, 261 y 262 Bis, fracción ll, en relación con los diversos numerales 10 y 69 todos del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Kevin Fabián Stirk Flores y Ramón Armando Salazar Leal. Para arribar a esa conclusión, el juez responsable tomó en consideración en su conjunto los siguientes datos de prueba aportados por la fiscalía: Informe policial homologado, de siete de junio de dos mil veintidós, realizado por agentes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, de Nogales, Sonora. Acta de entrevista a cargo de Kevin Fabián Stirk Flores. Entrevista realizada a cargo de Ramón Armando Salazar Leal. Informe de actos de investigación realizados por parte de los agentes Joel Rodrigo Ortiz Franco, Jesús Daniel Aguila Pacheco, Gustavo Ramírez Miranda y Abner Misael Solís Ayón, de ocho de junio de dos mil veintidós. Dictamen de similitud fotográfica remitido por el perito oficial José Rey Gastelum Rojo, de ocho de junio de dos mil veintidós. Acta de reconocimiento de persona a cargo de Ramón Armando Salazar Leal, practicada por el agente Ministerial de Investigación Criminal, Gustavo Ramírez Miranda, en la cual se identificó a la persona de nombre ********************. Acta de reconocimiento de persona a cargo de Kevin Fabián Stirk Flores, practicada por el agente Gustavo Ramírez Miranda, en la cual se identificó a la persona de nombre ********************. Inspección del lugar de siete de junio pasado, suscrita por agentes de Investigación Criminal respecto de la casa habitación ubicada en calle Manuel Esperon sin número exterior visible, identificada con el número de medidor de la Comisión Federal de Electricidad CFEX819NB, de la colonia Lomas de Nogales Dos, Nogales, Sonora. Dictamen de criminalística de campo, de siete de junio pasado, suscrito por el perito en criminalística de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, respecto del lugar de los hechos ubicado en Centro Médico, donde se encontraba el cuerpo sin vida identificado como José Francisco Ibarra Castelo. Autopsia practicada al cadáver de quien en vida llevara el nombre de José Francisco Ibarra Castelo, de siete de junio pasado, suscrito por el doctor Benjamín Castillo Torres, perito médico de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Dictámenes médicos practicados a las víctimas Kevin Fabián Stirk Flores y Ramón Armando Salazar Leal, el siete de junio pasado, ambos con antecedentes de agresión con proyectil de arma de fuego. Informe químico forense por parte de César Placencia Castro. Acta de cateo suscrito por los agentes Joel Rodrigo Ortíz Franco y Jesús Daniel Águila Pacheco, de diez de junio pasado. Dictamen de criminalística de diez de junio de dos mil veintidós, en relación con el cateo citado con anterioridad. Inspección del lugar de los hechos de catorce de junio pasado, practicada por los agentes Gustavo Ramírez Miranda y Abner Misael Solís Ayón. Reconocimiento de objeto, de trece de junio pasado, consistente en el vehículo Chevrolet línea Aveo o Beat, tipo sedán, color blanco, modelo reciente, cuatro puertas. Dictamen mecánico de producción de lesiones por parte del doctor Benjamín Castillo Torres, de siete de junio pasado, practicado a la víctima José Francisco Ibarra Castelo. Acta de persona lesionada por parte del agente de Investigación Criminal de siete de junio anterior, respecto de las víctimas Kevin Fabián Stirk Flores y Ramón Armando Salazar Leal. Acta de investigación respecto a la precisión del nombre del presunto responsable ********************. Datos de prueba que fueron valorados por la juez responsable en lo individual y en su conjunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que consideró idóneos, pertinentes y suficientes para tener por justificada la realización del hecho delictuoso. Esto es, según lo narrado por el fiscal investigador atento a los datos de prueba, permitieron a la juez oral del conocimiento concluir que probablemente el imputado ********************, participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja y homicidio calificado con alevosía y ventaja, en número de dos, en grado de tentativa. Asimismo, la juez responsable estableció la probabilidad de que la parte quejosa ********************, cometió el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja y el diverso de homicidio calificado con alevosía y ventaja, en número de dos, en grado de tentativa; esto, derivado, esencialmente, se itera, de los señalamientos directos que realizan las víctimas en su denuncia. Del análisis de la narrativa de los hechos delictivos, la juzgadora expuso que encuadran en el ilícito de homicidio calificado con alevosía y ventaja, previsto y sancionado en los artículos 252, 258, 259, 261 y 262 Bis, fracción ll, y homicidio calificado con alevosía y ventaja, en número de dos, en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 252, 258, 259, 261 y 262 Bis, fracción ll, en relación con los diversos numerales 10 y 69 todos del Código Penal para el Estado de Sonora. Para establecer lo anterior -se insiste- la juzgadora responsable analizó los datos de prueba aportados por la fiscalía, valorándolos en su conjunto, a su vez explicó los motivos por los cuales a su juicio era procedente librar orden de aprehensión en contra de la parte quejosa, además de que expuso los fundamentos aplicables al caso; máxime que de los datos de prueba invocados no advirtió que se actualice causa excluyente del delito ni extintiva de la acción penal, que opere en favor del imputado. Ahora, en cuanto al requisito señalado en el inciso d), consistente en la necesidad de cautela a que se refiere el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la juez del conocimiento consideró que, en el caso, se reunían los requisitos previstos en el artículo 19 constitucional, en relación con los diversos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al demostrarse que existe necesidad de la medida cautelar solicitada, ya que la comparecencia del imputado podría verse demorada o dificultada; pues, como lo expuso el fiscal investigador, al conocer de los delitos que se le imputan, conforme lo establece el artículo 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, advirtió que se tratan de delitos que ameritan pena privativa de libertad, y que pudiera enfrentar una pena mínima de veinticinco años. Además, apuntó la juez oral, que al residir en ciudad fronteriza éste pudiera evadir la acción de la justicia internándose en el país vecino. Máxime que, precisó la juez oral, el activo del delito representa un peligro para las víctimas, pues tiene el conocimiento que dos de ellos quedaron con vida; de ahí que la integridad física de estos y su vida podrían estar en riesgo, de continuar el hoy quejoso en libertad. A mayor abundamiento, la juez fue clara al indicar que no se encuentran aseguradas la totalidad de las armas involucradas en el evento que nos ocupa, razón por la cual de encontrarse en libertad el aquí quejoso, es posible que trate de destruir o manipular dichos objetos bélicos con el fin de destruir la evidencia que pesa en su contra. Así, al analizar los motivos por los que la agente del Ministerio Público sostuvo que existía la posibilidad de que el activo evada la acción de la justicia, resultaba justificada la necesidad de cautela. Por otra parte, en relación con el inciso e), consistente en que la juez responsable deba señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de los hechos que le ley señala como delito que se atribuyen al imputado, se tiene por satisfecho dicho requisito, en atención a que, como ya se adelantó, la juez responsable determinó que acorde con los datos de prueba descritos por el fiscal investigador, permitieron establecer el día en que ocurrieron los hechos y la agresión que llevó a cabo el quejoso en contra de las víctimas, el lugar donde los cometió, las horas aproximadas en que se llevó a cabo la agresión, así como la forma en que el activo agredió a las víctimas. Por lo anterior -concluyó la juez oral- en términos del artículo 143 de Código Nacional de Procedimientos Penales, al encontrarse satisfechos los requisitos de ley, ordenó librar la orden de captura en contra de ********************, por la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja, previsto y sancionado en los artículos 252, 258, 259, 261 y 262 Bis, fracción ll, cometido en perjuicio de quien en vida llevara por nombre José Francisco Ibarra Castelo y, homicidio calificado con alevosía y ventaja, en número de dos, en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 252, 258, 259, 261 y 262 Bis, fracción ll, en relación con los diversos numerales 10 y 69 todos del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Kevin Fabián Stirk Flores y Ramón Armando Salazar Leal. Consecuentemente, a consideración de este juzgador Federal, devienen infundados los motivos de disenso en cuanto a que el acto reclamado transgrede en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Mexicana, además los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en atención a que, en la resolución en la que se emitió el mandato de captura reclamado, la juez responsable señaló las circunstancias y razones particulares tomadas en consideración para su emisión, consideró en su conjunto los datos de prueba que fueron expuestos por el fiscal respecto a su idoneidad, pertinencia y suficiencia, sin que se advierta que corresponda una valoración diversa a la establecida en el acto reclamado, aunado a que existe adecuación entre los hechos denunciados y las normas aplicables. Además, tampoco se transgrede su derecho fundamental a la libertad personal, toda vez que, de conformidad con el análisis realizado en esta resolución, la orden de aprehensión reclamada, se encuentra ajustada a derecho. Cabe precisar que, conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, para librar una orden de aprehensión, no se requieren pruebas formalizadas, sino datos de prueba recabados en la carpeta de investigación y que solo son reseñados por el agente ministerial, de tal manera que el único requisito es que los datos de prueba resulten idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XV.3o.3 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, localizable en la página 2320, del libro 39, Febrero de 2017, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, de rubro y texto que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. La significación del hecho considerado por la ley como delito consiste en que los datos de pruebas invocados por el agente del Ministerio Público y las partes, concatenados entre sí, atendiendo a la lógica y a la sana crítica, arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un riesgo, una lesión o un resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su momento procesal oportuno pudiera hacer atribuible una pena a su autor, porque el estándar para dictar una orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva.". A través de estas reglas, la intención del legislador fue desterrar formalismos legales que representaran un obstáculo para la eficaz procuración e impartición de justicia en el ámbito penal, lo que implicó la reducción del estándar probatorio para la emisión de una de las formas de conducción del imputado al proceso, a saber, la orden de aprehensión, estableciendo para ello los requisitos mínimos indispensables analizados ya analizados con anterioridad. En conclusión, la resolución que constituye el acto reclamado, en los términos en que fue emitida, no vulnera en perjuicio a la parte quejosa sus derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, pues como se estableció en párrafos precedentes, fue apegado a derecho el actuar de la juez al librar la orden de aprehensión por los hechos ya precisados, ya que fue solicitada por el agente del Ministerio Público y emitida por la juez responsable, en razón de contar con datos de pruebas suficientes para acreditar la probable existencia de los hechos delictivos y la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso ********************, intervino en su comisión. Tampoco se advierte alguna causa de extinción de la acción penal, ni excluyente de delito a favor de la parte quejosa. En las relatadas circunstancias y al resultar infundados los conceptos de violación, sin que se advierta motivos para suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************. Negativa que se hace extensiva a las autoridades ejecutoras, porque el acto que se les reclama no es por vicios propios, sino derivado del diverso emitido por la responsable ordenadora. Es aplicable, en sentido opuesto, la jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1492, Apéndice de 2011, tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN, Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, quinta época, de epígrafe y contenido: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta.". Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, párrafo primero, 74 y 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como el precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve en término siguiente: VII. Resuelve La Justicia de la Unión no ampara, ni protege a ********************, contra los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión emitida el siete de noviembre de dos mil veintidós, por la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Tres, de Nogales, Sonora, en la causa penal ********************y su ejecución atribuida a las autoridades señaladas como ejecutoras, por las razones precisadas en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y autoridad tercera interesada, y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, quince de febrero de dos mil veintitrés. Inexistencia de autoridad. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que en proveído de siete de febrero de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con la vista otorgada respecto de la autoridad que señaló como responsable denominada "Inspector Jefe dela Guardia Nacional G.N., Comandante de la Coordinación Regional "Sonora 3". En esa intelección, la parte quejosa no efectuó manifestación en ese sentido, no obstante de encontrarse debidamente notificada, razón por la cual se hace efectivo el apercibimiento decretado y, por tanto, se tiene como inexistente a la mencionada autoridad y se ordena suspender toda comunicación legal con ésta. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
Quedan 25 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes
- Hector Granados Zamora513/2018
- Héctor Gustavo Ibarra Durazo1291/2022
- Héctor Herminio Ortiz Ciscomani1303/2023
- Hector Herminio Ortiz Ciscomani577/2018
- Hector Javier Beltran Garcia1225/2018
- Hector Jesús Castellanos Fontes1004/2019
- Héctor Madrid Castro15/2010
- Héctor Madrid Castro462/2003
- Héctor Manuel Aguilar Rodriguez510/2020
- Héctor Manuel Álvarez Nolasco165/2020
- Hector Manuel Bustamante Ornelas373/2019
- Héctor Manuel Camargo González848/2022