Héctor Gustavo Ibarra Durazo

Expediente 1291/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1291/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
28/12/2022

Partes del expediente

  • Héctor Gustavo Ibarra Durazo

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Recepción de testimonio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la secretaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de ocho de diciembre del presente año, de la que se advierte que en la materia de la queja civil ********************, resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por ********************contra el auto dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, el ********************, en el juicio de amparo indirecto ********************." Acúsese el recibo de estilo del testimonio de ejecutoria pronunciado en la queja civil ********************, del control de la oficiante, así como los autos originales del juicio de amparo ******************** del propio índice. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo formado con motivo del recurso de queja y, háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a la parte promovente para que, en caso de que hubiere exhibido documentos originales, acuda al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos; con apercibimiento que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la suerte del expediente. Notifíquese; personalmente a la parte promovente y por oficio vía interconexión al órgano plenario. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Admite recurso de queja. Glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta remitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja, interpuesto en contra del proveído de veintinueve de septiembre pasado dictado en el presente sumario; asimismo, comunica que dicho medio de impugnación fue radicado con el toca 165/2022, de su índice. Vinculación de expediente. Por otro lado, se comisiona a la oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, a fin de que vincule el presente asunto con el toca del órgano colegiado de referencia, para privilegiar el trámite electrónico. Cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, once de octubre de dos mil veintidós. Interpone recurso de queja. Agréguese a los autos el escrito de cuenta y con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer la parte quejosa en contra del proveído de veintinueve********************, dictado en el presente sumario. En términos de lo establecido en el artículo 101 de la ley de la materia, remítase el escrito de interposición y agravios, así como el cuaderno original en el que se actúa, al Tribunal Colegiado que corresponda. Se hace la acotación que no se dejará para consulta de las partes, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de éste, que puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. 1. Recepción. Visto el escrito de demanda con el que se da cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de Juzgado relativo a registro de juicios de amparo. 2. Desechamiento de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Héctor Gustavo Ibarra Durazo, se observa que acude ante esta instancia constitucional contra el acto que atribuye a la juez "A" del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar de Hermosillo, Sonora, consistente en la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós emitida en el juicio 553/2022 del índice de la referida juez, con la cual resolvió el incidente de nulidad de emplazamiento promovida por el aquí quejoso. Precisado lo anterior, este juzgador advierte que la acción constitucional es notoriamente improcedente y, por ende, debe desecharse conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Del examen del escrito de demanda de derechos humanos y su aclaración, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los citados numerales relacionados a su vez con los diversos artículos 61 fracción XXIII, y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, se advierte que debe desecharse por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En ese tenor, los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) --- b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que se refieren al juicio de amparo promovido contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, además establecen que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de dicho procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.C.18 K, que dice; JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. En efecto, se considera que en la legislación existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la Ley de Amparo vigente. Es así, pues de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en su artículo 107, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Es decir, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo contra la sentencia definitiva, que es donde estas pueden producir una afectación. En esos términos, el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, los actos intraprocesales o violaciones procesales, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, no reúnen los requisitos que establece el ordinal 107, fracción III, inciso b) de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales para poder considerarlos como una cuestión de imposible reparación. Ahora bien, la interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, que tutela la Constitución, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, entre otros, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio. En tanto que los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.A.E.J/5 (10ª), registro 2011338, en Materia Común, visible en la página 1902, Libro 29, Abril de 2019, Tomo III, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPRABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." De lo anterior, se evidencia que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: Con la resolución que declara infundado el incidente de nulidad de emplazamiento realizado al quejoso en el juicio ordinario civil 553/2022 del índice del Juzgado Segundo "A" de Primera Instancia de lo Familiar, de esta ciudad, sólo se puede afectar sus derechos procesales, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, pues si el acto reclamado, ocasionó que quede firme la actuación recurrida consistente en el emplazamiento al juicio de origen, es evidente que los efectos de tal determinación no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, pues como lo manifestó el impetrante, sus consecuencias se relacionan con la etapa procesal de dicho proceso, en el que podría continuar con la defensa de sus intereses. Así las cosas, el acto reclamado no causa a la parte quejosa, un perjuicio de imposible reparación, para los efectos del amparo, ya que la sentencia definitiva que se pronuncie, puede serle favorable, y las violaciones procesales desaparecerán sin dejar huella en su esfera jurídica, y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el juicio de amparo correspondiente. Consecuentemente, en la especie se actualiza, de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha el escrito de demanda en estudio. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 4. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. 5. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda el promovente, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 6. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 55, 57 y 58, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, y artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "mariodiazolguin1971", el acceso al expediente electrónico para su consulta, así como para recibir notificaciones vía electrónica. Ilustra lo anterior el criterio I.1o.P.34 K (10a.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." Ahora bien, no se soslaya que la parte quejosa señalo un diverso domicilio, para efecto de recibir notificaciones; sin embargo, las subsecuentes notificaciones se realizarán mediante el usuario de referencia, dado que no es jurídicamente factible establecer dos vías para que le notifiquen las determinaciones dictadas en el presente sumario, a saber, a) las que pueden hacerse personalmente en el domicilio señalado para tal fin; y, b) la vía electrónica, pues ello generaría incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del presente juicio de derechos, ya que precisar las dos vías para esos fines, podría derivar en que tuvieran que hacerse dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, en la medida en que las notificaciones "tradicionales" y "especial" -electrónica- surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la ley de la materia. Además, atendiendo a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 subsiste como un peligro para la salud de todas y todos, se toman en cuenta las diversas medidas de sana distancia establecidas en el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender dicha emergencia sanitaria, emitido por la Secretaría de Salud y publicado por el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, razón por la cual debe privilegiarse la actuación vía electrónica, a fin de evitar el contacto persona-persona, lo que implica, entre otras cuestiones, la sana distancia entre los intervinientes, con el fin de mitigar el brote y propagación del virus. 7. Medios electrónicos. En atención a su solicitud relativa a la autorización de medios electrónicos, de conformidad con la circular 12/2009, de la Secretaria Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza para que tomen fotografías de las constancias que integran el presente juicio de amparo, con los medios tecnológicos que refiere la referida circular; en la inteligencia que podrán hacer uso de tal derecho una vez que las labores de este órgano jurisdiccional lo permitan, en atención a que nos encontramos en el contexto de las medidas de protección adoptadas por el Consejo de la Judicatura Federal frente a la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 8. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 9. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 10. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 11. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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