Héctor Javier Rojero Hernández

Expediente 37/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
37/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
28/03/2023

Partes del expediente

  • Héctor Javier Rojero Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, de la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, contra la sentencia terminada de engrosar el uno de marzo de dos mil veintitrés (fojas 52 a 57), emitida por este juzgado de distrito, que sobreseyó en el presente juicio constitucional, y que el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la citada ley para la interposición de dicho recurso, transcurrió para la parte quejosa que es a quien en todo caso le perjudica, sin haberlo interpuesto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: Se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de uno de marzo de dos mil veintitrés, que sobreseyó en el presente juicio de amparo 37/2023, promovido por ********************. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Por otra parte, se considera que el presente juicio es destruible en términos de lo expuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto al Centro de Documentación y Análisis, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, último párrafo del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se hace constar que tanto el expediente electrónico, como el impreso en que se actúa, coindicen en su totalidad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Luis Alberto González Villa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    "VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 37/2023, promovido por Héctor Javier Rojero Hernández, contra actos de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el uno de febrero de dos mil veintitrés, en la oficialía de partes de este Juzgado, Héctor Javier Rojero Hernández, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que a continuación se transcriben: "III.- Autoridades Responsables: Señalo con ese carácter a la Junta Especial número 7 de la local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en esta ciudad y a la C. actuaria adscrita a la misma. IV.- Acto Reclamado: El que las Autoridades señaladas como responsables, sean omisas en emplazar a los aquí terceros interesados dentro del juicio laboral número 284/7/2022." El promovente manifestó como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Federal. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. En auto de uno de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró con el número 37/2023, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, Tamaulipas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior, pues la conducta reclamada es de naturaleza omisiva, la cual carece de ejecución material, y la demanda se presentó en esta ciudad, por tanto, este juzgado de distrito es competente para conocer sobre este asunto. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo se concluye que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y de la Actuaria de su adscripción: ? La omisión de emplazar a la parte demandada Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dentro del juicio laboral 284/7/2022. Apoya a lo anterior, por el criterio que la conforma, la tesis P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así como la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado de las responsables Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje y Actuaria de su adscripción, habida cuenta que así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado (fojas 10 a 13). Lo cual, además, se corrobora con las constancias certificadas que exhibió dicha Junta, por conducto de su Presidente (fojas 14 a 46), a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, toda vez que fueron expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Ilustra lo anterior, por el criterio que la conforma, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de los conceptos de violación, se procede al análisis de procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado en sus efectos la omisión reclamada, por las consideraciones que enseguida se exponen. En principio, el precepto legal invocado, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, esto es, cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 2ª./J59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto, sino que es necesario, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiendo interrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia del juicio no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora, en el caso, el quejoso reclama de la Junta responsable, la omisión de emplazar a la parte demandada Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en los autos del juicio laboral 284/7/2022. En ese tenor, de las constancias que adjuntó la Junta responsable, por conducto de su Presidente, se advierte, en lo que interesa, que el quejoso Héctor Javier Rojero Hernández, demandó laboralmente a la empresa Estrategias Consultores Bouchot y Asociados, Sociedad Civil y a Gilberto Vázquez Bouchot, reclamando diversas prestaciones (fojas 14 a 23). En auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, la responsable admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a la parte demandada, señalando hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral 284/7/2022 (fojas 27 y 28). Por escrito recibido el trece de diciembre de dos mil veintidós, el quejoso amplió su demanda, señalando como demandados al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, lo que fue acordado de conformidad por la Junta responsable, ordenando su emplazamiento (fojas 34 a 39). En cumplimiento a lo ordenado, la actuaria responsable emplazó el siete de febrero de dos mil veintitrés, a la demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su representante legal, y el nueve de febrero de esta anualidad, a la diversa demandada Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por conducto de su representante legal, (fojas 41 y 43). Así, de lo expuesto se evidencia que la omisión reclamada por el quejoso ha cesado en sus efectos, pues la autoridad responsable, el siete y nueve de febrero de dos mil veintitrés, emplazó a la parte demandada Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, respectivamente, dentro del el juicio laboral 284/7/2022. De ahí que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada por el quejoso, como si se le hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido su esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. QUINTO. DECISIÓN. Con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la citada Ley, se sobresee en el presente juicio de amparo. SEXTO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Federal y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger los datos personales de las partes en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que éstas hagan valer el derecho de oponerse a su publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que procede es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 63, fracción V; en relación con el 61, fracción XXI, 74 y 75 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 37/2023, promovido por Héctor Javier Rojero Hernández. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de su último considerando. Notifíquese.

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la intervención ministerial número 39/2023, suscrita por el Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase formulado alegatos, con ellos dese nueva cuenta en la audiencia constitucional. Respecto de las copias que solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que se dicte la resolución correspondiente, expídase copia certificada de la misma, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Luis Alberto González Villa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, quince de febrero de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos los oficios que remiten las responsables Actuario y el Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por el que rinden su respectivo informe justificado; por tanto, agréguense a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Además, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la ley de la materia, téngase por anunciada la prueba documental que anexa la segunda de las autoridades oficiantes a su comunicado de cuenta, la cual dada su naturaleza no requiere preparación especial para su desahogo; mismas que serán relacionadas al momento de celebrarse la audiencia constitucional en este juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Luis Alberto González Villa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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